Comenzó el juicio contra los dirigentes sindicales Gurina y Sánchez por el acampe docente de 2024
El Juzgado Correccional y de Menores Nº 1 de Posadas inició el juicio oral contra los dirigentes docentes Mónica Gurina y Leandro Javier Sánchez, imputados por Desobediencia Judicial y Entorpecimiento del Normal Funcionamiento de los Medios de Transporte a raíz del acampe realizado en la avenida Uruguay durante el conflicto salarial de 2024. La causa fue impulsada tras denuncias de comerciantes de la zona, que aseguraron haber sufrido perjuicios económicos durante la protesta.
El proceso, dirigido por la jueza Marcela Leiva, marca un precedente institucional clave para el debate sobre los límites del derecho a la protesta, el impacto económico de las manifestaciones y el rol de los sindicatos en un contexto social atravesado por reclamos salariales y deterioro del poder adquisitivo.
El origen de la causa y la acusación: protestas, cortes y denuncias comerciales
La investigación fue iniciada por la fiscal de Instrucción Nº 7, Patricia Inés Clerici, quien imputó a Gurina y Sánchez por los delitos de Desobediencia Judicial y Entorpecimiento del Normal Funcionamiento de los Medios de Transporte, luego de que el acampe docente instalara 15 carpas y concentrara a más de 500 manifestantes en la avenida Uruguay durante varios días.
Comerciantes del corredor denunciaron baja de ventas, afectación del tránsito y dificultades operativas para el transporte urbano. En ese marco, la fiscalía solicitó agregar el testimonio del gerente de la empresa Tipoka como prueba. La defensa se opuso y planteó que “el Ministerio Público incumplió con los plazos en el ofrecimiento de pruebas”.
En la audiencia inicial de este lunes se leyó el requerimiento de elevación a juicio y se acordó incorporar parte de la prueba testimonial por lectura, citando únicamente a cuatro testigos, entre ellos dos policías de Misiones.
Previo al inicio formal del debate, la fiscal María Laura Álvarez propuso conceder una probation, medida que ambos dirigentes rechazaron. Por ello el juicio continúa. Los imputados están representados por Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga.
Gurina negó responsabilidad penal: “No somos culpables de nada, sólo pedíamos salario digno. Se juzga a una sindicalista en una época donde se mira mal a los sindicalistas”.
Sánchez, con 20 años de docencia, sostuvo que las acciones fueron colectivas: “El derecho a la protesta es constitucional”.
Ambos optaron por no responder preguntas.
Primeros testigos: crisis docente, asambleas y la continuidad de un conflicto que se escaló tras el 1 de junio
Los primeros testimonios evidenciaron el trasfondo económico y sindical del conflicto.
Carlos Lezcano: “La desesperación hacía imposible pensar en términos de ilegalidad”
El docente Carlos Lezcano afirmó que el deterioro salarial fue el detonante: Desde octubre de 2023 “empezó el ajuste al sector docente”. Señaló una “transferencia de recursos de las escuelas públicas al sector privado”. Aseguró que una maestra de grado cobra 618 mil pesos y tiene una obra social “que no funciona”. Describió que en la inscripción para la Policía se anotaron 5.000 jóvenes, mientras que “los profesorados están vacíos”.
Sobre la protesta, precisó que la asamblea del puente Garupá decidió movilizarse hacia la avenida Uruguay y acompañar la protesta policial que ya cortaba el tránsito.
Consultado sobre la ilegalidad del corte, sostuvo: “Había docentes que no podían comprarle un yogur a un hijo. La desesperación hacía imposible pensar en esos términos”.
Lezcano también recordó que el conflicto se agravó tras la fallida reunión con el Ministerio de Hacienda el 1 de junio, y que el acta firmada el 7 de junio “no compensó la inflación”.
Estela Genesini: “Nunca se consiguió nada sin protestar”
En segundo término declaró Estela Genesini, secretaria general de UDNAM.
Sostuvo que la protesta tenía objetivos salariales y también de denuncia institucional: “Nunca se consiguió nada sin protestar”.
Recordó que antes del conflicto cobraban 250 mil pesos con FONID, frente a los 450 mil posteriores a las medidas.
Describió el clima social del acampe: Docentes con décadas sin adherirse a paros se sumaron. La comunidad llevó alimentos. Muchos maestros comían allí y cargaban viandas para sus familias. Las decisiones se tomaban “siempre en asambleas”, no en mesas con el Gobierno.
Además, mencionó que presentó denuncias administrativas contra Miguel Sedoff y Gilson Berger, por supuestas irregularidades vinculadas al ámbito educativo.
Un juicio que reabre el debate sobre protesta, economía y legitimidad sindical
El avance del juicio se da en un momento donde el rol de los sindicatos es objeto de controversias políticas y donde los conflictos salariales del sector docente se profundizaron por pérdida del poder adquisitivo, inflación y tensiones con el Ministerio de Hacienda.
La jueza Marcela Leiva dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 7.30, cuando declararán cuatro testigos —entre ellos dos policías— y luego se escucharán los alegatos.
Gurina y Sánchez pidieron su sobreseimiento y reiteraron que las acciones fueron colectivas y decididas en asambleas.
El proceso podría sentar criterio sobre la responsabilidad penal de dirigentes sindicales en protestas masivas, un tema central para la regulación de la conflictividad laboral y para la futura relación entre sindicatos, Estado y poder judicial.