Oficina Anticorrupción abrió expediente por el acuerdo entre Gobierno y Correo Argentino
La Oficina Anticorrupción (OA) abrió un expediente para analizar el acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino en el marco del concurso preventivo, y librará los oficios correspondientes “fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente” y pedir “información a los funcionarios involucrados”, y luego “hacer el análisis que corresponde y emitir una recomendación o un aporte que pueda solicitar la Justicia quizás en algún momento”, consignó la titular del organismo, Laura Alonso, en declaraciones a una radio porteña.
La polémica se desató luego de que la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe rechazarse “por abusiva” la propuesta realizada por la empresa Correo Argentino S.A, propiedad de la familia Macri, y aceptada por el Estado Nacional, en el marco de un concurso preventivo.
La decisión de la fiscal tuvo lugar luego de que el Gobierno avalara una nueva oferta de pago que propuso Correo Argentino, de Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri, sobre la deuda que la empresa sostiene desde hace varios años con el Estado.
Luego de que la causa estuviera más de 15 años empantanada en los tribunales y de los numerosos rechazos de acuerdo por parte del Estado, la gestión de Macri aceptó una quita del 98,82 por ciento del total de la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033.
Por ese acuerdo, Macri y varios funcionarios fueron denunciados bajo la acusación de “negociaciones incompatibles con la función pública”.
Según Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el ofrecimiento realizado en junio debe considerarse “abusivo”, ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.
El Estado era el principal acreedor de Correo Argentino S.A. por la falta de pago del canon que el grupo Macri debía abonar tras hacerse cargo de la concesión del reparto de la correspondencia.
Luego de la quiebra, el servicio volvió a quedar en manos del Estado, que se encargó de repartir sobres y bultos en todo el país.
La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un análisis efectuado con la colaboración de la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones), el cual toma como base la fecha en que se inicia el concurso el 19 de septiembre de 2001, cuando se empezaría a pagar y la fecha en que se terminaría de abonar la deuda.
La Procuración de la Nación realizó un cálculo estadístico y matemático, el cual da que al año 2033 esa deuda que era de 296 millones, actualizando los índices y con la tasa del Banco Nación, treparía a 71.000 millones de pesos.
Con lo cual, la oferta que hizo el Correo Argentino al Estado nacional, incluye una quita de 70 mil millones, es decir del 98 por ciento.
En la audiencia del 28 de junio, hubo dos propuestas del Correo Argentino S.A para saldar la deuda.
La primera consistía en el pago del 100 por ciento del capital verificado y/o declarado admisible, que sería abonado en 19 cuotas anuales y consecutivas, más una cuota de intereses del 6 por ciento anual, la cual fue rechazada.
La segunda consistía en el pago del 100 por ciento del capital verificado y/o declarado admisible, en 15 cuotas anuales y consecutivas más una cuota de intereses del 7 por ciento anual.
Para la Fiscalía, las dos propuestas son inadmisibles, al argumentar que “a primera vista, la nueva propuesta recepta los requerimientos del Estado Nacional en tanto ´mejora´, literalmente, tanto el ´plazo de pago´ (de 19 cuotas, pasa a proponer 15 cuotas anuales y consecutivas) como la tasa de ´interés´ (del 6 por ciento anual, propone ahora aplicar un 7 por ciento anual)”.
“Sin embargo, un pormenorizado análisis económico nos lleva a una conclusión diferente: la propuesta no implica mejora alguna. Ello, vicia el consentimiento prestado, convirtiendo el acto en arbitrario e irrazonable, pues no cuenta con fundamentación suficiente que amerite evaluar el cambio de la decisión estratégica del Estado además de carecer de un soporte técnico que lo avale”, agregó la Fiscalía.
Tras desatarse la polémica, el Gobierno salió a defender el acuerdo , al asegurar que se trató de un procedimiento “transparente” y que no se le perdonó “ni un mango” al Correo Argentino.
