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Reforma laboral: el Gobierno confirma que no cambiará las cajas sindicales

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El Gobierno confirmó que la reforma laboral no modificará las cajas sindicales y endureció su posición frente a Axel Kicillof

En el segundo aniversario de la gestión, el jefe de Gabinete Manuel Adorni aclaró que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo no incluirá cambios en las cajas sindicales ni en los aportes obligatorios, que “quedarán para una segunda ley”. Además, cerró la posibilidad de una reunión con Axel Kicillof en medio del conflicto por el endeudamiento bonaerense y la exigencia nacional de equilibrio fiscal.

Reforma laboral: sin cambios en aportes sindicales y con un proyecto ya terminado

Durante una conferencia de prensa convocada para repasar los dos años de gestión, Manuel Adorni detalló el alcance del proyecto de reforma laboral y despejó una de las principales preocupaciones de los gremios: no habrá modificaciones inmediatas en las cajas sindicales ni en los aportes obligatorios.

Las modificaciones que haya que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley; por lo tanto, en principio no habría modificaciones”, afirmó. Consultado específicamente por los aportes obligatorios, ratificó que “no, en principio no va a haber modificaciones”.

El funcionario aseguró además que el texto legislativo ya está concluido: “El proyecto de ley está terminado. Por supuesto que va a ir a debate, se aprobará y daremos vuelta la página porque dejaremos atrás el 50% de informalidad que hay en Argentina”.

Respecto de la relación con la Confederación General del Trabajo (CGT), Adorni indicó que la ausencia de dirigentes gremiales en la última sesión del Consejo de Mayo respondió a “cuestiones logísticas”, descartando un quiebre en la interlocución.

En cuanto a los plazos legislativos, admitió que el tratamiento podría extenderse:
Vamos a ver si se puede estirar algunos días o si se retoma la actividad a mediados de enero. No hay una definición sobre eso y tampoco depende de nosotros, sino estrictamente de tiempos de la técnica legislativa”.

Tensión Nación–Provincia de Buenos Aires: sin reunión con Kicillof y un mensaje fiscal contundente

El otro eje central de la conferencia fue la relación con los gobernadores, en especial la Provincia de Buenos Aires. Adorni descartó de manera tajante un encuentro con Axel Kicillof, al considerar que no existe una agenda común:
En el futuro tal vez exista, no lo sé, pero hoy no tiene mucho sentido cuando lo único que le importa es que al Gobierno le vaya mal y que a los bonaerenses les vaya mal también. No hay mucho para dialogar porque no hay muestras de buena voluntad”.

La tensión se profundizó luego del reclamo de Kicillof, quien necesita autorización del Gobierno nacional para tomar nueva deuda y advirtió sobre un eventual default provincial si no obtiene aval. Adorni respondió con un mensaje de disciplina fiscal:
Está claro que sin déficit no hay nueva deuda. La deuda pública consolidada disminuyó 50 mil millones de dólares, lo que convirtió a este Gobierno en el primero en desendeudar al país en décadas. No hay nueva deuda”.

De acuerdo con la posición oficial, Buenos Aires aumentó su gasto corriente 2,1% real en el primer semestre, una señal que contradice los requisitos de la ley de responsabilidad fiscal para habilitar endeudamiento. Desde La Plata, replicaron calificando los argumentos nacionales como “humo para la tribuna”.

Pese al conflicto, Adorni aseguró que la Casa Rosada mantiene reuniones con otros mandatarios provinciales —incluso los vinculados al kirchnerismo—, aunque remarcó que la situación bonaerense es distinta:
Nosotros vemos cuál es la agenda de cada gobernador. Con Kicillof no compartimos agenda. No tiene mucho sentido esa reunión. No está hoy en agenda”.

Perspectivas políticas y económicas: qué se juega el Gobierno con esta estrategia

El mensaje del jefe de Gabinete deja dos líneas de acción claras:

Consolidar la reforma laboral sin confrontar con el sistema sindical

La decisión de postergar cambios en las cajas sindicales evita sumar frentes de conflicto en un momento en que el Gobierno busca asegurar votos para una reforma estructural. También limita la resistencia gremial en un contexto de elevada informalidad y debate sobre el costo laboral.

Mantener la presión fiscal sobre Buenos Aires

Al condicionar el endeudamiento al cumplimiento estricto del equilibrio fiscal, la Casa Rosada refuerza su narrativa de orden y disciplina presupuestaria. La confrontación directa con Kicillof posiciona al Gobierno en un terreno que combina política electoral, administración pública y gobernabilidad.

Reacciones esperadas en el corto plazo

Gremios: alivio parcial al confirmarse que las cajas sindicales no serán modificadas en esta etapa.

Provincias: atención sobre cómo se resolverá el caso bonaerense, que podría marcar precedente en autorizaciones futuras.

Mercado: señales de continuidad en la política de desendeudamiento, con efecto en expectativas y riesgo provincial.

Congreso: se anticipa un debate complejo por plazos, negociaciones y posibles cambios durante el tratamiento.

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Mayoristas rechazan nuevos “costos ocultos” en la paritaria de Comercio

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Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) rechazan nuevos “costos ocultos” en la paritaria de comercio y exigen una reforma laboral urgente

La CADAM manifestó un fuerte rechazo al nuevo acuerdo salarial de la actividad comercial, al denunciar que las subas pactadas vuelven a incrementar aportes obligatorios que, según el sector, elevan los costos laborales sin mejorar el salario real ni la competitividad empresaria. Los mayoristas advierten que estos mecanismos —como el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) y el seguro La Estrella— “promueven la informalidad” y “se trasladan inevitablemente a precios”, profundizando tensiones en un sector crítico para el abastecimiento.

Aumentos paritarios y mayor presión económica: el conflicto por los aportes obligatorios

El acuerdo firmado entre la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las entidades empresarias CAC, CAME y UDECA vuelve a encender la discusión sobre los denominados “costos ocultos” que acompañan cada recomposición salarial en la actividad que emplea a 1,2 millones de trabajadores, la más grande del país.

CADAM sostuvo que no se siente representada en la negociación y lanzó un mensaje directo:
“No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”.

El principal punto de fricción es el aporte obligatorio al INACAP, equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador, que, según el sector mayorista, se redistribuye entre CAC y CAME “bajo el pretexto de capacitación”, aun cuando el trabajador nunca reciba formación.
CADAM cuestiona que, al pactarse cada aumento salarial, las cámaras firmantes —que integran la mesa paritaria— obtengan automáticamente una mayor recaudación.

En una resolución clave, el Gobierno nacional dispuso mediante el Decreto 149/2025, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que “Las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras (…) a cargo de no asociados o afiliados, salvo aceptación voluntaria”.

El decreto también prevé la revocación de esos aportes mediante simple notificación fehaciente.
Sin embargo, una medida cautelar presentada por el propio INACAP logró exceptuarse de la aplicación al argumentar que se trata de un instituto “independiente”. En esa causa, la institución declaró recaudar más de $30.000 millones al año.

Más cargas: el seguro La Estrella y la contribución COVID-19 que sigue vigente

A los cuestionamientos sobre INACAP se suma el impacto del Seguro Complementario Obligatorio La Estrella, cuya alícuota pasó al 1,6% del salario desde junio de 2025. CADAM advierte que se trata de otro componente que crece automáticamente con cada paritaria, sin correlato en mejoras de productividad.

Otro foco de conflicto es la Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, aplicada desde el convenio de abril de 2021.
El aporte sigue vigente aunque la pandemia haya finalizado y aunque el trabajador no esté afiliado a OSECAC.

CADAM sostiene que esta estructura de cargas “distorsiona” el costo laboral, desalienta la formalidad y reduce la competitividad de las pymes:
“Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta”, reclamaron al exigir que esos importes “pasen al salario del trabajador” en lugar de financiar instituciones externas a la nómina.

Impacto económico y pedido de reforma: presión sobre pymes, precios y paritarias

Desde el sector mayorista advierten que la acumulación de cargos parafiscales genera tres efectos inmediatos. Aumento del costo laboral total, incluso por encima del incremento salarial pactado. Traslado a precios, que afecta a consumidores y deteriora la competitividad del sector formal. Incentivo a la informalidad, especialmente en pymes con baja capacidad financiera.

    CADAM también reclama integrar la mesa de negociación colectiva. “No entendemos por qué el Secretario de Trabajo no nos deja sentar en la mesa paritaria”, señalaron. El sector insiste en que sin representación efectiva, los acuerdos se diseñan sin medir el impacto real en estructuras comerciales que operan con márgenes ajustados.

    La entidad exige una reforma laboral que proteja a empleados y pymes, permita eliminar cargas no salariales y transparente la composición real del salario, evitando lo que consideran “abusos institucionalizados”.

    Un conflicto que tensará la agenda regulatoria y el sistema paritario

    La controversia abre un nuevo frente en la agenda de desregulación del Gobierno y anticipa posibles litigios con cámaras y sindicatos que buscan preservar ingresos institucionales asociados a las paritarias.

    El fallo cautelar que excluyó al INACAP del Decreto 149/2025 podría transformarse en un caso testigo para futuros planteos judiciales, mientras las pymes presionan por una reconfiguración estructural del sistema de aportes obligatorios.

    El conflicto también podría tensar la política de ingresos: los trabajadores demandan actualizaciones salariales reales frente a la inflación, mientras las empresas reclaman una reducción de cargas indirectas que, según afirman, “se consumen cualquier margen de mejora”.

    La discusión sobre quién debe financiar la estructura institucional de la actividad comercial promete instalarse como uno de los debates más sensibles del mercado laboral en 2026.

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