contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC)

Historial de incumplimientos climáticos pesa sobre la COP30 en Belém

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Escribe Emilio Godoy / Inter Press Service – Las cumbres climáticas tienen una ineludible lista de metas, compromisos y procesos inconclusos. En la antesala de una nueva conferencia, la COP30, a realizarse en Belém do Pará, en la Amazonia brasileña, desde el lunes 10 de noviembre, fue el propio secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien lo reconoció.

“Fallamos en evitar un aumento de temperatura bajo 1,5°C en los próximos años”, dijo en entrevista con Sumaúma, en referencia a la meta principal del Acuerdo de París sobre cambio climático.

Pero la situación no es nueva. La historia, desde al menos la 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc), en la ciudad escocesa de Glasgow, es una de incumplimientos y de avances escasos, tanto en América Latina como en el mundo, como lo exhibe una revisión realizada por este medio. 

Un ejemplo es la famosa “salida” de los combustibles fósiles y el aumento de generación a partir de energías renovables, acordados en el marco del Balance Mundial realizado en la COP28 en Dubái.

Para Claudio Angelo, del brasileño Observatorio del Clima, el problema consiste en la falta de plazos y formas de aplicación de las medidas en torno a compromisos como el abandono progresivo de los combustibles fósiles y el crecimiento de la generación de energía renovable.

“Nadie o casi nadie dijo lo que iba a hacer para su salida en las NDC. Las renovables avanzan sin concomitantemente abandonar fósiles, tendremos un escenario de adición, no una sustitución. Brasil no es un buen ejemplo, porque la generación siempre fue renovable”, analiza desde Brasilia.

Las NDC son las contribuciones determinadas a nivel nacional, el conjunto de políticas voluntarias de mitigación que cada país presenta para cumplir con el Acuerdo de París firmado en 2015. Y un común denominador, explica Angelo, es precisamente la ausencia de los compromisos obtenidos en los documentos que deberían guiar las políticas climáticas.

Si bien el Balance Mundial —proceso mediante el cual los países y otros actores revisan su avance hacia los objetivos de reducción de emisiones y control del calentamiento global—, junto con otras iniciativas como la la Alianza de Marrakech para la Acción Climática Global —una plataforma que vincula a gobiernos, ciudades, empresas y pueblos indígenas con el fin de reducir emisiones y fortalecer la resiliencia frente a los impactos climáticos—, marcan la ruta para cumplir con el Acuerdo de París, esta ha sido muy accidentada.

El estado de los compromisos de cara a Belém

La nororiental ciudad de Belém, en el estado amazónico de Pará, será la casa de la COP30 entre el 10 y 21 de noviembre, en busca de nuevas metas y de retomar – teóricamente – la senda perdida hacia el control de la catástrofe climática.

Un análisis de Carbon Brief muestra que apenas un tercio de las nuevas NDC menciona el compromiso de salida de los combustibles fósiles acordado en el Balance Mundial de la COP28. Brasil, por ejemplo, menciona el compromiso de salida de los fósiles, pero no establece metas concretas ni fechas para realizarlo. 

Las NDC son, precisamente, los instrumentos donde se deberían explicitar las medidas concretas para lograr los compromisos realizados. 

El caso brasileño —país que preside la COP30— se suma al de los otros grandes de la región, como México y Argentina. Si bien los tres han aumentado la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, se ha tratado más de una complementariedad que de una sustitución, ya que continúan con fuertes inversiones en los fósiles.

De los países de la región, solo Chile y Cuba mencionan y establecen metas concretas y medibles para la salida de los fósiles, según establece un análisis del think thank E3G. Colombia, el único país productor de fósiles que suscribe al voluntario Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, menciona la meta pero no establece medidas concretas a nivel nacional.

En su nueva NDC, Brasil se compromete al incremento de la participación de tecnologías y fuentes limpias, renovables y de bajo carbono en la matriz nacional.

Pero, a pesar del progreso renovable, la dependencia de Brasil de los combustibles fósiles contradice su política climática. El país figura entre las 10 naciones con las mayores reservas de crudo desarrolladas y planea aumentar su producción de gas y petróleo.

La producción de petróleo totalizaría 5,3 millones de barriles diarios (mb/d) en 2030 y disminuiría a 4,4 Mb/d en 2034, para un aumento de 30 % frente a 2023. Mientras, la producción de gas saltaría a 118% en 2031, en comparación con 2023.

Al mismo tiempo, el grupo petrolero estatal Petrobras ya recibió un permiso de exploración de petróleo en la desembocadura del río Amazonas. 

En los últimos años, se ha vuelto costumbre que cada COP termine con una declaración final, de naturaleza política y que recoge los principales compromisos asumidos.

Sin embargo, hay voces que apuestan a que no existan más y se apliquen mecanismos de implementación que den seguimiento real a los compromisos plasmados en años anteriores.

Las COP también han sido sede de una serie de compromisos voluntarios de los países, acordados por fuera de los mecanismos propios de la Cmnucc y, por ello, libres de escrutinio dentro del sistema climático internacional.

Según un conteo del sitio Ambición COP,  desde 2021, América Latina ha asumido 444 compromisos voluntarios, con Brasil a la cabeza (45), seguido por Chile y Colombia (43 cada uno), México (28) y Argentina (21).

En cumbres climáticas, como la 29 en Bakú, La capital de Azerbaiyán, los países participantes asumieron y reafirmaron metas climáticas, algunas de ellas voluntarias, de escaso avance. Imagen: Cmnucc

Defectos comunes

México vive una contradicción similar a la de Brasil. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido 12 300 millones de dólares para generación renovable. Y 3600 millones para producción fotovoltaica descentralizada en las casas. Mantiene la política de apoyo público a las estatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El gobierno ha establecido un objetivo para que Pemex aumente la producción de petróleo de 1,5 mbd a 1,8 millones a 2035, así como la producción gasífera, de 3800 millones de pies cúbicos (p3) diarios a 5000 millones de p3.

Entre 2013 y 2024, el gobierno mexicano proporcionó a Pemex unos 140,000 millones de dólares en apoyo financiero, de los cuales asignó 105,000 millones después de 2019, mientras el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) frenaba la transición energética.

Sheinbaum, su sucesora, anunció en agosto último la construcción de dos plantas termosolares en el noroccidental estado de Baja California Sur. Para la generación de más de 100 megavatios.

La matriz mexicana depende de los fósiles, pues en la producción energética representa  90 % y en la eléctrica, casi 80 %. Las renovables aportan 21 % de la generación eléctrica del país.

El nuevo plan eléctrico mexicano considera adiciones de energía eólica de 23,5 % y de solar fotovoltaica de 44 % para 2030. De esa cuenta, la meta de energía limpia consiste en 38,5 % para 2030 y 43,7 % para 2039.

Sin embargo, estos anuncios quedan cortos frente al compromiso asumido en Dubái.

“No hay modalidades y guías de aplicación. Nos falta una interacción más clara entre la ambición y la aplicación, tenemos que promoverla y a partir de ella, elevar la ambición. La presidencia (brasileña) de la COP tiene el reto de cómo pasar de la promesa a la acción”, dice Mariana Gutiérrez, gerente de Diplomacia y Transparencia Climática de la no gubernamental Iniciativa Climática de México, desde Ciudad de México.

Por otro lado, en Argentina la transición marcha en reversa durante la gestión del ultraderechista Javier Milei desde 2023. Pues más de la mitad de la electricidad procedió del petróleo y gas en 2024, mientras las renovables representaron 13 %.

Para este año, Argentina asumió el compromiso de la contribución renovable de 20 %.

A diferencia de otros países latinoamericanos y pese a su dependencia fósil, Colombia tiene metas ambiciosas de transición, con la incógnita del avance que logren.

Tres cuartos de la energía generada dependen de petróleo, gas o carbón y menos de 5 % de renovables no convencionales. En la generación eléctrica, el protagonismo lo tienen las hidroeléctricas con 58 %. Más de un tercio proviene de fósiles y el aporte de solares y eólicas es mínimo. 

Los escenarios del Plan Nacional de Energía 2022-2052 de Colombia proyectan reducciones a largo plazo en la producción de combustibles fósiles. La Hoja de Ruta para una Transición Energética Justa reitera la intención gubernamental de la eliminación gradual de la producción fósil.

Para ese propósito, Colombia anunció 14 500 millones de dólares para la transición energética, incluido el alejamiento de la producción fósil.

En un bosque

Otros compromisos han corrido el mismo destino. Por caso, deforestación, meta voluntaria asumida en la COP26 de Glasgow y repetida en la cumbre de Dubái.

La Declaración de Líderes sobre los Bosques y el Uso de la Tierra de Glasgow de 2021. Que respaldaron unos 150 países, consiste en el freno y reversión de la pérdida de bosques y la degradación del suelo para 2030.

Al año siguiente, el planteamiento mutó a la Alianza de Líderes de Bosques y Clima, durante la COP27. Celebrada en Sharm el Sheij (Egipto), y la declaración final de Dubái recogió los objetivos del anuncio de Glasgow.

Pero como lo muestra el reciente reporte “Evaluación de la declaración de bosques 2025”. La brújula hacia la meta de cero deforestación de 2030 está extraviada.

Por mucho, Brasil encabeza el problema en la región, con un nivel de 1.89 millones de hectáreas en 2024. Si bien la tendencia viene a la baja desde 2021. Luego del desastre ambiental empujado por la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2023).

Para Angelo, del Observatorio del Clima, el tema forestal es menos complicado, pero “igual los criterios y plazos, especialmente el financiamiento. Es algo que hace falta definir” y resalta “la necesidad” de una hoja de ruta para la salida de fósiles y deforestación cero. Pero cuestiona que “ni siquiera están en la agenda formal”.

Le sigue Colombia, con un nivel de 200 000 hectáreas en 2023, más que el año previo. Mientras, México presenta una tendencia alcista desde 2020, con una tala de 180 000 hectáreas en 2023. En ese mismo año, Argentina perdió 130 000 hectáreas de bosque, tendencia a la baja desde 2021.

Para la mexicana Gutiérrez, la COP30 “debería ser el momento adecuado para evaluar avances, corregir el rumbo y acelerar la aplicación de los compromisos globales”.

Un asunto gaseoso

El combate a las emanaciones de metano, especialmente procedentes de la industria de hidrocarburos. Ha corrido también la misma suerte que otros compromisos, voluntarios o no.

Desde el lanzamiento del Compromiso Global de Metano de la COP28 en Glasgow, acordado por unos 150 países y que busca la reducción de emisiones en 30 %, por debajo de los niveles de 2020, para 2030, han surgido varias iniciativas de apoyo a ese compromiso, pero aún sin resultados concretos, por lo que la meta permanece lejana.

En 2024, Brasil emitió 21 882 kilotones de metano y de los cuales 1889 provienen de la producción energética. Para situarse en el cuarto puesto global. Un kilotón equivale a 1000 millones de toneladas.

Su NDC menciona someramente la reducción de emisiones del petróleo y gas.

Entre tanto, Chile generó 16 384 kilotones en 2022 y de los cuales 14 % se originó en el ramo energético. La meta de su NDC es la reversión del crecimiento en 2025.

Argentina, por su parte, lanzó a la atmósfera 5430 kilotones y de los cuales casi un tercio provino del sector energético, detrás del ramo agrícola.

México es el décimo contaminador mundial, al emitir 6449 kilotones, de los cuales 1989 procedió de la explotación de hidrocarburos.

Uno de sus mayores problemas es la quema y el venteo de gas en instalaciones de hidrocarburos, al punto que alcanzó 5724 millones de metros cúbicos en 2024. Con un crecimiento de 4 % frente al año previo, para situarse entre los nueve países con esas prácticas.

En la región, Colombia es de los menores emisores, con 3641 kilotones, 814 originados por los hidrocarburos.

Brasil, Colombia y México respaldan la meta de cero quema de gas en 2030 del Banco Mundial, mas no Argentina.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ya alertó de la gravedad del problema en un reciente informe. Al señalar que las empresas y gobiernos en el mundo solo atendieron 12 % de las 3500 alertas sobre fugas de metano que el organismo mundial lanzó en 2024. Y por lo que las metas globales de reducción de esas emisiones están lejanas.

Este reportaje se elaboró con el apoyo del programa de cobertura de la COP30 de Climate Tracker América Latina, respaldada por Oxfam.

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En Honduras el cambio climático avanza más rápido que sus políticas

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Escribe Breidy Hernández / Inter Press Service – Ubicado como el tercer país más vulnerable del mundo según el Índice de Riesgo Climático 2025 de Germanwatch, Honduras enfrenta una paradoja profunda: mientras su fragilidad ante huracanes, inundaciones y sequías se acentúa año con año, el país ha presentado una segunda actualización de su contribución determinada a nivel nacional (NDC, en inglés) que podría parecer más una declaración de intención que una hoja de ruta viable.

La NDC, que es el documento mediante el cual el país presenta sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero – una acción prevista en el Acuerdo de París, en el que las naciones se comprometen a frenar el calentamiento global -, promete reducir emisiones, restaurar bosques y avanzar hacia un desarrollo resiliente.​

El análisis de la NDC es la carta de presentación hondureña para la 30 Conferencia de las Partes (COP30) sobre cambio climático, que hospedará la ciudad amazónica de Belém do Pará, en el norte de Brasil, desde el lunes 10 y hasta el día 21.

Sin embargo, la gran pregunta es si este compromiso es compatible con la realidad estructural de este país centroamericano.

Con instituciones débiles, limitaciones financieras y una implementación lenta de políticas climáticas, la ambición de la NDC no parece realista, ya que el país no señaló medidas que indiquen un plan de acción concreto. Mientras, el territorio paga cada año – con vidas y pérdidas millonarias – el precio del cambio climático.

En Cedeño, una comunidad costera al sur de Honduras, el avance implacable del mar ha convertido sus calles y viviendas en escombros; hoy, sus habitantes representan el rostro humano del cambio climático, resistiendo mientras la playa y sus medios de vida desaparecen cada año bajo la amenaza de la erosión costera. Imagen: Jorge Burgos / Criterio

El documento, elaborado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), mantiene la meta de reducir un 16% de las emisiones proyectadas para 2030, además de incorporar por primera vez el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (Utcuts), en busca de mayor cobertura de fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero.

Aunque el documento oficial, presentado en abril de 2025, busca mostrar compromiso con el Acuerdo de París, los especialistas consultados por el reportaje coinciden en que la falta de financiamiento, la débil institucionalidad y la ausencia de voluntad política amenazan su cumplimiento real.

José Ramón Ávila, de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog) y voz crítica del sector social, señala que, aunque Honduras asumió trece objetivos estratégicos de mitigación y adaptación en la NDC de 2021, “la agenda climática sufre un grave retroceso porque no se están abordando los problemas fundamentales para una gestión climática favorable al país”.

Para José Ramón Ávila, la falta de voluntad política profundiza la deforestación y el avance de industrias extractivas en Honduras, quedando en deuda con la población y el ambiente. Imagen: Jorge Burgos / Criterio

Destaca la falta de acciones efectivas en temas clave como desarrollo rural sostenible, transición energética y control de la deforestación, donde predominan los anuncios sobre la implementación real.

Una ambición más metodológica que política

Toda la ambición climática nacional sigue siendo condicionada al financiamiento internacional. Según el documento oficial, el cumplimiento dependerá de la llegada de fondos externos bajo el Acuerdo de París, que cumple ahora 10 años. Esto implica que, sin recursos extranjeros, la mitigación y adaptación no avanzarán.​

Ana Rosario Velásquez, cofundadora de la Coalición Ambiental de Honduras, considera que se trata de “un plan sin músculo financiero ni capacidad institucional para ejecutarse”, subrayando la falta de una cartera de proyectos bancables, cronogramas de ejecución o mecanismos de monitoreo y transparencia.

Ana Velásquez advierte que, aunque la nueva NDC de Honduras reconoce los impactos de los eventos extremos y la necesidad de adaptación, aún no integra un enfoque operativo de ‘pérdidas y daños’, elemento fundamental en los debates internacionales sobre justicia climática. Imagen: Criterio

El incumplimiento de los compromisos financieros por parte de los países desarrollados vuelve a poner en evidencia la brecha entre las promesas y la acción climática.

Aunque existía la expectativa, por parte de la sociedad civil y de los países en vías de desarrollo, de que la nueva meta global de financiamiento (NCQG) alcanzará los 1,3 billones de dólares anuales (a partir de una estimación de cuánto dinero sería necesario para acelerar la transición energética y hacer frente a los impactos del cambio climático), el acuerdo de la última COP apenas alcanzó los 300 000 millones para 2035.

Quedó pendiente la elaboración de una hoja de ruta que, según lo pactado, deberá indicar los caminos para alcanzar los 1,3 billones (millones de millones) de dólares de financiamiento, aunque no se trata de un nuevo acuerdo oficial.

Además, esta segunda actualización de la NDC de Honduras incorpora por primera vez el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura, lo que permite contabilizar sumideros y remociones de gases bajo las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Según la Serna, esta inclusión fortalece la integridad ambiental y hace la NDC más “integral y transparente”.

Ávila señala que incluir este cambio puede tener impacto dependiendo de cómo se aplique la regulación: si hay mayor control sobre la tala y mejor gestión forestal, la emisión de gases puede reducirse, pero advierte que esto requiere voluntad política y acciones concretas que no están ocurriendo actualmente en el país.

En la Moskitia hondureña, la deforestación avanza a pesar del programa de reforestación de 900 millones de lempiras. La tala ilegal, la expansión ganadera y el narcotráfico continúan devastando bosques protegidos, como en la biosfera del río Plátano, desplazando a comunidades indígenas y poniendo en riesgo ecosistemas únicos del país. Imagen: Criterio

Por su parte,  Ricardo Pinedadirector de Sustenta Honduras, advierte que la actualización de la NDC aumenta artificialmente la línea base de emisiones; explica que tiene que ver con que la meta de reducción de emisiones es con base a una duplicación de las emisiones actuales.

“Es como querer vender una reducción de emisiones en porcentaje, pero en números reales, se está anticipando un incremento de emisiones. Como que muestra que hacen las cosas por el compromiso y no por voluntad en acción climática”, dice.

Esta “ambición metodológica” cumple con las demandas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), pero carece de una traducción práctica en políticas energéticas, agrícolas o forestales. En lugar de consolidar una visión estratégica con resultados cuantificables, la actualización convierte el ejercicio de mitigación en un cálculo contable, sin efectos reales sobre la descarbonización del país.​

Para los especialistas consultados, el problema radica en que la NDC hondureña fue construida como un documento técnico más que político, sin anclaje en planes operativos ni respaldo presupuestario que garantice su aplicación.

Velásquez advierte que Honduras “pinta de verde el fracaso” porque depende casi por completo del financiamiento internacional, sin generar recursos nacionales ni fortalecer sus propias instituciones.

Pineda añade que, con este enfoque, Honduras se autoexcluye del acceso al financiamiento climático internacional porque “no está demostrando voluntad ni claridad en sus compromisos de mitigación”, mientras que Ávila subraya que “el problema no es técnico sino político: el país carece de voluntad para transformar su modelo extractivo y energético”.

A pesar de las promesas del gobierno de Xiomara Castro y su discurso contra el extractivismo, Honduras sigue en deuda con la defensa territorial y ambiental. En Azacualpa, Copán, se otorgó un plan de salvamento en zonas de amortiguamiento de la mina San Andrés, beneficiando a filiales extranjeras como Aura Minerals. Imagen: Criterio

Adaptación: el talón de Aquiles climático

Laadaptación climática se ha consolidado como uno de los pilares más urgentes de la acción ambiental en Honduras. En la segunda actualización de su NDC, el gobierno reafirma que la meta no solo es reducir emisiones, sino también fortalecer la resiliencia de comunidades y ecosistemas ante la crisis climática.​

Además, busca fortalecer la resiliencia en sectores críticos como el agrícola, marino-costero, hídrico, infraestructura y biodiversidad, alineándose con los ejes del Plan Nacional de Adaptación (PNA).

Según la Primera Comunicación Nacional de Adaptación (2023), las prioridades incluyen aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, proteger ecosistemas degradados, restaurar manglares y humedales, e incorporar criterios de adaptación en la planificación territorial y de infraestructura.

Sin embargo, a pesar de contar con un marco técnico robusto y estrategias como la Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE), la implementación enfrenta limitaciones de recursos, ausencia de coordinación interinstitucional y un acceso desigual a los mecanismos de financiamiento climático.

César Quintanilla, especialista en cambio climático, señala que Honduras “está desnuda ante los impactos climáticos”, con comunidades costeras y agrícolas que siguen perdiendo hogares y medios de vida por inundaciones, erosión y aumento del nivel del mar.

Aunque la NDC menciona la alta vulnerabilidad del país, no incorpora medidas operativas de adaptación, como planes territoriales, sistemas de alerta temprana o financiamiento para ciudades y comunidades rurales.

Un ejemplo de ello es la comunidad costera de Cedeño, donde en las últimas cuatro décadas, el avance sostenido del mar hacia tierra firme ha provocado una severa erosión costera en el golfo de Fonseca, al sur de Honduras. El fenómeno ha reducido considerablemente la franja de playa y destruido viviendas, negocios y restaurantes en antiguas zonas turísticas en el municipio de Marcovia.

Este retroceso del litoral, causado por el aumento del nivel del mar y las marejadas más intensas, ha transformado el paisaje y obligado a decenas de familias a desplazarse, dejando tras de sí comunidades fragmentadas y una economía local cada vez más golpeada por los efectos del cambio climático.

Rosa María Pastrana, de 68 años y mujer pescadora, ha visto cómo el mar ha arrasado con casas –incluida la suya— y cómo el medio de vida –los peces—se está escaseando producto del cambio climático.

Pese a la vulnerabilidad que están experimentando, Pastrana lamenta que las autoridades municipales y del gobierno central no se han preocupado por implementar planes de mitigación ni mucho menos de adaptación. “Nosotros hemos aprendido a vivir con el avance del mar, aquí nos han dejado solos”.

En el pasado, Rosa María salía al mar para faenar junto a su familia. Hoy, aguarda al atardecer la llegada de las lanchas para limpiar los escasos pescados que logran capturar, reflejo de cómo el cambio climático y la migración de especies han transformado el sustento de los pescadores artesanales. Imagen: Jorge Burgos / Criterio

La casa de Rosa María está bajo el mar, al igual que la de muchos lugareños y aunque las afectaciones son desde hace años, en Marcovia aún no se ha implementado un plan de ordenamiento territorial. De acuerdo con las autoridades municipales, la falta de recursos ha impedido concretar el estudio de ordenamiento territorial elaborado junto a la Embajada de la República de China (Taiwán).

En las palabras de Quintanilla, Honduras “no ha logrado traducir su vulnerabilidad en acción”, ya que las comunidades más expuestas —especialmente las rurales y costeras— siguen sin apoyo para responder ante sequías, huracanes e intrusión y erosión marina. Este desfase entre planificación y ejecución convierte la adaptación en una deuda ambiental y social urgente dentro de la agenda climática nacional.

¿Cómo se presentará Honduras en la COP30?

De cara a la COP30 en Belém, los entrevistados consideran que Honduras llega con discursos verdes y manos vacías, con una agenda débil y sin una estrategia climática concreta.

Para Pineda, la delegación hondureña asistirá “fragmentada y sin preparación”, centrada más en el contexto electoral del país que en la urgencia climática.

Honduras decidirá quién será su próximo presidente o presidenta el 30 de noviembre, solo una semana después de celebrada la COP30, y el secretario de Estado de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, es el jefe de campaña de la candidata del partido Libertad y Refundación, actualmente en el poder.

Pineda advierte que la falta de coordinación institucional y de representación de la sociedad civil refuerza la exclusión de comunidades, mujeres y jóvenes de los espacios de negociación internacional.

Además, sostiene que “será la COP más importante para la región, pero Honduras llega con la menor preparación”, sin proyectos listos ni una posición alineada con los objetivos globales de mitigación y adaptación.

Esta situación, según Pineda, no solo debilita la credibilidad del país dentro del proceso de la CMNUCC, sino que también limita el acceso a fondos climáticos internacionales, en particular los destinados a pérdidas y daños.​

Desde la sociedad civil, voces como la de Velásquez y Ávila lamentan que el gobierno llegue a Belém “con las manos vacías”, llevando un discurso que promete acción climática, pero sin sustento técnico ni financiero.

Ávila considera que Honduras “asistirá en deuda con su población y con sus compromisos internacionales”, debido a la falta de voluntad política, poca investigación aplicada y escasa articulación entre academia, sector público y comunidades.

Quintanilla es aún más crítico: asegura que el país repetirá el mismo patrón de años anteriores, con delegaciones numerosas, pero poco técnicas, que no participan en las mesas de negociación ni aportan propuestas concretas.

Para recuperar credibilidad y viabilidad, los especialistas recomiendan adoptar un Plan Operativo NDC 2025–2030 con metas medibles, presupuestos asignados y participación ciudadana real.​ Solo entonces, Honduras podría dejar de ser percibida como un país con fracasos en la gestión climática en Centroamérica y avanzar hacia un enfoque más justo, coherente y resiliente frente a la crisis.

Este reportaje se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina y el respaldo de Oxfam.

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La COP30 y el reto latinoamericano de reducir emisiones

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Escribe Emilio Godoy / Inter Press Service – Brasil, el anfitrión desde este jueves 6 de la Cumbre de Líderes, primero, y de la 30 Conferencia de las Partes (COP30) sobre cambio climático, que se desarrollarán en la nororiental ciudad de Belém, en plena Amazonia, es un ejemplo de esas contradicciones y paradojas.

En los últimos dos años, el país más grande de la región redujo las emisiones por deforestación, pero las emanaciones de sectores como la energía y la agricultura crecieron, lo que influye en el aumento de la temperatura y la sequía en la Amazonia.

Para David Tsai, coordinador del brasileño Sistema de Estimaciones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero (Seeg), el hecho encierra tanto una contradicción y una paradoja en la política brasileña de mitigación de emisiones contaminantes.

“En los dos últimos años, hubo una disminución de emisiones debido al control de la deforestación, que es necesario, pero lo que muestran los últimos 15 años no es suficiente. Necesitamos descarbonizar otros sectores también”, dijo a IPS desde Brasilia.

Y la paradoja consiste en que, a pesar de la caída de la tala en el macizo selvático más grande del mundo, este sufrió incendios forestales debido a altas temperaturas y sequía, efectos de la catástrofe climática. “Esto muestra que el gobierno tiene que hacer más en otros sectores, como el mundo entero. Salvar la Amazonia no es ya solo responsabilidad brasileña”, subrayó el especialista.

Datos del no gubernamental Seeg indican que la mayor economía latinoamericana redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero, procedentes de las actividades humanas y responsables del aumento de la temperatura del planeta, 17% en 2024, la mayor baja desde 2009.

Si bien el cambio de uso de la tierra (deforestación) reportó una caída de 32%, sectores como la ganadería, uno de los motores de la economía nacional; generación y consumo de energía crecieron 20%, frente al año de referencia de 2005 para su contribución determinada a nivel nacional (NDC, en inglés).

Así, Brasil, el cuarto mayor contaminador mundial, no cumplirá la meta de emisiones de 1320 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente, el gas responsable del recalentamiento planetario, en 2025, al registrar un faltante de 9 %, según el Seeg, ni la de 2030.

El CO2 equivalente es una medida utilizada para comparar las emisiones de diferentes gases de efecto invernadero en relación con su potencial de calentamiento global.

El expediente brasileño muestra las dificultades de la región para cumplir con sus compromisos voluntarios de reducción de emisiones plasmados en las NDC, el conjunto de políticas de mitigación y adaptación a las consecuencias de la catástrofe climática, que los países deben presentar cada cinco años para cumplir con el Acuerdo de París de cambio climático, rubricado en 2015.

En ese contexto arriba la región a la COP30 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que acogerá Belém, en el estado de Pará, del 10 al 21 de noviembre.

La cita anual estará precedida excepcionalmente por una Cumbre de Líderes políticos los días 6 y 7, segmento que la presidencia brasileña de la COP30 adelantó debido a cuestiones logísticas por lo inadecuado de Belém para acoger un encuentro que proyecta acoger a más de 40 000 personas, entre representantes gubernamentales, de organismos internacionales, la academia, organizaciones de la sociedad civil y periodistas.

Paneles fotovoltaicos en una casa en la ciudad de Aguascalientes, en el estado homónimo en el centro de México. La transición energética hacia modos menos contaminantes marcha con lentitud en este país latinoamericano y lo que repercute en la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Imagen: Emilio Godoy / IPS

Mal de muchos…

 México, la segunda economía regional y el segundo mayor contaminador latinoamericano, enfrenta una situación semejante a la de Brasil, cuya tercera NDC es “insuficiente”, acorde con la plataforma científica internacional Climate Action Tracker (CAT).

Las emisiones totales entre 1990 y 2022 crecieron 67%, mientras que en el decenio 2012-2022 este indicador se situó en 5,8%.

La generación y uso de energía aportó 63%, la ganadería, 15%; los procesos industriales, 9,6%, y los residuos, 8,5%.

El gobierno mexicano asegura que está en ruta de alcanzar la reducción de 30% de las emisiones en 2030, en línea con su NDC de 2022, que CAT calificó de “críticamente insuficiente” ante la meta del Acuerdo de París de estabilizar el incremento de la temperatura global en 1.5 grados centígrados.

Cuando están por abrirse las puertas de la COP30, México está aún por publicar su nueva NDC, que estipularía una meta de reducción de emanaciones de 35%, unos 225 millones de toneladas de CO2.

Argentina, por su parte, asegura que está muy cerca de lograr su meta de baja de contaminación, que totalizó 401 millones de toneladas en 2022. La nación sudamericana colocó su meta para 2030 en 349 millones.

Pero organizaciones de la sociedad civil de la tercera economía regional hallan difícil el seguimiento al proceso y la corroboración de la cifra.

“La fuente confiable debería ser el inventario (de emisiones), porque de lo contrario es muy difícil acceder a la información. Cuando la incertidumbre es tan grande, es muy difícil el seguimiento. No estaríamos en dirección correcta para la meta. Tampoco hay políticas que incentiven reducción de emisiones”, dijo a IPS desde Buenos Aires Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).

Entre 1990 y 2022, las emisiones aumentaron 46%. En este último año, la generación y utilización de energía colaboró con 50%, la agricultura y ganadería, 25%; uso de la tierra y cambio de uso de suelo (Uscus, medidor de la deforestación), 13%; residuos y procesos industriales, ambos 6%.

Para el cumplimiento de su NDC, Argentina elaboró un plan de adaptación y mitigación que contiene 250 medidas y estimaciones de financiamiento necesario de 180 322 millones de dólares para 169 acciones. Sin embargo, no especificó montos para el resto.

Pero en 2024 publicó un informe de avance del plan y cita que la mayoría de las políticas no se han aplicado y de otras no existe información.

CAT catalogó de “insuficientemente crítica” la NDC de 2022 y estimó que el nivel de emisiones de 2022 implicaría una proyección de aumento de 15% en 2030, lo que incumpliría su propia meta voluntaria de recorte. Entre tanto, se espera que el país presente antes de inaugurarse la COP30 la actualización de su NDC.

Mientras, Chile, la quinta economía regional, ha sido de los países latinoamericanos más ambiciosos en su NDC, aunque esto se ha atenuado en sus nuevos objetivos.

En 2022, la nación sudamericana lanzó a la atmósfera 111 millones de toneladas, para una subida de 135 % frente a 1990 y de 7 % desde 2020.

La energía cooperó con 50%, Uscus, 33%; y agricultura, residuos y procesos industriales, los tres 5%.

La NDC de 2020 planteó una meta de disminución de 95 millones de toneladas en 2030 y su nueva política, presentada en septiembre último, la situó por debajo de 90 millones en 2035

Al respecto, CAT la calificó de “casi suficiente” frente al Acuerdo de París, pero advirtió que la brecha entre ambos objetivos ha crecido, de 10 millones de toneladas en 2030 a 22 millones en 2035, indicativo de un debilitamiento de la ambición.

Finalmente, Colombia, la cuarta economía regional, emanó 280 millones de toneladas en 2021, que representan un aumento de 25,8 % en comparación con 1990.

El Uscus participó con 34,49%, seguido por energía (32,71%) y agricultura (20,69%).

En su NDC actualizada en septiembre, el país aumentó su ambición a un límite de emisiones entre 155 millones y 161 millones en 2035, ante 169 millones asumido para 2030 en su política previa. Sin embargo, el alcance y la ruta de ejecución aún son una incógnita.

CAT consideró “insuficiente” la NDC 2, mientras aún no evalúa el nuevo instrumento.

Los países abordados han asumido la meta de cero neto en 2050, entendidas como la equivalencia de las emisiones lanzadas y las evitadas, y el diferencial, anulado mediante el uso de depósitos de carbono, como bosques y manglares, o herramientas tecnológicas.

Varios informes recientes alertan de la insuficiencia de las NDC frente a la meta de 1,5 grados. Por ejemplo, el Balance Mundial sobre el cumplimiento del Acuerdo de París señaló que el avance es lento frente al desafío y que el mundo tiene una ruta extraviada hacia los objetivos plasmados en el acuerdo.

La construcción de alojamientos en la ciudad amazónica de Belém, en el norteño estado brasileño de Pará, para alojar a los más de 40 000 participantes en la COP30, ha seguido hasta las vísperas de cumbre, que busca reencauzar la lucha climática en un contexto de desastres y de retroceso en el diseño y aplicación de políticas climáticas. Imagen: COP30

¿Más de lo mismo?

El brasileño Tsai menciona la necesidad de compromisos obligatorios a nivel internacional para abandonar progresivamente el petróleo, el gas y el carbón, así como medidas nacionales para reducir las emisiones, como el fomento a biocombustibles provenientes de residuos y la restauración de áreas pastoriles dañadas.

“Según nuestras estimaciones, hay suficiente tierra para biocombustibles que descarbonicen Brasil. Es una forma rápida de cambiar el panorama de las emisiones. Pero tenemos que arribar a tecnologías más eficientes, etanol de caña de azúcar y soja no son las mejores opciones. Pero seguramente veremos lo mismo de cumbres previas, es un panorama difícil de cambiar”, planteó el experto.

Para la argentina Mercure, la principal barrera es la falta de prioridad de la temática climática.

“Hay una puja por seguir con el modelo actual (de uso de combustibles fósiles). El escenario es bastante complejo. En la reducción (de emisiones), lo que termina sucediendo es que las metas y compromisos son ambiciosos en el papel, pero no están las hojas de ruta correspondientes para llegar a ese número. Vale preguntarse cuál es el camino para seguir, para presionar para elegir una ruta mejor”, lamentó.

Con la intensificación de desastres, como huracanes poderosos, y la meta de 1,5 grados al borde de la ruptura, la COP30 difícilmente aportará un cambio de ruta, especialmente bajo la luz de las NDC actualizadas.

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