2×1: “Muiña “y el país que retrocede

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¿Que es el 2×1? La ley 24.390 se promulgó en 1994 y se basaba en contabilizar cada día que el imputado pasó en prisión preventiva (detenido sin condena) como “dos de prisión o uno de reclusión”. Esta ley fue derogada en el año 2001, y tuvo básicamente dos objetivos:  el primero, “apurar” los procesos e intentar orientarlos hacia el plazo razonable al que obliga el art. 8.1 de la  Convención Americana de Derechos Humanos.  El segundo, una búsqueda de descompresión de la población carcelaria. Ninguna de las dos cosas sucedió, y hoy en día tenemos procesos lentos, muchos presos y poquísimos con sentencias firmes.

¿Que falló (nunca mejor dicho) la Corte? La mayoría de la Corte (Highton, Rosenkrantz y Rossatti) consideró que por aplicación del principio configurado como “ley penal más benigna”, Luis Muiña, represor  condenado en el 2003, puede ser beneficiado con el 2X1.  Entiende que este principio no excluye a los delitos de lesa humanidad. Considera que si bien estos delitos no pueden ser indultados, ni prescriptos no deberían ser discriminados de la ley penal más benigna.  En disidencia, Lorenzetti y Maqueda opinan, entre otros fundamentos,  que no debe aplicarse porque sólo es “ley penal más benigna” la que baja la escala penal. Fundamentalmente consideran que existe una clara diferenciación entre los delitos ordinarios y los de lesa humanidad.

Explicado lo jurídico, hay algo que se debe decir. Estamos frente a una decisión política que al ciudadano no le puede pasar desapercibida.  El Supremo Tribunal  elige a “Muiña”, de entre los millones de casos que tiene para resolver, para decir esto y de esta manera. La Corte utiliza el 280 (desestimación sin fundamentos) como caramelos pero en este caso no, y se expresó. No podemos pensar que es una apreciación “técnica”, no después del genocidio sufrido en este país, no después de los esfuerzos ímprobos de los grupos de poder para escapar a la Justicia de un Estado de Derecho. El Derecho no es inocente, es político, porque es una manifestación del poder. La hipocresía que pretenden los Supremos al querer vendernos un “garantismo inevitable” (mención especial merece el voto culposamente freudiano de Rosatti) no nos puede convencer. No después de todo lo vivido,  y sufrido. Es mentira que esta interpretación de la Corte abre la puerta para que el ladrón de gallinas del barrio se vea beneficiado, porque el colectivo carcelario que ingresa en la hipótesis Muiña son ALFREDO ASTIZ, JORGE “TIGRE” ACOSTA, RICARDO CAVALLO, etc. EL POBRE VA A SEGUIR ESTANDO PRESO en prisión preventiva, en una cárcel común y  siendo pisoteado, sin dignidad.

Ahora bien, la pregunta fundamental es qué va a pasar con esto. Los fallos de la CSJN no son obligatorios, y los jueces -sistema de control de constitucionalidad difuso- pueden apartarse. Es decir, cada juez en nuestro país puede fallar conforme su criterio alejándose de lo que digan Estrados Superiores.  Los magistrados federales ¿se van a apartar del fallo “Muiña”? Si es no así, se desnaturalizarán la condenas, la lucha y el sufrimiento que costó poder apresar, juzgar y condenar a los genocidas argentinos (además de la responsabilidad internacional).

Como dijimos en el comunicado de la Asociación Pensamiento Penal : algunos son mas iguales que otros. (http://www.pensamientopenal.org/algunos-son-mas-iguales-que-otros-la-csjn-y-el-2×1/ ) Nosotros sabemos mejor que nadie el valor de las herramientas constitucionales para ponerle límites al poder punitivo de un Estado que siempre se las agarra con los más débiles. Pero también conocemos el trasfondo macabro del Poder, y las implicancias que estos fallos traen. La Corte Suprema tiene una mora con muchísimas personas que se encuentran privadas de su libertad con recursos sin resolver ante sus instancias, y elige otorgar prisiones domiciliarias a represores e indultarlos con el 2×1.  Cuando les explique de nuevo a mis alumnos que el Derecho no es otra cosa que la herramienta del Poder,  y que el Poder en nuestro país nunca cambia de manos, voy a poder utilizar el vergonzoso ejemplo que me ha dado la Corte actual.

 

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“Hay que hablar de responsabilidad empresaria y no de complicidad con la Dictadura”

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“Hay que cambiar el concepto de complicidad. La complicidad implica que uno ejecuta una acción y el otro la consiente o acompaña. En relación con las empresas y la última dictadura militar, hablar de complicidad es insuficiente. Hay que hablar de responsabilidad”. La afirmación es de Victoria Basualdo, Andrea Copani y Alejandra Esponda, integrantes del equipo de Investigación que publicó dos vastos volúmenes sobre la responsabilidad empresarial en los años de plomo, con un capítulo dedicado a Las Marías, la yerbatera correntina donde hubo trece secuestros y dos desaparecidos, sin que hasta ahora hayan sido juzgados los responsables.

El trabajo abarca la situación de 25 empresas en todo el país, que tuvieron una abierta participación en la represión militar y se beneficiaron con el rumbo económico. Algunas aportaron sus cuadros económicos a la administración militar o aportaron logística, vehículos o terrenos para sus operaciones.  En los casos más extremos, montaron Centros Clandestinos de Detención en las propias fábricas, como los casos de Ford, Mercedes Benz, donde los grupos de tareas torturaron a sus propios empleados. No fueron hechos aislados. Se documentaron secuestros y torturas en 22 de los 25 casos estudiados.

Las investigadoras hacen una distinción entre el poder económico y las Fuerzas Armadas como herramienta represiva. Las empresas integraron sus cuadros directivos a la administración política. Por ejemplo, José Alfredo Martínez de Hoz, que pasó de Acindar a ser el ministro de Economía de los primeros cinco años de la Dictadura. Muchas empresas se beneficiaron directamente con las políticas económicas, como la promoción industrial, la estatización de la deuda o los planes de obra pública. Sin embargo, a otras, pese al entusiasmo colaborativo, les fue mal, por sus propios planes de desarrollo y por perder capacidad productiva con sus obreros presos.  

Las investigadoras coinciden en que militares y corporaciones compartían un objetivo común: frenar el activismo sindical y controlar la creciente organización de los trabajadores.

Las investigadoras estuvieron en Economis, para contar la participación empresaria en al última dictadura.
Las investigadoras estuvieron en Economis, para contar la participación empresaria en al última dictadura.

Los grandes grupos se consolidaron, como el complejo siderúrgico, con Acindar y Techint a la cabeza. Tuvieron saltos en los procesos productivos que le permitieron expandir sus rangos de acción y ganancias. Acindar se benefició después con la estatización de la deuda. Las automotrices como Fiat, Ford y Mercedes Benz lograron mejorar sus costos controlando los reclamos sindicales. En esas fábricas se montaron centros clandestinos de detención.

La empresa de la familia presidencial, Socma, también tuvo enormes beneficios durante la dictadura. Pero para el caso específico de investigación, no hubo elementos que la asimilen a otras. “Socma no está ausente, pero no fue igual que otros grandes grupos. Lo mismo que Papel Prensa, como empresa, más allá de lo que signifique dentro del proceso económico político que perdura hasta hoy”, indican  en una entrevista con Economis.

En cambio, Taller Gráfico, la imprenta del diario La Nueva Provincia, que reivindicaba desde sus editoriales a la Dictadura, sí fue partícipe directo en la colaboración con la dictadura en la persecución y asesinato de al menos dos trabajadores.

 

La investigación pudo llevarse a cabo tras un acuerdo entre el Flacso, el Cels, el ministerio de Derechos Humanos de la Nación, el Archivo de la Memoria, el archivo de la Conadep. Además de las tres investigadoras que vinieron a presentar el libro a Misiones, durante dos años más de 20 personas trabajaron en la edición del libro, que es la recopilación más precisa hasta ahora del rol de las empresas durante la represión. Ya no como cómplices, sino como responsables directos, una conclusión a la que se arriba después de estudiar patrones de conducta casi idénticos entre los principales grupos. Las investigadoras insisten en que la colaboración empresaria constituye un hecho económico que muta el concepto de represión enfocada en el activismo político, que, obviamente va de la mano. Pero más allá del “pensamiento político”, entre los torturados, desaparecidos o asesinados, había trabajadores que defendían derechos dentro de las empresas, que fueron arrasados.

En 1976, 30 años después del decreto de Juan Domingo Perón que establecía las vacaciones pagas, en Virasoro, Corrientes, los trabajadores rurales que cosechaban yerba mate y té, no tenían idea de lo que eso significaba, cuenta Andrea Copani. Pertenecían, en vida, a Las Marías, relata. Trabajaban de sol a sol y de su capacidad de corte y carga, dependía lo que recibían como jornal.

Las Marías, hoy convertida en una enorme empresa agroforestoindustrial, era manejada por entonces por Adolfo Navajas Artaza. El caso es emblemático por el tamaño de la empresa y la cantidad de operarios que manejaba. Sin embargo, fue difícil reconstruir la historia, ya que no hay documentación y hubo que entrevistar a sobrevivientes o sus familiares para reconstruir el entramado.

“Había dos sectores de trabajadores. Los rurales y los industriales, ambos sometidos a condiciones brutales de pobreza y explotación. No tenían derechos laborales, como vacaciones y aguinaldo y trabajaban en suma precariedad, casi como esclavos, con salarios que dependían del volumen de la cosecha”, cuenta Copani. En la industria de Gobernador Virasoro, no se pagaban horas extra.

Recién en 1973, durante el fugaz gobierno de Héctor Cámpora, los trabajadores comienzan a organizarse, en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. A través de estas organizaciones, canalizaron numerosos reclamos por mejoras en los salarios y las precarias condiciones de trabajo. En 1974 realizaron una huelga de 48 horas, que tuvo eco nacional y forzó a la empresa a considerar algunas de las reivindicaciones de sus trabajadores.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cortó en seco la incipiente organización gremial con el secuestro de más de una docena de trabajadores. La empresa familiar manejada por Adolfo Navajas Artaza, quien había sido interventor de Corrientes durante la dictadura de Lanusse, aportó logística e información. El empresario después se convirtió en ministro de Desarrollo Social de Reinaldo Bignone.

Las primeras detenciones se produjeron pocas semanas después del golpe, en abril de 1976, cuando fueron secuestrados tres dirigentes sindicales del establecimiento. En agosto de ese año, otros dos empleados fueron detenidos, y se intentó hacerlos declarar en perjuicio de los miembros del sindicato secuestrados en abril. Luego, entre febrero y julio de 1977, otros ocho trabajadores fueron privados ilegalmente de su libertad, de los cuales dos permanecen desaparecidos. Los trabajadores fueron secuestrados en las casas proveídas por la empresa e incluso dentro de la misma fábrica. Por eso, hay dos causas abiertas, aunque solo una está para ir a juicio, con un solo imputado. Militar. Navajas Artaza, quien estuvo imputado, fue sobreseído sin siquiera prestar declaración. Doce jueces se excusaron de tomar la causa.

Adolfo no ocultaba su desprecio por los derechos laborales adquiridos y especialmente por Perón. Él mismo contó su participación en el derrocamiento, a nivel local, del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, en 1955: “Cuando en el año 55 me tocó actuar bastante en la Revolución Libertadora, nosotros éramos muy amigos del general Aramburu; estuvo aquí en Las Marías una vez, y después estuvo como presidente. Volábamos juntos en avión haciendo campaña política. Me tocó a mí ser el nexo para sublevar acá a las tropas contra el general Perón. No fue una cosa de un día para otro, costó. Mis contactos indujeron a que algunos jefes amigos participaran, yo hice de nexo. Se sublevó Apóstoles y después yo fui el correo secreto entre Apóstoles y Santo Tomé que después se sublevó. De manera que esta zona fue también revolucionaria. Hasta que Perón se rindió”.

Según la investigación, Las Marías cedió sus tierras para campamentos militares que operaban en la zona. Apuntó a los empleados más radicalizados que fueron luego secuestrados. Uno de los operarios contó que su torturador le dijo que Pablo –uno de los hermanos Navaja- le había pagado 600 pesos para que lo atrapen.

“Los delitos siguen impunes y aunque sea condenado un militar, seguirán así si no se investiga la participación empresarial”, advierten las investigadoras.  “En Las Marías no solamente denunciaron a los trabajadores en causas penales armadas, provocando su secuestro y tortura, sino que a su vez proveyeron recursos logísticos y materiales a las fuerzas que ejecutaron los delitos”.

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