2X1

Irrazábal impulsa que la Corte Suprema anticipe su agenda judicial

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El senador Juan Manuel Irrazábal (Frente para la Victoria, Misiones) impulsa que la Corte Suprema de Justicia de la Nación publique con anticipación cuáles serán los casos que resolverá efectivamente durante cada año, a fin de asegurar una agenda judicial transparente.

El legislador misionero, que es miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presentó un proyecto de ley que dispone que cada año el alto tribunal publique la nómina de causas que serán objeto de sentencia durante ese período así como el orden de su tratamiento.

“Dada la trascendencia institucional y social de su rol como último intérprete de las cláusulas constitucionales en la resolución de causas vinculadas a derechos humanos, tratados internacionales y relaciones entre las Provincias y entre éstas y la Nación, entre muchas otras, estimamos conveniente y necesario que la Corte defina y publique esta agenda al inicio del año judicial, a los fines que la ciudadanía sepa de antemano las prioridades del alto tribunal y pueda seguir la resolución de las distintas cuestiones” sostiene en sus fundamentos la iniciativa ingresada por Irrazábal en el Congreso de la Nación.

El concepto del proyecto encuentra antecedente en la tradición de la Corte Suprema de los Estados Unidos, una de las instancias últimas de jurisdicción más importantes del mundo, que regularmente pone en conocimiento el calendario de asuntos que considerará en cada período. La iniciativa también contempla la posibilidad de modificar la agenda por decisión fundada de mayoría absoluta de miembros del tribunal y responde, entre otras, a “la necesidad de aventar suspicacias respecto a cualquier manejo oportunista de la agenda del máximo tribunal”.

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La Iglesia abre los archivos de la dictadura solo a los familiares

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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció este jueves la aprobación de un protocolo para que víctimas y familiares directos de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar puedan consultar los archivos que posee la Iglesia sobre esa etapa, luego de que en octubre del año pasado se anunciara que había concluido la digitalización de esos documentos.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) preciso que con este protocolo “se inicia la posibilidad de consultas y, de acuerdo a lo anunciado oportunamente, podrán solicitar información las víctimas, los familiares de los desaparecidos y detenidos y, en caso de eclesiásticos y religiosos, sus respectivos obispos y superiores mayores”.

A través de un comunciado de prensa, aclara que la consulta “se realizará sobre el material donde aparece mencionada la persona sobre la cual se busca información”.

Se trata de unas 3.000 cartas y documentos que se conservan en el Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y en la secretaria de Estado en la Santa Sede, sobre pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos durante la dictadura y reclamar gestiones ante los militares.

Por una decisión impulsada en forma conjunta por el Vaticano y la CEA, en octubre del año pasado se había anunciado la finalización del “proceso de organización y digitalización” de sus archivos de la dictadura y, ahora, con la aprobación del procedimiento, los interesados podrán comenzar a realizar las consultas correspondientes.

Para ello, se publicó este jueves un modelo de carta y el procedimiento a seguir para los interesados en consultar la documentación.

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2×1: en Misiones ya se negó un pedido y hay cuatro en proceso

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El Tribunal Oral Federal de Posadas rechazó en diciembre del año pasado el pedido de un represor de acogerse al beneficio de la ley 2×1 y el último viernes, la Defensora Oficial ingresó otros cuatro pedidos aprovechando la corriente garantista que asumió la Corte Suprema con el fallo que benefició a Luis Muiña.

El primer caso fue resuelto el 29 de diciembre del año pasado, bastante antes que la Corte otorgara por mayoría el beneficio a Muiña, un parapolicial que ya estaba en libertad. En Misiones, el primero en intentar acogerse al beneficio fue José María Cuenca, condenado a 20 años de prisión el 30 de junio de 2009. Fue encontrado autor de tormentos agravados, en once casos y actualmente cumple condena en el penal de Candelaria, un lugar que conoce a la perfección, ya que fue jefe como penitenciario durante los años de plomo.

Cuenca -quien según un examen psicológico presenta rasgos psicopáticos, los que se demuestran en controles obsesivos y recurrencia a la agresividad- fue acusado de manifestar actos falsos de muertes o violaciones de familiares de los detenidos, intenciones de suprimir la identidad de la persona, y la realización de simulacros de fusilamientos donde se presentaba una extrema perversidad.

Fue él mismo el que instruyó a la defensora oficial, Susana Criado a impulsar el pedido del 2×1 sobre dos años, cinco meses y 23 días, en los que “se habría excedido el plazo razonable de prisión preventiva”.

En ese momento, para rechazar el pedido, la fiscal Viviana Barbosa utilizó un argumento central que fue ignorado por la Corte Suprema: “No corresponde aquí la aplicación de la ley penal más benigna que habilita el cómputo del 2×1 por no haberse encontrado vigente al momento en que el condenado estuviera detenido con prisión preventiva”.

La ley del 2×1 fue derogada el 1 de junio de 2001 y entró en vigencia el 9 de ese mismo mes.

Cuenca comenzó a cumplir prisión preventiva  por primera vez en enero de 2007 y liberado ese mismo año. Después volvió a ser detenido y cumplió prisión preventiva desde el 9 de junio de 2009, hasta que su condena quedó firme por parte de la Corte Suprema.

“O sea que el régimen penal más benigno del cual se pretende su ultra actividad, no tuvo vigencia al momento de ordenarse la privación de libertad, ni durante el tiempo intermedio, ni en la actualidad”. De ello se sigue que no incide normativamente sobre el laso sobre el cual Cuenca cumplió prisión preventiva, señala el Tribunal.

Los jueces Manuel Jesús Moreira, Norma Lampugnani y Mario Hachiro Doi además citan una jurisprudencia del Procurador General ante la Corte Suprema, Eduardo Casal, al dictaminar en el fallo Simón Antonio, en un caso similar. El procurador entiende que la ley del 2×1 fue sancionada después de cometidos los delitos y derogada antes que el represor fuera detenido.

La Cámara Federal de Casación Penal advierte además que la ley del 2×1 “no fue la expresión de un cambio en la valoración social de la clase de delitos atribuidos en este proceso, sino que solo adoptó, durante un corto tiempo, un mecanismo dirigido a disminuir el plazo de los encarcelamientos preventivos. Por ello, no es el tipo de norma para la cual se destina el derecho de aplicación penal más benigna”.

Pese a la jurisprudencia, la Corte falló de modo distinto en beneficio a Muiña, lo que abrió la puerta a decenas de pedidos similares en todo el país. El viernes, la defensora oficial Susana Criado, presentó otros cuatro, que todavía no comenzaron a ser analizados, ya que debe conformarse un nuevo tribunal subrogante.

 

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#NoAl2x1 No hay que pedirle al pueblo…

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…porque somos parte de él.

Somos parte de este pueblo, de su memoria, de sus luchas. Parte de su historia. Parte de sus problemas pasados y de sus desafíos futuros, que por supuesto se dirimen en el presente.

La gran mayoría del pueblo quiere que todos estemos mejor. Que todos tengan techo, trabajo, y vivienda. A la gran mayoría le gustaría que no haya nadie en contra de esto.

El problema surge cuando ese pueblo, amplío, indefinido, vinculado a -mediado por- símbolos, historia, instituciones, una cultura, una idiosincrasia, se transforma en ciudadanía, con voto, y dentro de ésta una fracción se convierte en partido, con ideas sobre cómo lograr ese (u otro) progreso económico. En este punto esa mayoría grande que mencionaba antes, se parte. Algunos creen que se consigue de una forma y otros de otra. Y cada uno de ellos arrastran a una parte del pueblo en ese camino, lo convence de esas ideas.

Por otro lado, existe una minoría que prefiere conscientemente que haya menos trabajo, más explotación, más extranjerización, más libertad y por ende más dominio para los capitales globales sobre las cosas nacionales. Se trata de personas muy asociadas a intereses extranjeros o hiper concentrados del capital local que saben que su mejor posibilidad es  perjudicando el desarrollo de todo el país. Se trata de representantes de sectores que ganan más cuanto peor va la actividad local (que quieren excedentes para exportar -sobre todo vinculados a alimentos y energía- o que su mejor renta genera expulsión de inversiones productivas -sector financiero extranjero-). Nada es lineal, porque algunos que tienen objetivos saludables de inclusión e igualdad, creen, que eso se consigue con libertad de mercado, coincidiendo, trágicamente, con los que quieren esa libertad pero para imponerse, sin ningún derrame.

Texto de Canitrot escrito en 1979 y publicado en 1980. Para pensar el presente en función del pasado, de forma de lograr un futuro mejor.

Entre los que piensan el desarrollo, la inclusión y se vinculan con el extranjero para desojar el país, está la verdadera grieta histórica. Lamentablemente no es blanco o negro, porque esta grieta se enmarca en condicionantes económicos y sociales que impiden a ambos lados tomar decisiones extremas de forma permanente. 

Pero, de ningún modo, alguien encargado de algún asunto del Estado que crea en la inclusión como camino de superación, que crea en la producción nacional como vía al desarrollo, está dispuesto a usar el Estado para castigar y reprimir, e incluso violar, matar, desaparecer gente o sustraer bebes, escondiendo sus verdaderas identidades. Suponer que lo segundo puede servir a lo primero no tiene ninguna posibilidad de coherencia o buena intención. Y merece ser juzgado.

Dicho lo cual, en toda búsqueda bien intencionada podemos equivocarnos todos, la información completa no es una opción, se trata de hacer construcciones graduales, que pueden tener retrocesos graduales. Pero nunca nadie que haya usado el Estado para matar, para imponer una postura política y económica, a costa de la vida , es alguien equivocado. Es un criminal de lesa humanidad y no merece ni más ni menos que toda la dureza de la justicia, sin ningún beneficio.

La justicia no viene de Marte, las normas nos las damos nosotros, en tanto pueblo organizado, institucionalizado. Suponer que un cambio de gobierno permite tomar un atajo y desconocer nuestrs normas, nuestras modificaciones, y derogaciones, es no entender que la única reparación posible para un pueblo lastimado por genocidas es la aplicación de la justicia vigente, y en constante evolución.

Hubo una parte que no coincidía con el gobierno kirchnerista. Se dio un cambio, pero no en materia de derechos humanos. Pero tomar la parte por el todo sólo puede hablar de la vileza de algunos corazones que apuntan tomar atajos de odio y retroceso.

El pueblo, incluso despartidizado, no lo va a permitir. Ni la Corte, ni mucho menos los jueces que le deben su sillón al macrismo, pueden desconocer que este pueblo en los últimos 15 años ha ganado para sí, la memoria para que nunca más haya una dictadura, la verdad sobre la pata militar y civil que le dieron forma a aberrantes hechos y la justicia sobre los criminales.

Porque son 30.000, para que nunca más ocurran cosas semejantes, de espaldas al pueblo, estamos presentes. Están presentes. Con ellos. Con nosotros. Hoy, ahora y siempre.

Somos parte de un pueblo cada vez más despierto. 

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Highton de Nolasco pidió licencia y esta semana no estará en el máximo tribunal

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Según informaron fuentes judiciales, solicitó una licencia oficial por lo cual no estará presente en el acuerdo de mañana del máximo tribunal del país.

 

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, solicitó una licencia oficial por lo cual no estará presente en el acuerdo de mañana del máximo tribunal del país, informaron fuentes judiciales.
 
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