Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)

Cada día mueren 11 mujeres por violencia de género en América Latina

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Inter Press Service – El año pasado al menos 3828 mujeres fueron víctimas de femicidio en la región latinoamericana y caribeña, lo que representa 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día, indicó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

De esas muertes, 3814 se registraron en 17 países de América Latina, y 14 en nueve países y territorios del Caribe, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Cepal.

El acumulado en cinco años registra al menos 19 254 femicidios, de acuerdo con el reporte divulgado este 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“La violencia femicida persiste como una grave y extendida vulneración de los derechos humanos de las mujeres y niñas en la región”, dijo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

Agregó que “la prevención y eliminación del femicidio no es un asunto circunscrito a la seguridad pública, sino un objetivo urgente de la Década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado”.

Con ello hizo referencia al acuerdo establecido en el Compromiso de Tlatelolco, aprobado en la 16.ª Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe en agosto en México.

En ese documento los Estados de la región aprobaron impulsar leyes, políticas y planes para revenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación por razón de género, reiterando que su expresión más extrema es el feminicidio.

En la región, la mayoría de las muertes violentas de mujeres son perpetradas por las parejas o exparejas de las víctimas, y el reporte de la OIG subraya que con esos crímenes se afecta a la vida de miles de mujeres y niñas, pero igualmente “se impacta a las comunidades y se limita el desarrollo, la igualdad y la paz en los países”.

El reporte de la Cepal se divulgó con motivo de la celebración este martes 25 del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que abre 16 días de activismo contra la violencia de género.

Indica que no es posible hacer comparaciones regionales debido a que cada año un número distinto de países reporta información oficial, pero el seguimiento de los datos nacionales muestra con claridad que la violencia feminicida persiste en la región.

De los 17 países de América Latina con información disponible sobre feminicidio, 12 registraron una tasa igual o superior a una víctima por cada 100 000 mujeres. La tasa más elevada se observó en Honduras, con 4,3 casos por cada 100 000 mujeres.

Luego están Guatemala (1,9 casos por cada 100 000 mujeres) y República Dominicana (1,5 casos por cada 100.000 mujeres), seguidos por Puerto Rico, Cuba y Bolivia, todos con una tasa de 1,4 casos por cada 100 000 mujeres, y Chile presentó la tasa más baja: 0,4 casos por cada 100 000 mujeres.

En el Caribe, de los nueve países que informaron, solo Suriname, Jamaica, Barbados, Belice, Granada y San Vicente y las Granadinas registraron casos en 2024.

Según información proporcionada en 2024 por ocho países (Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay), la mayor incidencia de feminicidios se concentra en el grupo de mujeres de 30 a 44 años (29,2 %), seguido por el de las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años (28 %).

No obstante, la violencia feminicida amenaza a las mujeres de todas las edades. En los mismos países, en 2024 se registraron 78 casos de feminicidios de niñas menores de 14 años, y 89 de mujeres mayores de 60 años.

De igual forma, en 2024 se contabilizaron 587 víctimas indirectas de feminicidio en los 10 países que proveen esta información. Se trata de hijos, hijas y otras personas dependientes de las víctimas.

También el año pasado 14 países registraron 5502 femicidios frustrados, lo que evidencia la progresión de conductas violentas que pueden culminar en el asesinato.

Ello confirma la importancia de fortalecer los sistemas de alerta, la valoración del riesgo de sufrir violencia letal, y la respuesta institucional oportuna para prevenir todas las formas de violencia feminicida.

“Fortalecer el acceso a la justicia y mejorar las respuestas institucionales es esencial para prevenir la violencia por razón de género. La persistencia de estos crímenes en la región nos exige respuestas oportunas y acelerar las transformaciones necesarias con sentido de urgencia”, plantea la Cepal.

El reporte indica que la región registra avances normativos para enfrentar la violencia en el ámbito digital contra mujeres y niñas, la cual incluye conductas como el ciberacoso, la divulgación no autorizada de imágenes íntimas, el acceso ilegal a información personal y la violencia y el acoso político.

Esta última forma “afecta especialmente a las mujeres que desempeñan cargos públicos roles de liderazgo, entre ellas, defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas”.

En América Latina 20 países han incorporado el delito de feminicidio en sus ordenamientos jurídicos.

En algunos casos se lo ha tipificado como delito penal específico: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En otros, como Argentina, Cuba y Puerto Rico, se lo ha incorporado como circunstancia agravante del homicidio.

Finalmente, la Cepal insta a avanzar en al menos tres ámbitos sobre esa materia: marco normativo, institucionalidad, participación y fortalecimiento de capacidades estatales; financiamiento y cooperación; y sistemas de información, comunicación, tecnología, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

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América Latina propone un pacto social mundial

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Inter Press Service – Los países de América Latina y el Caribe abogarán por un pacto social mundial, para avanzar en la consecución de metas frente al hambre, la pobreza y las desigualdades, cuando en noviembre se reúna en Qatar la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.

Representantes de gobiernos de la región adoptaron la propuesta durante la sexta Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, realizada esta semana en esta capital, en la que también pidieron incrementar la coordinación y la cooperación regionales ante sus desafíos sociales.

“La lucha contra la pobreza, el hambre y las desigualdades siguen siendo el punto de partida de cualquier pacto social”, planteó en la conferencia Almudena Fernández, economista jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

El Pnud y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) fueron los organizadores de la conferencia, acogida por el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil.

Un estudio de la Cepal analizado en la conferencia mostró que en 2024 se alcanzó

la incidencia más baja de pobreza en la región (26,8 %, unos 170 millones de personas) y se registraron niveles de pobreza extrema similares a los de los años previos a la pandemia covid-19 (10,4 % o 66 millones de personas).

A pesar de esa recuperación con respecto a décadas precedentes, la región aún está lejos de cumplir con los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que plantean reducir al menos a la mitad la pobreza y erradicar la pobreza extrema para el año 2030.

Otro tema del estudio de la Cepal “América Latina y el Caribe a 30 años de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social” -efectuada hace tres décadas en Copenhague- es el de la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

Con respecto al hambre, en el año 2023 la región albergaba 187,6 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave (28,2 % de la población) y la Cepal apunta que está experimentando una transición nutricional en la que conviven la desnutrición con el sobrepeso y la obesidad.

En relación con la malnutrición, desde la década de 1990, la región ha registrado una disminución notable de las cifras de desnutrición crónica, de 21,8 % a 11,5 % de las niñas y niños menores de 5 años, si bien existe una marcada heterogeneidad entre los distintos países y subregiones.

En paralelo, el sobrepeso y la obesidad han crecido de 6,8 % en 2000 a 8,6 % en 2022, tres puntos porcentuales más que el promedio mundial, aunque, de nuevo, la situación varía entre los países.

Según el estudio, 29,9 % de la población adulta presentaba obesidad en 2022, cifra que registra una tendencia al alza en todos los países de la región desde 2000.

Y con respecto a la desigualdad, América Latina y el Caribe permanece como la región más desigual, con un índice de Gini (que mide desde cero, perfecta igualdad, hasta uno, lo contrario) que entre 2014 y 2023 apenas se redujo cuatro por ciento, de 0,471 a 0,452.

También se pasó revista a los nuevos enfoques sobre la protección social no contributiva, a la institucionalidad social en la región y a nuevos desafíos planteados para un desarrollo social inclusivo.

“La columna vertebral del desarrollo social inclusivo son los sistemas de protección social que deben ser universales, integrales, sostenible y resilientes”, dijo en su exposición Alberto Arenas de Mesa, director de la División de Desarrollo Social de la Cepal.

Un desafío examinado es el de la brecha digital, que persiste entre los diferentes grupos de población, y amenaza con profundizar las desigualdades existentes y excluir a grandes segmentos de la sociedad de los beneficios de la era digital.

La automatización, la robotización y la introducción de la inteligencia artificial generativa “están cambiando la naturaleza del trabajo, lo que requiere una adaptación de los sistemas educativos y de formación”, postula la Cepal.

Luego, está el tema del cambio climático y la vulnerabilidad a los desastres, pues la región es una de las más vulnerables a efectos como tormentas, inundaciones y sequías de frecuencia e intensidad crecientes.

En particular, los pequeños Estados insulares en desarrollo, como las islas del Caribe, soportan habitualmente enormes costos en pérdida de vidas humanas e infraestructura física, y además los desastres afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más pobres y vulnerables.

Otro tema es el de la migración, pues los flujos migratorios entre los países de la región han aumentado y se han diversificado en los últimos años debido a las crisis económicas, los conflictos políticos, la vulnerabilidad ante situaciones de violencia, los desastres y los procesos de reunificación familiar.

Por todo ello, el pacto mundial que se propone comprende un llamado a las instituciones financieras internacionales y a los países desarrollados a comprometer financiamiento para apoyar las políticas orientadas al desarrollo social inclusivo.

Por su parte “los países en desarrollo han de comprometerse a hacer su mayor esfuerzo en materia de institucionalidad fiscal y gestión eficiente de los recursos públicos de manera de dar transparencia y sostenibilidad al apoyo financiero”, de acuerdo con la mesa directiva de la conferencia.

El secretario ejecutivo del ministerio brasileño, Osmar Ribeiro de Almeida Júnior, dijo al cierre de la conferencia que “salimos de aquí con tareas claras”, la primera de las cuales es “mantener la cohesión y el impulso político hasta Doha, donde tendremos una oportunidad única de consolidar compromisos”.

La segunda es de compromiso para las naciones latinoamericanas y caribeñas: “Mantener el rumbo y acelerar las transformaciones sociales en nuestra región”, concluyó Ribeiro de Almeida.

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