El Senado se prepara para votar este miércoles el proyecto de ley de apoyo al capital emprendedor -aún con final abierto- y la legalización del Cannabis para uso medicinal, en la primera sesión ordinaria del año, donde además se renovarán los cargos de la Auditoría General de la Nación (AGN) que le corresponden a la Cámara alta.
El debate fue convocado para las 14.30 y una de las mayores disputas se dará, una vez más, en torno al financiamiento de la ley de emprendedores, pues de sancionarse el proyecto aprobado en Diputados el costo recaería en las provincias.
El texto del dictamen de mayoría establece que “los aportes de inversión en capital realizados por inversores en capital emprendedor podrán ser deducidos de la determinación del Impuesto a las Ganancias”, que es coparticipable.
Por la discusión en torno a ese punto, la votación del proyecto había fracasado a fines de noviembre del año pasado con una vuelta a comisiones, y durante la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo fue el propio presidente Mauricio Macri quien pidió al Congreso sancionar la ley.
Entre otras cosas, la iniciativa crea la “Sociedad por Acciones Simplificada” (SAS), una figura jurídica que facilitará la apertura de una empresa en 24 horas a través de Internet, con constitución de CUIT y apertura de cuenta bancaria en forma inmediata.
Por otra parte, el Senado convertiría el ley el proyecto que garantiza a ciertos pacientes el acceso al aceite de Cannabis, habilitando su importación hasta que el Estado se encuentre en condiciones de producirlo, con prioridad para los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP.
Además, la iniciativa autoriza el cultivo de Cannabis por parte del Conicet y el INTA con fines investigativos y para elaborar la sustancia destinada a los tratamientos, pero no habilita el autocultivo para las familias.
El texto, que obtuvo dictamen favorable este martes, cuenta con amplio consenso del arco político y se espera una holgada mayoría para su aprobación, promovida por especialistas y organizaciones de la sociedad civil como “Mamá Cultiva”.
El proyecto de ley sobre uso medicinal del Cannabis para enfermedades específicas fue aprobado en la Cámara de Diputados a fines de noviembre del año pasado y ahora el Senado se dispone a convertirlo en ley, con respaldo de todos los bloques políticos.
En su artículo primero, establece “un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico o paliativo del dolor de la planta de Cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”.
El eje de la iniciativa es la creación de un “Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”, en la órbita del Ministerio de Salud.
Entre sus numerosas funciones, este programa deberá “garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del Cannabis” a todos los que se incorporen al programa, e “investigar los fines terapéuticos y científicos” de la sustancia.
La autoridad de aplicación, que deberá determinar el Poder Ejecutivo, podrá autorizar el cultivo de Cannabis por parte del Conicet y el INTA con fines investigativos y para elaborar la sustancia destinada al tratamiento.
Una de las claves está en el artículo 7, que indica que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) “permitirá la importación de aceite de Cannabis y sus derivados”, hasta que el Estado esté en condiciones de producirlo.
Sobre este punto, el proyecto establece que se priorizará y fomentará la producción del aceite a través de los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos).
Los pacientes beneficiarios serán los que presenten las patologías contempladas en el programa –que serán fijadas en la reglamentación- y que además cuenten con la indicación médica pertinente.
El texto crea en el ámbito del Ministerio de Salud un “registro nacional voluntario” en el que deberán inscribirse los pacientes, y crea además un “consejo consultivo honorario” integrado por instituciones, asociaciones, ONGs y profesionales del sector público y privado.
La reglamentación no podrá demorar más de 60 días, y allí el Poder Ejecutivo dispondrá las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con la norma.
Auditores
En la sesión también se votarán los tres auditores que le corresponden al Senado: Alejandro Nieva (UCR) y Javier Fernández (PJ) continuarán en sus cargos por otros ocho años, mientras que Vilma Castillo será reemplazada por Graciela De la Rosa, la formoseña aliada al gobernador Gildo Insfrán.
En la carrera por el reemplazo de Castillo se habían anotado también María Laura Leguizamón (Buenos Aires) y Marina Riofrío (San Juan), pero en reunión de bloque se decidió este martes, por consenso, que sea De la Rosa la nueva auditora.
