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Rodríguez endurece discurso contra Trump y promete liberar a Maduro tras “ataque vil”

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, redobló este jueves sus críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que su país “no se merecía esta agresión vil” tras el operativo militar estadounidense que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El pronunciamiento se produce en un contexto de alta tensión política, geopolítica y normativas internacionales, en el que Venezuela busca reafirmar su soberanía e institucionalidad interna luego de un acontecimiento sin precedentes que reconfigura la escena regional y global.

Fuerte rechazo oficial y narrativa de defensa nacional

Rodríguez formuló sus críticas durante un acto oficial celebrado en Caracas, donde calificó el ataque de “agresión vil, guerrerista” de una potencia nuclear, en referencia a Estados Unidos. Según su relato, Venezuela no estuvo pasiva durante el operativo que derivó en la captura de Maduro: “¡Aquí nadie se entregó! ¡Aquí hubo combate, hubo combate por esta Patria, por nuestros Libertadores!”, afirmó para enfatizar una idea de resistencia y dignidad nacional que permea el discurso oficialista.

En su alocución, la presidenta encargada también enfatizó que el gobierno no está “subyugado” a las decisiones del presidente estadounidense y reafirmó que el país continuará su curso de soberanía e independencia nacional pese a presión externa. Además, instruyó la creación de una comisión de familiares y víctimas del ataque militar, tras al menos 100 fallecidos reconocidos oficialmente en medio de enfrentamientos, según el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Rodríguez sostuvo además que no descansará hasta que tanto Maduro como Flores regresen a Venezuela, subrayando la lealtad del oficialismo hacia el exmandatario detenido en Estados Unidos, y perfilando el episodio como una injusticia histórica que marcará las relaciones entre ambos países.

Contexto de la crisis y repercusiones políticas

El ataque estadounidense, ejecutado el 3 de enero de 2026, incluyó bombardeos en varias zonas de Caracas y terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, trasladados posteriormente a Nueva York, según informó el gobierno de Estados Unidos en un operativo descrito como de “gran escala” y justificado por acusaciones penales pendientes contra el exmandatario.

La detención de un líder en ejercicio —o recientemente en ejercicio— de la presidencia es un hecho extraordinario que ha generado reacciones internacionales contrapuestas y ha tensionado aún más la ya delicada situación regional. Organismos internacionales y gobiernos de distintos bloques han expresado preocupaciones sobre el uso de la fuerza, la soberanía estatal y el respeto al derecho internacional humanitario.

En este marco, el rechazo de Rodríguez se inscribe no solo en términos políticos internos —fortaleciendo un relato de resistencia y victimización frente a Estados Unidos— sino también como un elemento de confrontación diplomática y geopolítica que involucra reivindicaciones de soberanía, independencia y respeto al pluralismo internacional.

Repercusiones económicas y regionales

Más allá de la retórica política, la crisis tiene implicaciones económicas profundas. Venezuela, con una economía estructuralmente dependiente del petróleo, enfrenta un escenario de presión adicional sobre sus ingresos energéticos, sobre todo tras señales públicas de Washington acerca de posibles intereses estratégicos sobre activos petroleros venezolanos. Esto se da en paralelo a sanciones, bloqueos o embargos que han afectado la capacidad del Estado para financiar servicios públicos y mantener infraestructuras clave.

Los mercados regionales también observan con atención la situación, ya que la estabilidad de Venezuela —históricamente un gran exportador de crudo— impacta no solo las variables internas sino también las cadenas globales de energía y comercio. Las tensiones con Washington pueden influir en decisiones de inversión, patrones de comercio y estrategias de diversificación de suministro en el corto y mediano plazo.

Proyección política e institucional

El pronunciamiento de Delcy Rodríguez, en el contexto de una sucesión oficial que la colocó como presidenta encargada conforme al mecanismo constitucional venezolano tras la captura de Maduro, busca consolidar autoridad interna mientras se enfrenta a presiones externas sin precedente. Su discurso apunta a fortalecer la narrativa de soberanía nacional frente a una intervención militar extranjera y a movilizar apoyo popular ante un escenario de incertidumbre institucional.

A nivel regional, diversos gobiernos han llamado a la moderación y al respeto al marco multilateral para la resolución de crisis, subrayando el papel del diálogo y del derecho internacional como medios preferentes para enfrentar situaciones de alta complejidad política y humanitaria.

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El neoimperialismo como Doctrina o los estertores de la megapotencia en crisis

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Agresión descarada pisoteando soberanía, bajo pretextos de muy dudosa o nula credibilidad, es lo que cabe definir de la nueva y desembozada agresión de estilo patotero, perpetrada en su pretendido patio trasero, por el descarnado poder imperial de “la gran potencia del norte”.

Mucha tela para cortar, por lo que es necesario separar lo esencial de lo secundario, o meramente anecdótico.
En la historia de agresiva prepotencia, de la cual hace gala el permanente accionar de la política exterior yanqui, no es nueva la recurrente utilización de la fuerza bruta, cuando las presiones económicas, financieras, de política exterior, y del aparataje cultural resultan insuficientes o infructuosas.

Lo que tal vez marque una diferencia acentuada, es la explicitación directa, brutal y desvergonzada, del interés estratégico esencial que motiva la agresión directa, que es el dominio pleno por parte de EEUU, de las enormes reservas de petróleo y gas que atesora el subsuelo venezolano, además de las nada despreciables existencias de metales raros, esenciales para las industrias de más compleja tecnología.

En todo ello entra el muy fuerte enfrentamiento geopolítico de EEUU con China, y es muy claro que el accionar de ambas superpotencias muestra muy claras diferencias. Mientras China ofrece concretas colaboraciones, con apoyos tecnológicos y financieros, para grandes obras de infraestructura, y acuerdos bilaterales de asociaciones estratégicas; EEUU muestra predilección por practicar la Doctrina del Gran Garrote, con injerencias explícitas de intervencionismo, como lo hizo en las recientes elecciones de Argentina.

No queda muy en claro, si el actual accionar de EEUU reafirma su pretendida excluyente supremacía -como la tuvo al fin de la Segunda Guerra Mundial-; o si evidencia su irreversible decadencia frente al creciente poder chino y de los bloques de poder asentados principalmente en Asia y cercanías.

Con la desfachatez propia de patoteros ahítos de poder, Trump dijo que busca recuperar “su” petróleo, pisoteando con ello todo atisbo de soberanía de Venezuela sobre sus recursos naturales; y con la soberbia propia de tiránicos emperadores todo poderosos de muy viejas épocas del Antiguo Testamento, hace alardes de gobernar Venezuela a su antojo, como si fuera un protectorado.

Diriase que el accionar “trumpístico” atrasa dos milenios largos, copiando la metodología de fuerza bruta del Imperio Romano, a la vez que acentúa el posicionamiento soberbiamente imperial no exento de crudo racismo, que heredaron de sus “primos” del otro lado del Atlántico, pero sin las sutilezas diplomáticas del viejo imperio británico, hoy devenido en primer socio menor del aun vigente imperio yanqui, el cual parece negar al mundo multipolar que se puede constatar.

No sorprende, pero no deja de ser repudiable, que muchos venezolanos (y muchos más latinoamericanos), justifiquen la agresión descarada y sangrienta, y el desfachatado secuestro de un presidente de nuestra Íbero América, bajo prefabricados y dudosamente creíbles argumentos de narco tráfico, de los que ahora se desdicen, que parecen tan falaces como las supuestas “armas de destrucción masiva” u otras mentiras similares, que difundieron para justificar las invasiones y destrucciones generalizadas de Iraq, Libia y otros países, asolados por la “democratización a bombazos” que pregonan y practican EEUU y sus cómplices estratégicos.

Seguramente en Venezuela operaron varios traidores, que por sus treinta denarios avalaron el secuestro y el consecuente derramamiento de sangre, el cual es harto dudoso que no haya afectado a las fuerzas atacantes.

Se menciona la cifra de 50 millones de dólares, no definido si es el total o el monto per cápita, para los entregadores; cifra que es “plata chica” comparada con la importancia estratégica de “aleccionar al díscolo país que osó rebelarse”, y al buscado dominio total de las riquezas a saquear impunemente, tal como lo hacían, sin tanta violencia explícita, en las épocas previas al chavismo, cuando la riqueza extraída no llegaba al pueblo más que en cuentagotas, según informes que parecen creíbles, y que son metodología usual de los imperios saqueadores.

Con esas acciones de patoterismo explícito, exaltación de la fuerza bruta, y pisoteo de todo atisbo del Derecho Internacional, todo el Sistema Mundo queda muy afectado, o directamente desarticulado.

Y mientras que con toda lógica, los argentinos que razonamos con criterios geopolíticos y claros sentimientos patrióticos, nos preocupamos por Venezuela, por Argentina, y por los países de la Patria Grande que el autoasumido “emperador” amenazó con invadir o aleccionar; el desembozadamente cipayo gobierno libertario prosigue sus tareas destructivas, arrastradamente subordinado a los dictados de EEUU y sus socios Atlantistas; y con sus metas de involucionarnos a un protectorado subdesarrollado, o de máxima, perpetrar la hoy ya amenazante disolución nacional.

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Con boleto a $1.890, el transporte urbano de Corrientes enfrenta un nuevo conflicto salarial

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La Cámara de Empresarios del Transporte Urbano de Corrientes rechazó este miércoles 7 de enero el pedido de recomposición salarial formulado por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) sede local y aseguró que el incremento pretendido por los choferes no puede ser afrontado en el actual contexto del sistema. Con una tarifa plana de $1.890 —la más alta del NEA y entre las más caras del país— y una caída sostenida de pasajeros, el sector empresario advirtió que elevar los haberes pondría en riesgo la continuidad del servicio.

“El acuerdo está firmado y los haberes son de $1.200.000. El nuevo salario de $1.370.000 que pide la UTA es inviable de pagar”, sostuvo el vocero de la cámara empresarial, quien remarcó que las condiciones económicas actuales del transporte urbano no permiten absorber una suba de ese nivel.

Salarios, costos y caída de pasajeros: el diagnóstico empresario

Según explicaron desde la Cámara de Empresarios del Transporte Urbano, el reclamo sindical choca con una realidad operativa marcada por la reducción de la demanda y el encarecimiento de los costos. “Es un pedido de recomposición salarial que es inviable; los trabajadores lo saben porque ven la caída de pasajeros que tenemos, es notable y es imposible de considerar. Así no podemos continuar”, afirmaron.

En la actualidad, el salario de un chofer de colectivo urbano en la ciudad de Corrientes asciende a $1.200.000. El pedido de la UTA apunta a elevar ese ingreso a $1.370.000, lo que representa un aumento significativo para empresas que sostienen su estructura con una recaudación cada vez más ajustada.

Desde el sector empresario subrayan que la ecuación económica del transporte urbano ya se encuentra tensionada, incluso con una tarifa que se ubica en $1.890 por viaje. Ese valor posiciona a Corrientes como la ciudad con el boleto más caro del NEA, un factor que, según reconocen, también incide en la retracción del número de pasajeros.

Tarifa elevada y límites del sistema

La discusión salarial se da en un contexto sensible para el transporte público urbano, donde el margen de maniobra para absorber nuevos costos aparece prácticamente agotado. La tarifa vigente, considerada alta en términos comparativos, no logró frenar la pérdida de usuarios ni garantizar una mejora sustancial en la sustentabilidad del sistema.

Para los empresarios, el aumento del boleto no es una alternativa inmediata ni viable para compensar el incremento salarial solicitado, dado el impacto social que tendría sobre los usuarios y el riesgo de profundizar aún más la caída de la demanda. En ese escenario, advierten que cualquier ajuste adicional en la estructura de costos podría comprometer la prestación del servicio.

Repercusiones

El rechazo al pedido de la UTA anticipa un escenario de negociación compleja en el corto plazo. La advertencia empresarial pone en evidencia los límites económicos del sistema de transporte urbano correntino y abre interrogantes sobre cómo compatibilizar las demandas salariales con una estructura tarifaria ya elevada y una demanda en retroceso.

Mientras tanto, el conflicto deja expuesta una problemática recurrente en las ciudades del interior: la dificultad de sostener servicios públicos esenciales frente a la combinación de costos crecientes, ingresos limitados y menor cantidad de usuarios, sin mecanismos que permitan equilibrar la ecuación económica sin trasladar todo el peso a trabajadores o pasajeros.

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El IMaC reduce 40% de su personal por el recorte de fondos nacionales

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El presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), Roque Gervasoni, informó la reducción de aproximadamente el 40% del personal contratado con relación de dependencia en el organismo. La decisión, comunicada a través de redes sociales, se enmarca en un contexto de fuerte restricción fiscal que, según explicó, afecta de manera directa a las provincias por la caída de transferencias nacionales, la merma de la recaudación y el desplome de la coparticipación. El ajuste refleja el impacto concreto del equilibrio fiscal nacional sobre la estructura del Estado provincial y sus organismos.

La medida alcanza exclusivamente a la planta de contratos con relación de dependencia, mientras que los recortes al personal sin relación contractual “quedaron sin efecto”, según aclaró el propio titular del instituto. Gervasoni vinculó la decisión con un escenario económico adverso que definió como “cada vez más duro”, y remarcó que no se trata de una decisión deseada sino forzada por la coyuntura.

Recortes nacionales y presión sobre las finanzas provinciales

En su mensaje, Gervasoni atribuyó el ajuste a las políticas fiscales del Gobierno nacional, al señalar que “el equilibrio fiscal de Nación lo logran con recortes durísimos a las provincias”. En ese sentido, detalló un recorte del 90% en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), junto con “una merma que llega a más del 40% en la recaudación y una fuerte caída en la coparticipación”, factores que, combinados, conforman “un cóctel totalmente destructivo en las economías provinciales”.

Según explicó, ese escenario dejó al IMaC sin margen financiero para sostener su estructura actual, lo que derivó en la decisión de avanzar con la reducción del personal contratado. “Hoy el ajuste también golpea las puertas de mi oficina”, expresó, al tiempo que reconoció que la situación genera un fuerte costo humano e institucional.

El impacto del ajuste y el mensaje político

Gervasoni fue explícito al referirse al alcance social de la medida: “No quisiera dejar a nadie sin trabajo”, afirmó, y reconoció que “un recorte del 40% aproximadamente en la planta de contratos con relación de dependencia está en marcha”. En un tono crítico, sostuvo que “gran parte de ellos inclusive votó este modelo libertario que asfixia”, aunque aclaró que eso no vuelve menos dolorosa la decisión.

El titular del IMaC señaló que recibe “felicitaciones en varios idiomas” en referencia a las reacciones que generó el anuncio, y agregó: “Con el dolor a flor de piel, no tengo respuestas para dar, solo pedir perdón a quienes afecta la medida”. En ese marco, extendió el pedido de disculpas “en nombre mío y de los trabajadores del IMaC que continúan, en nombre de cada referente que tuvo que tomar la medida con su gente”.

También remarcó que, de existir otra alternativa, “seguramente el señor Gobernador la hubiera utilizado”, y anticipó que el proceso de ajuste podría extenderse a otras áreas del Estado provincial: “Creería que los demás ministerios también tendrán ajustes, no solo el IMaC”.

Sin nuevas altas y advertencia institucional

En su mensaje, Gervasoni subrayó que el contexto obliga a extremar los controles internos y advirtió que no deberían producirse nuevas incorporaciones: “Quiero creer que no habrá más altas nuevas hasta nuevo aviso, caso contrario yo mismo denunciaré si existe alguna maniobra”.

Finalmente, aclaró que, en un intento por amortiguar el impacto social, “los recortes sin relación quedaron sin efecto”, y agradeció “al Sr. Gobernador por el enorme esfuerzo” para sostener el funcionamiento del organismo en un escenario de restricción extrema.

La reducción del 40% del personal contratado en el IMaC se convierte así en una señal concreta del traslado del ajuste fiscal nacional a las estructuras provinciales, con consecuencias directas sobre el empleo público y la capacidad operativa de los institutos descentralizados.

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El BCRA cierra un REPO por USD 3.000 millones a una tasa del 7,4% anual y refuerza las reservas

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este miércoles 7 de enero de 2026 una nueva operación de financiamiento internacional por USD 3.000 millones mediante un pase pasivo (REPO) con seis bancos internacionales de primera línea. La operación, a 372 días y con una tasa equivalente a SOFR más 400 puntos básicos (7,4% anual), fortalece las reservas internacionales y refuerza la estrategia de normalización financiera en un contexto de ordenamiento macroeconómico.

La transacción se realizó utilizando parte de la tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038 como colateral y se inscribe en el conjunto de medidas impulsadas por el BCRA desde el inicio de la gestión para robustecer la posición de reservas y optimizar la liquidez en moneda extranjera.

Detalles de la operación: plazo, tasa y sobredemanda

El REPO fue adjudicado por el monto total licitado de USD 3.000 millones, a un plazo de 372 días, con una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta en una tasa anual del 7,4%.

La licitación evidenció una fuerte demanda: el BCRA recibió ofertas por USD 4.400 millones, aproximadamente 50% por encima del monto licitado. Aun así, y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, la autoridad monetaria decidió no ampliar el monto adjudicado, priorizando una gestión prudente del endeudamiento y del perfil de liquidez.

Señales al mercado y normalización del acceso al crédito

El interés de bancos internacionales de primera línea constituye una señal relevante para el mercado, ya que afianza el proceso de normalización del acceso al crédito externo. Este movimiento se alinea con la caída del riesgo país observada en paralelo al ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible, según destacaron desde la entidad.

Desde una perspectiva institucional, la operación ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado, administrar con eficiencia su liquidez en moneda extranjera y reforzar la solidez de su balance. En términos prácticos, el REPO contribuye a mejorar la posición de reservas internacionales, un ancla clave para la estabilidad financiera y la previsibilidad cambiaria.

Impacto y proyección

La concreción de este REPO mejora el colchón de reservas en el corto y mediano plazo, reduce tensiones financieras y fortalece la credibilidad del programa económico ante inversores internacionales. A su vez, la decisión de no ampliar la adjudicación pese a la sobredemanda refuerza el mensaje de disciplina financiera y gestión cautelosa del pasivo.

En un escenario donde la consistencia macroeconómica resulta determinante para sostener el acceso al crédito, la operación por USD 3.000 millones se consolida como un hito operativo que respalda la estrategia del BCRA de normalización financiera y fortalecimiento de reservas.

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