Las acciones de YPF se disparan tanto en Nueva York como en Buenos Aires luego de que la Justicia de Estados Unidos fallara a favor del país en el litigio por la nacionalización de la compañía.
El ADR de la petrolera en Wall Street avanza 4,5%, acelerando la suba inicial tras conocerse el fallo
Por su parte, en la Bolsa de Buenos Aires la suba es de 3,2%, también con un mayor ritmo luego de que trascendiera la noticia
El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos en favor de la Argentina, en el marco de la causa de YPF, que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera y cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó, y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.
Durante su exposición en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano en el barrio de Paternal, el mandatario destacó la tarea de la Procuración del Tesoro y del titular de la compañía mixta en la causa.
Asimismo, en un mensaje a la oposición, sostuvo: “Y que ahora vengan a decir ‘ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos. Ah, pero el mameluco. Ah, pero la gestión…’ Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”.
En la primera fila, seguían con atención el discurso la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de los principales apuntados por la polémica por los viajes y las presuntas propiedas que no tendría declarada.
Con escasas referencias a los cuestionamientos contra el ministro coordinador, el mandatario le agradecidó a Pettovello por “luchar incansablemente para desarrollar el capital humano”, y la definió como la ministra más “torpedeada, cuestionada, operada, ensuciada por los ensobrados medios de comunicación corruptos”.
“La ensuciaron y la operaron por ser honesta, por cortar el curro de los intermediarios de la pobreza, por cortar el curro de los gerentes de la pobreza, que, además, junto a la enorme tarea de la hoy senadora nacional, la doctora Bullrich, no solo enfrentaron a los delincuentes, mafiosos que se apropiaban del dinero de los vulnerables, sino que, además, ese dinero que le robaban, lo utilizaban para extorsionar a la gente y que les fuera a las marchas”, expresó.
Asimismo, ante la mirada atenta del ex vocero, el libertario agregó: “Así es que, Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias”. En la previa, el funcionario fue incluido en el retrato que celebró el fallo en el caso de YPF.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina y revirtió la condena que obligaba al país a pagar más de US$16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. La decisión, conocida en las últimas horas, modifica el escenario de uno de los juicios más sensibles para las cuentas públicas y abre un nuevo capítulo en una disputa que lleva más de una década. ¿Se trata de un cierre definitivo o de un respiro estratégico antes de una instancia mayor?
El tribunal revisor avaló que YPF fue correctamente exculpada en el proceso de estatización y dejó sin efecto el fallo de primera instancia de 2023, que había sido adverso al Estado argentino. Aun así, el expediente no está cerrado: las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El caso se remonta a 2015, cuando se inició el litigio por la forma en que se llevó adelante la expropiación de la petrolera durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2023, la jueza de primera instancia había determinado que la Argentina violó el estatuto de la compañía en ese proceso y ordenó el pago de una indemnización superior a los US$16.000 millones.
Ese fallo colocó al país frente a una contingencia fiscal de magnitud, con implicancias directas sobre la sostenibilidad financiera y la negociación externa. La decisión de la Cámara de Apelaciones introduce ahora un cambio sustancial: desactiva, al menos por el momento, esa obligación de pago y valida el encuadre jurídico de la estatización.
En términos institucionales, el pronunciamiento no solo revisa la interpretación del estatuto de YPF, sino que también redefine el alcance de la responsabilidad estatal en procesos de nacionalización bajo legislación extranjera.
El fallo tuvo una inmediata lectura política. El presidente Javier Milei celebró públicamente la decisión y la presentó como una victoria de su administración en el frente internacional. El mensaje no fue neutro: incluyó cuestionamientos directos a la gestión que impulsó la expropiación, en un intento de reconfigurar la narrativa sobre el origen del conflicto.
En ese marco, el resultado fortalece al oficialismo en dos planos. Por un lado, le permite mostrar capacidad de gestión en un litigio de alto impacto económico. Por otro, le otorga margen discursivo para insistir en la crítica a decisiones previas que derivaron en el juicio.
Al mismo tiempo, la resolución condiciona a sectores de la oposición vinculados al proceso de estatización, que quedan expuestos en la discusión pública sobre las consecuencias legales de aquella decisión.
Desde el punto de vista económico, evitar un pago de esa magnitud implica despejar una presión significativa sobre las reservas y sobre cualquier esquema de negociación financiera futura.
El origen de la causa judicial por la nacionalización de la petrolera YPF tiene origen en la redacción del estatuto de la empresa cuando en 1993 bajo el gobierno de Carlos Menem se dispuso su privatización.
1993 — PRIVATIZACIÓN
Se incluye la cláusula OPA en el estatuto social de la compañía para proteger a los accionistas minoritarios ante cambios de control.
2008-2011 — ENTRADA DE PETERSEN
El Grupo Petersen adquiere el 25% de las acciones de YPF mediante préstamos otorgados por Repsol y un consorcio de bancos.
ABRIL 2012- NACIONALIZACIÓN
El Congreso argentino expropia el 51% a Repsol. Las empresas Petersen entran en default al no recibir dividendos para pagar sus deudas.
2015 — INICIO DE DEMANDA
Burford Capital compra los derechos de quiebra de Petersen e inicia el juicio en Nueva York contra el Estado e YPF.
2023 — CONDENA INICIAL
La jueza Loretta Preska dicta sentencia por US$ 16.100 millones contra Argentina, eximiendo de responsabilidad a la petrolera.
MARZO 2026 — ANULACIÓN
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revoca la condena principal y ordena la revisión total del proceso judicial.
A pesar del giro favorable, el proceso judicial está lejos de concluir. La posibilidad de que el caso escale a la Corte Suprema de Estados Unidos mantiene abierta la incertidumbre y obliga al Gobierno a sostener la estrategia legal.
El foco ahora se traslada a la próxima instancia: si las partes deciden avanzar, el litigio podría prolongarse y volver a poner en discusión los fundamentos del fallo. En paralelo, el impacto político interno seguirá en evolución, especialmente en la disputa por la interpretación de la estatización y sus consecuencias.
Por lo pronto, la decisión de Nueva York redefine el tablero, pero no lo cierra. El juicio por YPF sigue siendo, más que un expediente judicial, un frente donde se cruzan política, economía y estrategia de poder.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos celebró hoy la audiencia de alegatos orales en la apelación presentada por la Argentina en el caso Petersen Energía / Eton Park Capital Management vs. República Argentina y YPF S.A.
La Procuración del Tesoro informó que se trata de la apelación de la “errónea sentencia por USD 16.100 millones dictada en septiembre de 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska.
Durante la audiencia, los abogados de la Argentina destacaron la responsabilidad del tribunal de aplicar correctamente el derecho argentino, tal como lo haría un tribunal argentino; subrayaron la importancia del caso para la República y sus habitantes, y apelaron al “sentido de justicia” del tribunal y a la integridad del sistema judicial de los Estados Unidos.
La exposición buscó dejar en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado.
“Este litigio no es un caso de derecho bursátil estadounidense, ni se refiere a supuestas declaraciones efectuadas en el prospecto de oferta pública inicial (IPO) de YPF de 1993”, dijo la Procuración.
Recordaron que los demandantes “no adquirieron sus intereses en YPF en dicha oferta pública, sino quince años más tarde, principalmente en transacciones privadas realizadas en España con Repsol, rodeadas de serias sospechas de corrupción”.
Y señalaron que obtuvieron su participación accionaria con “una inversión de capital mínima y, junto con Repsol, drenaron los recursos de YPF en el período previo a la expropiación mediante el pago de dividendos exorbitantes”.
“Eran plenamente conscientes de que cualquier controversia relativa a la aplicación del estatuto de YPF debía resolverse conforme a la ley argentina y ante los tribunales argentinos, utilizando los remedios procesales y sustantivos previstos en nuestro ordenamiento jurídico”, señalaron.
Tras la expropiación, los demandantes optaron por no acudir a los tribunales argentinos y presentaron sus reclamos en los Estados Unidos varios años después, indicaron los abogados de la Argentina.
“La sentencia resultante, que pretendió aplicar el derecho argentino, llegó a conclusiones a las que ningún tribunal argentino ha llegado ni llegaría jamás”, sostuvieron, en clara crítica a la jueza Preska.
Los letrados de la Argentinas indicaron que “el verdadero impulsor de este litigio es Burford Capital, un fondo con sede en el Reino Unido dedicado a financiar litigios, que está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria de USD 16.100 millones (que hoy asciende a unos USD 18.000 millones con intereses posteriores a la sentencia), derivada de una controversia puramente doméstica, regida por la ley argentina y que debió tramitarse ante la jurisdicción argentina. Burford adquirió el reclamo por apenas 15 millones de euros y ahora busca una ganancia superior al 37.000 por ciento, a expensas del pueblo argentino”.
“Burford Capital ha manifestado públicamente su intención de ‘poner arena en los engranajes’ del proceso de normalización de la Argentina, es decir, obstaculizar los esfuerzos del país por reinsertarse en los mercados internacionales de capital y participar plenamente en la economía global. Esta postura revela que el objetivo del fondo trasciende cualquier pretensión jurídica legítima: busca interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República, afectando no sólo a la Argentina sino también a los intereses de sus socios e inversores internacionales”, señalaron.
Y dijeron que este caso “refleja el modus operandi de gobiernos anteriores liderados por Cristina Fernández de Kirchner, durante los cuales determinados grupos empresariales, amparados por el poder político, se enriquecieron sin riesgo y quebraron sin rendir cuentas”.
La Procuración del Tesoro destacó que, bajo la presidencia de Javier Milei, el foco siempre ha estado puesto en resolver la pasada herencia recibida.
Por ello, la Procuración ha llevado adelante una estrategia de defensa vigorosa e integral, coordinada entre Buenos Aires y Nueva York, para proteger los intereses jurídicos del país.
“La República Argentina agradece el apoyo de varios Estados que presentaron escritos ante el tribunal respaldando la posición jurídica argentina. Cada acción emprendida ha tenido como objetivo la defensa del interés nacional, la protección del patrimonio público y la consolidación de una Argentina jurídicamente previsible y económicamente estable”, indicaron.
La República Argentina se muestra “optimista” en que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos “revertirá la errónea decisión de la Corte de Distrito, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones, garantizando la correcta aplicación del derecho argentino y evitando el uso indebido del sistema judicial estadounidense por parte de quienes buscan obtener ganancias absurdas”.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspende la orden de la jueza Preska y respalda el argumento de inmunidad soberana. El Gobierno celebra un alivio clave en la disputa por la expropiación de 2012.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió que Argentina podrá apelar la entrega de las acciones estatales de YPF sin desprenderse de esos títulos ni aportar otras garantías, en el marco del juicio que se sigue en Estados Unidos por la expropiación de la petrolera en 2012. La decisión, firmada por Catherine O’Hagan Wolfe, clerk del tribunal, suspende la orden emitida el pasado 30 de junio por la jueza Loretta Preska, que obligaba al país a transferir el 51% de las acciones que controla el Estado a Burford Capital, principal beneficiario del fallo.
La resolución también admitió que el Gobierno de Estados Unidos participe como “amicus curiae” en favor de Argentina, fortaleciendo la estrategia jurídica basada en la inmunidad soberana y la doctrina de actos soberanos prevista en la ley estadounidense FSIA (Foreign Sovereign Immunities Act) y en tratados internacionales.
El caso se originó en abril de 2012, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió la mayoría accionaria de YPF, entonces controlada por Repsol. Burford Capital, un fondo especializado en litigios, adquirió los derechos para demandar al Estado argentino por supuesta violación de los estatutos societarios de la compañía y por no realizar la oferta pública de adquisición obligatoria a los accionistas minoritarios.
En septiembre de 2023, Preska condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones, cifra que hoy, con intereses, supera los USD 18.000 millones. El país solicitó un “stay” para evitar la ejecución de esa sentencia mientras se resuelve la apelación.
La Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago Castro Videla, sostuvo que la entrega de acciones violaría la inmunidad soberana y el principio de cortesía internacional (“comity”), ya que los títulos están depositados en la Caja de Valores en Buenos Aires y su venta requiere la aprobación de dos tercios del Congreso, según la legislación nacional.
“El tribunal de apelaciones ha decidido aceptar la solicitud de Argentina y suspender la orden mientras se resuelven las apelaciones. Esta decisión garantiza que la República conserve la participación mayoritaria en YPF, un activo estratégico para todos los argentinos”, afirmó el organismo en un comunicado.
Para Juan José Carbajales, experto en energía, el fallo “refuerza el argumento de que la causa involucra actos soberanos no sujetos a jurisdicción comercial en EE.UU.”.
La agenda judicial fija el 25 de septiembre como fecha para la presentación de escritos argumentales en la apelación contra la orden de “turnover” de acciones. La primera audiencia para tratar la apelación de fondo está prevista para la semana del 27 de octubre, tras las elecciones legislativas. Se espera que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre la validez de la condena de Preska a comienzos de 2026.
En paralelo, Burford insiste en avanzar con otras líneas de ataque judicial, como la teoría del “alter ego”, que busca demostrar que YPF y el Estado argentino no son entidades independientes. Este enfoque apunta no solo a la petrolera, sino también a otras empresas con participación estatal e incluso al Banco Central, intentando acceder a reservas en oro depositadas en el exterior.
La decisión de la Cámara de Apelaciones fue recibida como una victoria táctica por el Gobierno, al evitar el desprendimiento inmediato de un activo considerado estratégico en el sector energético. Desde el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro subrayaron que el fallo “evita un precedente que pondría en riesgo activos soberanos” y permite encarar la apelación con margen de maniobra.
No obstante, el litigio principal sigue abierto y la eventual confirmación de la condena obligaría a la Argentina a afrontar un pago multimillonario que impactaría en las reservas y en la política energética.
