Es probable que hoy, como anticipado regalo de Pascuas, la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de Enmienda para incluir la reelección presidencial en la Constitución, y convoque a referéndum para sellar el trámite, de cara a las elecciones generales de abril de 2018.
El presidente de la cámara baja del Parlamento paraguayo, Hugo Velázquez, insistía hasta ayer que la Enmienda no está en el orden del día de la sesión de este martes, pero no son pocas las voces que sugieren su tratamiento sobre tablas, para madrugar una reacción opositora que hasta ahora no se ha traducido en movilización de masas.
Las versiones sobre la inminente aprobación del polémico proyecto que instaló una crisis política interminable, encuentran razones en el fracaso de la mesa de diálogo, convocada por el presidente Horacio Cartes, para zanjar la explosiva situación que quedó tras los violentos episodios de fines de marzo, donde fue incendiado el Parlamento y la policía mató a un joven liberal.
La mesa de diálogo, murió, prácticamente, antes de empezar por la intransigencia de cada uno de los sectores enfrentados: la oposición, que exigía al oficialismo retirar el proyecto de Enmienda, y el oficialismo, adelantando que de dicho proyecto no estaba sobre la mesa.
Los observadores, consideran que éste es el momento más oportuno para el último paso de un trámite parlamentario, accidentado y no exento de controversia, de un proyecto que ha dividido la escena política paraguaya como nunca durante toda la transición iniciada con la caída de la dictadura de Stroessner, en 1989.
El comienzo de la Semana Santa, en un país de profundas raíces católicas es, prácticamente, un reaseguro de que no habrá reacción alguna a una aprobación de la Enmienda en Diputados. La gente –especulan los analistas-, estará de viaje, jugando a la lotería en familia, o mirando en televisión esas viejas películas sobre Jesús, de ayer, hoy y siempre.
Pueblo mbaé
Si hay un gran actor ausente en la tormenta política que se agita en medios y redes sociales, es la gente, por no decir el pueblo, que puesto así suena a gran y enciclopédica entelequia. Pero, ambas son invocadas como palabras mágicas por los dos sectores que dicen hablar en su nombre.
Los unos, piden que “el pueblo decida” en un referéndum si quiere o no enmendar la Constitución. Los otros, cuestionan el procedimiento que instaló el tema a las puertas de que la Cámara de Diputados convoque a tal referéndum, pero en el fondo temen perderlo, conscientes del aparato que maneja el presidente Horacio Cartes, impulsor de la Enmienda, y la popularidad de la principal figura de su aliado más próximo en la cruzada, el izquierdista Frente Guasú, que busca la reelección del ex presidente Fernando Lugo, ubicado en la cima de la intención de voto para las elecciones del año que viene, según todos los sondeos.
Pero, el pueblo no está en la calle. No estuvo el viernes 31 de marzo, la trágica noche en que la policía asesinó al joven liberal, Rodrigo Quintana. No está en la plaza, donde estoicamente un puñado de activistas sostiene una carpa que llama a una resistencia que no enciende. El pueblo, el anónimo, se sigue levantando a las tres de la mañana, para viajar colgado en buses chatarra hacia los mercados, fábricas, o las esquinas y viaductos, donde todos los días cientos de miles libran su batalla perdida contra la miseria, en un país donde la desigualdad alcanza niveles épicos.
Cualquiera pensaría que con 22,24% de la población pobre, esto es 1,5 millones de personas, cualquier chispita sería suficiente para desatar el incendio. Pero, no. La quema del Congreso no fue producto de la ira popular; eso lo sabe todo el mundo, hasta quienes promocionan la idea de la revuelta. Resulta harto evidente, que en un edificio donde normalmente es difícil el acceso, con escáner y rayos x, y un cordón permanente de policías, alguien tuvo que haber ordenado el laissez faire, que derivó en la destrucción de buena parte de la planta baja del edificio.
Durante meses, los medios venían hablando de la reedición del marzo paraguayo, aquella masacre de 1999 producto de un plan que salió mal y que desembocó en un baño de sangre, en el mismo lugar donde este marzo se encendió la mecha que desembocó en la muerte del muchacho de la juventud liberal.
Resulta increíble, pero el crimen, sobre el que hay videos donde claramente se ve a la policía ingresando a los tiros en el local partidario liberal, no provocó mayor indignación, como tampoco provocaron las muertes de aquel marzo, sobre cuya sangre se convalidó un gobierno corrupto que no había sido elegido por nadie. Como tampoco provocó la masacre de Marina Kué, en 2012, donde murieron 17 personas, entre campesinos y policías, y que sirvió de pretexto para sacar a Lugo del gobierno. La indignación, hubiera impedido la caída de Lugo, y hubiera forzado una investigación transparente de los hechos, y evitado las condenas injustas de quienes terminaron pagando un crimen que no cometieron.
La “grieta” no es solo kurepí
Un discurso peligroso se instaló como consecuencia de la escalada en la guerra mediática por el rekutú (reelección, en guaraní). En rigor, es un fenómeno similar al que los medios hegemónicos ayudaron a instalar en Argentina, responsabilizando al kirchnerismo de haber dividido al país, la famosa “grieta”. Aquí, la oposición a la Enmienda, entre cuyos actores más poderosos se encuentra casi todo el conglomerado mediático empresarial, viene alentando la visión de que quien suscriba el proyecto reeleccionista es cartista golpista.
La Enmienda, dicen es “anticonstitucional”, por lo tanto, su inminente aprobación en Diputados constituye un golpe de Estado parlamentario. Es curioso que la mayoría de quienes hablan hoy de golpe, incluidos los medios hegemónicos, no hayan considerado de la misma manera el juicio político contra Fernando Lugo en 2012, que fue visto como un quiebre institucional por la mayoría de los países del mundo, tan es así que Federico Franco, que reemplazó a Lugo en la Presidencia, gobernó poco más de un año aislado y casi sin salir al exterior.
Hoy, en el pináculo del surrealismo, actores opositores que en 2012 apoyaron el juicio político contra Lugo, como Efraín Alegre, presidente del PLRA y aspirante a liderar la chapa presidencial de la oposición en 2018, tachan de golpista al mismo Lugo, y a todo quien se encolumne detrás de la enmienda constitucional.
Igualmente contradictorio resulta que el sector mayoritario de quienes se oponen a la enmienda reeleccionista, hayan intentado un plan similar en 2011 para posibilitar la reelección de Lugo, que ahora es su enemigo público número uno, incluso más que Cartes, dato que también tiene su propia lógica, y no estriba en quiebre ni golpe alguno, sino que tiene más que ver con intereses personales y sectoriales.
La posibilidad de que Lugo pueda volver a postularse, produce desesperación en filas de la izquierda nucleada en Avanza País, la concertación escindida del Frente Guasú en 2012, y el oficialismo liberal que promueve la candidatura de Alegre, que ven pulverizarse sus espacios políticos. Avanza País, podría quedarse sin el puñado de escaños que tiene en el Congreso, e incluso quedar al borde de la extinción.
Con Lugo habilitado, Alegre volvería a quedarse con las ganas. También, el intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Ambos, ya perdieron contra Cartes en 2013.
La Corte, no corta
La oposición al proyecto reeleccionista abriga esperanzas de que la Corte Suprema de Justicia detenga todo lo actuado en el Parlamento hasta ahora. Esto es, que declare inconstitucional la llamada sesión de los 25, del 31 de marzo, donde el bloque de senadores pro-Enmienda, mayoría sobre una Cámara de 45 parlamentarios, cambió el reglamento del Senado y aprobó el polémico proyecto, pasándolo a Diputados.
La oposición, alega que está sesión es ilegal por no haberse desarrollado conforme a procedimientos parlamentarios usuales, pero el tema aquí no es jurídico, sino político, y es poco probable que el máximo tribunal se compre una pelea con una mayoría de senadores que tienen el poder para descabezar la Justicia.
Pero, si la Corte eligiera intervenir, una opción que los analistas locales ven poco factible, es muy probable que falle en línea con el oficialismo pro-reelección, ya sea porque, históricamente, ha respondido al oficialismo colorado, o porque casi todos sus integrantes deben favores a la clase política.
Alicia Pucheta, por ejemplo, que dejó la Presidencia del tribunal hace poco, tiene a su hijo Hugo Correa, en Itaipú, al igual que su colega Antonio Fretes, quien además tiene otros varios parientes en la función pública. La hija de Raúl Torres Kirmser, otro de los ministros, ostenta un cargo diplomático en la embajada paraguaya en Austria. El actual presidente, Luis María Benítez Riera, fue nombrado en la época de Lugo, pero muestra mucha afinidad con el titular del Ejecutivo.
La última vez que la Corte intervino, hace menos de dos meses, habilitó a Cartes para una nueva emisión de bonos de deuda, sin necesidad que el tema pasara por el Parlamento.
Lugo, con y sin
Con Enmienda, Fernando Lugo, es número puesto. Las encuestas lo ubican con más del 52% de intención de voto. Pero, múltiples voces calculan que si Lugo tiene un Plan B, en caso de no prosperar la enmienda constitucional, sería insistir con su candidatura, abonando a una cuasi descabellada interpretación constitucional, según la cual no tiene impedimento alguno.
Desde hace mucho tiempo, mucho antes que surgiera el proyecto Enmienda, el entorno más cercano a Lugo abonaba la tesis que el ex presidente y actual senador está habilitado para ser candidato.
La denominada Tesis Fariña, en alusión a Marcos Fariña, abogado del ex obispo, cabalgaba sobre una sui generis interpretación del artículo 229 de la Constitución, referente a la duración del mandato presidencial, que dice textualmente que el Presidente y el Vicepresidente “no podrán ser reelegidos en ningún caso”. Según Fariña, dicha reglamentación no alcanza a su cliente, puesto que éste no ejerce actualmente el cargo de Presidente de la República.
La Tesis Fariña, alcanzaría a todos los ex presidentes, incluido Cartes si renunciara, por lo menos, seis meses antes de las elecciones. Sin embargo, no produjo entusiasmo en ex mandatarios como Nicanor Duarte Frutos, por ejemplo, viejo entusiasta de sueños absolutistas, quien de prosperar el proyecto reeleccionista de su correligionario, seguro le planteará batalla por la candidatura presidencial al interior del Partido Colorado.
El hecho de que, además, Lugo haya podido jurar como senador activo, cuando la Corte no se lo permitió a Duarte Frutos, que había sido legalmente electo, porque según la ley paraguaya los presidentes se convierten, automáticamente, en senadores vitalicios al dejar el cargo, es una especie de bonustrack de la misma teoría de Fariña.
Para todos los constitucionalistas consultados, es un verdadero disparate, pero como decía el protagonista de aquella película de Alberto Lecchi: “Perdido por perdido, dos veces perdido”.
Es quizás probable que Lugo insista, habida cuenta de su indiscutido liderazgo pronosticado en los sondeos. Y también es muy probable que, en ese caso, la Corte intervenga para cortarle el paso, en favor, por supuesto, de un cartismo sin Cartes.
