Milei vetó la ley de emergencia para Bahía Blanca y defendió su propio plan de asistencia
Con el Decreto 424/2025, el Ejecutivo rechazó en su totalidad la Ley 27.790, que preveía un fondo adicional de $200.000 millones, argumentando superposición con medidas ya vigentes y falta de financiamiento
El Gobierno nacional vetó por completo la Ley 27.790, que había sido sancionada por el Congreso el 4 de junio de 2025, y que declaraba zona de emergencia y catástrofe a la provincia de Buenos Aires —en particular a los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales— por las inundaciones sufridas en marzo. La norma también preveía la creación de un fondo de $200.000 millones para la asistencia de damnificados.
Mediante el Decreto 424/2025, publicado este 24 de junio en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei argumentó que la ley sancionada era innecesaria porque el Poder Ejecutivo ya había actuado previamente mediante el Decreto 238/2025, que creó un fondo especial con igual monto y objetivos similares, financiado en parte por un préstamo contingente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Un veto por superposición de medidas y falta de previsión presupuestaria
La decisión presidencial se fundamenta en tres pilares:
- Duplicación de esfuerzos: la ley vetada reproduce medidas ya implementadas por el Decreto 238/2025, incluyendo subsidios no contributivos para damnificados y líneas de asistencia financiera.
- Ausencia de fuente de financiamiento: según el Ejecutivo, el proyecto de ley incumple el artículo 38 de la Ley 24.156, al no prever cómo se financiarían las erogaciones dispuestas.
- Avance en la ejecución actual: el fondo gestionado por el Ministerio de Seguridad Nacional ya asignó pagos al 85,43% de los inscriptos, con 32.076 beneficiarios alcanzados y 3.962 casos aún en análisis.
“La totalidad de lo desarrollado previamente pone de relieve la necesidad de que este Poder Ejecutivo Nacional haga uso de todos los medios constitucionales habilitados para evitar la entrada en vigencia de un proyecto de ley cuya finalidad […] ya ha sido atendida”, afirma el decreto.
Detalles de la ley vetada: un fondo, obras, créditos y exenciones
La Ley 27.790 incluía un amplio abanico de medidas para los afectados por las inundaciones:
- Declaración de emergencia por 180 días para Bahía Blanca y Coronel Rosales.
- Fondo especial de $200.000 millones administrado por la Jefatura de Gabinete.
- Obras de infraestructura con recursos locales, líneas de crédito a tasa subsidiada y exenciones fiscales.
- Suspensión de ejecuciones y operaciones bancarias para personas sin ingresos.
- Informe obligatorio al Congreso sobre la implementación y control de los fondos.
El Ejecutivo objetó, además, la inclusión de Coronel Rosales, señalando que esa zona no fue alcanzada por el mismo nivel de daño, según los informes del Servicio Meteorológico Nacional y la Agencia Federal de Emergencias.
Avances del programa vigente y participación del BID
El programa de asistencia actual —creado por decreto en marzo— incluye el Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.), una transferencia directa a los hogares afectados, cuyo pago ya fue ejecutado en más del 85% de los casos registrados. El registro público se instrumentó vía formulario digital y línea 0800, y su administración corresponde al Ministerio de Seguridad.
Los recursos provienen, en parte, del préstamo BID AR-O0016, aprobado en 2022, que se activa ante desastres naturales y de salud pública. El BID validó la elegibilidad del evento el 20 de marzo, lo que habilitó el uso de esos fondos.
El veto del Decreto 424/2025 se enmarca en la estrategia del Gobierno de concentrar la política de gasto en manos del Ejecutivo, incluso en contextos de emergencia. La decisión también refuerza la línea de disciplina fiscal estricta, al evitar la creación de nuevos compromisos presupuestarios sin fuente de financiamiento.
En términos políticos, el rechazo a una ley que había reunido consenso legislativo podría abrir una disputa entre el Congreso y el Ejecutivo, especialmente si los legisladores buscan insistir con la norma. No obstante, el Gobierno sostiene que ya cumple con la asistencia a los damnificados y que una duplicación presupuestaria no es viable en un marco de emergencia económica.
