Casa Rosada

Con la excusa del “espionaje ruso” Milei prohíbe el ingreso a Casa Rosada a periodistas acreditados de medios señalados

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En un intento por cambiar una agenda que se le volvió muy nociva, el Gobierno busca instalar como tema gravitante la supuesta infiltración de la Inteligencia rusa en medios argentinos para impulsar una campaña de desinformación contra la administración de Javier Milei. En esa línea, el Ejecutivo les prohibió el acceso a la Casa Rosada a periodistas acreditados en nombre de algunos de esas empresas periodísticas.

Con ese ejercicio de censura, el gobierno libertario apunta a patear el tablero tras una seguidilla de escándalos que incluyen al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la últimas revelaciones del caso $LIBRA y el retroceso en las encuestas de la imagen presidencial empujado por la insatisfacción ciudadana con sus ingresos y el aumento del desempleo.

Según se informó, se les prohibió el ingreso a Casa de Gobierno a periodistas de los canales C5N y A24, los portales El Destape, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y radio La Patriada.

La medida también se extendería a la Cámara de Diputados.

Todo surge de la revelación, producto de una filtración, de un consorcio periodístico sobre una campaña de prensa de la Rusia de Vladimir Putin en la Argentina y contra Javier Milei.

El caso fue analizado en Argentina por el sitio Filtraleaks, del periodista Santiago O’Donnell, que reveló que aparecen pagos por al menos US$283 mil por más de 250 notas y artículos de opinión que se publicaron en 23 medios digitales. Varios de esos artículos tuvieron autores con nombres e imágenes falsos.

Según menciona Filtraleaks, desde el consorcio intentaron comunicarse con los editores de medios donde fueron publicadas las notas. Si bien todos ellos negaron haber participado de las campañas rusas y haber recibido dinero, la mayoría sí reconoció que los artículos habían llegado a partir de terceros.

El episodio le vino como anillo al dedo a Milei para retomar una agresiva diatriba contra el periodismo local, que asedia a su gobierno con las últimas novedades de su vínculo con la estafa $LIBRA y del presunto enriquecimiento ilícito de Adorni.

“El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia. Los “periodistas” y “medios” vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, escribió el Presidente en su cuenta de X, entre muchos otros mensajes.

La consecuencia inmediata fue la prohibición de ingresar a la Casa Rosada a periodistas acreditados a algunos de esos medios.

Javier Slucki, periodista de El Destape, contó: “Llegué a la Casa Rosada como hago casi todos los días para cubrir los acontecimientos, pero a diferencia de lo que ocurre siempre, el agente de ingresos me dijo que mi huella estaba inhabilitada”.

El acreditado en Casa Rosada aseguró que un funcionario esperaba a los periodistas en la puerta de entrada con una lista que permitía o negaba su ingreso. Luego, señaló que la justificación del impedimento se debía al “espionaje de medios a través de los servicios rusos” y que los medios involucrados tienen inhabilitada la huella hasta que “no aclaren esta cuestión”.

“En el oficialismo hace tiempo que tenían ganas de que algunos de esos medios no participen de las conferencias de prensa”, señaló la periodista Gabriela Vulcano, al revelar la movida del Gobierno a cargo del secretario de Prensa, Javier Lanari.

Liliana Franco, histórica acreditada en Casa Rosada por Ámbito Financiero, contó que también quedó afectada. “El gobierno decidió impedir el ingreso a la Casa Rosada de los periodistas acreditados por los medios mencionados (con algunas excepciones) en la investigación periodística sobre el (supuesto) financiamiento ruso para una campaña en contra del gobierno. Digo “supuesto” dado que aún no se probó esta denuncia ante la Justicia. Por tal razón y, a pesar de los años que tengo como acreditada en la Rosada de ahora en más no podré ingresar. PD.: Ah, no conozco ningún ruso ni siquiera viajé a Rusia”, tuiteó.

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Hidrovía: empresa belga impugna la oferta de DEME y la acusa de prácticas “anticompetitivas“

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La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay volvió a tensarse en el corazón del Gobierno: una empresa belga impugnó formalmente la oferta de su competidora y la acusó de prácticas “anticompetitivas”, en un proceso que la administración nacional busca adjudicar antes de mayo. El dato no es menor. En un expediente ya marcado por su declaración de desierto al inicio de la gestión, la disputa corporativa ahora escala a un terreno político: ¿podrá el Ejecutivo sostener un proceso transparente o quedará atrapado en presiones cruzadas?

Un proceso bajo presión política y técnica

El conflicto enfrenta a dos actores centrales del negocio global del dragado. Por un lado, la actual operadora, con años de servicio en la vía navegable. Por otro, una competidora que presentó una propuesta en análisis. La evaluación está a cargo del área que conduce el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, con la responsabilidad de definir la adjudicación en un plazo acotado.

La impugnación introduce cuestionamientos técnicos concretos: incumplimientos en requisitos económicos, balances no auditables, irregularidades formales en la presentación y falta de equipamiento con la potencia exigida. Sin embargo, el núcleo del conflicto va más allá de la letra del pliego.

La acusación escala hacia prácticas estructurales del mercado: supuesta colusión, fijación de precios, intercambio de información sensible y abuso de posición dominante. En otras palabras, no se discute solo una oferta, sino las reglas de competencia en un negocio estratégico para el comercio exterior.

La Hidrovía como tablero de poder

El trasfondo del conflicto revela tensiones dentro del propio oficialismo. En los pasillos de la Casa Rosada conviven preferencias distintas sobre quién debería quedarse con el contrato. Algunos sectores ven con buenos ojos un cambio de operador, mientras otros valoran la continuidad de quien ya gestiona la vía navegable.

Ese dato introduce una variable política clave: la licitación no solo define un servicio técnico, sino el control de un corredor logístico central para la economía. El dragado y balizamiento de la Hidrovía impactan directamente en la competitividad del transporte fluvial y, por extensión, en los costos de exportación.

En ese contexto, la impugnación funciona como una herramienta de presión. Obliga al Gobierno a revisar el proceso, eleva el nivel de escrutinio y, al mismo tiempo, expone las tensiones internas sobre la decisión final.

Impacto en la gobernabilidad económica

La disputa entre empresas no queda encapsulada en el sector privado. Tiene efectos directos sobre la agenda económica del Gobierno. Sin acceso al financiamiento externo en otras áreas y con necesidad de mostrar señales de previsibilidad, la administración enfrenta un test de credibilidad institucional.

Si el proceso se judicializa o se dilata, puede afectar la continuidad operativa de la Hidrovía, un riesgo que el Gobierno difícilmente pueda asumir. Por el contrario, una adjudicación cuestionada podría abrir otro frente de conflicto, tanto en el plano legal como político.

El equilibrio es delicado. Transparencia, competencia y rapidez aparecen como objetivos que no siempre convergen.

Un desenlace abierto

La definición prevista para antes de mayo se vuelve ahora más incierta. La impugnación obliga a revisar aspectos técnicos, pero también a administrar un conflicto que combina intereses empresariales y decisiones políticas.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo el Gobierno procesa las acusaciones y si logra sostener el cronograma sin comprometer la legitimidad del proceso. También en si las tensiones internas se ordenan o se profundizan.

La Hidrovía, una vez más, deja de ser solo una infraestructura y se convierte en un escenario donde se mide capacidad de gestión, alineamiento político y margen de maniobra frente a actores globales.

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Adorni admite “una pésima decisión” por el viaje de su esposa y denuncia un intento de “desestabilización” contra el Gobierno

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Una semana después de que estallara la polémica por la presencia de su esposa en la comitiva que viajó con el presidente Javier Milei a Estados Unidos, el jefe de Gabinete Manuel Adorni reconoció que se trató de “una pésima decisión”, aunque insistió en que el episodio no constituyó un delito ni generó gasto público. El funcionario eligió el canal LN+ para hacer su descargo y, además de pedir disculpas, planteó una interpretación política del conflicto: aseguró que la controversia forma parte de una serie de maniobras destinadas a “desestabilizar al Gobierno”.

La explicación introduce una tensión que atraviesa la comunicación política de la administración libertaria: hasta qué punto los errores propios se convierten en episodios de desgaste interno o en señales de conflicto político más amplio. Adorni asumió el error de haber aceptado que su esposa integrara la comitiva presidencial, pero simultáneamente sostuvo que el episodio fue utilizado como “un golpe más” contra la gestión.

“Fue una mala decisión, una pésima decisión. No advertí el error y por eso pido disculpas”, afirmó el funcionario. Al mismo tiempo, subrayó que el viaje “no generó ni un dólar de gasto para el Estado”.

Un episodio que expone el sistema de comunicación del Gobierno

El descargo volvió a mostrar una dinámica que se consolidó en los últimos meses: la Casa Rosada evita conferencias de prensa abiertas y canaliza sus respuestas a través de entrevistas en medios afines. En este caso, Adorni utilizó LN+, del mismo modo que el propio Javier Milei había elegido ese espacio televisivo antes de su gira por Estados Unidos.

En el centro del conflicto está la inclusión de su esposa en el vuelo presidencial. Según explicó el jefe de Gabinete, la invitación provino de Presidencia y él aceptó sin advertir que la decisión podía generar cuestionamientos políticos. La defensa que construyó se apoya en dos ejes: por un lado, que no hubo uso de recursos públicos; por otro, que la reacción política frente al caso responde a un estándar de exigencia más alto para la actual administración.

“No somos casta y por eso estoy acá dando explicaciones”, sostuvo el funcionario, al intentar marcar una diferencia con gobiernos anteriores.

El episodio se volvió más complejo cuando comenzó a circular un video que mostraba a Adorni junto a su familia en el aeródromo de San Fernando durante el feriado de Carnaval, cuando viajaban hacia Punta del Este. El funcionario aseguró que el viaje fue pagado con recursos personales y que el material audiovisual podría haber sido filtrado desde dentro del propio gobierno.

“El video salió de las puertas para adentro”, afirmó.

Sospechas internas y disputa política

El jefe de Gabinete fue más allá de la autocrítica y dejó entrever que la difusión del video podría responder a disputas internas. Según señaló, las imágenes fueron grabadas desde el interior del aeropuerto, lo que —a su entender— sugiere que alguien con acceso a ese espacio habría registrado y guardado el material durante semanas antes de hacerlo público.

El planteo se produjo cuando se le consultó por versiones sobre tensiones dentro del oficialismo, particularmente en torno a la relación entre Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. Adorni no confirmó esa hipótesis, pero reforzó la idea de que la filtración se produjo desde el propio entorno gubernamental.

La sospecha introduce una dimensión política adicional: el episodio deja de ser solo un problema de comunicación o transparencia y se transforma en un indicador de posibles disputas internas dentro del espacio oficialista.

Adorni también rechazó una acusación de la diputada Marcela Pagana, quien había mencionado un gasto de 30 millones de pesos en tarjetas de crédito. El funcionario afirmó que ese dato es falso y sostuvo que la información financiera está protegida por ley.

El relato oficial y la narrativa de la “desestabilización”

La explicación pública del jefe de Gabinete incluyó una lectura política más amplia. Adorni vinculó la polémica con lo que describió como una ofensiva sistemática contra la gestión libertaria.

“Ayer fue el vuelto para Federico Sturzenegger y hoy fue para mí”, afirmó, al sugerir que distintos episodios mediáticos forman parte de una secuencia dirigida contra el Gobierno.

En ese marco, insistió en que el escándalo no debe interpretarse como un problema personal sino como un ataque institucional. “La operación no fue contra mí sino contra el Gobierno”, sostuvo.

Ese enfoque refleja una estrategia discursiva cada vez más visible en el oficialismo: los errores administrativos o políticos se explican dentro de un marco de confrontación permanente con sectores que, según el relato gubernamental, buscan erosionar la gestión.

Lo que queda abierto

Más allá de las disculpas públicas, el episodio deja varias preguntas sin resolver. Por un lado, el impacto político de la controversia en la imagen de un gobierno que construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de diferenciarse de las prácticas de la “casta”. Por otro, la posibilidad de que las filtraciones y disputas internas se conviertan en un factor de desgaste dentro del propio oficialismo.

También queda por observar si la estrategia de atribuir estas polémicas a intentos de desestabilización logra cerrar la crisis o, por el contrario, amplifica el debate sobre los límites entre decisiones personales, responsabilidades institucionales y transparencia en el ejercicio del poder.

Por ahora, el caso muestra algo más que un error administrativo. Expone la tensión permanente entre un gobierno que busca consolidar su narrativa política y un escenario donde cada episodio puede transformarse rápidamente en un frente de conflicto.

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La causa $LIBRA: la Justicia revela llamadas que conectan a Novelli con el círculo íntimo de Milei

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La investigación judicial sobre el colapso del criptoactivo $LIBRA volvió a impactar en el corazón del poder político argentino. Un peritaje realizado sobre el teléfono celular del empresario Mauricio Novelli reveló una intensa red de comunicaciones con el entorno inmediato del presidente Javier Milei durante la noche del 14 de febrero de 2025, fecha en la que se lanzó el token.

Los registros muestran que Novelli mantuvo ocho comunicaciones con el Presidente ese mismo día, además de siete contactos con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También aparecen intercambios con el asesor presidencial Santiago Caputo —al menos 14 comunicaciones registradas— y con el entonces jefe de asesores Demian Reidel.

El dato central no es solo la existencia de contactos, sino la sincronía entre esas comunicaciones y el lanzamiento del criptoactivo, un episodio que más de un año después continúa generando repercusiones judiciales y políticas. La aparición de estos registros vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre el ecosistema cripto que impulsó el proyecto y el núcleo político que rodea al mandatario.

La pregunta que sobrevuela la escena es inevitable: ¿se trató de una interacción circunstancial con actores del sector tecnológico o de un vínculo más estrecho en la gestación del proyecto?

El ecosistema $LIBRA y los actores que orbitaban alrededor del proyecto

El peritaje reconstruye una red de empresarios y operadores tecnológicos que mantuvieron contacto con el Presidente en distintos momentos previos al lanzamiento del token.

En el centro de esa red aparece Mauricio Gaspar Novelli, fundador del evento tecnológico Tech Forum y de la firma N&W Professional Traders. Según registros oficiales, el empresario había establecido vínculos con Milei desde 2020, cuando el entonces economista dictaba capacitaciones en su academia.

Con la llegada de Milei a la presidencia, el vínculo continuó. Novelli visitó seis veces la Casa Rosada, siendo recibido por Karina Milei en su primer ingreso el 8 de enero de 2024. Los encuentros se produjeron en el contexto de la organización del Tech Forum realizado en octubre de 2024, evento patrocinado por la Presidencia de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ese foro tecnológico funcionó como un punto de contacto entre el mandatario y figuras del ecosistema cripto global. Entre ellas aparecen el empresario Hayden Davis, señalado por la investigación como la figura detrás de Kelsier Ventures, y Julian Peh, quien participó como expositor.

La propia documentación analizada por la Justicia agrega un elemento adicional: un archivo titulado “LOI_KELSIER.docx”, recuperado del teléfono de Novelli. El documento fue enviado por el empresario a sí mismo por WhatsApp el 29 de enero de 2025, un día antes de una reunión entre Milei y Davis en la Casa Rosada.

Ese encuentro quedó registrado públicamente cuando el Presidente publicó una selfie con el empresario en redes sociales, señalando que lo estaba asesorando en temas vinculados a blockchain.

El “triángulo de hierro” y la dinámica interna del poder

Los registros telefónicos también iluminan la estructura política que rodeaba al Presidente durante los primeros meses de gestión.

En ese momento, el Gobierno funcionaba con un esquema informal de poder en el que Karina Milei y Santiago Caputo representaban dos vértices centrales del llamado “triángulo de hierro” que articulaba las decisiones estratégicas del oficialismo.

La aparición de comunicaciones frecuentes entre Novelli y Caputo —14 registros telefónicos— introduce un elemento sensible en esa dinámica. No porque pruebe responsabilidades directas, sino porque vincula al núcleo político del Gobierno con los actores que promovían el proyecto cripto.

En ese entramado también figura Demian Reidel, economista y físico que había asumido como jefe del Gabinete de Asesores al inicio del mandato presidencial. Su salida del cargo el 21 de julio de 2025 ya había marcado un cambio en la estructura de asesores del Gobierno.

Posteriormente fue designado al frente de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país. Sin embargo, su gestión quedó bajo presión en las semanas previas a su renuncia el 9 de febrero, tras cuestionamientos internos por un contrato tecnológico cuyo costo habría pasado de 600.000 dólares a 7 millones.

La coincidencia temporal entre esas tensiones y el avance de la investigación judicial sobre $LIBRA vuelve a ubicar a su figura dentro del radar político del caso.

Empresarios, tecnología y acceso al poder

La investigación también reconstruye el rol de otros actores vinculados al proyecto.

Uno de ellos es Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en distintas iniciativas empresariales y participante del Tech Forum. Los peritajes registran un mensaje de WhatsApp entre ambos el 20 de febrero, en el que Novelli escribió: “Llevo eso para allá, pero borrá”.

El contenido de ese intercambio se suma a la reconstrucción judicial de los vínculos entre los organizadores del foro tecnológico y el entorno presidencial.

En paralelo, el empresario estadounidense Charles Hoskinson, que también participó del Tech Forum, declaró en una entrevista internacional que le pidieron dinero para concretar una reunión con el presidente argentino. Su testimonio lo convirtió en uno de los 20 citados a declarar en la investigación.

La causa, sin embargo, atraviesa un momento procesal particular: se encuentra parcialmente paralizada tras maniobras de dilación atribuidas al bloque libertario y a sus aliados parlamentarios.

La política detrás del expediente

La aparición de los registros telefónicos tiene un impacto político inmediato. No modifica por sí sola el estado judicial de la causa, pero vuelve a colocar el caso $LIBRA dentro del debate público y legislativo.

El oficialismo enfrenta así una tensión que combina dos dimensiones sensibles:
por un lado, la relación del Presidente con el ecosistema tecnológico y financiero que impulsaba el token; por otro, la cercanía de algunos de esos actores con el núcleo político del Gobierno.

La investigación también expone un rasgo estructural de la administración actual: la fuerte interacción entre el poder político y redes informales de asesores, empresarios y promotores tecnológicos.

Ese modelo de interacción —que en otros contextos suele presentarse como una apuesta a la innovación— se vuelve más complejo cuando la Justicia intenta reconstruir responsabilidades en torno a proyectos financieros de alto riesgo.

Un expediente que podría reactivarse en medio del calendario político

La causa $LIBRA todavía no definió responsabilidades penales. Sin embargo, el avance de los peritajes informáticos y la citación de empresarios extranjeros indican que la investigación sigue abierta.

Además, existe un elemento que podría aumentar la tensión política: las declaraciones judiciales previstas podrían producirse en pleno escenario electoral, lo que amplificaría el impacto del caso.

El expediente, en ese contexto, deja de ser solo una investigación sobre un criptoactivo fallido. También se convierte en una ventana para observar cómo se articuló el vínculo entre tecnología, financiamiento y poder político durante los primeros meses del gobierno de Milei.

Por ahora, los registros telefónicos ofrecen piezas de un rompecabezas que todavía está lejos de completarse.

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El Gobierno argentino celebra la muerte de Jamenei y se alinea con EE.UU. e Israel en medio de versiones cruzadas

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La Oficina del Presidente difundió este 28 de febrero un comunicado oficial desde Casa Rosada en el que celebra la eliminación de Ali Jamenei en una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel. La declaración se produce mientras Washington da por muerto al líder supremo iraní y Teherán asegura que está “sano y salvo”. El posicionamiento argentino no es neutro: consolida un alineamiento internacional explícito y reabre la dimensión política del atentado a la AMIA.

La Argentina decidió tomar partido en una disputa geopolítica de alto voltaje. En un texto firmado por el Presidente, el Gobierno celebró la operación militar que —según Estados Unidos e Israel— eliminó al líder supremo de la República Islámica de Irán. El dato central es político: mientras Irán niega la muerte de Ali Jamenei, la administración argentina da por válida la versión estadounidense y la respalda públicamente.

No se trata de una declaración diplomática convencional. Es un gesto de alineamiento estratégico que vincula el escenario de Medio Oriente con una herida abierta en la política interna argentina: el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

El comunicado y su anclaje en la causa AMIA

La Oficina del Presidente afirmó que la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel culminó con la eliminación de Jamenei, a quien calificó como responsable de un régimen vinculado con el terrorismo internacional. El texto remite de manera directa al atentado contra la AMIA y sostiene que, según determinó la Justicia argentina, se trató de un acto planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá.

El Gobierno presenta la búsqueda de justicia por las 85 víctimas como “política de Estado” y la conecta con el escenario internacional actual. La construcción es clara: la caída del líder iraní no se lee solo como un hecho externo sino como parte de una secuencia histórica que involucra directamente a la Argentina.

Ese encuadre tiene implicancias institucionales. La administración nacional transforma un evento militar extranjero en un mensaje de reafirmación interna sobre la causa AMIA y la política exterior argentina. No es un comunicado técnico; es una señal política con memoria.

Versiones enfrentadas y disputa por la legitimidad

El pronunciamiento argentino se da en medio de versiones contrapuestas. El presidente estadounidense Donald Trump sostuvo en sus redes que Jamenei no pudo eludir los sistemas de inteligencia y que fue eliminado junto a otros líderes. Medios israelíes citaron a altos funcionarios que afirman tener pruebas de la muerte.

Desde Teherán, en cambio, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, declaró que el líder supremo y el presidente Masoud Pezeshkian están “sanos y salvos”. En una entrevista con ABC News Live, sostuvo que el sistema político iraní no depende de un solo individuo y que las fuerzas armadas llevan adelante acciones defensivas ante lo que describió como un acto de agresión.

En ese contexto de incertidumbre informativa, el Gobierno argentino optó por validar la versión estadounidense. La decisión no es menor: implica asumir un costo diplomático potencial frente a Irán y reforzar una alianza política con Washington y Tel Aviv.

Correlación de fuerzas y agenda interna

El movimiento fortalece el perfil internacional del Ejecutivo como aliado explícito de Estados Unidos e Israel. También puede impactar en la agenda legislativa y diplomática, en particular en todo lo vinculado con terrorismo internacional, cooperación en inteligencia y política exterior.

En el plano interno, la referencia a la AMIA reubica el tema en el centro del debate político. La causa fue históricamente atravesada por tensiones institucionales y controversias judiciales. Al vincular el presente geopolítico con ese antecedente, el Gobierno consolida una narrativa de continuidad en la búsqueda de justicia.

Sin embargo, el alineamiento no ocurre en un vacío. La oposición y distintos sectores políticos podrían evaluar el impacto diplomático y económico de una posición tan explícita en un conflicto de escala global. La política exterior también es política interna.

Un gesto estratégico en un escenario incierto

La declaración oficial abre interrogantes más amplios. ¿Se trata de un punto de inflexión en la política exterior argentina o de un gesto táctico en un contexto de fuerte polarización internacional? ¿Habrá consecuencias en términos de relaciones bilaterales o posicionamientos en foros multilaterales?

Por ahora, el hecho concreto es que el Gobierno decidió intervenir discursivamente en una disputa de alcance global, conectándola con una deuda histórica argentina. El desarrollo de los acontecimientos —y la confirmación o no de las versiones sobre la muerte de Jamenei— determinará si el movimiento consolida una estrategia de largo plazo o si expone nuevas tensiones en el tablero internacional.

La política, una vez más, se mueve en tiempo real.

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