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El BID otorga USD 50 millones para promover la integración social y urbana de barrios populares en Misiones y otras provincias

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito por USD 50 millones que serán destinados al desarrollo de obras de planificación urbana en barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Salta, Santa Fe, Neuquén, Jujuy y Misiones.

En este sentido, el “Programa de Integración Socio Urbana de los barrios vulnerables” tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mediante obras en el espacio público y en la infraestructura urbana para promover el desarrollo humano y productivo. 

Con este fin, se promoverá la presencia de áreas de gobierno y organizaciones de la sociedad civil en el barrio para ampliar la cobertura y participación de la comunidad en programas sociales. De esta manera, se desarrollará el capital humano y las actividades económicas del barrio con foco en la vinculación con actividades de la ciudad.

Se priorizará los espacios comprendidos dentro del Registro Nacional de Barrios Populares y se seleccionará a los que posean una comunidad organizada y disponibilidad de los habitantes para trabajar en su implementación. También serán seleccionados los barrios donde intervenga el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

La operación es resultado de la negociación y el trabajo conjunto de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales del Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y el equipo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. El organismo ha desarrollado programas de mejoramiento integral de barrios aproximadamente por 20 años y ha realizado numerosos estudios de evaluación que confirman los impactos positivos en la calidad de vida, el trabajo participativo, la seguridad ciudadana y el capital social.

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El BID financiará programas Fortalecimiento de la Gestión Provincial en Misiones y otras provincias

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó dos operaciones para el país por un monto total de USD 750 millones que serán destinadas a los programas Fortalecimiento de la Gestión Provincial II y Fortalecimiento de la Agenda Digital: Conectividad, Gobierno Electrónico y Transformación Productiva Digital. 
 
El acuerdo se realizó en el marco de las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y el equipo técnico de expertos del organismo. En este sentido, la primera operación se trata de una línea de crédito por USD 450 millones para el programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial II que tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad fiscal provincial para favorecer el crecimiento. De esta manera, se respaldarán las reformas que mejoren la eficiencia y gestión de los ingresos en las provincias, el diseño del federalismo fiscal argentino y la implementación de proyectos de inversión.
 
La primera operación individual de esta línea de crédito, por USD 150 millones, buscará mejorar la eficiencia de la gestión del gasto y la  inversión pública, siendo  beneficiarias directas  las provincias de Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Río Negro y Tierra del Fuego. Asimismo, se beneficiarán  el resto de las provincias, a través del fortalecimiento del diseño del federalismo y del apoyo a la sustentabilidad fiscal.
 
Este programa es el segundo que implementará Argentina con apoyo del BID para mejorar la gestión provincial. El primero de ellos, aprobado en 2016 por USD 120 millones, benefició a las provincias de Corrientes, Salta, Mendoza y Neuquén. Se espera que en el mediano plazo pueda abarcarse a todas las provincias argentinas.
 
La segunda operación financiará con USD 300 millones al programa para el Fortalecimiento de la Agenda Digital, que busca mejorar la productividad de la economía de Argentina a través de su digitalización. Las medidas del programa apuntan a promover la estrategia de digitalización de los sectores público y privado, a través de un enfoque integral de intervención en varios sectores alineados con la Agenda Digital.
 
Entre las acciones previstas, se establecerá una Agenda Digital como instrumento  de coordinación de las políticas públicas, que busca fortalecer el marco legal de conectividad, ampliar la oferta e impulsar la calidad de servicios digitales de gobierno, y promover medidas normativas para la transformación productiva digital. 
 
Las reformas impulsadas beneficiarán tanto a personas como a empresas, en particular pequeñas y medianas empresas, mediante su digitalización y adopción de tecnologías digitales. Además, se espera que la ciudadanía en su conjunto sea beneficiaria de las mejoras en la prestación de servicios digitales del gobierno.
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Informe del BID y del Banco Mundial muestra cómo dinamiza la obra pública cada provincia

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Un estudio del BID, el Banco Mundial y universidades detectó que, de por sí, la inversión del Estado tiene rendimiento desparejos según la situación de cada distrito. El territorio bonaerense, recibió obras 1,09 vez debajo de lo que creció su producto, que lo hizo 269 % desde 1964. La Rioja multiplicó las rutas 4,83 veces y Santa Cruz, 5,29 veces
Dado que la obra pública es un dinamizador de la actividad, varias provincias necesitarían inversión de capital, más aún en un contexto de ajuste fiscal. Pero a la hora de asignar el presupuesto de obras, un grupo de economistas demostró que en La Rioja y Santa Cruz generaría un efecto casi nulo en el PBI provincial.
En cambio, en las provincias de Buenos Aires, en San Luis, Tucumán, Jujuy, Misiones y Tierra del Fuego, el efecto multiplicador de un peso de inversión sería de hasta el doble en el nivel de actividad. “El trabajo muestra dónde es más redituable hacer inversión pública desde el punto de vista de los rendimientos que generan”, dijo Jorge Puig (Universidad de La Plata), quien firma el paper junto con los economistas Alejandro Izquierdo (BID), Ruy Lama (FMI), Juan Pablo Medina (Universidad Adolfo Ibáñez), Daniel Riera-Crichton, Carlos Vegh y Guillermo Vuletin (Banco Mundial).
El trabajo mide el stock de capital físico según los kilómetros de ruta pavimentada existente a 2014, y lo compara con lo realizado a 1990 partiendo de 1964. Fue un logro conseguir estos datos. No hay estadísticas disponibles del resto de los componentes, tal como la construcción de puentes o puertos, pero se sospecha que existe una relación con la creación de rutas.
Y afirma que el efecto multiplicador de la inversión pública en el nivel de actividad es mayor cuanto menor es la dotación de capital.
Los economistas demostraron que en la provincia de Buenos Aires cada peso de inversión pública se multiplica a $ 1,2, y es de $ 2 en la actividad económica. Se debe a que concentra el 42% del PBI y el 13% de las rutas del país.
Sucede que pese a que el distrito bonaerense cuenta con unos 4800 km de rutas pavimentadas de asfalto, un nivel alto en términos absolutos, quedó retrasada respecto de la inversión que recibieron sus pares desde 1964: su producto bruto geográfico (PBG) se multiplicó por 2,69 veces y su nivel de rutas avanzó 1,09 vez.
Por el contrario, en La Rioja y en Santa Cruz, un peso de obra pública aportaría entre 0 y 30 centavos en el nivel de actividad.
Se debe a que La Rioja -que concentra el 1% del PBI del país y el 5% de las rutas-, multiplicó por 5,96 su PBG y por 4,83 el nivel de rutas en los últimos 50 años.
En tanto, Santa Cruz -que tiene el 2% del PBI y el 7% de las rutas a nivel país-, multiplicó por 9,85 veces su PBG y por 5,29 veces sus rutas, desde 1964 a 2014.
Se trata de dos provincias de las que surgieron dos presidencias por períodos mayor a una década cada una en el período estudiado.
“Lo que decimos en el trabajo es `guarda que la inversión pública`, si bien es buena en general, puede llegar a un nivel de exceso de dotación de stock de capital público, donde ya el retorno de la inversión pública empieza a disminuir”, dijo Vuletin.
“Buenos Aires llama la atención porque produce el 40% del PBI de Argentina. Si se toma muy en serio estos resultados, si se corta la inversión pública en una provincia donde hay carencias y oportunidades de inversión pública, parecería ser una oportunidad perdida para que crezca porque el retorno es altísimo”, agregó Vuletin.
En 1964, casi todas las provincias estaban sedientas de obra pública. Y las provincias con un mejor stock de capital eran Buenos Aires y Córdoba (con un multiplicador de 0,9 a 1,2), luego Santa Fe y Mendoza (0,6 a 0,9), las más avanzadas en ese momento.
En 1990, la provincia de Buenos Aires subió a un rango de 0,9 a 1,2 en el efecto multiplicador de la obra pública, junto con San Luis, Neuquén y Salta. Santa Cruz seguía entre las provincias con menor stock de capital, junto con Tierra del Fuego, San Juan, Catamarca, Tucumán, jujuy, Chaco, Formosa y Misiones (1,2 a 2). Pero La Rioja había avanzado a un multiplicador de 0,6 a 0,9, junto con Mendoza, Chubut, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
“Estamos todos de acuerdo con hacer mas rutas, puentes, pero para financiarlos hay recursos escasos. La pregunta es dónde los hago: en el lugar donde da rendimiento relativo al resto mayor”, explicó Puig.
A 2014, las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Catamarca, San Juan y Neuquén contaban con un multiplicador de 0,9 a 1,2. Luego, Chubut, Mendoza, Salta, Formosa (0,6 a 0,9). Y siguen, con menor efecto (0,3 a 0,6), Córdoba, Corrientes, La Pampa, Río Negro.
Este trabajo, que fue presentado en el ámbito de la AAEP la semana pasada, se da en un contexto de ajuste fiscal, que prevé un recorte de la inversión pública. Allí se coincidió en que el recorte no estaba teniendo en cuenta el efecto multiplicador, ya que será un ajuste que intensificará la recesión.

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Llegan US$ 1.850 millones del Banco Mundial y el BID para programas sociales

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Los prestamos, aprobados en Washington, están destinados a refuerzo presupuestario y a proteger a los sectores más vulnerables.
Cerca de 2.000 millones de dólares llegarán próximamente a la Argentina luego de que el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaran este jueves en Washington una serie de préstamos para apoyar a los sectores más vulnerables.
El Banco Mundial aprobó dos nuevos créditos para Argentina que suman un total de u$s950 millones, destinados a reforzar los programas sociales en medio de la recesión.
El primer préstamo será de 500 millones, y buscará ayudar a cubrir las necesidades presupuestarias del país a fin de “impulsar el crecimiento inclusivo a mediano plazo”.
El segundo financiamiento será por u$s450 millones, para el Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes, con el objetivo de llegar a 250.000 niños que aún no están incluidos en los programas de asignaciones familiares, de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
También buscará simplificar los procesos de verificación de la asistencia a la escuela y a los controles de salud, requisitos necesarios para conservar la condición de beneficiario de la AUH.
La Argentina, tercera economía de América Latina, atraviesa una crisis económica que llevó al gobierno de Mauricio Macri a pedir auxilio a organismos multilaterales. “Este apoyo a Argentina (…) llega en un momento crucial para nuestro país y es una clara señal de confianza”, dijo el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, citado en el comunicado del Banco Mundial fechado en Washington.
Por su parte, Jim Yong Kim, Presidente del Grupo Banco Mundial, indicó: “En estos momentos difíciles, el Banco Mundial extiende un fuerte apoyo para solidarizarse con los hogares más vulnerables y enfrentar los desafíos económicos actuales. Este financiamiento apunta a proteger a las familias que más lo necesitan para que no caigan en la pobreza mientras se avanza en sentar las bases para que el país crezca a mediano plazo de manera inclusiva”.
Este anuncio llega luego de que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) acordara la semana pasada fortalecer el programa de ayuda aprobado en junio para Argentina, que pasó de u$s50.000 millones a más de u$s56.000 millones.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de u$s 900 millones, de los cuales este año se desembolsarán u$s 600 millones, para apoyar la sostenibilidad de programas de protección social de amplia cobertura entre la población de menores recursos de Argentina. Se trata de la primera operación de un préstamo multiface de inversión de u$s 1.500 millones.
El apoyo del BID se concreta en el marco del programa que llevan adelante las autoridades argentinas y se enfoca en el área social para atender con acciones rápidas a los sectores más vulnerables de la población.
Según explicó el organismo en un comunicado, esta primera operación “contribuirá a mejorar las intervenciones de protección social, a través del fortalecimiento de la capacidad de gestión de los programas Hacemos Futuro, Becas Progresar y la Tarifa Social del Transporte Público, para orientar la oferta de capacitación laboral y búsqueda de empleo, monitorear las trayectorias educativas e implementar acciones de prevención de deserción escolar, y mejorar los sistemas de información sobre transporte público automotor, así como la ampliación de la tarifa social a localidades fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires”.
Este programa beneficiará al menos a 4 millones de personas, de las cuales 235 mil son beneficiarios de Haciendo Futuro; 536 mil son jóvenes beneficiarios de Becas Progresar; al menos 2,9 millones son beneficiarios de la tarifa social del transporte público, y 360 mil personas más que serán beneficiadas con la extensión de esa tarifa.
Del mismo modo, el programa contribuirá a fortalecer la capacidad de generación, gestión y análisis de información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, adscrito a Presidencia de la Nación, entidad clave en el proceso de monitoreo de los indicadores sociales
Entre las acciones previstas se encuentran asegurar la sostenibilidad de programas de transferencias monetarias dirigidos a población vulnerable, promover la progresión y finalización educativa, así como la formación laboral integral de la población que recibe estas transferencias; mejorar la eficiencia distributiva de los subsidios a servicios públicos de transporte; y, mejorar la eficiencia de los programas de protección social a través de una mejora en la gestión de la información.
Uno de los componentes del programa prevé incentivar de manera progresiva la autonomía económica de personas en riesgo o situación de vulnerabilidad social y sin empleo formal, a través de la promoción de su progresión escolar y finalización educativa y de su formación integral.
Un segundo componente contribuirá a que jóvenes de entre 18 y 30 años provenientes de familias vulnerables puedan finalizar la educación básica, terciaria o universitaria, buscando proactivamente la continuidad de sus trayectorias educativas.
El tercer componente contribuirá a un mayor acceso al sistema de transporte público de la población vulnerable elegible, a través de acciones como la financiación del descuento del 55% de la tarifa general del transporte para la población que reside en localidades que hayan adherido al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), y la extensión de la cobertura de esta tarifa social a localidades fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. También contribuirá a la mejora de gestión de la información del sistema de transporte público.
Como consecuencia de las acciones previstas en el programa se espera aumentar el porcentaje de beneficiarios que finalizan cursos de formación laboral integral y la tasa de asistencia escolar en el nivel secundario de los beneficiarios que no lo han completado para contribuir a incrementar la tasa de empleo en el sector formal.
Asimismo, se espera aumentar el porcentaje de alumnos en el nivel superior que mantiene la regularidad al finalizar el ciclo lectivo, es decir, que no ha abandonado sus estudios, para contribuir a incrementar el porcentaje de alumnos de ese nivel que completa al menos el 50% de las materias de su plan de estudios.
Y en el caso de la tarifa social del transporte público, se espera aumentar la cobertura a nivel nacional entre la población vulnerable elegible, para contribuir a expandir el ahorro que esa tarifa representa en el gasto no alimentario de los hogares.
El crédito del BID de u$s 900 millones tiene 25 años de plazo de amortización con 5 años y medio de gracia y una tasa de interés basada en Libor

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En el mundial económico Argentina no pasaría de octavos de final

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Como le va a Argentina en el “Mundial del Desarrollo” del BID. El Mundial del Desarrollo es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, para comparar a los países que participan en el Mundial de Rusia 2018 en varios indicadores de desarrollo.
Para graficar la realidad de cada comunidad, el BID comparó los índices de “Acceso y calidad en salud”; de “Apertura comercial”; de “Brecha de género”, de “Inclusión financiera”; de “Infraestructura” y de “Participación de la fuerza laboral”.
Argentina solo avanzaría a segunda ronda en cuestiones de género; inclusión financiera y participación laboral, quedando fuera en primera ronda en los otros tres indicadores.

Acceso y calidad en salud

El Índice de Acceso y Calidad en Salud, del Instituto para las Métricas y Evaluaciones en Salud (IHME, por sus siglas en inglés), calcula las tasas de mortalidad por causas que no debiesen ser fatales en la presencia de un sistema de salud efectivo, es decir, mortalidad responsable para medir la calidad del servicio.
Para este análisis, el IHME utiliza estimados de causas de muerte y factores de riesgo, altamente estandarizados, generados a través del Estudio sobre la Carga Mundial de Enfermedades, Lesiones y Factores de Riesgo (GBD, por sus siglas en inglés) para mejorar y expandir la cuantificación del acceso y calidad en salud en 195 países y territorios, desde 1990 a 2015.
Este índice, publicado en la revista médica The Lancet, utilizó una lista de 32 causas susceptibles de atención médica del GBD. Además, contabilizó las variaciones en la certificación de causas de muerte y las clasificaciones erróneas existentes.
Tiene una escala de 0 a 100, siendo 100 el mejor. Cabe destacar que este indicador demostró su validez de convergencia al ser comparado con otros indicadores de salud, para así identificar dónde se han ampliado o reducido las brechas de estos niveles de salud.

Apertura Comercial

El índice de apertura comercial del World Integrated Trade Solution (WITS) es una medida económica calculada como la relación entre el comercio total del país, considera la suma de las exportaciones más las importaciones, dividido el producto interno bruto del país.
Cuanto más alto es el índice, mayor es la influencia del comercio en las actividades domésticas y más fuerte se considera la economía de ese país. Esto significa que cuanto menor es las barreras de flujo transfronterizo de bienes, servicios, capital y trabajo, mayor es la apertura de una economía.
Este índice del WITS utiliza datos de la base de datos comerciales COMTRADE y de los Indicadores Mundiales de Desarrollo (WDI). Sus datos corresponden a 2016, a excepción de Irán, Japón, Nigeria y Suiza que tienen datos a 2015.

Brecha de género

El Informe Global de Brecha de Género compara a 144 países en su progreso hacia la paridad de género en cuatro dimensiones temáticas: participación y oportunidad económica, logros educativos, salud y supervivencia, y empoderamiento político.
Además, la edición de este año también analiza la dinámica de las brechas de género en los grupos de talentos y ocupaciones de la industria. 
La puntuación más alta posible es 1 (igualdad) y la puntuación más baja posible es 0 (desigualdad). Hay tres conceptos básicos subyacentes en el Índice Global de Brecha de Género, que forman la base de cómo se eligieron los indicadores, cómo se tratan los datos y la escala utilizada.

  • Primero, el índice se enfoca en medir las brechas en lugar de los niveles.
  • En segundo lugar, captura brechas en las variables de resultado en lugar de brechas en las variables de entrada.
  • En tercer lugar, clasifica a los países según la igualdad de género en lugar del empoderamiento de las mujeres.

Inclusión financiera

Los datos del porcentaje de inclusión financiera del Banco Mundial se recopilan en asociación con Gallup, Inc., a través de encuestas representativas a nivel nacional de más de 150.000 adultos en 144 economías del mundo, así representa más del 97% de la población mundial.
La encuesta se llevó a cabo durante el año calendario 2017 por la empresa Gallup Inc., como parte de su Gallup World Poll, que realiza cada año desde 2005 en más de 150 idiomas, utilizando muestras representativas por país seleccionadas al azar.
Se consideró como población objetivo a toda la población civil no institucionalizada de 15 años y más, con una cuenta en una institución financiera y aquellos con tarjetas de débito a su nombre. También incluye a un 3,93% de encuestados que informaron recibir salarios, transferencias del gobierno, pensiones del sector del público, o pagos por la venta de productos agrícolas en una cuenta de institución en los últimos 12 meses; pagar facturas de servicios públicos o tarifas escolares a través de una cuenta bancaria o tarjeta en los últimos 12 meses.

Infraestructura

El Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) define competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una economía, ya que esto permite definir el nivel de prosperidad que un país puede ganar. Su desarrollo incluye información estadística de agencias reconocidas internacionalmente y de la Encuesta de Opinión Ejecutiva anual del WEF.
El índice combina 114 indicadores que permiten capturar conceptos en términos de productividad. Estos se agrupan en 12 pilares y se organizan en tres subíndices, alineados con las tres etapas principales de desarrollo: requerimientos básicos, potenciadores de eficiencia, y factores de innovación y sofisticación.
Los tres subíndices tienen diferente peso en el cálculo del índice total, de acuerdo a la etapa de desarrollo de cada economía, el que es determinado por su producto interno bruto per cápita y la participación de sus exportaciones, representados a través de los indicadores para materias primas. Así otorga un puntaje de uno a siete, siendo siete el mejor.
Para el caso de infraestructura, este índice considera que los países cuenten con métodos efectivos de transporte —incluyendo carreteras de alta calidad, ferrocarriles, puertos, y aeropuertos—, suministro eléctrico libre de interrupciones y cortes, y una red sólida y extensiva de telecomunicaciones; todos estos factores son tomados en cuenta para que permitan un desarrollo eficiente y efectivo de los negocios. Así el índice otorga un puntaje de uno a siete, a cada país, siento siete el mejor.

Participación de la fuerza laboral

El porcentaje de participación laboral de la población (15 años o mayor) del Banco Mundial utiliza datos modelados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ILOSTAT, a noviembre de 2017.
Este indicador es la proporción de la población de un país que tiene empleo. El empleo es definido como las personas en edad de trabajar quienes, durante un período corto de tiempo, estuvieron involucradas en cualquier actividad que involucre la producción de bienes o la prestación de servicios por un pago o ganancia, incluyendo personas que hayan trabajado durante el período de referencia (por ejemplo, una persona que trabajó por lo menos una hora) o que no haya trabajado debido a una ausencia temporal o a un arreglo en sus horas reportadas.
Los indicadores presentados son de 2016 y los de 2017 son proyecciones de la OIT. Adicionalmente, la comparación de los porcentajes de población empleada entre los países se ve afectada por las variaciones existentes en las definiciones de empleo y población económicamente activa.
Este indicador es considerado clave para alcanzar las Metas de Desarrollo Sostenible, en la promoción sostenida de un crecimiento económico inclusivo y sostenible, con pleno empleo y productivo y trabajo digno para todos. Así el porcentaje de personas empleadas indica qué tan eficiente es una economía para proveer trabajos a personas que quieren trabajar. Un alto porcentaje significa que gran parte de la población está empleada. Aunque, un bajo porcentaje también podría ser indicado como signo positivo, ya que indica que más jóvenes están estudiando.
Se puede ingresar a toda la información en el sitio interactivo del BID

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