COSTO LABORAL

La encuesta de la CEM revela que las pymes cerraron 2025 con caída del consumo

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La última Encuesta Provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM), correspondiente a diciembre de 2025, confirma un escenario de estancamiento prolongado para las pymes misioneras, atravesado por la caída del consumo, alta presión tributaria, costos laborales elevados, recesión y fuerte incertidumbre. Sin cambios estructurales a nivel nacional ni provincial, el empresariado adopta estrategias defensivas: resistir, reestructurar y postergar decisiones clave, especialmente en inversión y empleo.

El relevamiento, realizado de manera ininterrumpida desde hace más de dos años por la Comisión de Comercio y Servicios de la CEM, contó en esta edición con la participación de 234 empresarios pyme de distintos sectores económicos de la provincia, lo que permite trazar una radiografía precisa del clima de negocios con el que se cerró 2025 y se inicia 2026.

Actividad estancada, empleo congelado y costos como principal límite

En términos de movimiento económico, diciembre mostró una continuidad respecto de los meses previos. El 41% de los encuestados calificó la actividad como “regular”, mientras que un 26% la consideró “buena” y un 19% “mala”. Solo un 3% señaló un desempeño “muy bueno”, frente a un 8% que lo calificó como “muy malo”.

Este desempeño moderado se traduce en una fuerte cautela en materia laboral. Al igual que en noviembre, más del 83% de las pymes evita tomar decisiones sobre recursos humanos, profundizando una tendencia que se sostiene desde hace varios meses.

Entre los principales obstáculos para contratar personal, los empresarios identificaron a las cargas laborales altas como el factor más relevante (29%), seguidas por la inestabilidad económica (18%), el riesgo sindical (16%) y el miedo a juicios laborales (15%). El dato refleja un mercado laboral rígido, con alto nivel de riesgo percibido para el sector formal.

Presión tributaria, recesión y fronteras: las trabas estructurales según nivel de gobierno

Las problemáticas estructurales que afectan a las pymes se mantienen prácticamente sin cambios respecto de los meses anteriores, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

En el plano nacional, la carga tributaria encabeza el ranking con un 25%, seguida por el costo laboral (21%) y la recesión (17%). También aparecen el financiamiento (10%) y la corrupción (9%), en una combinación que limita la planificación y la inversión productiva.

A nivel provincial, la presión se intensifica: la carga tributaria asciende al 30% y las barreras arancelarias alcanzan el 26%. En tercer lugar se ubica nuevamente la corrupción (18%), seguida por los problemas de infraestructura (10%).

En los municipios, el escenario se complejiza aún más. La principal dificultad señalada es la informalidad y la competencia desleal (20%), seguida por las tasas e impuestos internos (16%), el movimiento comercial fronterizo (12%), la burocracia (10%) y los problemas de infraestructura (10%). También se mencionan la corrupción (9%) y la falta de personal capacitado (8%), factores clave en una economía de frontera como la misionera.

Expectativas moderadas, finanzas ajustadas y estrategias defensivas

En cuanto a las expectativas macroeconómicas, un 47% de los empresarios considera que Argentina crecerá en los próximos seis meses, mientras que un 30% no sabe si habrá crecimiento y un 20% cree que el país no crecerá.

La percepción sobre Misiones es sensiblemente más pesimista: solo el 19% cree que la provincia crecerá en el primer semestre de 2026, frente a un 45% que estima que no habrá crecimiento y un 34% que manifiesta incertidumbre.

Respecto a los precios, más del 66% de los encuestados detectó variaciones acotadas, entre 0% y 5%, lo que refleja un escenario de menor volatilidad nominal, aunque sin impacto directo en la recuperación del consumo.

En el plano financiero, la mora de pagos sigue siendo una señal de alerta. Un 34% indicó que “aumentó levemente”, un 26% que “se mantuvo estable” y un 19% que “aumentó significativamente”, en línea con lo observado durante julio, agosto, septiembre y octubre. En cuanto a los cheques rechazados, solo el 28% de las pymes no recibe cheques; entre quienes sí los reciben, un 10% reportó rechazos frecuentes, un 21% ocasionales y un 24% raros.

Balance 2025 y punto de partida para 2026

El balance anual es contundente: para el 41% de los empresarios, 2025 fue peor que 2024; para el 30%, fue similar; y solo un 17% lo consideró mejor. En términos de resultados económicos, un 43% logró apenas un equilibrio, un 30% tuvo rentabilidad negativa y solo un 16% alcanzó rentabilidad positiva.

Frente a este contexto, las decisiones empresariales fueron mayoritariamente defensivas. Durante 2025, un 27% redujo inversiones, un 21% postergó pagos, un 12% redujo personal, un 11% redujo horas o actividad y un 9% vendió activos. Apenas un 17% no tomó ninguna de estas medidas.

Los factores que más impactaron en el desempeño empresarial fueron la caída del consumo, la incertidumbre económica, el aumento de costos, la carga fiscal y administrativa, la falta de financiamiento y el endeudamiento previo.

No obstante, el 52% de las pymes afirmó haber logrado adaptarse a las condiciones económicas, aunque con mucho esfuerzo, mientras que un 33% apenas consiguió sostenerse y un 11% se adaptó sin mayores inconvenientes.

El dato final sintetiza el estado del entramado productivo misionero: en 2025, las pymes resistieron (39%), reestructuraron (25%), se achicaron (14%), se endeudaron (10%), invirtieron (8%) y cerraron o pausaron actividades (1%).

De cara a 2026, el punto de partida sigue siendo frágil: un 42% comienza el año en la misma situación que en 2025, un 22% lo hace de forma debilitada, un 21% de forma fortalecida y un 14% directamente en situación de riesgo.

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Reforma laboral: la baja del aporte patronal recorta más de $100.000 millones por mes a las obras sociales

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La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei incorpora una reducción del aporte patronal a las obras sociales del 6% al 5%, una medida que, según estimaciones del sector, implicaría un recorte superior a los $100.000 millones por mes. El cambio, presentado como parte de una estrategia para abaratar el costo laboral y promover el empleo formal, encendió alertas en el sistema de salud sindical por su impacto fiscal y sanitario, y reavivó el conflicto político e institucional con las organizaciones gremiales.

Qué cambia la reforma y por qué impacta en las obras sociales

El proyecto de Modernización Laboral introduce modificaciones de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo con el objetivo declarado de reducir costos y estimular la formalización. Además de la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) —que prevén transferencias del sistema previsional para cubrir futuras indemnizaciones por despido sin causa—, la iniciativa reduce en un punto porcentual la contribución patronal a las obras sociales, manteniendo sin cambios el aporte del trabajador en 3%.

La medida afecta a un sistema de salud tripartito —sector público, obras sociales sindicales y sistema privado— y, de acuerdo con especialistas, profundiza la crisis financiera de las obras sociales. El médico y exdirector ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, advirtió que la reducción provocaría una caída del 11% en la recaudación del subsistema sindical. En términos nominales, fuentes gremiales estiman una pérdida cercana a $16.500 millones mensuales para el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y de hasta $90.000 millones para las obras sociales, totalizando alrededor de $106.000 millones por mes.

Desde el Ejecutivo, la lógica es que una mayor formalización eleve la base de aportantes y compense el menor aporte por trabajador. Sin embargo, Regazzoni calificó ese razonamiento como un error “técnico”: con menor recaudación per cápita, el sistema enfrenta más demanda sanitaria sin financiamiento suficiente, lo que agrava la tensión entre prestaciones y recursos.

Fondo Solidario, PMO y una fragilidad que se profundiza

El recorte propuesto llega en un contexto de fragilidad extrema. No existen cifras oficiales actualizadas del Programa Médico Obligatorio (PMO), pero estimaciones privadas ubican su costo entre $65.000 y $70.000 mensuales, un nivel difícil de sostener con una base de aportes reducida y afiliados de menores ingresos. A esto se suma que los trabajadores de mayores salarios suelen derivar aportes al sistema privado, concentrando el riesgo en las obras sociales.

El titular de Acción Social de la CGT, José Luis Lingieri, señaló que cerca del 90% del FSR se destina hoy a prestaciones por discapacidad, como transporte escolar, lo que limita la cobertura del resto de los afiliados. “Las obras sociales están quebradas. El sistema está quebrado”, afirmó, y advirtió que muchos gremios ya subsidian con fondos propios a sus prestadores, una dinámica que consideran insostenible.

Lingieri cuestionó además el foco del recorte: “El costo laboral es impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque. Eso no lo tocan”. En su análisis, la reforma prioriza reducir aportes al sistema de salud sin abordar otros componentes del costo empresario.

Más empleo, menos cobertura: la contradicción de base

Una de las críticas centrales apunta a la contradicción estructural del proyecto: si la reforma logra aumentar el empleo formal, el sistema de obras sociales no tendría capacidad para absorber nuevos afiliados con menos recursos disponibles. “Si hay más trabajadores, no podemos atenderlos. Fundimos”, resumió Lingieri, quien advirtió que el esquema podría trasladar la carga al Estado.

Como antecedente, el dirigente citó el caso de los monotributistas, que hoy pagan alrededor de $20.000 por una cobertura integral. Con las actualizaciones previstas para 2026, la categoría A aportará $22.485, de los cuales el 90% se destina al sistema de salud y el 10% al FSR, una ecuación que el sector considera difícil de escalar sin financiamiento adicional.

La CGT también cuestionó la falta de consenso y de instancias formales de diálogo, pese a que —según Lingieri— el sector estaba dispuesto a negociar alternativas.

En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la discusión integral del “costo argentino” y apuntó a la cuota sindical como parte del debate, al advertir que, en muchos casos, “lo que cobra en neto el trabajador es casi la mitad de lo que paga el empleador” por la sumatoria de descuentos.

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Suba de las ART y “costos ocultos”, el combo que preocupa al sector empresario y frena la generación de empleo

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Empresarios alertan por el aumento del costo laboral y advierten un freno a la generación de empleo formal.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su preocupación por el incremento sostenido del costo laboral en Argentina, impulsado por la suba de las tarifas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y los denominados “costos ocultos” de las paritarias.
El sector advierte que esta combinación de factores está afectando la competitividad y limitando la creación de empleo formal, en un contexto donde la informalidad laboral supera el 43% de la fuerza de trabajo.

La eliminación de topes a las ART encareció el costo empresario

La preocupación del sector empresario se intensificó tras la Resolución Nº 18/2025 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que eliminó los pisos y techos que regulaban las tarifas de las ART, calculadas como un porcentaje de las nóminas salariales.
La medida, vigente desde enero, derivó en aumentos directos en las primas que deben pagar las empresas, generando un impacto inmediato sobre el costo laboral total.

Desde CADAM señalaron que esta decisión se suma a una serie de cargas y contribuciones que afectan la estructura de costos y reducen los márgenes de rentabilidad, particularmente en sectores intensivos en mano de obra como el comercio y la distribución.

En paralelo, un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) —dependiente del IIEP (UBA-CONICET)— reveló que la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, equivalente a cuatro de cada diez trabajadores.
El estudio también subraya que más del 65% de los jóvenes se desempeñan en la informalidad, reflejando el impacto de los altos costos y la rigidez normativa sobre la empleabilidad.

Los “costos ocultos” de las paritarias: aportes y contribuciones que persisten

A la suba de las ART se agregan los llamados “costos ocultos” de las paritarias, que trascienden los incrementos salariales y comprenden una red de aportes obligatorios, contribuciones solidarias y seguros complementarios que los empleadores deben afrontar.
Entre los casos más relevantes en el convenio de Comercio, que agrupa a 1,2 millones de trabajadores, CADAM destacó tres ítems que presionan las estructuras de costos:

  1. Contribución Solidaria por COVID-19 (OSECAC): implementada en 2021 durante la pandemia, continúa vigente y se cobra por cada empleado, incluso si no está afiliado a esa obra social.
  2. Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP): exige un aporte equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador, que se destina a un fondo que recauda más de $30.000 millones anuales, según declaraciones judiciales de la institución.
  3. Seguro complementario de retiro La Estrella: implica una contribución del 1,6% del salario, sin posibilidad de elección de otro sistema. El 50% se acredita a cuentas individuales, mientras que el otro 50% se dirige al fondo solidario de retiro. Para acceder al beneficio, el trabajador debe haber aportado al menos 20 años.

“Muchos trabajadores nunca llegan a percibir el beneficio porque cambian de actividad, y quienes solicitan el rescate sólo reciben el 50% de lo depositado”, advirtieron desde el sector.
Además, el ajuste del capital invertido por La Estrella generó controversias por su dependencia de los rendimientos financieros de la aseguradora.

Impacto sobre la competitividad y el empleo formal

CADAM subrayó que estas erogaciones adicionales —junto con las cargas sociales y tributarias— elevan significativamente el costo laboral argentino, reducen la capacidad de inversión de las pymes y desalientan la creación de empleo formal.

“El sector privado es el motor del crecimiento, pero con este nivel de presión es muy difícil sostener nuevas incorporaciones”, expresaron empresarios nucleados en la cámara.

La preocupación empresarial se alinea con los diagnósticos de los institutos de investigación laboral, que advierten que la estructura de costos y la superposición de cargas fomentan la informalidad y restringen la competitividad, en especial entre las pequeñas y medianas empresas.

La expectativa del sector está puesta en que el gobierno nacional revise el esquema de contribuciones obligatorias y restablezca mecanismos de control sobre las ART, para equilibrar la protección del trabajador con la viabilidad económica de las empresas.

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Cuánto cuesta un Empleado en términos nominales de cara al 2020

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Por Juan Pablo Chiesa – La realidad del costo laboral en la argentina es que a una empresa que emprende y arranca su negocio para poder salir de la crisis, si tiene la intención de tomar un empleado, debe afrontar un costo laboral casi un 48% del sueldo que se lleva en la mano el empleado. 

Las cargas sociales son el conjunto de contribuciones a la seguridad social que el empleador tiene la obligación de pagarle al estado, todos los meses, en concepto de contribuciones y aportes a la seguridad social.

Los denominado Aportes a la Seguridad Social que el empleador le retiene todos los meses a sus empleados, están reflejados en su recibo de haberes, y tienen como destino a las jubilaciones y pensiones (11%), a la obra social del Pami (3%); y a la obra social (3%), todo esto representa el 17% del salario bruto de cada dependiente

Además de ello, está obligada a pagar la cuota sindical, la cuota mutual y la cuota de Sepelios, entre otras, erogaciones impuestas por los sindicatos acorde a cada CCT aplicable.

Se suma a estos costos, pero no forman parte de las cargas sociales, la alícuota correspondiente a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) que, según la actividad de cada empresa, varían desde el 2% al 8% según el riesgo de la actividad laboral.

Ahora bien, que pasa con las contribuciones a la seguridad social, a cargo del empleador, este tributa, mediante la plataforma virtual de AFIP, y según el Decreto 814/2001 modificado por la Ley 27430 de Reforma Tributaria 2020 el siguiente esquema teórico, para las PyMEs, del 01/01/2020 a 31/12/2020:

El DTO 814/2001, modificado por la ley 27.430, el Art. 2 Inciso (B).
Inciso B: Pymes.
Al Régimen Nacional de la Seguridad Social
Sistema Integrado Previsional Argentino. Ley 24.241 alícuota 11.07%
INSSJP – PAMI. Ley 19.032 alícuota 1.62%
AAFF. Ley 24.717 alícuota 4.83%
Fondo Nacional de Empleo. Ley 24.013 alicuota 0.98%
Alícuota Total Al régimen de la seguridad social 18,50%
Al Régimen Nacional de Obra Sociales
Obra Social. Ley 23.660. Alícuota 6%
Total, de Contribuciones $24,5%.

Sin perjuicio al incremento de las alícuotas patronales, se dispuso una suba en el mínimo no imponible del tope de detracción que sube de $7003.68.- a $15.810,81, incrementándose en un 125% desde enero de 2020 hasta el mes diciembre de 2020 que se irá incrementando hasta el año 2022

Estos $15.810,81 son una detracción que el empleador gozara siendo que erogara las cargas sociales por encima de dicho valor.

Tengamos en cuenta que, si bien, el mínimo no imponible se modificó de aquel originario de la Reforma Tributaria y se actualizo a los índices inflacionarios, no deslumbro solución a la generación de empleo u nuevos puestos de trabajo incremento la carga de las PyMES.

El valor de $7.003,68 durante 2019 y de $15.810,71 en 2020 se deduce de la remuneración para el cálculo de las contribuciones patronales cualquiera sea la modalidad de contratación, como Eventual, Plazo Fijo, Temporada. Para el caso de contratos a tiempo parcial, el importe se aplica proporcionalmente al tiempo trabajado considerando la jornada habitual de la actividad.

Tengamos en cuenta que para las actividades en riesgo de crisis y la actividad textil, de marroquinería o salud, la reducción de las contribuciones patronales se eleva directamente a $26.351,35 pesos, ó sea, el 100%. Situación que también contemplan las economías regionales de la Ciudad de Buenos Aires

Las variables económicas y las variaciones de precios, sumado los picos inflacionarios, trasformaron la reforma tributaria, obligando al Ejecutivo, tratar, año a año, el mínimo no imponible se eleve.

La Reforma Tributaria establece un cronograma que culminara con una alícuota única del 19.50% para los 2 regímenes, tanto las Pymes como las grandes empresas.

Para su mejor y asombrada comprensión, les dejo un ejemplo.
(El ejemplo es ilustrativo y no coincide con los salarios reales, es l solo efecto de conocer el % de alícuota aplicable en cargas sociales).

Un empleado tiene un Sueldo Neto de bolsillo de $16.600. (Sueldo Bruto sujeto a retenciones $20.000)

Entre los aportes y contribuciones la alícuota es del 41,50% de su salario bruto, (24,50%+17%), le representa $8300.

Se abona por la cuota sindical, mutual y sepelio, aproximadamente el 4% del salario Bruto, total $800.

Se tributa por la Ley de Riesgos en concepto de ART, siendo las alícuota mas baja del 2% del salario bruto, $400.

Como pueden deslumbrar, a una empresa, por cada empleado, tiene un costo laboral altísimo, de un empleado que gana en mano $16.600, se le suma $9500 de costos laboral

Los especialistas creemos que es momento de impulsar una actualización de las leyes laborales sin tocar las Ley de Contrato de Trabajo ni avasallar ningún derecho laboral, solo graduando y reduciendo el costo laboral con la incorporación de una nueva figura tributaria que aliviane a las empresas y favorezca a los trabajadores.

No se trata de despedir gente o cerrar las fabricas por el ahogo fiscal, se trata de generar más puestos de trabajo genuinos con una reforma que impacte directamente en la productividad y la inversión de las empresas en RRHH y en recursos que hagan deslumbrar la economía de la misma.

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El FMI negó en reunión con la CGT que quiera imponer una reforma laboral y jubilatoria

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La reforma laboral y jubilatoria no forma parte del acuerdo del FMI con el Gobierno. Ese fue uno de los principales mensajes que la misión técnica del organismo encabezada por Roberto Cardarelli le trasmitió esta mañana a la CGT durante la reunión que mantuvieron en la sede de la Uocra, en Balvanera, en donde los sindicalistas por su parte pidieron revertir el programa económico del Gobierno y rechazaron “la política de ajuste permanente”.
“Se habló de la economía real, reformas en general y cómo garantizar el crecimiento de la economía argentina. La reforma laboral y jubilatoria no son parte del programa”, aseguraron a iProfesional fuentes del FMI.
El intercambio con la central obrera fue el tercero de este tipo desde la firma del stand by por el que el Fondo se comprometió a prestarle a Macri u$s57.000 millones, y tuvo como objetivo “escuchar” a la cúpula sindical, inquieta por el renovado impulso de Macri a la revisión de la legislación laboral y el sistema jubilatorio, y sus preocupaciones en torno a las metas del programa económico, que en Azopardo ven de difícil cumplimiento por su impacto sobre la economía y el mundo del trabajo.
Durante la audiencia a agenda abierta, Cardarelli se mostró más optimista sobre la economía que en noviembre pasado cuando le anticipó a los sindicalistas un agravamiento de la crisis, un diagnóstico que se cumplió entre diciembre y enero con la fuerte caída de la actividad, el incremento récord de la inflación y la suba de tasas de los últimos tres días para frenar el repunte del dólar. “Vamos a ver una recuperación gradual a partir del segundo trimestre”, dijo hoy el funcionario al salir de la reunión en declaraciones radiales.
Pero de inmediato volvió a sugerir la necesidad de aplicar medidas para reducir el gasto público y promover la competitividad al asegurar que “la reforma estructural, la economía real, es garantía de crecimiento, trabajo, crecimiento, reforma estructural”. Un diagnóstico que chocó con la postura de los sindicalistas, quienes tras el encuentro exteriorizaron un mayor cuestionamiento a los planteos de la misión, anticipándose al acto opositor que encabezará esta tarde el camionero Hugo Moyano.
“Reafirmamos nuestro rechazo a la política de ajuste permanente, la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo del salario, tanto de trabajadores activos como pasivos, por efecto de la inflación, deteriorando gravemente la situación social”, señaló el consejo directivo de la central obrera, cuyos miembros se reunieron luego de conversar con el FMI.
La cúpula también advirtió que la pérdida de empleos por la recesión “potencia los conflictos”; a la vez que apuntó contra las altas tasas, la caída del consumo y la apertura comercial. “Por ello planteamos a los delegados del FMI que debemos revertir el programa de ajuste económico y social sobre el pueblo argentino y estimular políticas de desarrollo que alienten el crecimiento industrial y comercial del país. Generando condiciones de desarrollo sustentable”, concluyeron.
La delegación sindical estuvo integrada por el dueño de casa, Gerardo Martínez; los triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña; y el estatal Andrés Rodríguez; junto al colectivero Roberto Fernández, el mercantil Armando Cavalieri y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias. Fue también de la partida Sebastián Maturano, en reemplazo de su padre quien lidera el gremio de maquinistas La Fraternidad y la Confederación del Transporte (CATT).
Previo a la reunión, el sindicalista de la CATT se había mostrado crítico de los cambios promovidos por el Gobierno en material laboral y la eventual revisión de los regímenes diferenciales, una jubilación anticipada de la que gozan unos 700.000 trabajadores por tareas riesgosas o insalubres. “Queremos saber si el FMI está pidiendo una reforma laboral y de las jubilaciones porque el Gobierno no viene solo por regímenes diferenciales, también por la jubilación en general”, dijo ayer a este medio Maturano.
La reacción de los gremios transportistas fue en respuesta a la batería de notas enviadas en las últimos días por la secretaría de Seguridad Social a unos 25 sindicatos y unas 20 entidades patronales (aeronáuticos, marítimos, ferroviarios, taxistas, tranviarios, portuarios, entre otros) pidiéndoles información sobre su esquema de pensiones por el que los trabajadores se jubilan entre los 50 y 60 años, según el caso, tal como reveló ayer este medio.
La inquietud sindical coincide además con las medidas anunciadas ayer por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que elevó la edad jubilatoria y los años de aportes de los trabajadores. Por otra parte, en medio de su escala en Buenos Aires, el organismo instó esta semana a Uruguay a avanzar en una reforma jubilatoria para disminuir el déficit fiscal. Y en enero había recomendado “reformas adicionales” en un informe que menciona dos veces a la Argentina y sugiere “reducir la generosidad de las jubilaciones”.
Las señales de malestar enviadas hoy por la CGT resurgen en medio de un escenario agitado por la explosión de procedimientos de crisis en grandes empresas, el recrudecimiento de la campaña y el endurecimiento del sindicalismo opositor liderado por Hugo Moyano, quien hoy protagonizará un acto a las 18 en el microestadio de Ferro. Allí, se espera que haga un nuevo llamado a la central a adoptar medidas de fuerza en rechazo a la política económica de Macri y la presencia del FMI en el país.
El sindicalista estará acompañado por su hijo Pablo, el metalmecánico Ricardo Pignanelli, el bancario Sergio Palazzo y el docente Roberto Baradell, con quienes integra el Frente Sindical por el Modelo Nacional. La actividad será precedida por actos en todo el país para celebrar el aniversario de la masiva protesta protagonizada por los Moyano hace un año atrás en la 9 de Julio y que dio nacimiento a la multisectorial 21F, con la bendición del Papa.
El calendario de acciones auspiciado por el camionero que ya comenzó con pequeñas protestas por las tarifas proseguirá el próximo 26 de febrero con una suerte de audiencia paralela a la convocada por las autoridades para aumentar los servicios, de la que participarán además intendentes del PJ y movimientos piqueteros, para desembocar en marzo en una protesta que se prevé masiva, según sus organizadores.
Fuente iProfesional

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