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Tras el revés en Diputados, el Presupuesto 2026 avanza en el Senado en medio de tensiones

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Con los tiempos legislativos al límite y tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza consiguió dictamen del Presupuesto 2026 en el Senado. El proyecto quedó listo para ser tratado en el recinto en los próximos días, en medio de negociaciones contrarreloj, advertencias de veto presidencial y un clima político enrarecido que condiciona la recta final del año parlamentario.

Luego del debut fallido de las sesiones extraordinarias en Diputados, el oficialismo aceleró en la Cámara alta. Este viernes, los libertarios y sus aliados sellaron el dictamen del Presupuesto 2026 en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por Ezequiel Atauche, dejando el texto en condiciones de ser llevado al recinto en un plazo estimado de siete días.

Dictamen exprés tras el revés en Diputados

El Presupuesto 2026 ingresó al Senado el jueves, luego de que en la Cámara baja la oposición lograra un triunfo inesperado: el rechazo del Capítulo XI del proyecto, votado entrada la madrugada. Ese tramo incluía, en su artículo 75, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos normas que el Gobierno considera incompatibles con su objetivo de equilibrio fiscal.

Desde las 10 de la mañana, la comisión recibió a funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron la iniciativa y su consistencia fiscal. Al igual que en Diputados, participaron Carlos Guberman, secretario de Hacienda; Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial; y Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto.

Tras las exposiciones, el oficialismo avanzó con la firma del dictamen sin modificaciones, replicando el texto aprobado en general por Diputados, pese a las versiones que circularon desde la Casa Rosada sobre la posibilidad de vetar el Presupuesto si se sanciona sin el capítulo rechazado.

Estrategia parlamentaria y negociaciones contrarreloj

Con el calendario en contra, el oficialismo evalúa distintas alternativas legislativas. El 31 de diciembre es la fecha límite: si el Congreso no sanciona el Presupuesto, el presidente Javier Milei deberá reconducirlo por tercer año consecutivo, una situación que el Gobierno busca evitar.

Según trascendió, una de las estrategias es llevar el proyecto al recinto tal como llegó desde Diputados, mientras se negocian cambios con senadores aliados. En ese esquema, el oficialismo apunta a reunir 44 votos, aunque no descarta apoyos puntuales de senadores del interbloque Popular, que conduce José Mayans, donde conviven legisladores cuyos gobernadores mantienen vínculos con la Casa Rosada.

Las negociaciones giran en torno a una posible reincorporación del Capítulo XI, con la duda abierta sobre si incluiría nuevamente el artículo 75. Si el Senado introduce cambios, el proyecto deberá volver a Diputados para su sanción definitiva. Allí, la Cámara baja deberá optar entre insistir con su versión original o aceptar la redacción del Senado. Por ahora, se menciona una sesión tentativa para el 29, mientras que en la Cámara alta se evalúa sesionar el viernes 26.

Qué contenía el Capítulo XI rechazado

El rechazo del Capítulo XI no solo implicó la caída de las derogaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, sino también de otras disposiciones relevantes desde el punto de vista fiscal e institucional.

Ese tramo del proyecto incluía la derogación del régimen de subsidios para las denominadas zonas frías, la eliminación de la actualización automática por IPC de las asignaciones familiares y, en paralelo, la prórroga de la Emergencia del Hospital Garrahan.

Durante el debate en Diputados, el oficialismo incorporó además dos artículos sensibles: la transferencia del 1,55% de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en línea con lo establecido por la Corte Suprema tras la disputa por los fondos vinculados al traspaso de las fuerzas de seguridad, y un incremento de partidas para el Poder Judicial.

Estos agregados, introducidos en la madrugada, funcionaron como un intento de sumar voluntades y evitar el naufragio del capítulo. La maniobra, sin embargo, no alcanzó: el Capítulo XI fue rechazado y se convirtió en el principal foco de tensión del Presupuesto 2026.

Un clima político enrarecido en la Cámara alta

El avance del Presupuesto se da en un contexto de creciente desconfianza política. A la advertencia presidencial de vetar la ley si no garantiza el equilibrio fiscal, se suma la decisión de Patricia Bullrich de postergar para febrero el debate de la Reforma Laboral, con el objetivo de evitar una eventual derrota parlamentaria.

También pesa en el Senado el malestar de los aliados por la decisión de los Menem de negociar con Unión por la Patria los nombramientos para la Auditoría General de la Nación (AGN) en Diputados, un movimiento que tensó las relaciones internas y condiciona el clima en la Cámara alta.

Con este telón de fondo, el Presupuesto 2026 avanza, pero lo hace en un terreno inestable. La próxima semana será decisiva para definir si el oficialismo logra sancionar la ley, introducir cambios de fondo o enfrentar un nuevo escenario de prórroga presupuestaria.

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LLA votó con el kirchnerismo los auditores de la AGN y desató una crisis con el PRO

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La Libertad Avanza acordó con Unión por la Patria la designación de auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) y tensionó su alianza con el PRO

En una definición sorpresiva y de alto impacto institucional, La Libertad Avanza (LLA) votó junto a Unión por la Patria (UP) la designación de auditores generales de la Nación correspondientes a la Cámara de Diputados, una decisión adoptada cerca de las 3 de la madrugada y en pleno período de sesiones extraordinarias. La maniobra abrió una fuerte grieta con el PRO y otros aliados parlamentarios, que denunciaron una violación constitucional y anticiparon una judicialización del caso.

Una moción inesperada en la madrugada y la designación de los auditores

Cuando la sesión avanzaba con especulaciones sobre la posibilidad de perder el quórum antes de tratar la denominada “regla fiscal”, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, presentó de manera inesperada una moción para cubrir las vacantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) correspondientes a la Cámara baja.

La propuesta incluyó una terna completa integrada por Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti, y desató una inmediata reacción en el recinto. El momento elegido —alrededor de las 3 de la madrugada— y la ausencia del tema en el temario de extraordinarias profundizaron el malestar de la oposición dialoguista.

Tras el debate, se votó a mano alzada el apartamiento del reglamento y la moción fue aprobada con 186 votos afirmativos y 3 abstenciones. A las 3.09, se tomó juramento a los nuevos auditores. En el caso de Pamela Calletti, la Cámara debió habilitar un tramo de homenajes y cuestiones de privilegio hasta su llegada al recinto, jurando finalmente cerca de las 3.45.

Denuncias de inconstitucionalidad y ruptura con los aliados

El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, encabezó las críticas más duras. Alertó que la votación implicaba una violación del artículo 65 de la Constitución nacional y calificó el procedimiento como un “vicio de incompetencia”. Según sostuvo, la AGN es un órgano extrapoder y su integración no puede tratarse fuera del período ordinario ni incorporarse al temario de extraordinarias por decisión de la Cámara.

No constituye una cuestión interna del Poder Legislativo, no se puede tratar, es anticonstitucional”, afirmó Ritondo, quien anticipó que el PRO acudirá a la Justicia para impugnar la designación. En un mensaje político directo al oficialismo, remarcó que la decisión “no fortalece el sistema de control, lo debilita” y advirtió sobre la ruptura de compromisos parlamentarios previos.

Las críticas se replicaron desde otros bloques. Romina del Plá cuestionó que la designación no estuviera incluida en la convocatoria del Poder Ejecutivo y denunció la intención de “pagar compromisos asumidos por la ventana”. En el mismo sentido, Miriam Bregman afirmó que el tema no había sido mencionado en la Labor Parlamentaria y calificó la maniobra como “bochornosa” y propia de “la casta”.

Repercusiones políticas y un nuevo frente de conflicto en Diputados

El episodio dejó una señal política clara: LLA avanzó con UP en una votación clave de control institucional, a costa de profundizar la tensión con sus principales aliados parlamentarios. El diputado Pablo Juliano cuestionó el doble estándar en la aplicación del reglamento y anunció el retiro de su bloque, mientras que Maximiliano Ferraro sintetizó el clima del cierre con una frase contundente: “Votando La Libertad Avanza con el kirchnerismo, buenas noches”.

La decisión abre un nuevo frente de conflicto político e institucional en la Cámara de Diputados, con impacto directo en el funcionamiento de la AGN, uno de los principales órganos de control del Estado. Además, anticipa un escenario de litigiosidad judicial y reconfiguración de alianzas en un Congreso atravesado por votaciones ajustadas y negociaciones de alta sensibilidad.

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Olmos pidió citar al Banco Central por la falta de datos sobre el oro y los BOPREAL

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Olmos advirtió en el Congreso que la AGN no puede auditar el destino del oro del Banco Central

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, afirmó en la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se niega a brindar información sobre los lingotes de oro enviados al exterior. La falta de datos impide conocer su ubicación, rendimiento e incluso los costos de traslado.

La tensión entre el BCRA y la AGN

Durante su exposición en el Congreso, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, informó que el organismo de control llegó a un punto muerto en el intercambio de información con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) respecto a los lingotes de oro girados al exterior.

“El proceso de intercambio de notas se ha agotado. Ha motivado la negativa del BCRA, en la forma que establece la AGN, a dar la información necesaria para realizar esa auditoría. Nos hemos detenido. No podemos saber dónde está específicamente el oro”, advirtió Olmos ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta, presidida por el diputado Miguel Ángel Pichetto.

El funcionario precisó que la AGN desconoce también qué interés está rindiendo ese oro y subrayó que resulta “fundamental saber cuáles son las tasas”. Tampoco se pudo establecer si se pagaron seguros por los traslados.

El reclamo de la AGN: transparencia en el manejo del oro y los BOPREAL

La exposición de Olmos reflejó un problema institucional: la imposibilidad de avanzar en auditorías por falta de colaboración del BCRA. Según explicó, la misma dinámica se repitió en la investigación sobre los bonos BOPREAL, donde la entidad monetaria respondió que la información es “reservada”.

“Ese secreto es importante para el desarrollo funcional e institucional del Banco, pero no para el organismo auditor. En todo caso, es un ejemplo de reserva que debería haber”, sostuvo Olmos.

El presidente de la AGN propuso a la Comisión que considere la citación a las autoridades del BCRA para brindar explicaciones directas sobre la situación.

Consecuencias institucionales y políticas

La falta de información sobre los lingotes de oro en el exterior abre un frente sensible en la relación entre los organismos de control y el BCRA. La AGN no solo queda limitada en su capacidad de fiscalización, sino que además se ve imposibilitada de judicializar el caso por la acefalía del Colegio de Auditores, que permanece sin constitución desde hace meses.

El planteo de Olmos instala un debate mayor sobre la transparencia en el manejo de las reservas del Banco Central y la necesidad de que el Congreso refuerce los mecanismos de control institucional. El desenlace dependerá de si la Bicameral avanza en la convocatoria de las autoridades del BCRA o si el conflicto se mantiene en el terreno de la opacidad administrativa.

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