Una camioneta llevaba mercadería de contrabando, la cual era descargada en un galpón, luego de huir de los uniformados. Secuestraron 214.580 paquetes.
Otros 13.500 atados de cigarrillos de origen extranjero fueron incautados cuando despistó el automóvil que los transportaba. Además, tenía pedido de secuestro activo por robo.
Personal perteneciente al Escuadrón 49 “San Vicente” se encontraba desarrollando actividades de control sobre un camino secundario del paraje Capín Largo, próximo al límite internacional fronterizo, cuando un vehículo que se aproximaba hizo caso omiso a las señales efectuadas por parte de los efectivos para que aminore su marcha, embistiendo el dispositivo de control, dándose a la fuga en dirección al río Uruguay.
Con el apoyo de patrullas cercanas, se iniciaron tareas de rastrillaje, durante las cuales observaron a dos ciudadanos descargando cajas de cartón a un galpón, quienes huyeron al percatarse de la presencia del personal de la Fuerza.
Con conocimiento y autorización de las autoridades Judiciales, y contando con la presencia de testigos, se procedió a inspeccionar el inmueble, constatando que en el lugar se acopiaban 214.580 paquetes de cigarrillos de origen extranjero,.
Asimismo, integrantes del Escuadrón 11 “San Ignacio”, emplazados sobre la Ruta Provincial Nº 11, a la altura del municipio de El Alcázar, fueron alertados por un automóvil que traspasó el puesto de control a gran velocidad, huyendo en dirección a la Ruta Nacional Nº 14.
Con el apoyo de otras Unidades de la Fuerza, se llevaron a cabo las tareas de rastrillaje en la zona, interceptando al vehículo evadido en cercanías a la localidad de Salto Encantado, el cual había despistado hacia la banquina y su conductor se dio a la fuga hacia el interior de una zona montuosa lindante.
En el interior del rodado, se encontraban acondicionados 13.500 paquetes de cigarrillos de origen extranjero. Asimismo, se constató que el vehículo poseía pedido de secuestro activo por robo en la provincia de Buenos Aires.
Intervinieron el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, disponiendo el secuestro del rodado y de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.
Un automóvil fue secuestrado durante un operativo aduanero realizado este viernes (23) en la Ponte Internacional Tancredo Neves, en Foz do Iguaçu, estado de Paraná. En el interior del vehículo, las fuerzas de seguridad hallaron 600 botellas de vino de origen argentino ingresadas sin respaldo fiscal.
De acuerdo con la Polícia Federal, el conductor había cruzado desde Argentina hacia Brasil con la mercadería. Al advertir el control, intentó desviar su recorrido hacia una zona comunitaria cercana con el objetivo de evitar la inspección.
Tras la interceptación, los agentes constataron que el cargamento era transportado sin documentación que acreditara su legal ingreso. El vehículo y las botellas fueron puestos a disposición de la Receita Federal para la tramitación de los procedimientos administrativos correspondientes.
El hecho vuelve a poner en foco los controles en el corredor fronterizo Foz–Puerto Iguazú, clave para el comercio regional y sensible al contrabando de bebidas alcohólicas, un rubro de alto valor agregado y presión tributaria en ambos países.
El Gobierno Nacional puso en marcha el Plan Paraná, un esquema integral de prevención, detección, neutralización e investigación de delitos complejos en la Hidrovía Paraná–Paraguay. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1307/2025 del Ministerio de Seguridad y apunta a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar actividades ilícitas en el principal corredor fluvial del país.
Una vía estratégica bajo presión: por qué se lanza el Plan Paraná
La resolución publicada en el Boletín Oficial destaca que la Hidrovía Paraná–Paraguay es “una vía de navegación de carácter internacional de vital importancia estratégica para la República Argentina”, ya que constituye el eje fluvial más extenso de Sudamérica y concentra un volumen significativo del comercio exterior del país y de la región.
En el tramo que va desde el Puerto de Asunción hasta el Puerto de Buenos Aires circulan hasta 300 barcazas por día, lo que convierte al corredor en un espacio logístico de altísima relevancia, pero también en un territorio altamente vulnerable a delitos complejos.
El texto advierte que organizaciones del crimen organizado transnacional aprovechan: La extensión geográfica del curso fluvial. La alta densidad de puertos públicos y privados. Las limitaciones tecnológicas de los controles tradicionales.
De esta manera, despliegan operaciones vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de bienes de consumo y el lavado de activos, actividades que representan “una amenaza concreta tanto a la seguridad pública nacional como a la estabilidad económica y social de las regiones involucradas”.
Frente a este escenario, el Ministerio de Seguridad subraya la necesidad de profundizar la coordinación entre las Fuerzas Federales, organismos administrativos especializados, el Poder Judicial y agencias internacionales, para asegurar un nivel de control más eficaz.
Objetivos, herramientas y despliegue territorial
El Plan Paraná establece un conjunto de objetivos específicos orientados a fortalecer la capacidad estatal de control sobre toda la traza argentina de la Hidrovía:
Desarticular redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte (Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones).
Incrementar los controles en puertos públicos y privados del tramo inferior de la Hidrovía (Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires).
Fortalecer la cooperación interagencial, con participación de EUDA, ONUDD, DEA y CICAD-OEA.
Implementar sistemas de monitoreo integral en tiempo real, mediante drones, radares, scanners y tecnologías de vigilancia avanzadas.
Intensificar la inteligencia criminal y financiera, con foco en organizaciones criminales transnacionales y esquemas de lavado de activos.
Seis polígonos operativos
La estrategia se organizará en fases operativas delimitadas por polígonos territoriales de intervención, que estructuran el despliegue de las Fuerzas Federales:
Primer Polígono: Puerto Bermejo (Chaco), Ciudad de Corrientes (Corrientes), Resistencia (Chaco) e Itatí (Corrientes).
Segundo Polígono: jurisdicciones de Corrientes, Resistencia y Bella Vista (Corrientes).
Tercer Polígono: Bella Vista (Corrientes) – La Paz (Entre Ríos).
Cuarto Polígono: La Paz – Ciudad de Paraná (Entre Ríos).
Quinto Polígono: Ciudad de Paraná – San Nicolás (Buenos Aires).
Sexto Polígono: San Nicolás – Paraná Guazú.
Este ordenamiento permitirá identificar zonas críticas, optimizar recursos y establecer prioridades según niveles de riesgo, densidad portuaria y patrones de circulación detectados por los organismos de seguridad.
Perspectivas para la región y el comercio exterior
La implementación del Plan Paraná tiene implicancias directas para provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde la frontera fluvial concentra operativos y desafíos históricos vinculados al contrabando y el tráfico transnacional. Asimismo, en el tramo medio e inferior de la Hidrovía —desde Entre Ríos hasta Buenos Aires— se prevé un aumento de controles sobre terminales portuarias y flujos de carga, lo que podría reordenar prácticas operativas en empresas logísticas y exportadoras.
El reforzamiento tecnológico —con drones, radares y sistemas de vigilancia integral— anticipa una mayor trazabilidad en la circulación de embarcaciones y mercancías, lo que podría generar reacciones en sectores transportistas y operadores fluviales, aunque la resolución no consigna medidas de carácter económico o regulatorio más allá del enfoque de seguridad.
A nivel institucional, la participación de agencias internacionales como ONUDD, DEA y CICAD-OEA sugiere un alineamiento con estándares de cooperación global contra el crimen organizado, mientras que en el plano interno se espera que el esquema mejore la coordinación entre fuerzas y reduzca la fragmentación operativa que históricamente afectó los controles en la Hidrovía.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó hoy, desde un guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, el “Plan Paraná”, que tendrá como objetivo fortalecer la seguridad en la Hidrovía Paraguay-Paraná, mediante un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado y las fuerzas de seguridad federales y provinciales.
El Gobierno lanzó el “Plan Paraná” para blindar la Hidrovía y reforzar el control fluvial con radares, drones y patrullas integradas
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó oficialmente el “Plan Paraná”, una iniciativa estratégica que busca recuperar el control y fortalecer la seguridad en la Hidrovía Paraguay–Paraná, principal corredor fluvial del país. El programa incluye patrullajes coordinados entre fuerzas federales, monitoreo satelital, incorporación de drones y radares, y la instalación de un comando unificado en Isla del Cerrito, Chaco.
Un plan integral para recuperar la soberanía y combatir el delito en la Hidrovía
La presentación se realizó este lunes desde el guardacostas GC-24 Mantilla de la Prefectura Naval Argentina, con una videoconferencia en directo con la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva, quien encabezó un acto simultáneo en Isla del Cerrito (Chaco) junto al Prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez, y autoridades de las provincias de Chaco y Corrientes.
Acompañaron a la ministra el Subprefecto Nacional Naval, Alejandro Annichini, el Director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Veliz, el Director Nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, y el Secretario General de Prefectura, Marcelo del Giorgio, entre otros funcionarios y representantes de las fuerzas federales.
El Plan Paraná forma parte de la estrategia nacional de seguridad fluvial y complementa las operaciones “Plan Güemes”, en la frontera noroeste, y “Plan Guaçurarí”, en la frontera con Brasil. Según Bullrich, el objetivo es “blindar la Hidrovía, recuperar la presencia del Estado y garantizar que lo que circule por el río sean bienes, trabajo y producción, no delito, droga ni violencia”.
La iniciativa, afirmó la ministra, “apunta a devolver al Estado el control efectivo de una vía de más de 1.700 kilómetros, vital para el transporte, el comercio y la logística del país”.
Comando unificado, tecnología y coordinación interinstitucional
El Plan Paraná contará con un comando unificado en Isla del Cerrito (Chaco), que centralizará la información y coordinará los despliegues de las distintas fuerzas federales: Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en articulación con Aduana, Migraciones y las fuerzas provinciales.
El dispositivo integrará radares, drones, sensores térmicos y monitoreo satelital, con el fin de reforzar la vigilancia aérea, fluvial y terrestre en puntos estratégicos de la Hidrovía, especialmente en zonas críticas donde se detectan actividades de contrabando, narcotráfico y tráfico de personas.
Durante la presentación, Bullrich subrayó que “la Hidrovía es una vía estratégica para el comercio y la producción nacional, pero también un punto vulnerable que debemos proteger”. Y agregó: “El crimen se combate con organización, presencia y tecnología”.
Por su parte, el Prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez, agradeció “la confianza del Presidente de la Nación y del Ministerio de Seguridad” y sostuvo que “el control territorial del río debe ser una política de Estado permanente”.
Un nuevo esquema de control con impacto regional
La implementación del Plan Paraná busca articular el trabajo de las agencias nacionales con los países que integran la cuenca fluvial —Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay—, donde la Hidrovía Paraguay–Paraná se consolida como uno de los principales corredores de transporte de América del Sur.
La Mesa Nacional de Seguridad Fluvial, coordinada por la Secretaría de Seguridad, será el órgano rector del plan, con responsabilidad en el seguimiento, la planificación y la cooperación internacional.
La secretaria Monteoliva destacó que la medida apunta a “enmarcar el esfuerzo de diferentes áreas del Estado hacia una construcción de seguridad sostenible”, y adelantó que se prevé una expansión progresiva del sistema de vigilancia tecnológica y patrullajes integrados.
El Ministerio de Seguridad remarcó que el programa se desarrollará sin afectar la operatividad comercial ni la libre navegación, pero fortalecerá los controles aduaneros, migratorios y de inteligencia criminal sobre cargas y embarcaciones.
Con este lanzamiento, el Gobierno nacional busca consolidar un modelo de control fronterizo basado en tecnología, cooperación federal y coordinación regional, en línea con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de seguridad portuaria y lucha contra el crimen organizado.
La Cámara de Diputados analiza un proyecto de ley que busca crear un régimen especial para pymes radicadas en zonas de frontera. La iniciativa, inspirada en el modelo brasileño de “Lojas Francas de Frontera Terrestre”, pretende reducir las asimetrías fiscales y cambiarias, equilibrar precios frente a los países vecinos y desincentivar el contrabando, que hoy genera una brecha de hasta el 40% en los productos.
El proyecto, presentado por el diputado entrerriano Gustavo Bordet, propone declarar de interés nacional el fomento y la protección de las Mipymes que operen en áreas limítrofes. La iniciativa plantea beneficios impositivos, la creación de un Consejo Nacional del Comercio Fronterizo (CNCF) y un marco regulatorio específico para incentivar nuevas inversiones.
El esquema se inspira en la Ley Federal Nº 12.723/2012 de Brasil, que regula las “Lojas Francas de Frontera Terrestre”. Sin embargo, en el caso argentino no se trata de zonas francas tradicionales, sino de un sistema de normas “cíclicas”, que otorguen incentivos tributarios para compensar las diferencias con los países vecinos.
Entre las medidas más relevantes se destaca la exención de IVA para compras en comercios fronterizos hasta un monto de u$s500 por persona y por mes para extranjeros y u$s1.000 para compradores nacionales, con el fin de igualar la competitividad de precios.
Asimetrías cambiarias y el impacto en las pymes locales
Según el director de Defensa al Consumidor de Misiones, Alejandro Garzón Maceda, la situación actual es crítica: “Hoy tenés un 40% de desventaja con otras fronteras y un bajo poder adquisitivo, que repercuten negativamente y lleva a que la gente de la zona compre en países vecinos”.
La volatilidad cambiaria provoca un ciclo de expansión y contracción en las ventas locales: cuando el tipo de cambio favorece al peso argentino, las empresas venden masivamente y abren sucursales; cuando se deprecia, deben cerrarlas. “Hace dos años los mayoristas argentinos vendían por pallets. Hoy muchos locales tuvieron que bajar la persiana”, recordó Garzón Maceda.
Por su parte, Fabián Hryniewicz, director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, señaló que el régimen podría tener un impacto fiscal positivo por el mayor movimiento en zonas fabriles y comerciales del centro del país, además de obligar a los comercios a formalizar relaciones laborales para acceder a los beneficios.
El proyecto ingresó originalmente en 2018 y fue retomado este año en la Comisión de Pymes, donde recibió una buena aceptación. Sin embargo, su avance se encuentra paralizado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado libertario José Luis Espert, que hasta el momento no convocó a tratar iniciativas opositoras.
La falta de consenso político y el contexto de restricciones fiscales generan dudas sobre la viabilidad del régimen. No obstante, Bordet defendió la propuesta al afirmar que “las ciudades fronterizas comparten vínculos sociales, culturales y económicos que trascienden los límites nacionales, pero la ausencia de un marco especial expone a las Mipymes a las consecuencias de las asimetrías macroeconómicas y cambiarias”.
¿Puede frenarse el contrabando?
De aprobarse, la norma tendría impacto directo en provincias como Misiones, Formosa, Corrientes, Salta y Jujuy, donde la pérdida de competitividad y el contrabando afectan de manera estructural al comercio. Además, permitiría aprovechar la integración regional para generar mayor circulación de turistas y consumidores en condiciones fiscales equilibradas.
La experiencia brasileña muestra que la implementación de incentivos controlados en frontera puede reducir el contrabando minorista, aunque su éxito depende de una fiscalización estricta y de la coordinación entre provincias, Nación y municipios.
En términos políticos, la medida abre un frente de negociación entre oficialismo y oposición, en un contexto en que las economías regionales reclaman herramientas para sostener empleo y producción frente al drenaje de consumo hacia países vecinos.
