Climate Tracker América Latina

Historial de incumplimientos climáticos pesa sobre la COP30 en Belém

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Escribe Emilio Godoy / Inter Press Service – Las cumbres climáticas tienen una ineludible lista de metas, compromisos y procesos inconclusos. En la antesala de una nueva conferencia, la COP30, a realizarse en Belém do Pará, en la Amazonia brasileña, desde el lunes 10 de noviembre, fue el propio secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien lo reconoció.

“Fallamos en evitar un aumento de temperatura bajo 1,5°C en los próximos años”, dijo en entrevista con Sumaúma, en referencia a la meta principal del Acuerdo de París sobre cambio climático.

Pero la situación no es nueva. La historia, desde al menos la 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc), en la ciudad escocesa de Glasgow, es una de incumplimientos y de avances escasos, tanto en América Latina como en el mundo, como lo exhibe una revisión realizada por este medio. 

Un ejemplo es la famosa “salida” de los combustibles fósiles y el aumento de generación a partir de energías renovables, acordados en el marco del Balance Mundial realizado en la COP28 en Dubái.

Para Claudio Angelo, del brasileño Observatorio del Clima, el problema consiste en la falta de plazos y formas de aplicación de las medidas en torno a compromisos como el abandono progresivo de los combustibles fósiles y el crecimiento de la generación de energía renovable.

“Nadie o casi nadie dijo lo que iba a hacer para su salida en las NDC. Las renovables avanzan sin concomitantemente abandonar fósiles, tendremos un escenario de adición, no una sustitución. Brasil no es un buen ejemplo, porque la generación siempre fue renovable”, analiza desde Brasilia.

Las NDC son las contribuciones determinadas a nivel nacional, el conjunto de políticas voluntarias de mitigación que cada país presenta para cumplir con el Acuerdo de París firmado en 2015. Y un común denominador, explica Angelo, es precisamente la ausencia de los compromisos obtenidos en los documentos que deberían guiar las políticas climáticas.

Si bien el Balance Mundial —proceso mediante el cual los países y otros actores revisan su avance hacia los objetivos de reducción de emisiones y control del calentamiento global—, junto con otras iniciativas como la la Alianza de Marrakech para la Acción Climática Global —una plataforma que vincula a gobiernos, ciudades, empresas y pueblos indígenas con el fin de reducir emisiones y fortalecer la resiliencia frente a los impactos climáticos—, marcan la ruta para cumplir con el Acuerdo de París, esta ha sido muy accidentada.

El estado de los compromisos de cara a Belém

La nororiental ciudad de Belém, en el estado amazónico de Pará, será la casa de la COP30 entre el 10 y 21 de noviembre, en busca de nuevas metas y de retomar – teóricamente – la senda perdida hacia el control de la catástrofe climática.

Un análisis de Carbon Brief muestra que apenas un tercio de las nuevas NDC menciona el compromiso de salida de los combustibles fósiles acordado en el Balance Mundial de la COP28. Brasil, por ejemplo, menciona el compromiso de salida de los fósiles, pero no establece metas concretas ni fechas para realizarlo. 

Las NDC son, precisamente, los instrumentos donde se deberían explicitar las medidas concretas para lograr los compromisos realizados. 

El caso brasileño —país que preside la COP30— se suma al de los otros grandes de la región, como México y Argentina. Si bien los tres han aumentado la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, se ha tratado más de una complementariedad que de una sustitución, ya que continúan con fuertes inversiones en los fósiles.

De los países de la región, solo Chile y Cuba mencionan y establecen metas concretas y medibles para la salida de los fósiles, según establece un análisis del think thank E3G. Colombia, el único país productor de fósiles que suscribe al voluntario Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, menciona la meta pero no establece medidas concretas a nivel nacional.

En su nueva NDC, Brasil se compromete al incremento de la participación de tecnologías y fuentes limpias, renovables y de bajo carbono en la matriz nacional.

Pero, a pesar del progreso renovable, la dependencia de Brasil de los combustibles fósiles contradice su política climática. El país figura entre las 10 naciones con las mayores reservas de crudo desarrolladas y planea aumentar su producción de gas y petróleo.

La producción de petróleo totalizaría 5,3 millones de barriles diarios (mb/d) en 2030 y disminuiría a 4,4 Mb/d en 2034, para un aumento de 30 % frente a 2023. Mientras, la producción de gas saltaría a 118% en 2031, en comparación con 2023.

Al mismo tiempo, el grupo petrolero estatal Petrobras ya recibió un permiso de exploración de petróleo en la desembocadura del río Amazonas. 

En los últimos años, se ha vuelto costumbre que cada COP termine con una declaración final, de naturaleza política y que recoge los principales compromisos asumidos.

Sin embargo, hay voces que apuestan a que no existan más y se apliquen mecanismos de implementación que den seguimiento real a los compromisos plasmados en años anteriores.

Las COP también han sido sede de una serie de compromisos voluntarios de los países, acordados por fuera de los mecanismos propios de la Cmnucc y, por ello, libres de escrutinio dentro del sistema climático internacional.

Según un conteo del sitio Ambición COP,  desde 2021, América Latina ha asumido 444 compromisos voluntarios, con Brasil a la cabeza (45), seguido por Chile y Colombia (43 cada uno), México (28) y Argentina (21).

En cumbres climáticas, como la 29 en Bakú, La capital de Azerbaiyán, los países participantes asumieron y reafirmaron metas climáticas, algunas de ellas voluntarias, de escaso avance. Imagen: Cmnucc

Defectos comunes

México vive una contradicción similar a la de Brasil. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido 12 300 millones de dólares para generación renovable. Y 3600 millones para producción fotovoltaica descentralizada en las casas. Mantiene la política de apoyo público a las estatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El gobierno ha establecido un objetivo para que Pemex aumente la producción de petróleo de 1,5 mbd a 1,8 millones a 2035, así como la producción gasífera, de 3800 millones de pies cúbicos (p3) diarios a 5000 millones de p3.

Entre 2013 y 2024, el gobierno mexicano proporcionó a Pemex unos 140,000 millones de dólares en apoyo financiero, de los cuales asignó 105,000 millones después de 2019, mientras el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) frenaba la transición energética.

Sheinbaum, su sucesora, anunció en agosto último la construcción de dos plantas termosolares en el noroccidental estado de Baja California Sur. Para la generación de más de 100 megavatios.

La matriz mexicana depende de los fósiles, pues en la producción energética representa  90 % y en la eléctrica, casi 80 %. Las renovables aportan 21 % de la generación eléctrica del país.

El nuevo plan eléctrico mexicano considera adiciones de energía eólica de 23,5 % y de solar fotovoltaica de 44 % para 2030. De esa cuenta, la meta de energía limpia consiste en 38,5 % para 2030 y 43,7 % para 2039.

Sin embargo, estos anuncios quedan cortos frente al compromiso asumido en Dubái.

“No hay modalidades y guías de aplicación. Nos falta una interacción más clara entre la ambición y la aplicación, tenemos que promoverla y a partir de ella, elevar la ambición. La presidencia (brasileña) de la COP tiene el reto de cómo pasar de la promesa a la acción”, dice Mariana Gutiérrez, gerente de Diplomacia y Transparencia Climática de la no gubernamental Iniciativa Climática de México, desde Ciudad de México.

Por otro lado, en Argentina la transición marcha en reversa durante la gestión del ultraderechista Javier Milei desde 2023. Pues más de la mitad de la electricidad procedió del petróleo y gas en 2024, mientras las renovables representaron 13 %.

Para este año, Argentina asumió el compromiso de la contribución renovable de 20 %.

A diferencia de otros países latinoamericanos y pese a su dependencia fósil, Colombia tiene metas ambiciosas de transición, con la incógnita del avance que logren.

Tres cuartos de la energía generada dependen de petróleo, gas o carbón y menos de 5 % de renovables no convencionales. En la generación eléctrica, el protagonismo lo tienen las hidroeléctricas con 58 %. Más de un tercio proviene de fósiles y el aporte de solares y eólicas es mínimo. 

Los escenarios del Plan Nacional de Energía 2022-2052 de Colombia proyectan reducciones a largo plazo en la producción de combustibles fósiles. La Hoja de Ruta para una Transición Energética Justa reitera la intención gubernamental de la eliminación gradual de la producción fósil.

Para ese propósito, Colombia anunció 14 500 millones de dólares para la transición energética, incluido el alejamiento de la producción fósil.

En un bosque

Otros compromisos han corrido el mismo destino. Por caso, deforestación, meta voluntaria asumida en la COP26 de Glasgow y repetida en la cumbre de Dubái.

La Declaración de Líderes sobre los Bosques y el Uso de la Tierra de Glasgow de 2021. Que respaldaron unos 150 países, consiste en el freno y reversión de la pérdida de bosques y la degradación del suelo para 2030.

Al año siguiente, el planteamiento mutó a la Alianza de Líderes de Bosques y Clima, durante la COP27. Celebrada en Sharm el Sheij (Egipto), y la declaración final de Dubái recogió los objetivos del anuncio de Glasgow.

Pero como lo muestra el reciente reporte “Evaluación de la declaración de bosques 2025”. La brújula hacia la meta de cero deforestación de 2030 está extraviada.

Por mucho, Brasil encabeza el problema en la región, con un nivel de 1.89 millones de hectáreas en 2024. Si bien la tendencia viene a la baja desde 2021. Luego del desastre ambiental empujado por la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2023).

Para Angelo, del Observatorio del Clima, el tema forestal es menos complicado, pero “igual los criterios y plazos, especialmente el financiamiento. Es algo que hace falta definir” y resalta “la necesidad” de una hoja de ruta para la salida de fósiles y deforestación cero. Pero cuestiona que “ni siquiera están en la agenda formal”.

Le sigue Colombia, con un nivel de 200 000 hectáreas en 2023, más que el año previo. Mientras, México presenta una tendencia alcista desde 2020, con una tala de 180 000 hectáreas en 2023. En ese mismo año, Argentina perdió 130 000 hectáreas de bosque, tendencia a la baja desde 2021.

Para la mexicana Gutiérrez, la COP30 “debería ser el momento adecuado para evaluar avances, corregir el rumbo y acelerar la aplicación de los compromisos globales”.

Un asunto gaseoso

El combate a las emanaciones de metano, especialmente procedentes de la industria de hidrocarburos. Ha corrido también la misma suerte que otros compromisos, voluntarios o no.

Desde el lanzamiento del Compromiso Global de Metano de la COP28 en Glasgow, acordado por unos 150 países y que busca la reducción de emisiones en 30 %, por debajo de los niveles de 2020, para 2030, han surgido varias iniciativas de apoyo a ese compromiso, pero aún sin resultados concretos, por lo que la meta permanece lejana.

En 2024, Brasil emitió 21 882 kilotones de metano y de los cuales 1889 provienen de la producción energética. Para situarse en el cuarto puesto global. Un kilotón equivale a 1000 millones de toneladas.

Su NDC menciona someramente la reducción de emisiones del petróleo y gas.

Entre tanto, Chile generó 16 384 kilotones en 2022 y de los cuales 14 % se originó en el ramo energético. La meta de su NDC es la reversión del crecimiento en 2025.

Argentina, por su parte, lanzó a la atmósfera 5430 kilotones y de los cuales casi un tercio provino del sector energético, detrás del ramo agrícola.

México es el décimo contaminador mundial, al emitir 6449 kilotones, de los cuales 1989 procedió de la explotación de hidrocarburos.

Uno de sus mayores problemas es la quema y el venteo de gas en instalaciones de hidrocarburos, al punto que alcanzó 5724 millones de metros cúbicos en 2024. Con un crecimiento de 4 % frente al año previo, para situarse entre los nueve países con esas prácticas.

En la región, Colombia es de los menores emisores, con 3641 kilotones, 814 originados por los hidrocarburos.

Brasil, Colombia y México respaldan la meta de cero quema de gas en 2030 del Banco Mundial, mas no Argentina.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ya alertó de la gravedad del problema en un reciente informe. Al señalar que las empresas y gobiernos en el mundo solo atendieron 12 % de las 3500 alertas sobre fugas de metano que el organismo mundial lanzó en 2024. Y por lo que las metas globales de reducción de esas emisiones están lejanas.

Este reportaje se elaboró con el apoyo del programa de cobertura de la COP30 de Climate Tracker América Latina, respaldada por Oxfam.

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El cambio climático reducirá drásticamente las cosechas

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Inter Press Service – El cambio climático socavará drásticamente la productividad agrícola y el bienestar humano, con algunos de los mayores riesgos concentrados en los países menos capacitados para adaptarse, expuso un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

Los datos del Pnud muestran que los países más pobres del mundo se enfrentan a algunas de las mayores pérdidas en productividad agrícola, con una proyección de disminución de la producción media nacional de cultivos de entre 25 % y 30 % para finales de siglo, en un escenario de emisiones muy elevadas.

Controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, que calientan la atmósfera, es un objetivo global, y la inmensa mayoría de las naciones, en el Acuerdo de París de 2015, fijó el objetivo de que para finales de siglo la temperatura media del planeta no exceda de dos grados centígrados (°C) sobre los niveles de la era preindustrial.

Ahora, el estudio de la plataforma Human Climate Horizons, del Pnud, afirma que, incluso considerando la adaptación de los agricultores al cambio climático, más de 90 % de los países evaluados (161 de 176 analizados) experimentarán disminuciones en el rendimiento de los cultivos básicos para finales de siglo.

La investigación analizó seis cultivos básicos: maíz, arroz, trigo, soja, yuca y sorgo.

El África subsahariana y partes de Asia, donde los agricultores dependen en gran medida de la lluvia en lugar del riego, son especialmente vulnerables y tienen menos recursos para adaptarse a las condiciones cambiantes.

Pero las potencias agrícolas tampoco se salvan. Las economías consideradas “graneros del mundo” -incluidas las principales productoras de trigo y soja- no están aisladas del impacto.

Bajo un calentamiento severo, esas potencias muestran las mayores pérdidas de rendimiento, con caídas que alcanzan a 40 %, lo que podría generar efectos en cadena sobre los precios de los alimentos, el comercio y la estabilidad global.

De ese modo “el cambio climático no es solo un desafío ambiental; es una profunda crisis de desarrollo”, advierte el experto Pedro Conceição, director de la oficina del Informe Sobre Desarrollo Humano del Pnud.

“Las altas cosechas no solo son importantes para la seguridad alimentaria; también sustentan los medios de vida y abren caminos para la diversificación económica y la prosperidad. Las amenazas a los rendimientos agrícolas son amenazas para el desarrollo humano hoy y en el futuro”, expuso Conceição.

Un sistema alimentario ya debilitado y vulnerable

El panorama futuro mostrado se superpone a una crisis ya instalada, y el Pnud recordó que en estos días la FAO en su informe El Estado de la Alimentación y la Agricultura 2025 alertó de que la degradación del suelo causada por el ser humano ya ha reducido la productividad agrícola global en al menos 10 %.

Ese informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) indicó que la sola degradación de os suelos ha afectado la alimentación y modos de vida de unos 1700 millones de personas.

El cambio climático, por lo tanto, “no actúa en el vacío, sino que golpea un sistema alimentario ya debilitado y vulnerable, creando una tormenta perfecta para la seguridad alimentaria mundial”, expone el reporte del Pnud.

Pero el estudio también ofrece un mensaje de esperanza: reducir las emisiones importa, y cuando los países cortan las emisiones a niveles moderados, las pérdidas de cultivos hacia 2100 son menos de la mitad que bajo escenarios de altas emisiones.

Hacia un futuro sostenible y equitativo

El Pnud considera que hallazgos como los de su estudio “resuenan con la Declaración de Belém sobre el hambre, la pobreza y la acción climática centrada en el ser humano, previa a la COP30 en Brasil”, enfatizando que los sistemas alimentarios y la equidad deben ser centrales en las estrategias climáticas globales.

Se prevé que esa declaración se adopte en una reunión de líderes previa a la COP30 (la 30 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), que se desarrollará desde el 10 de noviembre en la ciudad brasileña de Belém, en plena Amazonia.

Conceição remarcó el criterio de que “el camino hacia un futuro sostenible y equitativo reside en una acción climática centrada en las personas”.

“Garantizar que cada persona mantenga el acceso a alimentos suficientes, nutritivos y confiables no es solo una cuestión de supervivencia; es una piedra angular de la dignidad y el desarrollo humano”, abundó.

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Cumbre de líderes clama por más acción frente al cambio climático

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Inter Press Service – Nuevos reclamos en favor de la acción global por el clima, y críticas al desdén por esa causa que prevalece en Washington, marcaron este jueves 6 el primero de los dos días de la cumbre de líderes mundiales que actúa de prólogo a la 30 Conferencia de las Partes (COP30) sobre cambio climático en la ciudad de Belém, en la Amazonia brasileña.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cita de líderes y de la COP30, advirtió en su discurso que “es hora de tomar en serio las advertencias de la ciencia”, poque el cambio climático podría cobrar hasta 250 000 vidas cada año y contraer en un tercio el producto interno bruto mundial.

Denunció que “las fuerzas extremistas fabrican falsedades para obtener ventajas electorales y atrapar a las futuras generaciones en un modelo obsoleto que perpetúa las desigualdades sociales y económicas y la degradación ambiental”, una crítica apenas velada, sin nombrarlo, al presidente estadounidense Donald Trump.

La cumbre de líderes reúne durante dos días a 17 jefes de Estado, otros tantos vicepresidentes o jefes de gobierno de cinco continentes, y decenas de ministros y responsables de alto nivel de otros gobiernos e instituciones internacionales.

Se estrenó como modalidad para descongestionar la carga de numerosas delegaciones que convergen en Belém, cerca de la desembocadura del río Amazonas, declarada capital temporal de Brasil, a lo largo de la COP30, que se desarrollará entre los días 10 y 21.

Lula remarcó que mientras las rivalidades estratégicas y los conflictos armados “desvían la atención y agotan los recursos que deberían destinarse a combatir el calentamiento global”, ocurre que “la ventana de oportunidad que tenemos para actuar se está cerrando rápidamente”.

Sin embargo, se declaró “convencido de que, a pesar de nuestras dificultades y contradicciones, necesitamos hojas de ruta para revertir de manera justa y estratégica la deforestación. Superar la dependencia de los combustibles fósiles y movilizar los recursos necesarios para lograr esos objetivos”.

A su turno, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió “medidas urgentes” para reducir las temperaturas globales y “mantener al alcance el objetivo de 1,5 °C”, a fin de que a mediados de siglo la temperatura media del planeta no exceda de 1,5 grados Celsius sobre el promedio de la era preindustrial.

“Cada fracción de grado implica más hambre, desplazamiento y pérdidas, especialmente para los menos responsables. Podría llevar a los ecosistemas a puntos de inflexión irreversibles. Exponer a miles de millones de personas a condiciones inhabitables y agravar las amenazas a la paz y la seguridad”, dijo Guterres.

Entre los primeros europeos en intervenir estuvieron el príncipe Guillermo de Inglaterra y el primer ministro británico, Keir Starmer. El heredero del trono hizo un apasionado llamado a los líderes para aprovechar lo que denominó “el poder del optimismo urgente”.

Starmer, en un tono menos optimista, deploró que “se ha perdido el consenso” en materia climática. Pero reiteró el apoyo británico a los compromisos que se adopten para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta.

El representante de China, Ding Xuexiang, viceprimer ministro y número tres en la jerarquía de gobierno de ese páis, llamó a “traducir el compromiso climático en acciones; las acciones hablan más que las palabras”.

“Necesitamos eliminar las barreras comerciales y fortalecer la colaboración internacional para alcanzar los objetivos globales de sostenibilidad”, agregó Ding.

Del lado latinoamericano surgieron duras críticas al presidente Trump. Comenzando con el mandatario colombiano Gustavo Petro, quien advirtió de que “el colapso se acerca si Estados Unidos no se mueve hacia la descarbonización”.

Para Petro, la ausencia en Belém de una delegación estadounidense de alto nivel “es un mensaje muy claro. “El señor Trump está contra la humanidad al no venir acá. ¿Qué hacemos? Dejarlo solo. El olvido es el peor castigo. Cuando quiera hablar, hablamos, pero sobre la vida”, apuntó.

Criticó los nuevos permisos de prospección petrolera dados por Trump en su país. “No es taladrar, taladrar y taladrar, está 100 por ciento equivocado”. Y también criticó que los países de la alianza militar atlántica, la Otan, gasten más dinero en armas pues “No es Rusia el enemigo. Es el cambio climático”.

También el presidente chileno Gabriel Boric destacó en su intervención que los actuales “son tiempos en que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la crisis climática”.

“Sin ir más lejos, el presidente de los Estados Unidos en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe. Y eso es mentira», dijo Boric.

Brasil también presentó en esta cumbre, y recibió reconocimiento y respaldo, del nuevo Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre. Que recompensará a los países que logren detener la deforestación. Canalizando recompensas de cuatro dólares por hectárea a 74 países elegibles para la conservación de sus bosques.

El Fondo prevé movilizar unos 4000 millones de dólares anuales y Brasil hará un aporte inicial de 1000 millones, se indicó.

Los discursos de la cumbre de líderes continuarán hasta el cierre de la jornada de este viernes 7. Sin que se prevea la adopción de una declaración conjunta, pues se la planteó como una reunión con amplia libertad de temas y exposiciones. Al servir de prólogo a la conferencia climática que sí debe llegar a conclusiones y compromisos.

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COP: La hoja de ruta Bakú–Belém, entre la esperanza de financiamiento y la falta de un rumbo claro

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Escribe Alonso Martínez Sequeira / Inter Press Service – Las presidencias de las COP29 y COP30 (Azerbaiyán y Brasil) lanzaron conjuntamente el miércoles 5 la Hoja de Ruta de Bakú a Belém, que debería señalar caminos para ampliar el financiamiento climático, en la antesala de la Cumbre de Líderes sobre el clima, que acoge la ciudad amazónica de Belém desde este jueves 6.

Entre recomendaciones, un marco de acción y un impuesto a los “superricos”, la propuesta carece de obligaciones legales y no entrega la tan solicitada definición de financiamiento climático, que sería importante para garantizar transferencias directas y no generadoras de deudas.

La Cumbre de Líderes, de dos días y en la que deben participar unos 57 jefes de Estado y de gobierno, de las 196 Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc), antecede a la COP30 (30 Conferencia de las Partes), que acogerá la ciudad amazónica de Belém, entre el 10 y el 21 de noviembre.

La crisis del clima la expresa Costa Rica, por ejemplo, donde el aumento del nivel del mar, una de las principales consecuencias del cambio climático, afecta a ciudades costeras del Pacífico y Caribe. Para 2100 se estima que este fenómeno alcance a, por lo menos27 000 personas en el país.

En la actualidad, cerca de 1000 millones de personas a nivel mundial ven cómo el mar le va ganando terreno a la costa y provoca una serie de problemas para las comunidades. La reubicación u otros tipos de soluciones significan grandes montos de dinero para los países con menor capacidad de adaptación debido a la falta de recursos. 

Con el objetivo de que los países más vulnerables y menos contribuyentes al cambio climático puedan contrarrestar sus problemáticas, y también avanzar en la transición energética, la Cmnucc busca impulsar metas de financiamiento desde hace diez años a través del Acuerdo de París, bajo el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.

Este concepto se refiere a que todos los países deben actuar, pero los países desarrollados del Norte global, responsables históricos de la mayor parte de las emisiones y que poseen, además, más recursos, deben liderar la acción climática y apoyar financieramente a los países del Sur en desarrollo.

En la última Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP29, realizada en 2024 en Bakú, Azerbaiyán, se acordó un nuevo objetivo de financiamiento climático (NCQG, en inglés).

El documento fija como meta que los países desarrollados “lideren” la entrega de 300 000 millones de dólares anuales hasta 2035 para las naciones en desarrollo. Además, se llama a todos los actores a escalar el financiamiento climático hacia los países en desarrollo hasta al menos 1,3 billones (millones de millones) de dólares. 

Sin embargo, la cifra de 300 000 millones quedó muy por debajo de las expectativas iniciales. La sociedad civil organizada, los países en desarrollo y diversos actores habían solicitado que el NCQG estableciera precisamente los 1,3 billones de dólares anuales como meta vinculante. 

La brecha entre esa demanda y el monto finalmente acordado provocó varios días de estancamiento en las negociaciones. Como salida a esa discusión, se adoptó la llamada “Hoja de ruta de Bakú a Belém”. Una acción con el objetivo de señalar caminos para ampliar el financiamiento hasta alcanzar los mencionados 1,3 billones de dólares.

En la última Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) realizada en 2024 en Bakú, Azerbaiyán, se acordó un nuevo objetivo de financiamiento climático. Imagen: Cmnucc

La hoja de ruta Bakú-Belém aún con dudas

Este miércoles 5 se publicó la Hoja de Ruta presentada por Azerbaiyán y Brasil como presidencias de la COP29 y COP30, respectivamente. El informe de 75 páginas ofrece recomendaciones amplias y un marco de acción en cinco ejes: reabastecimiento, reequilibrio fiscal, redirección, reestructuración y reconfiguración.

El roadmap centra gran parte de su atención en bancos multilaterales y el FMI. Dejando en segundo plano la responsabilidad directa de los países desarrollados, establecida en el artículo 9 del Acuerdo de París. Además, sugiere vías de acción externas a la Convención, como canjes de deuda y mercados de carbono.

El plan incluye solo dos compromisos formales: promover diálogos con países y actores financieros para continuar el proceso. Y crear un grupo de expertos para refinar los datos sobre los flujos de dinero.

Una de las recomendaciones llamativas del documento es el llamado impuesto a los “superricos”. Que cifran en un rango de recaudación desde los 200 000 millones de dólares hasta los 1,364 billones. Dependiendo de la tasa aplicada a los umbrales de ingresos y la participación geográfica.

Otro texto anexo al Roadmap, que resume las recomendaciones realizadas por expertos, aborda una “tributación mínima a multimillonarios” que podría recaudar hasta USD 550 mil millones anuales y que podría asignarse al fondo de pérdidas y daños producto del cambio climático a países pobres.

La Hoja de Ruta presentada utiliza un lenguaje “voluntario”, en el sentido de que no es un mandato explícito para los países. Si bien se lanzará oficialmente durante la COP30 con un evento especial, no es un espacio formal de las negociaciones.

Críticas 

La coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), Sandra Guzmán, advirtió que faltó transparencia al proceso liderado por Brasil para presentar la ruta, que además carece de respaldo político para avanzar durante la COP.

“A pocos días de la cumbre, no existía un documento público ni un borrador formal que permita a los países discutir su contenido”, explicó Guzman.

Según la especialista, la decisión de la COP no obliga a los países a aprobar o adoptar formalmente la ruta. Pero sí abre la posibilidad de que la comunidad internacional “la reciba” y establezca un mecanismo de seguimiento.

La experta explicó que, con la presentación, los países podrían decidir si aceptan el documento y abren un proceso formal para su implementación o si simplemente lo reciben sin adoptarlo.

“Si los países no logran un consenso, la ruta podría quedar varada, en letra muerta. Su avance depende completamente del acuerdo político entre las partes”, alertó Guzmán.

También la discusión podría ser incluida en el documento final integrador, pero no parece que sea un objetivo de la presidencia de la COP30.

“No hay un plan concreto. Tenemos muchos asuntos que debemos negociar y aprobar en la COP. Estamos muy satisfechos de haber cumplido con lo solicitado en la decisión (de la NCQG). Y no hay ninguna prioridad en que la COP lo apruebe, reconozca o lo que sea”, dijo André Corrêa do Lago, presidente  de la COP30 durante el lanzamiento del informe.

Por su parte, el activista y abogado costarricense Adrián Martínez, director de La Ruta del Clima, cuestiona la hoja de ruta. Según explica, el documento presenta graves deficiencias estructurales, carece de obligaciones legales y excluye las verdaderas necesidades de los países más vulnerables.

Uno de los principales errores es que sus metas, ya sean los 1,3 billones o los 300 000 millones de dólares, no son jurídicamente vinculantes.

Otro de los problemas es que aún no existe una definición de qué es financiamiento climático y este nuevo objetivo tampoco lo establece. 

“No hay una definición clara de qué es financiamiento climático, y al incluir fuentes privadas sin regulación ni objetivos claros, se corre el riesgo de que los recursos no lleguen donde más se necesitan: las comunidades afectadas por el cambio climático”, comenta.

Martínez recuerda que el nuevo esquema deja por fuera el tercer pilar de la acción climática: pérdidas y daños, un tema urgente para los países más expuestos a desastres climáticos. Solo para ese rubro se necesitarían 300 mil millones de dólares, pero el Roadmap no lo contempla, afirma.

El experto considera que la hoja de ruta responde más a intereses geopolíticos que a un esfuerzo genuino de cooperación internacional. “Este es un ejercicio de poder. No se basa en las obligaciones legales ni en las necesidades reales de adaptación o mitigación. Los países desarrollados imponen las cifras y las condiciones”, dijo.

También alerta sobre el riesgo de que el tema se desplace de la CMNUCC hacia instituciones financieras. Como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde los países en desarrollo “no tienen voz ni voto”.

“Eso sería desastroso: las comunidades que viven los impactos directos del cambio climático quedarían sin representación política. Sin poder decidir sobre los recursos que les corresponden por justicia”, advierte.

La posición de Ailac 

En las COP, los países se agrupan en bloques con los que negocian en ciertos temas. Por ejemplo, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (Ailac), que conforman Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.

Como parte del proceso, Ailac presentó en septiembre su propuesta oficial para el “Roadmap de Bakú a Belém”.

Entre sus aspiraciones a corto plazo, a 2028, el grupo plantea como prioridad inmediata diferenciar las responsabilidades entre los países desarrollados. Y otros actores como bancos multilaterales, el sector privado y fundaciones, cuyas contribuciones serían voluntarias pero rastreables. 

El bloque también propuso establecer hitos claros y cuantificables que definan cómo se alcanzará la meta anual de 1,3 billones de dólares. Incluyendo cronogramas, distribución por instrumentos financieros (donaciones, préstamos concesionales, garantías). Y el compromiso de triplicar las salidas anuales de fondos como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación para 2030.

Además, Ailac urge a los países a adoptar una definición oficial de “financiamiento climático”, lo que no ocurrió. Esta definición debería excluir los préstamos a tasas de mercado, los flujos norte-norte y la cooperación tradicional. Asegurando que los fondos sean nuevos, adicionales y asequibles.

Para 2030 el grupo enfatiza la necesidad de reformar los bancos multilaterales de desarrollo para ampliar su capacidad crediticia sin generar más deuda. Propone ajustar sus criterios de riesgo, utilizar más capital exigible y establecer metas explícitas de concesionalidad, priorizando préstamos blandos, donaciones y herramientas sin deuda. 

También pide garantizar mayor participación de los países en desarrollo en las decisiones de gobernanza de estas instituciones.

Además, AILAC solicita facilitar el acceso directo a los fondos climáticos para comunidades locales, pueblos indígenas, mujeres y afrodescendientes, mediante la simplificación de requisitos y la creación de ventanillas específicas.

En el largo plazo, el bloque identifica como desafío central movilizar capital privado mediante modelos de riesgo compartido y financiamiento combinado. Propone incentivos como bonos verdes, seguros climáticos y asociaciones público-privadas equilibradas, que no generen cargas fiscales excesivas.

El grupo negociador subraya, además, la importancia de crear plataformas nacionales de financiamiento climático, lideradas por los propios países. Que vinculen los planes climáticos nacionales con fuentes de inversión. Que permitirían aprobar programas integrales, acelerar desembolsos y garantizar que el financiamiento responda a las prioridades nacionales.

Este reportaje se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina, con el respaldo especial de la Oxfam.

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En Honduras el cambio climático avanza más rápido que sus políticas

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Escribe Breidy Hernández / Inter Press Service – Ubicado como el tercer país más vulnerable del mundo según el Índice de Riesgo Climático 2025 de Germanwatch, Honduras enfrenta una paradoja profunda: mientras su fragilidad ante huracanes, inundaciones y sequías se acentúa año con año, el país ha presentado una segunda actualización de su contribución determinada a nivel nacional (NDC, en inglés) que podría parecer más una declaración de intención que una hoja de ruta viable.

La NDC, que es el documento mediante el cual el país presenta sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero – una acción prevista en el Acuerdo de París, en el que las naciones se comprometen a frenar el calentamiento global -, promete reducir emisiones, restaurar bosques y avanzar hacia un desarrollo resiliente.​

El análisis de la NDC es la carta de presentación hondureña para la 30 Conferencia de las Partes (COP30) sobre cambio climático, que hospedará la ciudad amazónica de Belém do Pará, en el norte de Brasil, desde el lunes 10 y hasta el día 21.

Sin embargo, la gran pregunta es si este compromiso es compatible con la realidad estructural de este país centroamericano.

Con instituciones débiles, limitaciones financieras y una implementación lenta de políticas climáticas, la ambición de la NDC no parece realista, ya que el país no señaló medidas que indiquen un plan de acción concreto. Mientras, el territorio paga cada año – con vidas y pérdidas millonarias – el precio del cambio climático.

En Cedeño, una comunidad costera al sur de Honduras, el avance implacable del mar ha convertido sus calles y viviendas en escombros; hoy, sus habitantes representan el rostro humano del cambio climático, resistiendo mientras la playa y sus medios de vida desaparecen cada año bajo la amenaza de la erosión costera. Imagen: Jorge Burgos / Criterio

El documento, elaborado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), mantiene la meta de reducir un 16% de las emisiones proyectadas para 2030, además de incorporar por primera vez el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (Utcuts), en busca de mayor cobertura de fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero.

Aunque el documento oficial, presentado en abril de 2025, busca mostrar compromiso con el Acuerdo de París, los especialistas consultados por el reportaje coinciden en que la falta de financiamiento, la débil institucionalidad y la ausencia de voluntad política amenazan su cumplimiento real.

José Ramón Ávila, de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog) y voz crítica del sector social, señala que, aunque Honduras asumió trece objetivos estratégicos de mitigación y adaptación en la NDC de 2021, “la agenda climática sufre un grave retroceso porque no se están abordando los problemas fundamentales para una gestión climática favorable al país”.

Para José Ramón Ávila, la falta de voluntad política profundiza la deforestación y el avance de industrias extractivas en Honduras, quedando en deuda con la población y el ambiente. Imagen: Jorge Burgos / Criterio

Destaca la falta de acciones efectivas en temas clave como desarrollo rural sostenible, transición energética y control de la deforestación, donde predominan los anuncios sobre la implementación real.

Una ambición más metodológica que política

Toda la ambición climática nacional sigue siendo condicionada al financiamiento internacional. Según el documento oficial, el cumplimiento dependerá de la llegada de fondos externos bajo el Acuerdo de París, que cumple ahora 10 años. Esto implica que, sin recursos extranjeros, la mitigación y adaptación no avanzarán.​

Ana Rosario Velásquez, cofundadora de la Coalición Ambiental de Honduras, considera que se trata de “un plan sin músculo financiero ni capacidad institucional para ejecutarse”, subrayando la falta de una cartera de proyectos bancables, cronogramas de ejecución o mecanismos de monitoreo y transparencia.

Ana Velásquez advierte que, aunque la nueva NDC de Honduras reconoce los impactos de los eventos extremos y la necesidad de adaptación, aún no integra un enfoque operativo de ‘pérdidas y daños’, elemento fundamental en los debates internacionales sobre justicia climática. Imagen: Criterio

El incumplimiento de los compromisos financieros por parte de los países desarrollados vuelve a poner en evidencia la brecha entre las promesas y la acción climática.

Aunque existía la expectativa, por parte de la sociedad civil y de los países en vías de desarrollo, de que la nueva meta global de financiamiento (NCQG) alcanzará los 1,3 billones de dólares anuales (a partir de una estimación de cuánto dinero sería necesario para acelerar la transición energética y hacer frente a los impactos del cambio climático), el acuerdo de la última COP apenas alcanzó los 300 000 millones para 2035.

Quedó pendiente la elaboración de una hoja de ruta que, según lo pactado, deberá indicar los caminos para alcanzar los 1,3 billones (millones de millones) de dólares de financiamiento, aunque no se trata de un nuevo acuerdo oficial.

Además, esta segunda actualización de la NDC de Honduras incorpora por primera vez el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura, lo que permite contabilizar sumideros y remociones de gases bajo las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Según la Serna, esta inclusión fortalece la integridad ambiental y hace la NDC más “integral y transparente”.

Ávila señala que incluir este cambio puede tener impacto dependiendo de cómo se aplique la regulación: si hay mayor control sobre la tala y mejor gestión forestal, la emisión de gases puede reducirse, pero advierte que esto requiere voluntad política y acciones concretas que no están ocurriendo actualmente en el país.

En la Moskitia hondureña, la deforestación avanza a pesar del programa de reforestación de 900 millones de lempiras. La tala ilegal, la expansión ganadera y el narcotráfico continúan devastando bosques protegidos, como en la biosfera del río Plátano, desplazando a comunidades indígenas y poniendo en riesgo ecosistemas únicos del país. Imagen: Criterio

Por su parte,  Ricardo Pinedadirector de Sustenta Honduras, advierte que la actualización de la NDC aumenta artificialmente la línea base de emisiones; explica que tiene que ver con que la meta de reducción de emisiones es con base a una duplicación de las emisiones actuales.

“Es como querer vender una reducción de emisiones en porcentaje, pero en números reales, se está anticipando un incremento de emisiones. Como que muestra que hacen las cosas por el compromiso y no por voluntad en acción climática”, dice.

Esta “ambición metodológica” cumple con las demandas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), pero carece de una traducción práctica en políticas energéticas, agrícolas o forestales. En lugar de consolidar una visión estratégica con resultados cuantificables, la actualización convierte el ejercicio de mitigación en un cálculo contable, sin efectos reales sobre la descarbonización del país.​

Para los especialistas consultados, el problema radica en que la NDC hondureña fue construida como un documento técnico más que político, sin anclaje en planes operativos ni respaldo presupuestario que garantice su aplicación.

Velásquez advierte que Honduras “pinta de verde el fracaso” porque depende casi por completo del financiamiento internacional, sin generar recursos nacionales ni fortalecer sus propias instituciones.

Pineda añade que, con este enfoque, Honduras se autoexcluye del acceso al financiamiento climático internacional porque “no está demostrando voluntad ni claridad en sus compromisos de mitigación”, mientras que Ávila subraya que “el problema no es técnico sino político: el país carece de voluntad para transformar su modelo extractivo y energético”.

A pesar de las promesas del gobierno de Xiomara Castro y su discurso contra el extractivismo, Honduras sigue en deuda con la defensa territorial y ambiental. En Azacualpa, Copán, se otorgó un plan de salvamento en zonas de amortiguamiento de la mina San Andrés, beneficiando a filiales extranjeras como Aura Minerals. Imagen: Criterio

Adaptación: el talón de Aquiles climático

Laadaptación climática se ha consolidado como uno de los pilares más urgentes de la acción ambiental en Honduras. En la segunda actualización de su NDC, el gobierno reafirma que la meta no solo es reducir emisiones, sino también fortalecer la resiliencia de comunidades y ecosistemas ante la crisis climática.​

Además, busca fortalecer la resiliencia en sectores críticos como el agrícola, marino-costero, hídrico, infraestructura y biodiversidad, alineándose con los ejes del Plan Nacional de Adaptación (PNA).

Según la Primera Comunicación Nacional de Adaptación (2023), las prioridades incluyen aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, proteger ecosistemas degradados, restaurar manglares y humedales, e incorporar criterios de adaptación en la planificación territorial y de infraestructura.

Sin embargo, a pesar de contar con un marco técnico robusto y estrategias como la Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE), la implementación enfrenta limitaciones de recursos, ausencia de coordinación interinstitucional y un acceso desigual a los mecanismos de financiamiento climático.

César Quintanilla, especialista en cambio climático, señala que Honduras “está desnuda ante los impactos climáticos”, con comunidades costeras y agrícolas que siguen perdiendo hogares y medios de vida por inundaciones, erosión y aumento del nivel del mar.

Aunque la NDC menciona la alta vulnerabilidad del país, no incorpora medidas operativas de adaptación, como planes territoriales, sistemas de alerta temprana o financiamiento para ciudades y comunidades rurales.

Un ejemplo de ello es la comunidad costera de Cedeño, donde en las últimas cuatro décadas, el avance sostenido del mar hacia tierra firme ha provocado una severa erosión costera en el golfo de Fonseca, al sur de Honduras. El fenómeno ha reducido considerablemente la franja de playa y destruido viviendas, negocios y restaurantes en antiguas zonas turísticas en el municipio de Marcovia.

Este retroceso del litoral, causado por el aumento del nivel del mar y las marejadas más intensas, ha transformado el paisaje y obligado a decenas de familias a desplazarse, dejando tras de sí comunidades fragmentadas y una economía local cada vez más golpeada por los efectos del cambio climático.

Rosa María Pastrana, de 68 años y mujer pescadora, ha visto cómo el mar ha arrasado con casas –incluida la suya— y cómo el medio de vida –los peces—se está escaseando producto del cambio climático.

Pese a la vulnerabilidad que están experimentando, Pastrana lamenta que las autoridades municipales y del gobierno central no se han preocupado por implementar planes de mitigación ni mucho menos de adaptación. “Nosotros hemos aprendido a vivir con el avance del mar, aquí nos han dejado solos”.

En el pasado, Rosa María salía al mar para faenar junto a su familia. Hoy, aguarda al atardecer la llegada de las lanchas para limpiar los escasos pescados que logran capturar, reflejo de cómo el cambio climático y la migración de especies han transformado el sustento de los pescadores artesanales. Imagen: Jorge Burgos / Criterio

La casa de Rosa María está bajo el mar, al igual que la de muchos lugareños y aunque las afectaciones son desde hace años, en Marcovia aún no se ha implementado un plan de ordenamiento territorial. De acuerdo con las autoridades municipales, la falta de recursos ha impedido concretar el estudio de ordenamiento territorial elaborado junto a la Embajada de la República de China (Taiwán).

En las palabras de Quintanilla, Honduras “no ha logrado traducir su vulnerabilidad en acción”, ya que las comunidades más expuestas —especialmente las rurales y costeras— siguen sin apoyo para responder ante sequías, huracanes e intrusión y erosión marina. Este desfase entre planificación y ejecución convierte la adaptación en una deuda ambiental y social urgente dentro de la agenda climática nacional.

¿Cómo se presentará Honduras en la COP30?

De cara a la COP30 en Belém, los entrevistados consideran que Honduras llega con discursos verdes y manos vacías, con una agenda débil y sin una estrategia climática concreta.

Para Pineda, la delegación hondureña asistirá “fragmentada y sin preparación”, centrada más en el contexto electoral del país que en la urgencia climática.

Honduras decidirá quién será su próximo presidente o presidenta el 30 de noviembre, solo una semana después de celebrada la COP30, y el secretario de Estado de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, es el jefe de campaña de la candidata del partido Libertad y Refundación, actualmente en el poder.

Pineda advierte que la falta de coordinación institucional y de representación de la sociedad civil refuerza la exclusión de comunidades, mujeres y jóvenes de los espacios de negociación internacional.

Además, sostiene que “será la COP más importante para la región, pero Honduras llega con la menor preparación”, sin proyectos listos ni una posición alineada con los objetivos globales de mitigación y adaptación.

Esta situación, según Pineda, no solo debilita la credibilidad del país dentro del proceso de la CMNUCC, sino que también limita el acceso a fondos climáticos internacionales, en particular los destinados a pérdidas y daños.​

Desde la sociedad civil, voces como la de Velásquez y Ávila lamentan que el gobierno llegue a Belém “con las manos vacías”, llevando un discurso que promete acción climática, pero sin sustento técnico ni financiero.

Ávila considera que Honduras “asistirá en deuda con su población y con sus compromisos internacionales”, debido a la falta de voluntad política, poca investigación aplicada y escasa articulación entre academia, sector público y comunidades.

Quintanilla es aún más crítico: asegura que el país repetirá el mismo patrón de años anteriores, con delegaciones numerosas, pero poco técnicas, que no participan en las mesas de negociación ni aportan propuestas concretas.

Para recuperar credibilidad y viabilidad, los especialistas recomiendan adoptar un Plan Operativo NDC 2025–2030 con metas medibles, presupuestos asignados y participación ciudadana real.​ Solo entonces, Honduras podría dejar de ser percibida como un país con fracasos en la gestión climática en Centroamérica y avanzar hacia un enfoque más justo, coherente y resiliente frente a la crisis.

Este reportaje se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina y el respaldo de Oxfam.

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