ARICCAME

Extienden por un año la intervención de la agencia ARICCAME

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El Gobierno prorrogó por un año la intervención de la Agencia del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME)
La medida, firmada por el Ministerio de Economía, busca garantizar la continuidad institucional y completar la reorganización del organismo clave para el desarrollo de la industria del cáñamo en Argentina.

Prórroga para consolidar la regulación del sector

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2025. A través de la Resolución 464/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía prorrogó por un año la intervención de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio.

La decisión —firmada por Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y actual responsable de las competencias de Industria y Comercio— extiende la intervención vigente desde septiembre de 2024, con el objetivo de completar la reorganización institucional y asegurar la continuidad de los procesos regulatorios vinculados a la industria del cáñamo no psicoactivo y del cannabis medicinal.

La resolución ratifica además en su cargo al médico Ignacio Ferrari como interventor de la ARICCAME, con rango y jerarquía de Director Nacional, quien continuará dirigiendo las tareas de administración, emisión de licencias y coordinación con los organismos competentes.

Según el texto oficial, la medida responde a la necesidad de “garantizar la continuidad institucional, la coordinación interjurisdiccional y la seguridad regulatoria necesarias para la implementación de la segunda etapa del régimen de autorizaciones administrativas”, en el marco de la Ley N° 27.669, que regula el desarrollo de la cadena productiva del cáñamo y del cannabis medicinal.

Un organismo clave para el desarrollo del cáñamo

La ARICCAME fue creada para centralizar y coordinar las políticas públicas destinadas al desarrollo integral del cáñamo y del cannabis medicinal, articulando las autorizaciones de producción, industrialización y comercialización con distintos organismos nacionales.

El proceso de intervención comenzó en septiembre de 2024, mediante el Decreto 833/2024, con el propósito de ordenar su funcionamiento interno, agilizar la tramitación de licencias y mejorar la transparencia de los procesos administrativos.

Durante el último año, el organismo avanzó en la primera etapa del régimen regulatorio, orientada a la producción agrícola e industrialización de semilla, grano y fibra de cáñamo (no psicoactivo).

La segunda fase, que se iniciará durante este nuevo período de intervención, comprende la producción agrícola e industrialización de flor y biomasa de cáñamo, lo que permitirá cerrar el circuito productivo integral y ampliar las oportunidades de agregado de valor e innovación tecnológica.

El informe técnico IF-2025-109877312-APN-ARICCAME#MEC, incorporado al expediente, detalla los avances alcanzados en la reorganización institucional y en el otorgamiento de licencias, además de proponer medidas para fortalecer la capacidad operativa del organismo y asegurar su sostenibilidad administrativa.

“La prórroga de la intervención resulta el mecanismo adecuado para garantizar la continuidad de las acciones en curso, preservando la eficacia, eficiencia y economía en la administración del organismo”, sostiene el texto de la resolución.

Economía mantiene la intervención para completar la segunda fase del régimen del cáñamo

La continuidad de la ARICCAME se da tras una serie de definiciones políticas y administrativas. En julio de 2025, el Decreto 462/2025 había dispuesto la disolución del organismo, pero la medida fue rechazada por ambas cámaras del Congreso Nacional —la Resolución 95/2025 de Diputados y la Resolución 56/2025 del Senado—, lo que derivó en su restitución mediante el Decreto 627/2025, dictado el 2 de septiembre de este año.

El texto de la Resolución 464/2025 establece que la prórroga de la intervención tendrá vigencia retroactiva al 3 de septiembre de 2025, fecha en la que se restituyó la plena operatividad del organismo.

En el mismo sentido, se precisó que el interventor Ferrari continuará ejerciendo las facultades conferidas por los artículos 4° y 5° del Decreto 833/2024, entre ellas la dirección administrativa, representación legal, gestión de recursos humanos, otorgamiento de licencias, reordenamiento de proyectos y coordinación con los organismos de control.

La decisión apunta a consolidar un marco de seguridad jurídica y previsibilidad regulatoria en un sector que busca posicionarse como un nuevo vector de inversión, innovación y generación de empleo de base industrial.

Un sector con potencial de expansión

El desarrollo del cáñamo industrial en Argentina representa una oportunidad estratégica dentro de la bioeconomía: se trata de un cultivo de múltiples aplicaciones —textiles, bioplásticos, biocombustibles, alimentos y cosméticos— que, bajo la normativa vigente, debe provenir de variedades no psicoactivas, con bajo contenido de THC.

El Ministerio de Economía sostiene que la regulación ordenada de la cadena permitirá atraer inversiones, generar exportaciones y fortalecer el tejido productivo local, especialmente en regiones agroindustriales del norte argentino.

El avance hacia la segunda etapa de la regulación, con el foco en la flor y la biomasa, también podría abrir el camino para nuevos desarrollos tecnológicos en biotecnología, farmacología y materiales sustentables, promoviendo la articulación público-privada en innovación y ciencia aplicada.

En términos institucionales, la continuidad de la intervención busca garantizar una transición ordenada hacia un modelo definitivo de gestión, una vez concluidas las tareas de reestructuración y consolidación del régimen de licencias.

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El Gobierno reestableció organismos y normas derogadas por decretos de desregulación

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La Casa Rosada debió retroceder en varias reformas administrativas tras el rechazo legislativo. Con los Decretos 627/2025 y 628/2025, el Ejecutivo restituyó estructuras, facultades y organismos públicos que habían sido eliminados o fusionados. El trasfondo refleja la tensión entre la estrategia de ajuste del Gobierno y los límites políticos que impone el Congreso.

El 21 de agosto, el Senado rechazó un paquete de decretos que habían impulsado profundas desregulaciones y modificaciones institucionales en organismos estatales clave. Las medidas formaban parte del programa de racionalización y reducción del gasto público que el presidente Javier Milei intentaba consolidar vía decretos delegados, sin pasar por la sanción de leyes.

Entre las reformas caídas estaban la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de Vialidad Nacional, la eliminación de la ARICCAME (Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal) y la fusión de institutos históricos. También se había avanzado en cambios a las funciones del INTA, al Teatro Nacional Cervantes y a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El rechazo parlamentario obligó al Ejecutivo a publicar en el Boletín Oficial del 2 de septiembre de 2025 los Decretos 627/2025 y 628/2025, mediante los cuales se restituye la vigencia de todas las normas derogadas. En palabras oficiales: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas (…) y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”.

Los organismos restituidos y las medidas alcanzadas

Con la entrada en vigor del Decreto 627/2025, se reactivaron:

  • Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, cuya fusión había sido ordenada por el Decreto 345/25.
  • El Banco Nacional de Datos Genéticos, que había pasado a depender de la Secretaría de Innovación (Decreto 351/25).
  • La Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismos disueltos por el Decreto 461/25.
  • La ARICCAME, eliminada por el Decreto 462/25.

Asimismo, el mismo decreto restituyó las funciones originales de:

  • El Teatro Nacional Cervantes (Decreto 531/25).
  • El INTA en su estructura organizativa previa (Decreto 571/25).
  • La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 583/25).
  • La Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Decreto 584/25).
  • Las atribuciones de la Secretaría de Hacienda (Decreto 585/25).

El Decreto 628/2025, por su parte, revirtió el nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional aprobado por el Decreto 340/25. Con ello, se dejó sin efecto la declaración de la navegación marítima y fluvial como “servicio esencial” y la obligación de garantizar el 75% de los servicios durante conflictos colectivos, además de otras flexibilizaciones laborales.

La decisión representa un golpe político para el Gobierno, que había intentado avanzar en la reducción de estructuras estatales sin necesidad de acuerdos legislativos. El Congreso —con apoyo mayoritario de la oposición— no solo rechazó las medidas, sino que obligó al Ejecutivo a reestablecer íntegramente las normas previas.

Desde el oficialismo, el senador libertario Ezequiel Atauche defendió los decretos al señalar que “la Ley Bases no habla de cierres, sino de reorganizaciones”, y justificó la iniciativa en la necesidad de desplazar “a los militantes que no trabajan”. Sin embargo, la oposición subrayó la falta de justificación técnica y jurídica para eliminar organismos estratégicos, como Vialidad Nacional, cuya disolución había sido cuestionada por el impacto en la obra pública y el control de concesiones.

En lo inmediato, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía deberán cubrir de manera transitoria los servicios administrativos, financieros y jurídicos hasta que los organismos retomen plenamente sus funciones.

El retroceso del Ejecutivo abre un interrogante sobre la viabilidad política de profundizar las reformas del Estado en un año atravesado por la incertidumbre electoral. Con la vista puesta en octubre, la Casa Rosada enfrenta el dilema de negociar en el Congreso o insistir con mecanismos administrativos que pueden volver a naufragar en la arena legislativa.

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