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Milei eleva a “ALTO” el nivel de seguridad nacional por la situación en Oriente Medio

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El presidente Javier Milei dispuso elevar a “ALTO” el nivel de seguridad en todo el territorio nacional a partir del 28 de febrero de 2026, según un comunicado oficial difundido desde la Oficina del Presidente de la República Argentina. La decisión responde a los acontecimientos de público conocimiento ocurridos ese mismo día en Medio Oriente y activa un esquema preventivo que incluye refuerzo de custodia en objetivos sensibles, monitoreo permanente del Sistema de Inteligencia Nacional y mayores controles en fronteras.

La medida no es solo operativa. También es una señal política. En un contexto internacional de alta tensión, el Gobierno busca mostrar capacidad de reacción inmediata y coordinación institucional. La pregunta que se abre es cómo impacta este endurecimiento del esquema de seguridad en la actividad económica, la logística y el clima de inversión.

Refuerzo preventivo y coordinación institucional

El comunicado establece que se fortalecerán los dispositivos de protección sobre objetivos sensibles civiles e infraestructura crítica. Esto incluye el refuerzo de la custodia en representaciones diplomáticas extranjeras en el país.

Además, el Sistema de Inteligencia Nacional monitorea de manera permanente la evolución de los acontecimientos en cooperación con agencias internacionales, con el objetivo de detectar riesgos o amenazas contra la seguridad nacional.

En paralelo, se activó el protocolo de alerta en fronteras. La medida implica reforzar los controles de ingreso y egreso del país y aumentar la trazabilidad de movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles. El esquema articula a la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional —a través de la Dirección Nacional de Migraciones— y las Fuerzas Federales de Seguridad.

En términos institucionales, se trata de una activación preventiva dentro de las facultades del Poder Ejecutivo para resguardar la seguridad interior. No se anunció un estado de excepción ni se mencionaron restricciones extraordinarias, pero el salto en el nivel de alerta modifica la dinámica operativa de varios organismos.

Impacto económico: logística, comercio y percepción de riesgo

Aunque el comunicado no detalla efectos regulatorios adicionales, el endurecimiento de controles fronterizos puede tener implicancias en tiempos de tránsito y en la operatoria logística, especialmente en comercio exterior y transporte internacional. Un mayor nivel de trazabilidad y revisión suele traducirse en procesos más estrictos, con posibles demoras administrativas.

Para el mercado, el dato central es la estabilidad. Las decisiones en materia de seguridad influyen en la percepción de riesgo país y en el análisis que realizan inversores y compañías multinacionales sobre continuidad operativa. El refuerzo de custodia en representaciones diplomáticas y en infraestructura crítica apunta, justamente, a preservar esa normalidad.

En sectores como energía, transporte, telecomunicaciones y servicios estratégicos, el concepto de “infraestructura crítica” adquiere peso específico. La protección reforzada busca evitar interrupciones que impacten en producción, abastecimiento o precios. En un escenario internacional volátil, la anticipación es parte del mensaje.

Señal política en un escenario global incierto

El Gobierno reafirmó su compromiso con la defensa de la vida, la libertad y el orden constitucional. La elevación del nivel de seguridad se inscribe en una lógica de prevención antes que de reacción. No corrige una política previa, sino que profundiza un enfoque de alineamiento con estándares de monitoreo y cooperación internacional ante eventos externos.

Hacia adentro, la medida también ordena a la estructura estatal bajo un esquema de coordinación más intenso. Hacia afuera, comunica que Argentina busca blindar su territorio ante eventuales externalidades del conflicto internacional.

El efecto económico dependerá de la duración del nivel de alerta y de la evolución del contexto global. Por ahora, el Ejecutivo optó por anticiparse y marcar presencia institucional. En un mundo donde la seguridad y la estabilidad influyen directamente sobre mercados y flujos de inversión, esa decisión adquiere un significado que excede lo estrictamente operativo.

Cancillería expresó su respaldo a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán

La Cancillería expresó este sábado su apoyo a la ofensiva militar impulsada conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán y consideró que “las medidas adoptadas contribuirán a fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear”.

Conforme al comunicado oficial con estas acciones “se consolidará un marco de paz y seguridad duradera”.

“El Gobierno de la República Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”, inició el escrito.

En este sentido, enfatiza que “pese a los reiterados esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, Irán no desmanteló completamente su programa nuclear, no cesó sus actividades sensibles de enriquecimiento ni ha puesto fin al apoyo que brinda a actores armados no estatales que operan de manera desestabilizadora en distintos países de la región”, motivo por el que “se constituye una amenaza persistente a la paz y la seguridad internacionales”.

El canciller Pablo Quirno manifestó que “la Argentina condena enérgicamente los ataques” cometidos por Irán contra “naciones como Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Reino Unido, Arabia Saudita, Kuwait, así como “instalaciones y personal de EEUU en la región”.

Sin embargo, el Gobierno expresó su solidaridad con el pueblo iraní que durante estos años reclamó “con valentía su aspiración a vivir en libertad”, a la vez que el atentado terrorista perpetrado por Hezbolá contra la AMIA en 1994.

La cartera informó que “coordina con la red consular”, que “permanece en contacto con los connacionales a fin de asistirlos ante cualquier eventualidad”.

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Estados Unidos congela la tramitación de visas de inmigrante para 75 países y endurece su política migratoria

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El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante para solicitantes de 75 nacionalidades, una medida que profundiza el giro restrictivo de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. La decisión, comunicada oficialmente por el Departamento de Estado, se fundamenta en criterios económicos y refuerza el objetivo de limitar el ingreso de extranjeros que busquen radicarse en el país.

El anuncio fue realizado el miércoles por un portavoz del Departamento de Estado, que confirmó que la medida alcanza exclusivamente a visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a quienes buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos. Según precisó la cartera diplomática a través de su cuenta oficial en X, la suspensión responde a que los inmigrantes provenientes de esos países “reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables”.

Argumentos oficiales y alcance de la suspensión

De acuerdo con la explicación brindada por el Departamento de Estado, la restricción se mantendrá vigente “hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense”. El énfasis en el impacto fiscal y social de la inmigración se inscribe en una línea discursiva sostenida por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó públicamente el alcance de la decisión y señaló que entre los países afectados se encuentran Rusia, Irán y Somalia. En el caso de Somalia, Leavitt remarcó que sus ciudadanos fueron objeto de críticas directas por parte del presidente tras un escándalo vinculado al presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota, en el que estuvieron involucrados inmigrantes somalíes.

Además, la funcionaria compartió un artículo de Fox News que amplía el listado de países alcanzados por la suspensión, entre los que figuran Brasil, Egipto y Tailandia, naciones que mantienen relaciones diplomáticas consideradas amistosas con Estados Unidos. El Departamento de Estado mencionó también a Haití y Eritrea entre los países incluidos en la medida.

Antecedentes y endurecimiento de la política migratoria

La congelación de la tramitación de visas de inmigrante se suma a una serie de decisiones adoptadas por la administración Trump desde su retorno al poder, orientadas a reducir de manera drástica la inmigración permanente. El propio presidente no ha ocultado su preferencia por limitar el ingreso de personas que no sean de ascendencia europea, una postura que ha generado fuertes controversias a nivel interno e internacional.

Trump ha realizado declaraciones especialmente duras hacia la comunidad somalí, a cuyos integrantes calificó como “basura” y a quienes instó a “regresar al país de donde vinieron”. En contraposición, el mandatario expresó su disposición a facilitar la inmigración desde países escandinavos.

En este contexto, el Departamento de Estado informó el lunes previo al anuncio que, desde el regreso de Trump a la presidencia, se revocaron más de 100.000 visas, una cifra récord en un solo año. A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional comunicó el mes pasado que la administración ya deportó a más de 605.000 personas, mientras que otras 2,5 millones abandonaron el país de manera voluntaria.

Impacto y reacciones esperadas

La medida no afecta a las visas de turismo ni de negocios, aunque la Casa Blanca ratificó que avanzará con una revisión exhaustiva del historial en redes sociales de todos los solicitantes, un requisito que amplía los controles migratorios incluso para ingresos temporales.

El congelamiento de las visas de inmigrante para 75 países anticipa posibles tensiones diplomáticas, en especial con naciones que no mantienen conflictos abiertos con Washington y cuyos ciudadanos se verán impedidos de iniciar procesos de radicación permanente. Al mismo tiempo, la decisión refuerza el mensaje político interno de la administración Trump, centrado en el control del gasto público y la reducción del impacto fiscal de la inmigración.

En términos económicos y sociales, la suspensión podría impactar en sectores productivos que históricamente se nutren de mano de obra inmigrante, aunque el gobierno estadounidense prioriza el argumento de la sostenibilidad del sistema de asistencia social y la protección del empleo local.

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