El régimen juvenil del Gobierno: tobillera, prisiones breves y cárceles especiales
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció ayer que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil que, entre otros aspectos, bajaría de 16 a quince años la edad de imputabilidad para delitos graves. Desde Ajunaf los magistrados mostraron su oposición a la idea.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil que, entre otros aspectos, bajaría de 16 a quince años la edad de imputabilidad para delitos graves, y contemplaría un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo.
El Poder Legislativo se encuentra en receso durante enero, por lo que, si el presidente Mauricio Macri convoca a sesiones extraordinarias en febrero, la iniciativa podría comenzar a ser debatida antes del inicio del período ordinario previsto para el 1º de marzo.
Bullrich aseguró que se trata de un “régimen socioeducativo” y destacó que, independientemente de la edad que tenga, “cuando un menor comete un robo entra en un régimen de resarcimiento de la conducta gravosa que le generó a la sociedad”.
La ministra de Seguridad precisó a radio Mitre que el proyecto en el que trabaja el Gobierno y que sería enviado en febrero al Parlamento, una vez que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias, “avala la teoría de (Rudholph) Giuliani (el ex Alcalde de Nueva York) de cuando explota la primera conducta disvaliosa es importante, porque cuando nadie le dice nada, va generando conductas más violentas y avanza en la carrera delictiva”.
“El objetivo del régimen es trabajar para impedir que ese chico avance en la carrera delictual”, aseguró Bullrich.
Según el borrador del proyecto que trascendió en las últimas horas y que reprodujo el diario Ámbito Financiero, el nuevo Régimen Penal Juvenil prevé la baja de edad de imputabilidad en los 15 años, pero sólo como última instancia incluye la prisión. Además, crea tribunales especializados para definir los procesos penales y el control de la pena para adolescentes entre los 15 y los 18, a partir de un programa de capacitación para el Poder Judicial y de una implementación progresiva.
El encarcelamiento de los adolescentes se prevé en dependencias “habilitadas y acondicionadas para tal fin, que estarán bajo dirección de personal civil”, lo que indica que se excluirá al Servicio Penitenciario Federal. No podrán ser confinados en lugares donde se desempeñen fuerzas de seguridad o haya mayores detenidos. En su articulado, el anteproyecto menciona que una vez detenido, deberá comparecer en un máximo de 24 horas al juzgado y que tendrá “derecho a ser escuchado” en cualquier etapa del proceso y conservará su “privacidad” y la de su familia en todo el proceso, lo que asegura anonimato en el trámite. Ninguna actuación será de acceso público y todos los datos serán de acceso restringido, sin excepción para impedir su identificación, bajo impedimento legal.
Hay múltiples alternativas antes de la prisión efectiva: la detención domiciliaria con tobillera electrónica, durante los fines de semana sin afectar el trabajo o la concurrencia a la escuela, en un centro abierto, o en los centros especializados de detención con un régimen similar a salidas transitorias de resocialización.
No existirá la prisión perpetua.
Habrá atenuantes como la “inmadurez intelectual o afectiva” para comprender la criminalidad de los actos o su comportamiento posterior para intentar reparar el daño.
El borrador
indica que “el fiscal podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal respecto de un adolescente, excepto cuando el delito que se le atribuyere tuviere prevista una pena máxima superior a los 10 años de prisión”, indica el artículo 15 sobre el “criterio de oportunidad” para que se descarten casos. Sin embargo, si se cerrara, se le deberá dar información a la víctima sobre los motivos que lo fundamentan. Como todos, el proceso podrá caducar por prescripción, pero también por “acuerdos de mediación” o “suspensión a prueba”. Prescribirá a los 5 años, o a los 2 en casos de que sean excarcelables, o si se dispone la incorporación a “programas comunitarios”. La víctima deberá consentir que el adolescente acceda a un proceso de “mediación penal” antes de que se dicte sentencia. Lo mismo que los “acuerdos restaurativos”.
El texto, según reveló Ámbito Financiero, incorpora también las “sanciones socioeducativas” que son: “asesoramiento, orientación o supervisión de un equipo interdisciplinario; asistencia a programas educativos; de formación ciudadana; de capacitación laboral; deportivos, recreativos o culturales; asistencia a servicios de salud; tratamiento médico o psicológico”. Las sanciones disciplinarias incluyen “amonestación” (reto de un juez); prohibición de conducir vehículos (no más de 5 años); resarcimiento del daño (económica); limitación de residencia (mudanza o permanencia en un barrio); derecho de admisión o de relaciones (no más de 3 años); “abstención” de drogas o alcohol (menos de 3 años); y prestación de servicios comunitarios.
Para el apartado de prisión preventiva, el proyecto asegura que tendrá plazo máximo de un año (prorrogable por uno más) y deberá ser revisada cada 3 meses, con participación de la víctima cada vez que la defensa intente la excarcelación. Será operativa bajo los criterios habituales: peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Magistrados se pronunciaron en contra del proyecto que baja la edad de punibilidad
Además dijeron que cualquier reforma debe contemplar los “derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral, y salud a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2019”.
La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) rechazó este lunes por anticipado la iniciativa que propicia el Gobierno para modificar el sistema de responsabilidad penal juvenil, y evaluaron que esa eventual reforma “no puede reducirse solamente” a una baja de la edad de punibilidad, con el objeto de dar una “respuesta demagógica” a la “seguridad ciudadana”.
“La Ajunaf se opone a la baja de la edad de punibilidad sin que previamente se introduzcan por parte del Poder Ejecutivo políticas públicas debidamente financiadas, destinadas a mejorar y asegurar la calidad de vida -efectividad de derechos económicos, sociales y culturales- de toda la infancia y la adolescencia”, expresó la asociación.
En un comunicado, la Ajunaf subrayó que “la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de la edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana”.