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La CNV redefine las reglas para Sociedades Gerentes y Agentes de Negociación

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó una profunda modificación normativa que habilita a las Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión a inscribirse también como Agentes de Negociación, estableciendo un marco estricto de segregación funcional, control de conflictos de interés y transparencia operativa. La medida fue formalizada mediante la Resolución General 1102/2025, publicada el 31 de diciembre, y apunta a fortalecer la protección de los inversores y modernizar la arquitectura regulatoria del mercado de capitales argentino.

La resolución introduce cambios relevantes en distintos títulos de las Normas (N.T. 2013 y mod.), particularmente en el Título V, Título VII y Título VIII, y complementa el esquema habilitado previamente por la Resolución General 1089. El eje central es permitir la coexistencia de funciones —administración de fondos y negociación— bajo condiciones estrictas que aseguren independencia operativa, trazabilidad contable y prioridad del interés del inversor.

Un nuevo marco para la doble función: Sociedad Gerente y Agente de Negociación

La Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 establece como objetivo central el desarrollo del mercado y la defensa de los intereses de los inversores, asignando a la CNV amplias facultades regulatorias y de control. En ese marco, la Resolución General 1102/2025 avanza en la adecuación normativa necesaria para regular la doble inscripción de una misma persona jurídica como Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y Agente de Negociación (AN).

El texto define que las Sociedades Gerentes podrán desempeñar funciones adicionales, como la administración de carteras de inversión con mandato expreso y la colocación y distribución de cuotapartes, e incluso inscribirse como AN, con exclusión expresa de la subcategoría AN RUCA. Al mismo tiempo, fija incompatibilidades claras: la inscripción simultánea como Agente de Colocación y Distribución Integral (ACyDI) y como AN no será posible, y las Sociedades Gerentes que sean entidades financieras tampoco podrán registrarse como AN.

De esta forma, la CNV busca ampliar las capacidades operativas de los actores del mercado, pero bajo un esquema regulatorio que evite superposiciones riesgosas y preserve la integridad del sistema.

Segregación funcional, control interno y prevención de conflictos de interés

Uno de los núcleos más relevantes de la resolución es la incorporación de los artículos 21 a 26 del Capítulo I del Título VII, que establecen un régimen detallado de organización interna y pautas de actuación para quienes revistan la doble categoría.

Entre los requisitos centrales se destacan la obligación de asegurar una segregación funcional y administrativa efectiva, que permita operar como unidades de negocio autónomas e independientes, con registración contable diferenciada de ingresos y egresos. Además, se exige una estructura organizativa acorde al volumen y complejidad de las operaciones, con manuales de procedimientos disponibles para la CNV.

En materia de conducta, el Agente que también actúe como Sociedad Gerente deberá priorizar simultáneamente el interés de sus clientes y el interés colectivo de los cuotapartistas, evitando conflictos de interés, en especial en el asesoramiento y administración de carteras. La normativa es explícita al señalar que no se podrá priorizar la colocación de cuotapartes de fondos propios sin fundamentos técnicos ni adecuación al perfil de riesgo del cliente.

El régimen se completa con exigencias reforzadas en materia de idoneidad del personal, control interno y cumplimiento regulatorio. El Responsable de Cumplimiento deberá remitir a la CNV, dentro de los 70 días corridos de cerrado el ejercicio, un informe detallado con resultados independientes por cada unidad operativa, permitiendo al organismo un control exhaustivo y diferenciado.

Cambios en depositantes autorizados y alcance institucional

La Resolución General 1102/2025 también introduce una modificación sustancial en el artículo 37 del Título VIII, ampliando y precisando el listado de depositantes autorizados de valores negociables, incluyendo organismos públicos, mercados, cámaras compensadoras, agentes registrados, entidades financieras locales y del exterior, fondos de pensión, compañías de seguros y sujetos vinculados a la representación digital de valores.

El nuevo esquema refuerza las obligaciones de identificación, segregación de posiciones y garantías, contabilidad adecuada y control de riesgos, especialmente en el uso de cuentas globales, con el objetivo de proteger los activos de los clientes ante eventuales situaciones de insolvencia.

Desde una perspectiva institucional, la norma consolida un enfoque de mayor sofisticación regulatoria, alineado con estándares de supervisión más exigentes, y refuerza el rol de la CNV como autoridad de aplicación y contralor del mercado de capitales.

Proyección para el mercado de capitales

La habilitación regulada de la doble inscripción abre nuevas posibilidades de integración vertical y eficiencia operativa para los actores del mercado, pero al mismo tiempo eleva significativamente las exigencias de cumplimiento, control y transparencia. Para las Sociedades Gerentes y Agentes de Negociación, el desafío será adaptar sus estructuras internas a un esquema más complejo, mientras que para los inversores la medida promete mayores salvaguardas frente a conflictos de interés.

En un mercado que busca profundizar su desarrollo y recuperar volumen, la Resolución General 1102/2025 se inscribe como un paso clave en la modernización normativa, con impacto directo en la organización de los intermediarios y en la arquitectura institucional del sistema financiero argentino.

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Policía de Misiones separó a dos suboficiales tras denuncias por delitos de instancia privada y causas federales

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La Policía de Misiones dispuso medidas disciplinarias inmediatas ante denuncias por delitos de instancia privada y causas federales.

La Jefatura de la Policía de Misiones resolvió separar preventivamente del servicio a dos suboficiales, tras denuncias judiciales por hechos de distinta naturaleza. En el primer caso, un sargento ayudante fue denunciado en San Ignacio por un presunto delito de instancia privada; en el segundo, un efectivo fue detenido por Gendarmería Nacional en el marco de una investigación federal vinculada a estupefacientes. Ambas medidas se enmarcan en los protocolos institucionales de control y transparencia que rigen en la fuerza.

Disponibilidad preventiva por denuncia en San Ignacio

El 27 de octubre, una joven de 18 años formalizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer de San Ignacio, dependiente de la Unidad Regional XIII, por un presunto hecho de instancia privada.

Ante la presentación, la Policía de Misiones activó los protocolos de atención integral, que incluyeron asistencia psicológica, médica y asesoramiento jurídico a la denunciante.

En paralelo, la Jefatura de la Policía provincial dispuso el pase a disponibilidad preventiva del suboficial denunciado, un Sargento Ayudante, y ordenó la intervención inmediata de la Dirección de Asuntos Internos, para garantizar el debido proceso administrativo y judicial.

El hecho fue comunicado a la autoridad judicial competente, que instruyó la realización de pericias médicas y la recolección de pruebas. Por el momento, el efectivo permanece separado de sus funciones y a disposición de la Justicia, mientras se sustancia la investigación.

Desde la institución informaron que todos los elementos reunidos fueron puestos a disposición del Poder Judicial, en cumplimiento de los procedimientos internos de actuación frente a denuncias de carácter penal.

Separación del cargo en una causa judicial federal

En otro procedimiento, la Jefatura de Policía de Misiones resolvió el pase a disponibilidad inmediata y separación del cargo de un Suboficial detenido en el marco de una causa federal, vinculada a presuntas irregularidades en una investigación por estupefacientes.

El caso se originó el 29 de octubre, tras una denuncia formal presentada ante la Dirección General de Drogas Peligrosas, en la que un ciudadano advirtió sobre posibles irregularidades cometidas por el efectivo investigado.

En cumplimiento de los protocolos de transparencia y control institucional, la Jefatura informó de inmediato a la Justicia Federal. Remitiendo todos los antecedentes y elementos recabados.

Por disposición del magistrado interviniente, la Gendarmería Nacional ejecutó el procedimiento que derivó en la detención del suboficial. Mientras que la Dirección de Asuntos Internos inició las actuaciones administrativas correspondientes.

El efectivo permanecerá en situación de disponibilidad preventiva hasta que se determine su responsabilidad en sede judicial.

Transparencia y control institucional

Las decisiones adoptadas por la Jefatura de Policía se inscriben en la política de “tolerancia cero” ante conductas irregulares y en la aplicación estricta del Reglamento de Disciplina Policial. Que establece la separación preventiva de los agentes involucrados en causas penales, a fin de garantizar imparcialidad y preservar la integridad institucional.

En ambos casos, la fuerza reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas. Y la cooperación plena con la Justicia, tanto provincial como federal.

De esta manera, la Policía de Misiones busca sostener estándares de integridad y control interno. En línea con la política pública de fortalecimiento institucional y confianza ciudadana impulsada por el Gobierno provincial.

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Energía de Misiones aplicó más de 300 despidos en un año y endurece los controles internos

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Energía de Misiones aplicó más de 300 despidos en un año y consolida una política de “tolerancia cero” ante irregularidades internas

En el último año, Energía de Misiones, la empresa estatal encargada de la distribución eléctrica en toda la provincia, implementó una reestructuración profunda que derivó en más de 300 despidos. La medida forma parte de una política de control y eficiencia interna orientada a reducir costos operativos y fortalecer la transparencia administrativa, en un contexto de creciente presión social por la calidad del servicio y las tarifas.

Una reestructuración silenciosa con foco en la disciplina y el control interno

De acuerdo con información confirmada por fuentes del sector, el plantel de trabajadores de Energía de Misiones pasó de cerca de 2.000 empleados a unos 1.700 en los últimos doce meses. Los ceses se produjeron en el marco de sumarios administrativos, sanciones disciplinarias y desvinculaciones por bajo rendimiento o incumplimiento de funciones, en lo que la empresa describe como una política de “tolerancia cero” ante irregularidades.

La conducción de la firma mantiene congeladas las nuevas incorporaciones y los pases a planta permanente, en línea con una estrategia de racionalización del gasto y fortalecimiento del control operativo, según sostienen fuentes cercanas a la administración.

El caso más reciente, que tomó estado público esta semana, fue el de un empleado del área de toma de estado de medidores, despedido tras comprobarse que falsificaba lecturas de consumo desde su domicilio. La irregularidad fue detectada luego de múltiples reclamos de usuarios del interior provincial, quienes denunciaron diferencias injustificadas en las facturas de energía.

Una vez abierta la investigación interna, el trabajador fue sometido a un sumario administrativo y posteriormente cesado de forma inmediata. La empresa interpretó el caso como una muestra concreta del nuevo estándar de exigencia interna: la manipulación de datos o el incumplimiento de funciones serán causal directa de despido.

Desde entonces, según trascendió, no se registraron nuevos casos similares, lo que dentro de la compañía es interpretado como un indicio del efecto disuasivo de la medida.

Eficiencia operativa y profesionalización del servicio público

La política de control se inscribe dentro de un plan integral de eficiencia que Energía de Misiones viene aplicando desde 2024. Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y optimizar el uso de los recursos públicos.

“Están revisando todo: horas extra, asistencia, recorridos y partes diarios. Quedó claro que el que no cumple, se va”, expresó un trabajador con más de diez años en la empresa. Describiendo el clima interno como de “máxima exigencia y control”.

La compañía sostiene que las medidas buscan profesionalizar la gestión y restaurar la confianza de los usuarios, luego de años de cuestionamientos por errores de facturación, demoras en la reposición del servicio y deficiencias en el mantenimiento de redes.

El proceso incluye auditorías internas, controles de desempeño y modernización administrativa, con especial atención a las áreas críticas del sistema eléctrico. “El objetivo es un servicio más previsible, más justo y más transparente”, sostienen fuentes cercanas a la gerencia.

Impacto laboral y proyección institucional

El ajuste estructural genera preocupación en los equipos técnicos y administrativos. Donde algunos empleados señalan una mayor carga operativa y tensión laboral. Especialmente en las zonas del interior donde los recursos humanos son más limitados.

Desde la empresa remarcan que la reestructuración no implica un achique indiscriminado, sino una reorganización orientada a resultados. En paralelo, Energía de Misiones busca reducir los tiempos de respuesta ante cortes. Mejorar el mantenimiento preventivo y avanzar en un esquema de supervisión digital del consumo eléctrico.

En un contexto económico desafiante y con presión social por la calidad del servicio, la conducción de la empresa busca equilibrar la disciplina interna con la eficiencia institucional. Sosteniendo una premisa que se repite puertas adentro: “El que cumple, se queda; el que miente o no trabaja, se va”.

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