ACTIVIDAD COMERCIAL

La encuesta de la CEM revela que las pymes cerraron 2025 con caída del consumo

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La última Encuesta Provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM), correspondiente a diciembre de 2025, confirma un escenario de estancamiento prolongado para las pymes misioneras, atravesado por la caída del consumo, alta presión tributaria, costos laborales elevados, recesión y fuerte incertidumbre. Sin cambios estructurales a nivel nacional ni provincial, el empresariado adopta estrategias defensivas: resistir, reestructurar y postergar decisiones clave, especialmente en inversión y empleo.

El relevamiento, realizado de manera ininterrumpida desde hace más de dos años por la Comisión de Comercio y Servicios de la CEM, contó en esta edición con la participación de 234 empresarios pyme de distintos sectores económicos de la provincia, lo que permite trazar una radiografía precisa del clima de negocios con el que se cerró 2025 y se inicia 2026.

Actividad estancada, empleo congelado y costos como principal límite

En términos de movimiento económico, diciembre mostró una continuidad respecto de los meses previos. El 41% de los encuestados calificó la actividad como “regular”, mientras que un 26% la consideró “buena” y un 19% “mala”. Solo un 3% señaló un desempeño “muy bueno”, frente a un 8% que lo calificó como “muy malo”.

Este desempeño moderado se traduce en una fuerte cautela en materia laboral. Al igual que en noviembre, más del 83% de las pymes evita tomar decisiones sobre recursos humanos, profundizando una tendencia que se sostiene desde hace varios meses.

Entre los principales obstáculos para contratar personal, los empresarios identificaron a las cargas laborales altas como el factor más relevante (29%), seguidas por la inestabilidad económica (18%), el riesgo sindical (16%) y el miedo a juicios laborales (15%). El dato refleja un mercado laboral rígido, con alto nivel de riesgo percibido para el sector formal.

Presión tributaria, recesión y fronteras: las trabas estructurales según nivel de gobierno

Las problemáticas estructurales que afectan a las pymes se mantienen prácticamente sin cambios respecto de los meses anteriores, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

En el plano nacional, la carga tributaria encabeza el ranking con un 25%, seguida por el costo laboral (21%) y la recesión (17%). También aparecen el financiamiento (10%) y la corrupción (9%), en una combinación que limita la planificación y la inversión productiva.

A nivel provincial, la presión se intensifica: la carga tributaria asciende al 30% y las barreras arancelarias alcanzan el 26%. En tercer lugar se ubica nuevamente la corrupción (18%), seguida por los problemas de infraestructura (10%).

En los municipios, el escenario se complejiza aún más. La principal dificultad señalada es la informalidad y la competencia desleal (20%), seguida por las tasas e impuestos internos (16%), el movimiento comercial fronterizo (12%), la burocracia (10%) y los problemas de infraestructura (10%). También se mencionan la corrupción (9%) y la falta de personal capacitado (8%), factores clave en una economía de frontera como la misionera.

Expectativas moderadas, finanzas ajustadas y estrategias defensivas

En cuanto a las expectativas macroeconómicas, un 47% de los empresarios considera que Argentina crecerá en los próximos seis meses, mientras que un 30% no sabe si habrá crecimiento y un 20% cree que el país no crecerá.

La percepción sobre Misiones es sensiblemente más pesimista: solo el 19% cree que la provincia crecerá en el primer semestre de 2026, frente a un 45% que estima que no habrá crecimiento y un 34% que manifiesta incertidumbre.

Respecto a los precios, más del 66% de los encuestados detectó variaciones acotadas, entre 0% y 5%, lo que refleja un escenario de menor volatilidad nominal, aunque sin impacto directo en la recuperación del consumo.

En el plano financiero, la mora de pagos sigue siendo una señal de alerta. Un 34% indicó que “aumentó levemente”, un 26% que “se mantuvo estable” y un 19% que “aumentó significativamente”, en línea con lo observado durante julio, agosto, septiembre y octubre. En cuanto a los cheques rechazados, solo el 28% de las pymes no recibe cheques; entre quienes sí los reciben, un 10% reportó rechazos frecuentes, un 21% ocasionales y un 24% raros.

Balance 2025 y punto de partida para 2026

El balance anual es contundente: para el 41% de los empresarios, 2025 fue peor que 2024; para el 30%, fue similar; y solo un 17% lo consideró mejor. En términos de resultados económicos, un 43% logró apenas un equilibrio, un 30% tuvo rentabilidad negativa y solo un 16% alcanzó rentabilidad positiva.

Frente a este contexto, las decisiones empresariales fueron mayoritariamente defensivas. Durante 2025, un 27% redujo inversiones, un 21% postergó pagos, un 12% redujo personal, un 11% redujo horas o actividad y un 9% vendió activos. Apenas un 17% no tomó ninguna de estas medidas.

Los factores que más impactaron en el desempeño empresarial fueron la caída del consumo, la incertidumbre económica, el aumento de costos, la carga fiscal y administrativa, la falta de financiamiento y el endeudamiento previo.

No obstante, el 52% de las pymes afirmó haber logrado adaptarse a las condiciones económicas, aunque con mucho esfuerzo, mientras que un 33% apenas consiguió sostenerse y un 11% se adaptó sin mayores inconvenientes.

El dato final sintetiza el estado del entramado productivo misionero: en 2025, las pymes resistieron (39%), reestructuraron (25%), se achicaron (14%), se endeudaron (10%), invirtieron (8%) y cerraron o pausaron actividades (1%).

De cara a 2026, el punto de partida sigue siendo frágil: un 42% comienza el año en la misma situación que en 2025, un 22% lo hace de forma debilitada, un 21% de forma fortalecida y un 14% directamente en situación de riesgo.

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UIA rechazó la competencia fiscal municipal y advirtió: “La industria no tiene rueditas”

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UIA rechazó la “competencia fiscal” entre municipios y alertó por el impacto de la Tasa de Seguridad e Higiene

La Unión Industrial Argentina (UIA) marcó una posición firme frente a la política del Gobierno nacional de alentar la “competencia fiscal” entre provincias y municipios como herramienta para atraer inversiones. En un seminario sobre tributación local, el presidente de la central fabril, Martín Rappallini, advirtió que esta estrategia podría derivar en una “guerra de tasas” que genera distorsiones y desalienta la producción.

“Una empresa cuando se instala en un municipio lo hace con una inversión en infraestructura y equipos por al menos 20 o 30 años. La industria no tiene rueditas para trasladarse de localidad según quién cobre menos impuestos”, subrayó Rappallini, en clara alusión a los intentos de flexibilizar la presión impositiva para captar capitales.

El debate se centra en la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), uno de los tributos más cuestionados por el sector privado. Aunque presentada como una tasa vinculada a servicios de inspección, en la práctica se calcula como un porcentaje sobre la facturación bruta de las empresas, lo que la convierte en un impuesto encubierto.

Un relevamiento de la UIA sobre 67 empresas asociadas mostró que estas enfrentan 495 pagos distintos de tasas en 346 locaciones. Según el informe, la TISH equivale al 0,7% del PBI y repercute directamente en los precios, sumando en promedio un 1,8% al costo final de los alimentos.

La situación se agrava por los fallos judiciales que han convalidado su aplicación. La Corte bonaerense, por ejemplo, avaló en 2021 la decisión del municipio de Quilmes de cobrarle la TISH a Exxon por sus estaciones de servicio. Este antecedente generó un precedente que consolidó el esquema de doble imposición con Ingresos Brutos, un rasgo que coloca a la Argentina como excepción dentro del G20 y de Sudamérica, donde casi no existen gravámenes municipales sobre ingresos brutos.

Debate político y empresarial: entre autonomía y coordinación

El seminario contó también con la participación de intendentes como Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y José Luis Walser (Colón). Valenzuela defendió la existencia de la TISH, aunque planteó que debe tener “una alícuota razonable” y consideró válido que los municipios compitan por inversiones, siempre dentro de un marco de previsibilidad tributaria de largo plazo.

Desde el sector académico, Matías Olivero Vila, presidente de la Fundación Lógica, fue tajante: “La Corte Suprema provincial perdió la oportunidad de fijar un criterio claro de que las tasas deben calcularse sobre los costos del servicio y no sobre los ingresos totales”. Según advirtió, la falta de definiciones nítidas deja al país atrapado en un sistema de altísima presión tributaria con “límites difusos” en materia legal.

La UIA, por su parte, volvió a reclamar consensos entre los tres niveles del Estado para coordinar el diseño y la aplicación de tributos, evitando superposiciones y distorsiones. “Lo que necesitamos es estabilidad jurídica y un esquema impositivo que no nos haga competir por el costo fiscal, sino por la calidad de la producción”, enfatizó Rappallini.

El rechazo a la competencia fiscal refleja una tensión estructural: mientras el Gobierno nacional impulsa la descentralización tributaria como forma de dinamizar la inversión, la industria teme que esta fragmentación derive en un encarecimiento sistémico.

En términos políticos, el debate pone en evidencia la necesidad de una reforma integral del esquema tributario argentino, que hoy concentra presión en impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y la TISH, al tiempo que exhibe una fragmentación entre Nación, provincias y municipios que conspira contra la competitividad.

El futuro inmediato dependerá de la capacidad del Gobierno y las provincias de acordar un esquema de reglas claras. La continuidad de la TISH como está planteada no solo impacta en los costos de producción, sino también en la localización de inversiones en un país que necesita recomponer su matriz productiva.

Para los industriales, el desafío es doble: garantizar condiciones estables de radicación y, al mismo tiempo, reducir la presión impositiva en un contexto en el que la economía enfrenta problemas de competitividad, baja inversión y caída del consumo.

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Construcción: salarios y tarifas impulsaron el aumento del 1,6% en julio, según INDEC

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El costo de la construcción subió 1,6% en julio y acumuló 31% interanual: presión por salarios y tarifas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en julio de 2025 una suba del 1,6% mensual, lo que lleva la variación acumulada en lo que va del año al 10,9% y la interanual al 31%. El aumento estuvo impulsado por las actualizaciones salariales del sector, los ajustes en tarifas de servicios públicos y el encarecimiento de insumos clave, factores que presionan sobre la dinámica de costos de la obra pública y privada.

Salarios y tarifas, los motores del aumento

El capítulo “Mano de obra” subió 1,7% en el mes, en línea con el acuerdo paritario de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) homologado el 16 de julio de 2025 mediante la resolución DI-2025-1734-APN-DNRYRT#MCH. El convenio estableció incrementos sobre las categorías del Convenio Colectivo 76/75 y una asignación extraordinaria no remunerativa.

En paralelo, los “Gastos generales” avanzaron también un 1,7%, reflejando el impacto de las resoluciones ENRE 469/25 y 470/25, que aprobaron nuevas tarifas eléctricas para Edenor y Edesur desde el 1 de julio, además de actualizaciones autorizadas por ENARGAS y la Secretaría de Obras Públicas en los valores de consumo de agua, cloacas y conexiones de gas.

Por su parte, el capítulo “Materiales” trepó 1,5%, con fuertes incrementos en artefactos eléctricos y de iluminación, aunque compensados parcialmente por bajas en insumos metálicos y de hormigón.

Los rubros más afectados

El informe del INDEC señala que los mayores aumentos en julio se registraron en:

  • Ascensores (+4,7%)
  • Movimiento de tierra (+4,1%)
  • Instalación eléctrica (+2,2%)

En cuanto a materiales, lideraron las subas:

  • Artefactos de iluminación y porteros eléctricos (+6,4%)
  • Cables y conductores de media y baja tensión (+5,9%)
  • Aparatos de control eléctrico (+4,9%)

Por el contrario, hubo bajas en artefactos a gas (-0,5%) y productos de hormigón y cemento (-0,3%).

En el capítulo “Mano de obra”, los salarios de trabajadores asalariados crecieron 1,8%, mientras que los subcontratados lo hicieron en 0,8%. Entre los servicios de alquiler, el contenedor tipo volquete marcó la mayor suba, con un 8,7% en el mes.

La aceleración del costo de la construcción refleja una tensión doble: por un lado, el impacto directo de los acuerdos paritarios en un sector intensivo en empleo; por otro, la incidencia de la política tarifaria en insumos básicos para la obra. Esta dinámica se vuelve central no solo para la obra privada, sino también para la ejecución de proyectos de infraestructura pública, cuyos presupuestos se ajustan con referencia al ICC en el marco del Decreto 1295/02.

Además, el dato adquiere relevancia en el marco de la estrategia oficial de moderar la inflación: mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,9% en julio, el ICC se ubicó levemente por debajo, pero marcando presiones sectoriales que anticipan futuros incrementos en costos de vivienda y construcción.

La tendencia interanual del 31% refleja un freno respecto de los picos inflacionarios de 2024, pero muestra que los costos del sector aún se mantienen en niveles altos, particularmente en mano de obra (que crece al 43,8% interanual). La continuidad de los ajustes salariales y tarifarios será determinante para definir la trayectoria del índice en la segunda parte del año.

En ese sentido, las consultoras del sector advierten que, de mantenerse la política de actualización tarifaria y la presión de nuevas rondas paritarias, el ICC podría cerrar 2025 en torno al 18% – 20% anual, un nivel que, si bien se ubicaría por debajo de la inflación general proyectada, seguirá condicionando la recuperación de la actividad inmobiliaria y de la obra pública.

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Empleo registrado: Aseguran crecimiento y niveles elevados pospandemia

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El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en su análisis, asegura que a diciembre de 2021 y después del piso de la pandemia, en julio 2020 , se han generado 196 mil puestos de trabajo, más del 100%

El presente informe analiza la cantidad de trabajadores/as en el sector privado en diciembre 2021 y su evolución desde la aparición del COVID-19. Para su realización, se utilizó una metodología cuantitativa, en base a la información publicada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación vinculada a las bases del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA) en su serie desestacionalizada (ya que esto permite la comparación entre meses no equivalentes).

El informe se divide en cuatro partes. En el primer apartado se indaga acerca de la cantidad de trabajadores y trabajadoras del sector privado en el mes de diciembre y su evolución desde la crisis pandémica.

La segunda aborda la heterogeneidad sectorial percibida en la recuperación del empleo privado. Se muestran las variaciones de la cantidad de trabajadoras y trabajadores por sectores económicos en dos períodos: entre febrero 2020 y junio 2021 y entre julio 2020 y diciembre 2021 (la evolución posterior al momento de menor nivel de empleo provocado por la pandemia). La información brinda la imagen final de la recuperación, en el primer caso, y la evolución desde el piso de la crisis, en el segundo.

En el tercer apartado se analiza una segunda dimensión de heterogeneidad: la regional. Mientras algunas provincias se encuentran hoy por encima de los niveles de empleo privado registrados en febrero 2020, otras siguen aun sensiblemente por debajo del mismo.

Finalmente, se detallan las principales conclusiones de la evolución de los indicadores estudiados en clave de recuperación económica heterogénea sectorial y regionalmente y sus impactos diversificados en el marco de la pandemia de COVID 19.

Leé el informe completo del Centro de Economía de Política Argentina haciendo click acá

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Nuevas medidas: se liberan el aforo y restricciones horarias en Posadas

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Ante la mejora de la situación sanitaria y el avance en el plan de vacunación anticovid, la Municipalidad de Posadas dispuso nuevas medidas. A través del Decreto 1640/21 se establecen el fin de las restricciones horarias para la actividad comercial, cultural, deportiva y social; como también se liberan los aforos establecidos, en el marco de la pandemia.

Por lo cual, a partir de la fecha se deja sin efecto las restricciones en materia de aforo y horarios, para:
• Actividades del rubro comercial, industrial y de servicios;
• Actividades sociales y culturales;
• Actividades de culto y religiosas;
• Actividades físicas y deportivas, en sus distintas disciplinas y modalidades;
• Actividades en ludotecas y centros de enseñanza, públicos y privados;
• Actividades de juegos de azar y apuestas;
• Actividades liberales y profesionales;
• Actividades de cobertura asistencial y aseguradoras;
• Actividades científicas, tecnológicas, de desarrollo e investigación;
• Actividades recreativas, ocio y de esparcimiento.

Asimismo, se deberán cumplimentar, sin excepción, las exigencias establecidas en materia de bioseguridad e higiene en sus respectivos protocolos de actuación, tales como: el distanciamiento entre personas, sanitización de manos, uso del tapabocas/barbijo, capacidad máxima de 10 personas por mesa para los locales gastronómicos, y toda otra que sea requerida específicamente para cada rubro correspondiente.

Además, este Decreto exceptúa de lo establecido por el presente instrumento legal, a las actividades que se desarrollen en el marco del “Protocolo de actuación sanitaria” para fiestas seguras y organizaciones de eventos culturales (casamientos, fiestas familiares, de cumpleaños. de 15, agasajos. conferencia de prensa, disertaciones, desayunos, almuerzos o cenas de trabajo (proveedores, salones de eventos, depósitos, organizadores), que continuarán rigiéndose por su respectivo protocolo y especificaciones legales y técnicas, de conformidad al Decreto N° 1199/21.

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