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La guerra en Medio Oriente impacta en la economía argentina: energía más cara, presión inflacionaria y un posible impulso exportador

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La escalada militar en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero volvió a sacudir el tablero energético internacional y abrió un nuevo frente de incertidumbre para la economía argentina. El salto del precio del petróleo —que trepó USD 29,58, un aumento del 40,8%, y ya supera los USD 100 por barril— comienza a trasladarse a los combustibles locales y amenaza con alterar variables sensibles como inflación, salarios y actividad económica.

El fenómeno plantea una tensión clásica para economías emergentes como la argentina: el encarecimiento de la energía puede impulsar ingresos por exportaciones de petróleo y otros commodities, pero al mismo tiempo eleva los costos productivos, presiona sobre los precios internos y complica el equilibrio fiscal. La pregunta que empieza a recorrer despachos oficiales y análisis privados es si este shock externo terminará siendo un nuevo obstáculo para la estabilización económica o una oportunidad para sectores exportadores.

El movimiento ocurre además en un momento de fuerte heterogeneidad en la actividad local, con sectores que muestran señales de recuperación y otros que todavía enfrentan debilidad en el consumo y en los salarios reales.

Energía más cara: el impacto inmediato en precios, logística y subsidios

El aumento del petróleo ya empezó a sentirse en el mercado doméstico. Los combustibles registraron incrementos de entre 6% y 7%, con ajustes iniciales cercanos al 4% por parte de la petrolera estatal.

Ese traslado no queda limitado al sector energético. En Argentina, el 90% del transporte de cargas se realiza por camión, lo que convierte al gasoil en una variable clave para el costo logístico de la economía. Cuando sube el combustible, el impacto se expande rápidamente hacia la industria, el comercio y los alimentos.

La presión también se extiende a otros insumos energéticos. El encarecimiento del jet fuel repercute en el transporte aéreo y empuja el precio de los pasajes, mientras que el aumento del gas licuado de petróleo afecta tanto a hogares como a industrias que utilizan ese insumo en sus procesos productivos.

La cadena industrial tampoco queda al margen. El incremento del precio del gas y de los derivados petroquímicos eleva el costo de plásticos, resinas, fertilizantes y fibras sintéticas, productos que atraviesan múltiples sectores manufactureros, desde alimentos hasta textiles o autopartes.

En paralelo aparece un desafío para la política económica: el impacto fiscal. Un encarecimiento sostenido de la energía vuelve más delicado el esquema de subsidios. Si el Estado absorbe parte del shock para evitar aumentos tarifarios, el gasto público se incrementa; si lo traslada a tarifas, el costo energético recae directamente sobre hogares y empresas.

Un sistema energético todavía en transición

La estructura energética argentina introduce un matiz adicional. El país logró convertirse en exportador neto de energía a partir de la expansión del gasoducto que conecta la producción de Vaca Muerta con el sistema nacional. Sin embargo, esa mejora no eliminó completamente la dependencia de importaciones.

Durante el invierno, el sistema aún requiere compras de gas natural licuado (GNL) para cubrir picos de demanda. Si los precios internacionales se mantienen elevados, esas adquisiciones pueden encarecer la balanza energética y presionar sobre las cuentas públicas.

En otras palabras, el shock externo llega cuando la matriz energética argentina todavía se encuentra en un proceso de transición entre la dependencia histórica de importaciones y el nuevo rol exportador basado en el desarrollo del gas no convencional.

Exportaciones, tipo de cambio y riesgo financiero

El escenario global no ofrece únicamente riesgos. El encarecimiento de la energía y de otros commodities puede mejorar los ingresos de varios complejos exportadores.

Sectores como energía, minería y agro podrían beneficiarse de precios internacionales más altos, lo que incrementaría el ingreso de dólares por exportaciones. En un contexto donde la disponibilidad de divisas sigue siendo un factor crítico para la estabilidad macroeconómica, ese flujo adicional podría aportar un alivio parcial.

Además, un contexto internacional más volátil podría derivar en presiones cambiarias externas. Si se produjera algún ajuste en el tipo de cambio motivado por factores globales, ciertas ramas industriales orientadas a exportaciones ganarían competitividad.

Sin embargo, el escenario internacional también tiene riesgos financieros. La mayor incertidumbre global puede complicar la reducción del riesgo país y estimular movimientos de capital hacia economías consideradas más seguras, lo que tiende a mantener altas las tasas de interés en mercados emergentes.

Inflación, salarios y el impacto sobre el consumo

La variable que más preocupa en el frente doméstico es el traslado del shock energético a la inflación.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional señaló que un aumento sostenido del 10% en el precio del petróleo puede sumar 0,4 puntos porcentuales a la inflación global y restar entre 0,1 y 0,2 puntos al crecimiento económico mundial. En economías con alta sensibilidad a los costos logísticos y energéticos, ese impacto suele amplificarse.

En Argentina, el encarecimiento de la energía puede modificar los precios relativos dentro de la economía, con efectos directos sobre el poder adquisitivo de los hogares.

El contexto salarial no ofrece demasiado margen de absorción. Según datos oficiales, los salarios registrados cayeron más de 2% en términos reales durante 2025. En diciembre de ese año, los ingresos crecieron 2% nominal, mientras que la inflación fue 2,8%, lo que profundizó la pérdida de poder de compra.

La caída es más marcada si se observa el período desde el cambio de gobierno. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, el salario real de los trabajadores registrados perdió 7,1%. Dentro de ese universo, el sector público acumuló una caída del 17,03%, mientras que el sector privado registró una baja del 1,55%.

Si el shock energético se traduce en mayor inflación, el salario real podría enfrentar una nueva presión en el corto plazo, con efectos directos sobre el consumo interno.

Un nuevo factor externo en una economía todavía frágil

El conflicto en Medio Oriente vuelve a exponer un rasgo estructural de la economía argentina: su vulnerabilidad frente a shocks externos, especialmente cuando provienen del mercado energético.

El desafío para la política económica será administrar una ecuación compleja. Por un lado, aprovechar el impulso que pueden ofrecer los precios internacionales más altos para las exportaciones. Por otro, evitar que el aumento de los costos energéticos termine erosionando la recuperación del consumo y del salario real.

En ese equilibrio se juega una parte importante de la dinámica económica de los próximos meses. El impacto final dependerá de variables que todavía están abiertas: la duración del conflicto internacional, la evolución de los precios de la energía y la capacidad del Gobierno para absorber —o trasladar— ese shock externo dentro de la economía local.

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Guerra en Medio Oriente: la suba del petróleo abre la puerta a un aumento de combustibles en Argentina

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La escalada bélica en Medio Oriente comenzó a trasladarse al tablero económico global y ya genera efectos concretos en la Argentina. El precio del Brent, referencia internacional del petróleo, acumuló una suba cercana al 30% desde el inicio del conflicto y llegó a tocar USD 94 por barril, antes de estabilizarse en torno a USD 92 este viernes. En el mercado energético local, ese salto encendió una alerta inmediata: si el nivel actual del crudo se sostiene, los combustibles podrían registrar aumentos superiores al 10% en los surtidores.

El dato introduce una tensión que trasciende el sector energético. En un contexto de alta sensibilidad inflacionaria, el eventual traslado del precio internacional al mercado interno obligará a calibrar decisiones empresariales y regulatorias. La pregunta es inevitable: ¿se mantendrá el desacople de precios que intenta sostener el sistema o el conflicto externo terminará impactando en la economía doméstica?

El impacto del petróleo internacional y la ecuación del precio en surtidores

La relación entre el precio internacional del petróleo y el valor final de la nafta o el gasoil en Argentina no es automática, pero el sector maneja referencias claras. Según estimaciones energéticas, por cada dólar que sube el barril de crudo, el precio final en surtidor puede ajustarse entre 1% y 1,3%.

En ese esquema, si el Brent se mantiene en niveles cercanos a USD 80 o USD 81, el desfase respecto de los combustibles locales ya ronda USD 9 por barril, lo que implicaría un potencial incremento cercano al 10% en los precios finales si ese nivel se consolida.

La ecuación se vuelve más exigente si el crudo se instala por encima de los USD 90. En términos prácticos, esa dinámica podría traducirse en subas de entre $150 y $200 por litro, mientras que un escenario prolongado con precios en torno a los USD 90 o más podría elevar el ajuste potencial hasta $375 por litro, dependiendo de la duración del conflicto.

Sin embargo, el precio del crudo no es el único factor que define el valor final. La estructura de los combustibles incluye el costo del petróleo, el margen de refinación, los impuestos y el componente de biocombustibles que las petroleras deben mezclar obligatoriamente.

Dentro de ese esquema, la materia prima explica aproximadamente el 40% del precio final, lo que relativiza la transmisión directa del shock externo.

La variable estratégica: el rol de YPF en la formación de precios

El sistema energético argentino tiene un actor que suele definir el ritmo de los ajustes: YPF. La compañía concentra alrededor del 55% del mercado minorista de combustibles, lo que la convierte en la referencia para el resto de las petroleras.

En ese contexto, la estrategia empresarial adquiere una dimensión política y económica. Desde la conducción de la compañía sostienen que no trasladarán automáticamente las variaciones del petróleo internacional al surtidor, sino que aplicarán un esquema de promedios móviles para amortiguar la volatilidad.

El criterio apunta a evitar que picos transitorios del mercado internacional generen ajustes bruscos en los precios internos. Bajo ese enfoque, el factor clave es la duración del shock petrolero: si el Brent se mantiene elevado durante varios meses, el traslado será difícil de evitar; si el salto responde a un episodio breve, el impacto podría diluirse.

El conflicto global y el cuello de botella energético

El aumento del petróleo tiene un origen claro: la escalada militar en Medio Oriente y su impacto sobre el comercio mundial de energía.

El foco de la preocupación se concentra en el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta para el transporte de hidrocarburos. Por esa vía circula aproximadamente un quinto del petróleo que se comercializa globalmente.

Desde el inicio del conflicto, el tránsito de petroleros por la zona cayó cerca de un 90% respecto de la semana anterior, según datos de la firma de inteligencia energética Kpler.

La restricción logística ya generó consecuencias concretas. Cerca de 15 millones de barriles de petróleo quedaron sin poder salir de la región, lo que agregó presión a los precios internacionales y elevó la volatilidad del mercado energético.

El nuevo contexto energético de Argentina

El escenario global impacta sobre un sector energético argentino que atraviesa una etapa de expansión productiva. Según datos de la Secretaría de Energía, la producción de petróleo alcanzó en enero 4.262.675 metros cúbicos, el nivel más alto registrado oficialmente en el país.

El volumen superó incluso el récord de diciembre de 2025, cuando se habían producido 4.245.403 metros cúbicos.

El crecimiento responde en gran medida al desarrollo de Vaca Muerta, que impulsa el perfil exportador del sector. En términos interanuales, la producción nacional de crudo creció 15,7%, mientras que el segmento no convencional avanzó 35,5% respecto del mismo mes del año anterior.

Ese proceso de internacionalización del sector implica que los precios locales están cada vez más expuestos a las dinámicas del mercado global. A medida que el sistema energético se integra al comercio internacional, los shocks externos tienden a trasladarse con mayor rapidez al mercado interno.

Un equilibrio frágil entre mercado internacional e inflación local

La evolución del conflicto en Medio Oriente se convirtió así en una variable clave para el frente energético argentino. Si el Brent se mantiene en niveles elevados durante un período prolongado, la presión sobre los combustibles internos crecerá inevitablemente.

Ese escenario abre un dilema económico. Un ajuste fuerte en los surtidores impactaría directamente sobre costos logísticos, transporte y precios de la economía. Pero un desacople prolongado respecto del mercado internacional también genera tensiones en el sistema energético.

En los próximos meses, el mercado seguirá con atención tres variables: la duración del conflicto, la estabilidad del precio del Brent y la estrategia de las petroleras en el mercado interno.

La resolución de esa ecuación definirá si el shock petrolero se convierte en un episodio transitorio o en un nuevo factor de presión sobre la economía argentina.

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Energía actualizó el valor del biodiesel y fijó plazos de pago de hasta siete días

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El Gobierno actualizó el precio del biodiesel, $1.590.832 por tonelada para mezcla obligatoria con gasoil.

La Secretaría de Energía fijó un nuevo valor de referencia para las operaciones de biodiesel, en el marco de la Ley 27.640. El ajuste responde a la evolución de costos del sector y busca garantizar la rentabilidad de los productores.

Nuevo precio de referencia para el biodiesel

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, estableció mediante la Resolución 422/2025 un nuevo precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil, fijado en $1.590.832 por tonelada, con vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y hasta que un nuevo valor lo reemplace.

La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley N.º 27.640, que regula la producción, comercialización y mezcla de biocombustibles en la Argentina. Según el texto oficial, el nuevo valor “se determina conforme al procedimiento establecido por la Resolución 963/2023”, que fija la metodología de cálculo de precios del biodiesel considerando costos de elaboración, transporte y rentabilidad razonable para los productores.

Asimismo, la norma dispone que el plazo máximo de pago por las operaciones no podrá exceder los siete días corridos desde la fecha de la factura, una disposición que busca asegurar liquidez y previsibilidad a las empresas elaboradoras.

La actualización llega menos de un mes después de la Resolución 385/2025, que había fijado el precio para octubre. Sin embargo, el contexto de volatilidad de costos y precios internacionales del aceite de soja —principal insumo para el biodiesel— impulsó la revisión de los valores locales.

Un marco regulatorio con foco en previsibilidad y sostenibilidad

El marco regulatorio de biocombustibles, establecido por la Ley 27.640, asigna a la Secretaría de Energía la función de determinar y publicar periódicamente los precios de comercialización de los biocombustibles destinados a mezcla obligatoria con combustibles fósiles.

Los artículos 13 y 14 de dicha norma establecen que el precio debe garantizar una rentabilidad adecuada al sector, considerando los costos de producción y el transporte, así como el valor final del producto puesto en planta. De este modo, la política de precios busca preservar la sustentabilidad económica de las pymes productoras que abastecen el mercado nacional de biodiesel.

La Secretaría, encabezada por María Carmen Tettamanti, fundamentó la medida en la necesidad de “adecuar el precio del biodiesel a las actuales condiciones del mercado”, manteniendo la metodología de cálculo basada en criterios objetivos y verificables.

El procedimiento para la determinación de precios fue aprobado en 2023 a través de la Resolución 963/23, que introdujo un esquema técnico de ajuste con fórmulas de actualización periódica, contemplando variables como el precio del aceite de soja, el tipo de cambio oficial y los costos industriales.

Implicancias para el mercado energético y la cadena productiva

La fijación del nuevo valor impacta de manera directa sobre las mezclas obligatorias con gasoil, que según la normativa vigente mantienen un porcentaje mínimo del 7,5% de biodiesel en el combustible final. Este componente es abastecido principalmente por pymes radicadas en provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que forman parte del entramado industrial del sector oleaginoso.

Con el nuevo precio de $1.590.832 por tonelada, el Gobierno busca dar previsibilidad al abastecimiento interno, en un contexto de tensión entre los costos industriales y los valores internacionales de exportación. La medida también refuerza la política de transición energética impulsada desde la Secretaría, que considera a los biocombustibles un instrumento clave para la descarbonización del transporte y la reducción de emisiones.

La Ley 27.640, sancionada en 2021, sustituyó los regímenes previos (Leyes 26.093 y 26.334) y estableció un esquema integral de regulación que abarca la elaboración, almacenamiento, comercialización y mezcla de biocombustibles, con el objetivo de promover la diversificación energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Desde el punto de vista económico, la actualización de precios del biodiesel tiene un impacto transversal: afecta a las refinerías que realizan las mezclas, a las pymes productoras, y al mismo tiempo, incide en los costos logísticos del transporte y la agroindustria.

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El Gobierno difiere hasta noviembre la actualización de impuestos a los combustibles

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El Gobierno vuelve a postergar la suba de impuestos a los combustibles hasta noviembre

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto 699/2025, publicado en el Boletín Oficial, que posterga nuevamente la entrada en vigencia de los incrementos remanentes en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, previstos en la Ley 23.966. La medida difiere los aumentos, que estaban programados para el 1° de octubre, hasta el 1° de noviembre de 2025, con el objetivo de sostener la actividad económica en un contexto de transición fiscal.

Impuestos alcanzados

El decreto modifica los plazos establecidos en el Decreto 617/2025, extendiendo hasta el 31 de octubre el período en el cual no se aplicarán los incrementos pendientes en los montos fijos de los tributos sobre nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.

Estos gravámenes surgen del Título III de la Ley 23.966 (texto ordenado 1998 y modificatorias), que regula tanto el impuesto a los combustibles líquidos como el impuesto al dióxido de carbono. Los montos, fijados en pesos por unidad de medida, se actualizan trimestralmente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

Desde 2018, el artículo 7° del Decreto 501/2018 faculta a la entonces AFIP —hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— a disponer las actualizaciones en enero, abril, julio y octubre de cada año, pero sucesivas normas han venido difiriendo los efectos de esas subas para amortiguar su impacto inflacionario.

Impacto económico y razones de la prórroga

La decisión responde, según los fundamentos oficiales, a la necesidad de “estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, evitando trasladar en el corto plazo mayores costos a los precios de los combustibles, insumo clave para la logística, el transporte y la producción.

El esquema vigente implica que las actualizaciones correspondientes a 2024 y al primer semestre de 2025, que debían entrar en vigor gradualmente este año, quedarán diferidas hasta noviembre. Esto supone un alivio transitorio para los consumidores y sectores productivos, pero también posterga la recomposición de la recaudación fiscal atada a estos tributos.

El Gobierno mantiene así una política de diferimiento escalonado que busca equilibrar el impacto inflacionario de los aumentos en los surtidores con la necesidad de cumplir las reglas de actualización automática previstas en la ley.

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