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Venezuela: movilizaciones y continuidad institucional tras el ataque militar de EE.UU.

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Luego del ataque militar que generó conmoción en Venezuela, el país atraviesa horas de fuerte movilización social y definiciones institucionales clave. Según describió el periodista venezolano Ernesto Navarro, en diálogo con Radio Open 101.7, la reacción popular fue inmediata, organizada y sin desbordes, con concentraciones multitudinarias en Caracas y en el resto de los estados del país, en rechazo al ataque y en respaldo al orden constitucional.

El escenario se desarrolla en un contexto político sensible: este 5 de enero se instala formalmente la nueva Asamblea Nacional, tal como establece el mandato constitucional, mientras el gobierno activó mecanismos de continuidad ante la ausencia del presidente Nicolás Maduro, a quien Navarro definió como “bajo una situación de secuestro”.

Movilización social y organización territorial tras el ataque

Desde Carrizal, a 18 kilómetros de Caracas, Navarro explicó que la población venezolana reaccionó “con rapidez y cordura” frente a un hecho que calificó como “difícil de digerir”. El periodista destacó que Caracas fue escenario de una movilización impresionante, con miles de personas que salieron a condenar el ataque militar y a exigir el regreso del presidente.

Las manifestaciones no se limitaron a la capital. De acuerdo con el relato, hubo movilizaciones en los 24 estados del país, de los cuales 23 están gobernados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que facilitó una respuesta territorial coordinada. Navarro subrayó que esta capacidad de reacción se apoya en un entramado de organización social de base, impulsado por ley, que obliga a las comunidades a organizarse en comunas para acceder a créditos y obras sociales.

“Eso se vio no solo en la reacción rápida del pueblo, sino también en la organización”, señaló, al tiempo que remarcó que el mensaje dominante fue el de actuar con “nervios de acero”, una consigna que, según indicó, el propio presidente Maduro suele utilizar en contextos de crisis.

Continuidad institucional y rol de la Asamblea Nacional

En paralelo a la movilización social, el país transita un momento institucional relevante. Este 5 de enero, conforme al calendario constitucional, asume funciones la nueva Asamblea Nacional, lo que agrega un elemento central al escenario político.

Navarro explicó que, ante la ausencia del presidente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia realizó una interpretación de la norma y ordenó que la vicepresidenta asuma las funciones del jefe de Estado de manera temporal. Según sostuvo, la Constitución venezolana prevé mecanismos de continuidad ante ausencias, aunque “ninguna constitución del planeta prevé el secuestro del jefe de Estado”.

Desde esa perspectiva, el periodista remarcó que el chavismo mantiene el control del gobierno nacional y que el funcionamiento institucional continúa, incluso en un contexto que definió como “extraordinario”.

Oposición, escenario internacional y expectativas sociales

En relación con la oposición, Navarro diferenció entre los sectores que actúan dentro del país y aquellos que, según afirmó, se encuentran fuera de Venezuela y tienen mayor visibilidad en la prensa internacional. Señaló que los partidos de oposición que participan de la vida política interna cuentan con representación parlamentaria y rechazaron una agresión militar contra el país, sumándose a una convocatoria unitaria previa.

En contraste, indicó que los sectores que promueven sanciones o intervenciones desde el exterior “no tienen capacidad de movilización interna”, mientras que la oposición que permanece en Venezuela apuesta al juego democrático y al respeto del orden constitucional.

Respecto del clima social, Navarro sostuvo que la población muestra disciplina política y alto nivel de conciencia, producto de los últimos veinte años de conflictividad. “No hay desbordamientos ni justicia por mano propia”, afirmó, y anticipó que en los próximos días el accionar popular seguirá canalizado a través de convocatorias oficiales y conducción política.

Finalmente, señaló que existen conversaciones y negociaciones a nivel del alto gobierno, cuyos resultados se conocerán con el correr de las horas, en un escenario que permanece dinámico y abierto.

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Delcy Rodríguez propone a Trump una agenda de cooperación tras la captura de Maduro

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En medio de la detención y judicialización del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos, la funcionaria a cargo de la transición política en Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó formalmente a Washington a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”. El pronunciamiento se produjo horas después de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que su país está “a cargo” de Venezuela y que necesita “acceso total” a sus recursos estratégicos, en particular el petróleo.

El cruce de mensajes marca un punto de inflexión institucional tras la captura de Maduro en Caracas el sábado y su posterior traslado a Nueva York, donde este lunes debe comparecer ante un juez federal por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo. La situación abre un escenario de redefinición política, diplomática y económica, con impacto directo en la relación bilateral y en la transición interna venezolana.

El mensaje de Rodríguez: paz, cooperación y nueva diplomacia

El domingo por la noche, Rodríguez difundió un comunicado a través de su canal de Telegram en el que reafirmó la “vocación de paz” de Venezuela y su aspiración a vivir “sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional”. En el texto, sostuvo que “la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”.

La funcionaria, que asumió de manera temporal la presidencia con el aval de la Corte Suprema y de las fuerzas militares, planteó como prioridad avanzar hacia un nuevo esquema de relaciones exteriores. “Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia”, afirmó.

Rodríguez extendió además una invitación directa al gobierno estadounidense: “Extendemos la invitación al gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

El pronunciamiento se conoció instantes después de declaraciones públicas de Trump, quien aseguró que Estados Unidos mantiene contactos con “la gente que acaba de asumir el cargo” en Venezuela. Consultado sobre quién ejerce el control político, evitó precisiones: “No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida”.

Trump, los recursos estratégicos y la presión judicial

Desde Washington, Trump afirmó que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos, aunque aclaró que aún no habló personalmente con ella. “Hablaré con ella en el momento adecuado”, dijo. En ese marco, el mandatario vinculó la cooperación con intereses estratégicos concretos: “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo”.

El presidente estadounidense describió a Venezuela como “un país muerto” y sostuvo que serán necesarias “grandes inversiones de las compañías petroleras” para poner en funcionamiento su infraestructura. Trump rechazó que Rodríguez haya respondido con críticas formales a la operación que derivó en la captura de Maduro, pese a que la dirigente había calificado ese accionar como una violación del derecho internacional y de la soberanía. “Ustedes escuchan a una persona diferente de la que yo escucho”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en paralelo al avance del proceso judicial contra Maduro. Trump anticipó que el país enfrentará “un juicio muy duro” y aseguró que “el caso es infalible”. “La gente está muy contenta con lo que hemos hecho”, declaró.

Maduro tiene previsto comparecer este lunes al mediodía ante un tribunal federal de Nueva York, bajo la supervisión del juez de distrito Alvin K. Hellerstein, a quien Trump calificó como “muy respetado”.

Comisión política y el inicio formal del proceso contra Maduro

Tras los comunicados cruzados, el gabinete chavista informó la creación de una comisión “de alto nivel” destinada a buscar la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. El anuncio fue realizado por el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien integrará el grupo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el canciller Iván Gil.

En paralelo, Delcy Rodríguez encabezó el domingo su primera reunión del Consejo de Ministros, apenas un día después de asumir formalmente la presidencia interina.

El núcleo del expediente judicial contra Maduro gira en torno a cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de drogas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se trata de una figura penal que combina delitos de narcotráfico con el uso de violencia o de estructuras armadas para facilitar la distribución de estupefacientes. Los fiscales sostienen que el ex líder chavista participó durante años en un entramado destinado a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense, utilizando al Estado venezolano como plataforma de protección y logística.

Las acusaciones no son nuevas. En marzo de 2020, fiscales federales ya habían presentado cargos formales contra Maduro y otros altos dirigentes, vinculándolos con el denominado Cartel de los Soles. El expediente también menciona a Cilia Flores, señalada como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto actividades ilícitas, y recuerda que dos de sus sobrinos fueron condenados en Nueva York en 2017 por intentar introducir cocaína en Estados Unidos.

Desde el punto de vista judicial, la audiencia de este lunes no implica aún un juicio ni una evaluación de pruebas, sino el inicio formal del proceso con el acusado presente. En esa instancia, la fiscalía detallará los cargos, la defensa podrá plantear objeciones preliminares y el juez resolverá cuestiones como la detención preventiva, el calendario procesal y las condiciones de acceso a la evidencia.

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Justicia de EE.UU. activa la causa contra Maduro y abre un frente judicial clave

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Nicolás Maduro comparecerá este lunes al mediodía ante un juez federal del Distrito Sur de Nueva York para ser notificado formalmente de los cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas que enfrenta en Estados Unidos. La audiencia inicial marca su ingreso al sistema judicial estadounidense y abre una etapa procesal de alto impacto político, diplomático e institucional, tanto para Venezuela como para la región.

Según informó el tribunal, el objetivo de esta primera instancia es comunicar oficialmente las acusaciones, garantizar el acceso a asistencia legal y fijar las pautas iniciales del procedimiento, incluida una eventual solicitud de prisión preventiva. Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen bajo custodia federal tras su detención el sábado en Caracas durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Nueva York.

Los cargos por narcoterrorismo y el alcance de la jurisdicción estadounidense

El eje de la causa se centra en cargos por “narcoterrorismo”, una figura penal que, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, combina delitos de narcotráfico con el uso de violencia o de estructuras armadas destinadas a facilitar la distribución de estupefacientes. La fiscalía sostiene que Maduro participó durante años en un entramado orientado a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense, utilizando al Estado venezolano como plataforma de protección y logística.

Las acusaciones se remontan a marzo de 2020, cuando fiscales federales presentaron cargos formales contra Maduro y otros altos dirigentes venezolanos, vinculándolos con el denominado Cartel de los Soles, una presunta organización integrada por miembros de las fuerzas armadas y del aparato político venezolano. Según ese expediente, el objetivo del grupo consistía en “inundar” Estados Unidos de cocaína como mecanismo de desestabilización.

El escrito judicial también incluye a Cilia Flores, señalada por los investigadores como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto actividades ilícitas. Su nombre ya figuraba en antecedentes judiciales previos en Estados Unidos: en 2017, dos de sus sobrinos fueron condenados en Nueva York tras intentar introducir cocaína en territorio estadounidense, un episodio citado por la fiscalía como parte del entramado familiar y político bajo investigación.

Desde el punto de vista estrictamente procesal, la audiencia de este lunes no implica el inicio del juicio ni la valoración de pruebas. Se trata del acto que da comienzo formal al caso con el acusado presente ante el tribunal, donde la fiscalía expone los cargos y el juez adopta decisiones iniciales sobre la detención, el calendario procesal y el acceso a la evidencia.

El juez del caso y un expediente de alto voltaje institucional

El proceso quedó a cargo del juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, magistrado del Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones más influyentes del sistema judicial estadounidense en causas vinculadas con terrorismo, seguridad nacional y criminalidad internacional. Hellerstein, nacido en 1933, fue abogado del Ejército de los Estados Unidos, ejerció en el sector privado y fue designado juez federal en mayo de 1998 por el entonces presidente Bill Clinton. Desde 2011 tiene estatus de juez sénior, aunque continúa al frente de expedientes de alto impacto.

A lo largo de su trayectoria, intervino en procesos de gran repercusión pública, entre ellos las reclamaciones por daños derivados del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, el caso por acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Epstein y la causa contra Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump.

Hellerstein también lleva el expediente contra el ex general venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, ex jefe de los servicios de inteligencia del chavismo, acusado de narcotráfico en el mismo tribunal. Según la información judicial, el testimonio de Carvajal será relevante en el proceso contra Maduro. El ex general se declaró culpable el pasado verano de cuatro delitos vinculados al narcotráfico y al narcoterrorismo y decidió colaborar con las autoridades estadounidenses.

El juez federal Alvin Hellerstein

Proyección política y judicial del caso

La comparecencia de Maduro ante un juez federal estadounidense proyecta consecuencias que exceden el plano estrictamente judicial. Por primera vez, un ex mandatario venezolano enfrenta de manera directa a la justicia federal de Estados Unidos por delitos graves, reforzando la estrategia de Washington de avanzar por la vía penal contra el núcleo del chavismo, más allá de las sanciones económicas y el aislamiento diplomático de los últimos años.

El expediente también plantea debates jurídicos de fondo, como el alcance de la jurisdicción estadounidense sobre hechos ocurridos fuera de su territorio y el eventual estatus que Maduro podría invocar como ex jefe de Estado. Según la posición de Washington, cualquier protección asociada a ese cargo quedó anulada tras su salida forzada del poder.

En términos procesales, se anticipa un recorrido extenso, con audiencias preliminares, disputas sobre la admisibilidad de pruebas y eventuales negociaciones. La fiscalía deberá acreditar no solo la existencia de envíos de droga, sino el rol específico de Maduro en su planificación, coordinación o encubrimiento, un desafío probatorio central del caso.

Más allá del desenlace judicial, la imagen del ex líder chavista ante un tribunal federal sintetiza un giro de alcance mayor: el traslado del conflicto venezolano al terreno de la justicia penal internacional, con Nueva York como escenario clave de una disputa sobre responsabilidades, poder y legalidad tras más de dos décadas de gobierno en Venezuela.

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