“El comercio ilegal genera pérdidas millonarias para el Estado”

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“El comercio ilegal y la piratería movilizan unos 71.500 millones de pesos anuales en 465 ciudades del país, según un trabajo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Esas ventas no pagan impuestos y el país pierde unos 15 mil millones de pesos que no puede recaudar. Y esos fondos terminan financiando al crimen organizado”, advirtió Enrique Caride, presidente de la Asociación Civil Antipiratería Argentina al inaugurar la nueva Jornada nacional sobre venta ilegal, piratería y contrabando, que se realizó en la sede de la Confederación Económica de Misiones (CEM) en Posadas.

El evento -que se organiza junto con la CEM y la CAME- reunió a medio centenar de empresarios, integrantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios del Poder Judicial. Junto a ellos se continuó con el trabajo de concientización y mayor capacitación de funcionarios públicos para coordinar las tareas necesarias para buscar las herramientas para desmontar las actividades ilegales que afectan el desarrollo económico.

El presidente de la CEM, Gerardo Díaz Beltrán, dijo que las tres entidades están desarrollando “una lucha pacífica” contra la venta de productos ilegales y la falsificación de marcas. “Somos entidades que representamos intereses puntuales pero estamos ocupados y preocupados más allá de las consecuencias económicas que generan estos ilícitos. Estos ilícitos generan distorsión en el tejido social porque atentan contra la creación de fuentes de trabajos y el desarrollo del país”, agregó.

Caride también alentó al uso de la aplicación desarrollada por CAME que permite denunciar de formar anónima los puestos de venta ilegal, www.argentinailegal.com. Es una herramienta para ayudar a combatir el crimen organizado, que permite denunciar en forma anónima desde la PC o el celular puestos de venta callejeros, saladitas, venta de mercadería robada, trabajo esclavo, talleres clandestinos, trata de personas, contrabando, corrupción y falsificación de marcas.

Durante el evento se comentó el informe presentado ante el Senado de Estados Unidos por el investigador de la Fundación por la Defensa de las Democracias, Emanuele Ottolenghi, quien analizó las rutas de contrabando de cigarrillos en la Triple Frontera.  “Este nexo tóxico está alimentando el yihadismo global y el colapso de la ley y el orden en América Latina”, detalló Ottolenghi en su informe presentado en mayo pasado y apuntó al “grupo terrorista libanés Hezbollah”.

En su presentación, Facundo Fulco, de British American Tobacco Argentina, señaló que “Cigarrillos Ilegales SA es el quinto fabricante de cigarrillos a nivel mundial y Paraguay es el principal proveedor de cigarrillos ilegales en nuestra región”. Y advirtió: “El gran tema a trabajar en la región es Paraguay: tiene alrededor de 35 fábricas, produce 20 veces más de lo que puede consumir internamente y eso se derrama como contrabando en la región”.

Por su parte, Leonardo Barbieri, de Akapol (fabricante de La Gotita, Poxipol y otros), detalló que se encontraron “adhesivos falsificados fabricados en China (Poxipol y La Gotita) e imitación fraudulenta del packaging del producto La Gotita bajo la marca Super Glue, que también ingresa de contrabando en el país”. Planteó, además, problemas de comercialización indebida por ingreso y egreso de productos de contrabando produciendo fuertes alteraciones en las cadenas de comercialización y evasión fiscal para el Estado.

El vicepresidente de la Asociación Antipiratería y abogado de Cablevisión-Fibertel, Sergio Piris, explicó las nuevas estrategias utilizadas a través de las redes sociales y páginas de Internet para ofrecer servicios  y productos utilizando la marca de la empresa. “Están ofreciendo servicios técnico de conexión cable, equipos decodificadores y módems clonados. Allí no sólo hay un perjuicio para la empresa, hay un perjuicio para los usuarios porque reciben servicios y productos de peor calidad. Allí se producen delitos de estafa, robo y violación a la ley de marcas y propiedad intelectual”, explicó ante efectivos de la Policía Federal.

Gustavo Giay, del estudio Marval, O’Farrell y Mairal, explicó las diferencias de fabricación y presentación de los productos originales de Adidas, Oakley y Vans.

A su turno, el manager de la Asociación Antipiratería, Gabriel Travaglini, detalló las diferencias entre las falsificaciones y los productos originales de Louis Vuitton.

 

 

¿Qué es Antipiratería Argentina?

La Asociación Civil Antipiratería Argentina está compuesta por empresas nacionales e internacionales. Las firmas Lacoste, Massalin Particulares, British American Tobacco Argentina, Louis Vuitton, Cablevision-Fibertel, DirecTV, Akapol, Oakley, Adidas, Nike, Unilever, Procter & Gamble y Puma se pusieron de acuerdo para luchar contra la piratería marcaria, la competencia desleal y el trabajo informal. Desde su nacimiento, el 8 de septiembre de 2010, la Asociación se trazó como objetivo realizar un trabajo permanente de concientización a través de eventos educativos, cursos y seminarios orientados a la detección y denuncia de actividades ilegales que afectan al patrimonio de las marcas y también perjudican el desarrollo económico, la inversión, la creatividad y cultura del trabajo.

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Misiones y Mendoza, las provincias más perjudicadas por el dólar barato y las asimetrías

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Hay dos provincias que son las que más están sintiendo el impacto de las compras de los argentinos en el exterior: Mendoza y Misiones.

En los dos casos, la abultada diferencia de precios en varios productos -en particular los del rubro calzado, indumentaria y electrónica-, alienta a sus habitantes a “cruzar al otro lado” para equiparse.

Lo sucedido durante el último fin de semana largo fue otra prueba más de esta situación. Pero claro, así como se benefician los puntos de venta ubicados fronteras afuera, los de “adentro” se encuentran inmersos en una crisis de proporciones.

Sólo en ambas provincias ya han cerrado cerca de 1.400 comercios en poco más de un año: unos 1.000 en Misiones y otros 400 en Mendoza, entre 2016 y lo que va de 2017, de acuerdo con los datos que se manejan en el sector.

En la medida en que se acentúa esta “fuga” de argentinos, se disparan más alarmas, ya que cada vez que un comercio baja la persiana se acrecienta la pérdida de puestos de trabajo.

En lo que respecta a Chile, las cifras del Sernatur (Servicio Nacional de Turismo), son más que elocuentes:

– Este año llegarán a ese destino unos 3,7 millones de argentinos, 25% más que en 2016

– En relación con 2015 (2,2 millones), implica una afluencia 70% mayor

– Comparado con los años previos (2009 al 2014) -cuando el flujo era de apenas 1,5 millón, promedio anual- significa la friolera de un 150% más

También aparecen diferencias en el nivel socio-económico a los que pertenecen quienes visitan Chile respecto de, por ejemplo, Paraguay.

Cambió el eje. Antes, los compradores iban hasta La Salada, atraídos por los precios. Ahora, van a Paraguay”, describió Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM).

“La situación es alarmante porque, en nuestro caso, Misiones presenta asimetrías con Brasil -desde el punto de vista cambiario- y con Paraguay, de modo estructural, que es más fuerte y grave”, añadió sin ocultar su gran preocupación.

El impacto es muy fuerte en los mostradores de los comercios locales y los datos de marzo volvieron a dar cuenta de ello.

Según la Federación Económica de Mendoza (FEM), las ventas minoristas cayeron 4,8% interanual. Se trata de la decimoquinta baja consecutiva. Pero este no es lo más preocupante, sino la tendencia. En el primer trimestre, la baja promedio anual fue del 5,08%, frente al 3,7% que se registró a nivel nacional, de acuerdo con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El impacto de estos números se hace visible al recorrer las calles de la tierra del buen vino. Un paseo por las principales avenidas del centro mendocino deja como postal una gran cantidad de persianas bajas, carteles de alquiler en alto, algunos ya herrumbrados por el paso del tiempo.

Una imagen similar se observa en la provincia misionera, con otros datos que evidencian la gravedad de la situación.

“En 2016 pasaron sólo por el puente Posadas/Encarnación 12 millones de personas. A eso hay que sumarle el éxodo de Iguazú, las balsas que cruzan a Paraguay y las que van a Brasil. Es francamente alarmante”, sentenció Díaz Beltrán.

El intercambio entre Misiones y Encarnación es parte de la idiosincrasia de esa zona. Sin embargo, cuando se advierte que antes era sólo el 30% del actual, se toma real dimensión de la gravedad.

– Tiempo atrás cruzaban 4 millones. Es decir, cuatro veces más que el total de la población de la provincia (1,1 millón de habitantes).

– Ahora, por año, se elevó a 12 veces su demografía. En su mayoría, se trata de personas que ni siquiera se quedan a admirar las Cataratas, pagar un hotel o a gastar dinero en un restaurant.

Precios imbatibles

En el caso de Chile, “desde el miércoles ya se registraban colas en la Aduana del paso del Cristo Redentor para cruzar, un dato que marca el delicado contexto en el mercado local”, afirmó Adolfo Trípodi, presidente de la FEM.

“Si a esto le sumamos la venta ilegal, que se advierte en la cantidad de saladas y saladitas que hay en la provincia, la situación es más que preocupante”, añadió.

Entre miércoles y jueves de Semana Santa cruzaron a Chile más de 40.000 argentinos, sólo por el paso del Cristo Redentor, en Mendoza. La demanda de pasajes aéreos se incrementó casi 150% con respecto al año pasado.

En tanto, más de 7.000 personas se dirigieron al país trasandino por el paso de Agua Negra, en San Juan, mientras que otras lo hicieron por Santa Cruz, según datos de CAME del fin de semana.

Todo esto que ocurre afecta a las distintas provincias fronterizas. Por eso, la Comisión de Economías Regionales del Senado propuso debatir medidas para atenuar el impacto.

“Con un dólar que tiene casi el mismo valor que en 2016 y una inflación entre 25% y 30%, la situación se hace insostenible. La realidad que se vive es muy diferente a la de la pampa húmeda”, se lamentó Trípodi.

Los tratados de libre comercio que mantienen Chile y Paraguay con diversos países del mundo, principalmente con China, da lugar a que la diferencia de precios atraiga cada vez más a los argentinos.

En un premium reseller autorizado por Apple en la Argentina, la versión iPhone 7 Plus con 256 GB de capacidad cotiza a $37.800, lo que equivale a unos u$s2.500. Como contrapartida, en las tiendas de Falabella en Santiago de Chile, este mismo equipo liberado se consigue por u$s1.000 menos, es decir, un 40% más barato.

Incluso, pagando todos los impuestos en la Aduana de Ezeiza o de Mendoza, un equipo comprado en el país vecino terminará resultando unos $5.000 más económico. En el caso de los televisores, los modelos de menos de 32 pulgadas son los más buscados por los turistas argentinos.

Un LED Samsung HD puede conseguirse en oferta en un Falabella de Santiago al equivalente de u$s235, mientras que en el país rondan los u$s375, un 60% más. En el caso de Paraguay también hay diferencias muy marcadas. Allí es posible conseguir smartphones de primera marca entre un 40% y un 50% más baratos.

En el caso de productos de perfumería, se observan valores que llegan a ser 60% inferiores que en los comercios albicelestes.

Reglamentación se busca

Los comerciantes afectados vienen reclamándole al Ministerio de Producción que se reglamente el artículo 10 de la ley Pyme N° 27.264 (aprobada en octubre de 2016). También, que se otorguen incentivos para frenar la caída de la facturación en los comercio minoristas.

El mencionado artículo, que contempla una serie de beneficios, debería haber entrado en vigencia el pasado 1° de noviembre.

Entre los reclamos de los afectados figuran:

– Que las zonas de frontera paguen menos en concepto de Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), especialmente en naftas

– Que se promueva el turismo interno a través de la implementación de iniciativas como tax free local

– Que se eliminen los impuestos a los débitos y créditos

– Que se contemplen exenciones que reduzcan los costos laborales

El senador sanjuanino Roberto Basualdo (FPV) fue uno de los que más trabajó para la aprobación de esta normativa. Y es a quien le reclaman que avance con la reglamentación faltante, ya que forma parte de la comisión de Economías Regionales.

 
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