No fue solo Adorni: funcionarios libertarios accedieron a hipotecas de hasta US$350 mil en el Banco Nación
Una nueva controversia se instaló en el sistema financiero y político argentino tras conocerse que un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas accedieron a créditos hipotecarios de alto monto en el Banco Nación. La información, basada en datos de la Central de Deudores del Banco Central, reavivó el debate sobre la transparencia y la equidad en el acceso al crédito en la principal entidad pública del país.
Los préstamos alcanzan cifras de hasta US$350.000 y fueron otorgados a integrantes del equipo económico, directivos de organismos públicos y legisladores. Entre los casos más relevantes aparecen Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía y director del BICE, quienes accedieron a créditos equivalentes a unos 350 mil dólares al momento de su adjudicación.
También figura el actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un crédito cercano a los US$276.000, además de otros funcionarios vinculados a organismos clave como YPF. A la lista se suman legisladores de La Libertad Avanza, con préstamos que oscilan entre los US$145.000 y US$243.000, según los registros relevados.
Desde el Banco Nación sostienen que no existieron excepciones en el otorgamiento de estos créditos y que todos los solicitantes cumplieron con los requisitos de evaluación crediticia, incluyendo los parámetros de ingresos y garantías exigidos por la entidad.
Sin embargo, el caso abrió interrogantes en el plano político. Desde la oposición se impulsaron pedidos de informes para determinar si existieron posibles conflictos de interés o trato preferencial, así como para evaluar los mecanismos de control interno y supervisión por parte de organismos como la SIGEN y el propio Banco Central.
El trasfondo del debate es más profundo. El Banco Nación concentra cerca del 90% de los créditos hipotecarios otorgados al sector público, en parte por administrar las cuentas sueldo de empleados estatales. Este dato, si bien explica la alta participación de funcionarios entre los beneficiarios, también tensiona el principio de igualdad de acceso al crédito en un contexto de restricción financiera y tasas elevadas.
En un escenario donde el crédito hipotecario sigue siendo escaso para amplios sectores de la población, el episodio vuelve a poner en discusión el rol de la banca pública: si debe priorizar criterios estrictamente financieros o incorporar estándares más exigentes de transparencia cuando se trata de personas políticamente expuestas.