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Dictaron la falta de mérito de Cristina Kirchner en la causa de la ruta del dinero K

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Lo resolvió el juez federal Sebastián Casanello
El juez federal Sebastián Casanello dictó la falta de mérito para Cristina Kirchner en el marco de la causa llamada “la ruta del dinero K” y que investiga el supuesto lavado de dinero. Además, ordenó profundizar una serie de diligencias para poder definir la situación procesal de la ex jefa de Estado, entre las que figuran exhortos, informes a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera.
En la resolución, a la que accedió Infobae, el magistrado afirmó que “debe continuarse la investigación para determinar la concreta intervención que ha tenido Cristina Fernández en la conformación de la estructura cuyo grueso se ha elevado a juicio, pues la atribución de responsabilidad
penal como consecuencia de un proceso respetuoso de la Constitución y las leyes se basa en la evidencia”.
Y añadió: “De allí la necesidad de colectar evidencias que permitan cristalizar un reproche que no sólo se sustente en la sospecha genérica o contextual derivada del público y reconocido vínculo de amistad que unía a Lázaro Antonio Báez y Néstor Kirchner, y de la existencia de procesos donde se ha probado la comisión conjunta de delitos. De lo contrario, la atribución de responsabilidad de Cristina Fernández en esta causa estaría basada excluyentemente en un razonamiento transitivo”.
Lázaro Báez, sus hijos, Leonardo Fariña y otros comenzaron hace dos semanas a ser juzgados ante el Tribunal Oral Federal 4. Pero Cristina Kirchner no forma parte de ese debate porque el juez siempre entendió que las pruebas no alcanzaban para acreditar la vinculación de la ex jefa de Estado en la causa. Fue la Cámara Federal la que, en distintas resoluciones, fue apuntado hacia la ex jefa de Estado, hasta que finalmente ordenó que Cristina Kirchner fuera llamada a declarar.
Casanello cumplió con la decisión en una indagatoria en la que la ex mandataria rechazó las acusaciones en un escrito y se refirió a la supuesta persecución judicial a los líderes de la región por razones políticas. Ahora, Casanello resolvió la situación procesal con una falta de mérito: un estadio en donde no hay pruebas ni para procesar ni para sobreseer.
“Los dichos de Leonardo Fariña son contundentes y opuestos: Lázaro se percibía a sí mismo como único dueño de esa fortuna y actuaba en consecuencia”, advirtió el juez .
En ese sentido, Casanello recordó que en la causa de la obra pública, por la que Cristina irá a juicio en febrero, se analizan las concesiones que se le adjudicaron a Báez. Y en los expedientes Los Sauces y Hotesur investigan los “retornos” del empresario patagónico a la entonces familia presidencial con el alquiler de propiedades o habitaciones.
“En contraste, las pruebas recolectadas en este expediente n° 3017/13 acreditan que la fuga de dinero ilícito negro al exterior -comprobada y hoy en juicio- se inició luego del fallecimiento de Néstor Kirchner por lo que hasta ahora luce como un circuito autónomo”.
Así las cosas, el juez ordenó reiterar el exhorto internacional a los Estados Unidos, solicitar la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a los fines de que se recabe toda la información relacionada a unas firmas investigadas, en especial de Aldyne LTD, y requerir a la AFIP que “recabe y aporte toda la información posible de las compañías” involucradas en el procesamiento dictado el año pasado.
También dispuso que la Unidad de Información Financiera, en su rol de organismo técnico y querellante ” realice las tareas de inteligencias propias que le confiere la ley -y mediante el intercambio pertinente con sus pares extranjeros-, y confeccione un amplio informe completo de las empresas offshore mencionadas, en especial Aldyne LTD.
Busca además “que se identifique si continúan activas, si fueron titulares y/o beneficiarios finales de productos bancarios yentidades, quiénes son los propietarios y/o beneficiarios finales -en su caso-, a través de quién se han constituido y qué personas físicas podrían estar detrás de las mismas, la interacción que han tenido, y, en especial, cuál es el vínculo que las une con Lázaro Antonio Báez o Cristina Fernández de Kirchner, y si alguna de aquellas ha administrado, recibido y/o enviado transferencias a alguna otra firma relacionada directamente con Lázaro Antonio Báez y Cristina Fernández”.

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Cristina Fernández reclamó que el Estado no compense a las empresas de gas por la devaluación

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La ex presidenta consideró que los ciudadanos “comunes” y las Pymes tuvieron que sobrellevar la disparada del tipo de cambio y “nadie les cubre nada”
La ex presidenta Cristina Kirchner pidió este miércoles que las productoras y distribuidoras de gas “absorban la devaluación como lo ha hecho el resto de los argentinos” y cuestionó la decisión del gobierno de que el Estado se haga cargo de ese costo, que en principio iba a ser cubierto por los usuarios mediante el pago en cuotas adicionales.
Así lo expresó desde su banca en el Senado de la Nación, donde adelantó que su bloque no acompañará el proyecto de comunicación para dejar sin efecto el aumento del gas, porque con esa iniciativa el Estado “se va a hacer cargo con recursos públicos de pagar esto, y no es justo”.
El proyecto de comunicación consensuado entre los jefes de bloque luego de una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, establece “dejar sin efecto la resolución 20/2018” que estableció un aumento adicional retroactivo sobre las tarifas de gas para compensar la devaluación en 24 cuotas.
Sin embargo, la ex presidenta sostuvo que “no es posible” que el Senado derogue una resolución de la Secretaría de Energía ya que “la única manera es con una ley” y criticó que el Estado se haga cargo del pago de ese aumento.
“De repente el Estado se va a hacer cargo con recursos públicos de pagar esto y no es justo. Hay que pensar en la legalidad y los antecedentes de afectar recursos públicos para equilibrar balances de compañías privadas”, afirmó la senadora.
“Escucho que dicen los usuarios no se van a hacer cargo. ¿Quién creen que es el Estado? ¿La plata la sacan Macri e Iguacel de su bolsillo?”, señaló Kirchner, y agregó: “No cuenten con el voto de nuestro bloque”.
La iniciativa cuenta con el respaldo tanto de Cambiemos como del Bloque Justicialista y otras bancadas opositoras, y se presenta en rigor como una “manifestación política” respecto del aumento previsto, según señalaron senadores oficialistas.
Y es que pese a la aprobación del proyecto de comunicación, el Gobierno emitirá una nueva resolución para dejar sin efecto la 20/2018 según les confirmó Frigerio a los jefes de bloque en la reunión que mantuvieron antes de la sesión.
Reclamo en Twitter
Minutos antes de presentarse en la Cámara Alta, la ex presidenta había rechazado la propuesta oficial desde las redes sociales.
“Acabo de leer la noticia acerca de que el Estado se haría cargo de una parte de la rentabilidad de las empresas en materia de tarifas de gas, por el impacto que tuvieron en sus balances por la devaluación. De guatemala a guatepeor”, indicó.
La ex mandataria, en su cuenta de la red social Twitter, dijo que “este ya ni siquiera es un gobierno de ricos para ricos, sino de algunos ricos para ellos mismos y para sus amigos”.
“Espero que lo publicado sólo sea un error de información y que las empresas productoras y distribuidoras de gas absorban la devaluación como lo ha hecho el resto de los argentinos y argentinas de a pie, los comerciantes y los empresarios”, afirmó.
Dijo que “no sólo a los ciudadanos y ciudadanas de a pie, también a las pymes e incluso a las grandes empresas que no tuvieron la visión de invertir en servicios públicos o en producción de petróleo y gas”.
“En criollo: al ciudadano o ciudadana común que sufrió el impacto de la devaluación en su salario, en el supermercado, en la prepaga, en el colegio de sus hijos, en el transporte, en los medicamentos… A esos nadie les cubre nada y les sigue aumentando todo”, remarcó.
Sobre la marcha atrás del Gobierno, sostuvo: “Ahora van a destinar recursos públicos, o sea impuestos que pagamos todos y todas, para que las millonarias cifras de ganancias en dólares que las empresas lograron por los tarifazos, no disminuyan por la devaluación”.

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Cuadernos: Bonadio procesó con prisión preventiva a Cristina como jefa de una asociación ilícita

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Como estaba previsto, el juez federal Claudio Bonadio procesó este lunes con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina de Kirchner por considerarla “jefa” de una asociación ilícita en la causa por supuestos pagos de coimas de empresarios a ex funcionarios por la obra pública durante su mandato. Además, el magistrado volvió a pedir el desafuero de Cristina Kirchner al Senado y procesó también a ex funcionarios y empresarios.
Hasta el momento, la causa tiene una veintena de “imputados colaboradores”, otros tantos detenidos y un prófugo: entre los “arrepentidos” se encuentra Oscar Centeno, chofer del ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, así como empresarios y ex integrantes de la gestión de Cristina Kirchner.
En la víspera Cristina cuestionó los allanamientos en su vivienda de El Calafate y difundió un video en el que denunció un faltante de objetos personales de valor luego del operativo que ordenó el juez federal Claudio Bonadio en sus casas de Santa Cruz y Recoleta tras conseguir el aval del Senado en sesión especial.
“Esta casa, hace tres semanas fue más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadio envió no para recabar información en la causa que tiene a su cargo sino simplemente como un capítulo más de humillación y de persecución”, lanzó.
Semanas atrás, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 que encabeza Bonadio difundió un informe sobre la causa de los Cuadernos en el que sostuvo que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, junto al exministro de Planificación Federal Julio de Vido, “comandaron una organización delictiva” tendiente a la percepción de sumas de dinero ilegítimas. 
Según el magistrado, esta organización estaba conformada por “funcionarios públicos” y se valía de “medios oficiales” como vehículos, empleados, equipos de telefonía celular y otros elementos para recaudar dinero de “diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”. 
Para la investigación, este procedimiento se extendió entre los años 2008 y 2015. El informe da cuenta que a través de distintas medidas de prueba como tareas de inteligencia, informes, e intervenciones telefónicas pudo comprobarse la “verosimilitud” de la información plasmada en los registros del chofer Oscar Centeno.
Así, indica que se obtuvieron indicios que “prima facie” permitieron sostener que, durante los ocho años mencionados los funcionarios Roberto Baratta, Nelson Javier Lazarte, Hernán Camilo Gomez, Fabián Ezequiel García Ramón, Rafael Enrique Llorens y Walter Fagyas “efectuaron cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno”. 
Estos, los derivaban a otros funcionarios como José María Olazagasti, Hugo Martín Larraburu, Juan Manuel Abal Medina y Héctor Daniel Muñoz “quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido”.

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Los puntos principales de los escritos de Cristina: nulidad y apartamiento del juez y el fiscal

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La expresidente y actual senadora Cristina de Kirchner concurrió este lunes a los tribunales de Comodoro Py para la indagatoria a la que fue citada en el marco de la causa por presuntas coimas en la obra pública durante su mandato y el de su esposa, Néstor Kirchner. 
Cristina no declaró, sino que presentó un escrito con su descargo por la causa, con duras críticas al proceso judicial y en el que apuntó a la familia de su sucesor. “Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás ‘Nicky’ Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública. Todos emblemáticos integrantes de la “Patria Contratista” surgida durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los ’80 y los ’90. Además, resulta absurdo que dichos empresarios intenten aparecer como víctimas de ese proceso o esas prácticas”, afirmó la exmandataria.
En uno de los escritos, la exmandataria pidió el apartamiento del juez Claudio Bonadio -a quien calificó de “juez enemigo”- y del fiscal federal Carlos Stornelli. Y señaló que las actuaciones deben ser remitidas al juez federal Julian Ercolini, quien sigue las causas Hotesur y Los Sauces.
En la causa Los Sauces Cristina Kirchner está imputada también como jefa de una asociación ilícita junto a sus hijos Máximo y Florencia, y en esa investigación también se sospecha de irregularidades con la obra pública.
En un segundo escrito, pidió la nulidad de la causa por el origen que tuvo la misma: “A partir de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional”.
En un tercer escrito, recusó a Bonadio y al fiscal Stornellli: fueron “elegidos a dedo el juez y el fiscal, estos decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas”.
“En este sentido, la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, en particular, la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta”, evaluó.
Tras denunciar “graves arbitrariedades” por parte de Bonadio en su contra en otras causas, la exmandataria apuntó contra la investigación que ahora sigue el magistrado.
“En el marco de este proceso, siguiendo las mismas prácticas delictivas de siempre, Bonadio dispuso arrestos ilegales, ordenó procesamientos infundados, trabó embargos millonarios y dictó prisiones preventivas ilegítimas, manteniendo incluso la increíble calificación legal escogida”, señaló.
La senadora señaló que desde que asumió el presidente Mauricio Macri se dictaron en su contra “cinco procesamientos” y subrayó: “increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015”.
Subrayó también: “pareciera ser que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo por el voto popular durante ocho años, habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa”.
“Semejante disparate, construido de una manera totalmente ajena al marco constitucional y legal vigente resultó posible habida cuenta de las interferencias que sobre la justicia viene desarrollando el Poder Ejecutivo de la Nación y en virtud de la protección mediática que todas estas operaciones han recibido en los últimos dos años y medio”, añadió.
Para Cristina Kirchner, “estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo, actor principal del lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI”.
“A diferencia de las últimas dictaduras que asolaron la región en la segunda parte del siglo XX y que se manifestaban eliminando físicamente a sus adversarios, en un novedoso y aceitado engranaje mediático-judicial se recurre ahora a la estigmatización, al juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política”, señaló.

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Coimas: Cristina presentó escrito, acusó a Bonadio de “persecución” y le apuntó a la familia Macri

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La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó en los tribunales de Comodoro Py a declarar por la causa de los cuadernos sobre las supuestas coimas en la obra pública, y presentó un escrito en el que denunció una “decisión política del Poder Judicial -en su más alta expresión- en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadio como brazo de persecución contra mi persona“.
En su presentación, la exmandataria negó los cargos en su contra y pidió la recusación del juez (Claudio Bonadio) y del fiscal de la causa (Carlos Stornelli). 
Así llegaba el juez federal Claudio Bonadio a los tribunales de Comodoro Py. (Imagen: NA).
La defensa de la senadora, Juan Carlos Beraldi, argumentó que las actuaciones deben ser remitidas al juez federal Julian Ercolini.
“Se inauguró una nueva categoría jurídica que excede la del Juez parcial o “no Juez” que enseñaba Baigún: se trata del Juez enemigo, actor principal del Lawfare. Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI”, reza el escrito presentado por la senadora, quien se mostró acompañada por el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois y el exembajador en el Vaticano Eduardo Valdez.
La exmandataria también apuntó contra el presidente Mauricio Macri: “Hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública”.
“Todos emblemáticos integrantes de la “Patria Contratista” surgida durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los ’80 y los ’90. Además, resulta absurdo que dichos empresarios intenten aparecer como víctimas de ese proceso o esas prácticas”, añadió en este marco.
Sobre la investigación por presuntas coimas en obras públicas, aseguró que “elegidos a dedo el juez y el fiscal (Carlos Stornelli), estos decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas”.

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