Sistemas rurales mitigan impacto de sobreexplotación del agua en Chile

Escribe Orlando Milesi de IPS – Líderes locales de los Servicios Sanitarios Rurales (SSR)  advierten que la excavación de pozos ilegales por grandes empresas agroexportadoras en Chile agrava los efectos de la sequía y amenaza el abastecimiento de agua potable y la paz social.

Dirigentes de estos programas destacan, asimismo, que la nueva Constitución que puede emerger desde el plebiscito del 4 de septiembre consagraría el derecho humano al agua, lo que reforzaría su gestión y la de las cuencas, además de facilitar una respuesta a la crisis hídrica para evitar que se haga explosiva.

Los derechos de agua fueron mercantilizados en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y después los gobiernos de la transición democrática vendieron entre 1994 y 2006 las grandes empresas de distribución de agua a compañías extranjeras, en cuyas manos está desde entonces la oferta de agua en las urbes chilenas.

El suministro en el área rural, considerado poco rentable por esas empresas, quedó en manos de las APR, que suman la cifra de 2306 y a los que una reforma legal institucionalizó y transformó en Servicios Sanitarios Rurales (SSR) en 2020. Operan por todo el alargado territorio de este país sudamericano con 19,5 millones de habitantes y cuentan con 7000 dirigentes y 6000 trabajadores.

Los SSR, constituidos por cooperativas, comités de pobladores y otras organizaciones sociales de diferentes tamaños,  tienen el rol de garantizar el agua potable en el área rural, con el Estado como supervisor y proveedor de infraestructuras. Es posible que en un futuro asuman también el saneamiento.

Estos sistemas benefician a 2,1 millones de personas, a los que suministran agua a precio más bajo que las compañías de distribución y saneamiento.

Durante la pandemia de covid-19, 90 % de los ahora SSR nunca dejó de atender a sus usuarios y pese a la cuarentena la mayoría de ellos pagaron sus mensualidades,  contribuyendo a mantener el sistema.

La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas detalló a IPS que durante el bienio 2021-2022, invertirá unos 57 millones de dólares en buscar nuevas fuentes de suministro, así como la conservación y mejora integral de los sistemas. Para 2023 la inversión programada es de 14 millones de dólares.

Alivio para creciente tensión hídrica 

La economía de Chile pivota sobre la minería, especialmente el cobre, y la gran agricultura exportadora, dos industrias que requieren grandes cantidades de agua, en un país con recursos hídricos limitados.

El resultado es un creciente estrés hídrico, que acentúa la tensión entre las poderosas industrias y el consumo humano y de la pequeña agricultura, agravado por el manejo privado de un recurso esencial como el agua.

En ese contexto, las ahora SSR han aliviado el acceso al agua, pero a medida que las recurrentes sequías y otros impactos climáticos acentúan el déficit hídrico su papel se dificulta, sin un cambio sustancial en el derecho al recurso.

Francisco Santander, tesorero del SSR Quebrada Santander, al pie de la cordillera de Los Andes, a 450 kilómetros al norte de Santiago, contó a IPS que “el primer pozo lo hicimos a mano con 20 socios, en 1999. Ahora somos 45”.

“El pozo más grande de 50 metros se hizo hace cinco años. Es uno de los más profundos en el municipio de Río Hurtado. Nosotros compramos un terreno y postulamos a un proyecto de sondaje. El dinero  lo puso la DOH”, relató desde su localidad.

La inversión incluyó bombas para impulsar el agua, un panel solar para obtener energía, gaviones (fortificaciones hidráulicas), un pozo y un estanque de 50 000 litros.

“El verano pasado ante la crisis por la sequía, vendimos agua a Pichasca (el pueblo vecino). Nos pidieron que los apoyáramos. Dimos hasta cuatro camionadas diarias para  sus estanques y pagaron con un subsidio de emergencia. Nuestro pozo resiste bien en consumo moderado”, detalló con orgullo Santander.

El panel solar fue el primero en Río Hurtado y redujo a una sexta parte el gasto en energía. Contribuye  al bajo precio que se cobra por el agua:  1,3 dólares por metro cúbico y 2,2 dólares como canon básico por el servicio.

Gloria Alvarado, del SSR El Patagual, que atiende 800 socios en Pichidegua, un municipio de 18 000 habitantes a 165 kilómetros al sur de Santiago, fue presidenta de la  Federación Nacional de Agua Potable Rural e integró la Convención Constitucional que redactó el texto de la nueva ley fundamental, que se someterá a plebiscito el próximo mes.

En dialogo con IPS desde El Patagual y en su condición de experta nacional, alertó sobre la crítica situación del agua provocada por el cambio climático y la sequía, que se agrava por el sobreuso, la mala distribución de los derechos y la deficiente gestión de las cuencas.

“Petorca (municipio a 205 kilómetros al norte de Santiago) tiene un lado muy verde con plantaciones de paltos (aguacates), pero otro donde la gente no tiene agua para beber y es abastecida por camiones aljibes. Es difícil que un pozo de 50 metros de los SSR compita con uno de 200 metros”, aseveró como ejemplo para criticar a las empresas agroexportadoras.

Aludió también al enorme uso de agua de las empresas forestales en el sur de Chile y a las compañías mineras “que hasta hace poco no tenían ninguna obligación de informar de los usos (de agua)”, como sí pasaron a tenerlo ahora gracias al artículo 56 del nuevo Código de Aguas.

En el valle central de Chile las exportadoras frutales han plantado de forma exponencial, sin ningún límite de extensión territorial, lo cual dejó muchas zonas con riesgo hídrico, acusó.

“No hay ordenamiento territorial ni protección a la función ecológica de la tierra. Hoy está en grave riesgo el agua potable rural porque es desigual la competencia entre quienes extraen para consumo humano y quienes lo hacen para uso comercial e industrial”, aseveró.

“El 79 % de los derechos de agua están en el 1 % de los chilenos. Es inequitativo y muchas familias sufren”, resumió antes de condenar que los derechos de un bien esencial se hayan transformado en Chile en una mercancía transable.

José Rivera es administrador del SSR La Alianza, de 500 familias, en Choapino, en el municipio de Rengo, a 105 kilómetros al sur de Santiago.

La localidad es parte de la central región de O’Higgins, la mayor exportadora de frutas, vinos, cerdos y pollos, “y eso se llama exportar agua”, afirmó en una visita de IPS a las instalaciones de La Alianza. Como consecuencia, precisó, “aquí antes se hacía un pozo de 30 metros, hoy día vamos en 100,  Y en el cercano municipio de Machalí van en 200”.

Según Rivera, quien es secretario de la Federación Nacional de SSR Chile, en O’Higgins otro problema es que desde hace 10 años se construyen pozos sigilosamente y sin control.

“Los agricultores tienen tantas plantaciones que empezaron a sacar aguas subterráneas y hacer pozos clandestinos. Hay miles de pozos” faltos de conocimiento y control, aseveró.

Su SSR tiene dos: uno a 80 metros de profundidad y el otro a 100. Uno acopia el agua en un estanque metálico de 75 000 litros y el otro en uno de hormigón de 200 000 litros. Proyectan un tercero de 200 000 litros.

“Antes el agua subterránea la usábamos casi solo nosotros. Hoy las agroindustriales están reemplazando las aguas fluviales por las subterráneas y no tenemos fiscalizadores en la Dirección General de Aguas. No tienen recursos y tampoco autorización para entrar en un fundo (hacienda)”, contó Rivera.

Una solución, a su juicio, sería el uso de drones para indagar los pozos no declarados que existen.

“El problema más grande, hablo como asociación, es que se está formando la guerra de los pozos. Si yo hice uno de 40 metros, el fundo me hizo de 100 y así sucesivamente. El Estado no va a tener recursos y nosotros tampoco. Y ahí se va venir otro estallido social”, pronosticó.

Rivera bautiza la situación como “un terremoto hídrico silencioso”, por ahora.

Lo afirma tras haber recorrido la región y comprobado las miles de hectáreas plantadas.

“El secano costero está lleno de olivos, antes no había ninguno. Pichidegua está lleno de paltos. Es un crimen porque no tenemos agua. Quienes tienen poder, 500 o 1000 hectáreas, sacan agua de aquí y la llevan a los cerros cada día con más plantaciones”, detalló.

Mientras, “hay pequeños campesinos con cinco o seis hectáreas que están sin agua”, resumió sobre una situación que calificó de “grave y explosiva”.

El agua como derecho humano

Alvarado, por su parte, defiende que en la nueva Constitución está la solución a la gestión del agua.

El texto aprobado por la Convención Constitucional, recordó, incorpora “el derecho de aprovechamiento del agua se va a redistribuir. Terminará la  titularidad de derechos que se convertirán en autorizaciones de uso”.

Sostiene que uno de los orígenes de la crisis hídrica es que hay una sobre otorgación de derechos que superan los cursos de agua y que existen poquísimos fiscalizadores.

“Se creará una Agencia Nacional del Agua autónoma y habrá gestión integrada de cuencas con usuarios en iguales condiciones”, argumentó.

Rivera cuenta que los latifundistas engañan a los campesinos asegurándoles que si se aprueba la Constitución se quedarán sin agua, cuando “la propuesta constitucional dice que el agua es un bien de uso público”.

Un paso en la buena dirección

El dirigente destaca como un paso positivo la promulgación, en abril de este año, ya bajo el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, del reformado Código de Aguas “por el que luchamos 15 años”.

“La nueva ley es muy buena porque protege la zona rural e indica que nadie puede pedir en concesión una zona rural. No pueden privatizar. Las sanitarias urbanas no pueden agrandar su radio operacional”, subrayó.

“Se nos reconoció como SSR y hoy podemos cavar y sacar agua si es para sobrevivencia y consumo básico”, añadió.

“Nadie quería cambiar el Código de Aguas, nadie quiere cambiar la Constitución…¿quiénes son nadie?: los poderes económicos. Ellos no quieren cambiar. Nosotros tenemos que cambiar”, concluyó.

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