La FARM respalda con matices al precio de referencia para la yerba mate
La discusión por la implementación de un precio de referencia para la hoja verde de yerba mate suma apoyos, pero también diferencias de enfoque dentro de la cadena productiva. La Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) expresó su acompañamiento a la iniciativa impulsada desde el Gobierno provincial y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), aunque planteó la necesidad de incorporar herramientas que aporten mayor transparencia al mercado.
Desde la entidad, el dirigente Darío Bruera confirmó que el sector ve con buenos ojos la creación de un esquema orientativo de precios, pero con una lógica distinta a la propuesta oficial. “Se está hablando de hacer una pizarra de precios, nosotros acompañamos esa moción. Esta iniciativa salió del seno del directorio del INYM y nosotros acompañamos”, explicó.
Sin embargo, la FARM considera que ese mecanismo debería ir más allá de un valor promedio y transformarse en un sistema dinámico de información. La propuesta apunta a que exista un “tablero” que permita conocer en tiempo real cuánto está pagando la industria en cada zona productiva, de modo que el productor pueda tomar decisiones comerciales con mayor libertad.
“Esa pizarra se haría con los valores que surjan de las operaciones de las distintas zonas. No es que fijamos nosotros. Es publicar los valores que ponen las empresas en diferentes zonas. Entonces el productor cuando va a vender sabe que “acá está tanto y allá está tanto”. Los valores de referencia no son fijados arbitrariamente, sino que son los valores que se toman del mercado”, precisó Bruera en diálogo con Economis.
No es la misma posición que tiene el Gobierno, que ya discutió el tema con la industria y sugirió adaptar un tablero de control de la propia industria y trabajar con un precio de referencia.
La postura de la FARM introduce un matiz clave respecto de la visión del Gobierno de Misiones y de parte del directorio del INYM. Según explicó Ricardo Maciel, representante de la provincia en el organismo, la intención oficial es avanzar en la definición de un precio promedio de referencia basado en los costos de producción.
“Está muy bueno poder, junto con el precio referencial, saber qué industria se aproxima a ese valor”, planteó Maciel, al destacar la importancia de transparentar las diferencias territoriales en los precios efectivamente pagados.
“La idea es tener un precio de referencia promedio para toda la zona y, a partir de allí, hacer un seguimiento para ver qué se está pagando en cada región y si está cerca o lejos de ese valor”, señaló.
En este esquema, el precio no sería obligatorio, sino una guía para ordenar el mercado y aportar previsibilidad. La herramienta buscaría evitar distorsiones, mejorar la transparencia y ofrecer una referencia clara tanto para productores como para industriales.
No obstante, dentro del propio INYM existen resistencias. Según trascendió, tanto el presidente del organismo como sectores de la industria plantearon objeciones, incluso con la elaboración de un dictamen jurídico que cuestionaría la viabilidad del mecanismo.
A pesar de ello, desde el sector que impulsa la iniciativa remarcan que se trata de un precio “no vinculante”, lo que habilitaría su implementación como herramienta informativa y sin contradecir el DNU presidencial, que suprimió la posibilidad de fijar un precio. Ahora sería una sugerencia no vinculante.
“Es un precio referencial a partir de un costo estimado, y a partir de allí cada uno toma el valor que surja”, explicaron.
El eje de la discusión, entonces, no pasa por la necesidad de ordenar el mercado -consenso que parece generalizado-, incluso por sectores afines a la desregulación, sino por el instrumento a utilizar.
Mientras el Gobierno y parte del INYM apuntan a un valor promedio que sirva como referencia general, la FARM propone un sistema de monitoreo territorial que exponga el comportamiento real de la industria.
La definición de este esquema será clave en un contexto de alta tensión en la cadena yerbatera, donde los precios de la materia prima, la rentabilidad del productor y la capacidad de pago de la industria siguen siendo variables en disputa.
Hoy, los valores que comienzan a circular -entre $210 y $240 por kilo de hoja verde, según condiciones de pago- no logran conformar a nadie. “Esos 240 pesos nos quedan caros a la industria para pagar y al productor tampoco le sirve. Es malo para toda la cadena”, sintetizó el dueño de una de las principales yerbateras. La frase resume con crudeza el momento: no hay precio de equilibrio.
El contraste con años recientes evidencia un deterioro progresivo. En abril de 2024, en el primer ciclo sin precio sostén del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), tras la desregulación que impuso el presidente Javier Milei, el mercado operó con referencias de entre $290 y $370 por kilo, aunque con fuerte tensión frente a productores que reclamaban cifras mucho más altas. En 2025, los valores se estabilizaron en torno a los $300, todavía lejos de las expectativas del sector primario. En comparación con 2024, los valores ofrecidos ahora son 35 por ciento más bajos, mientras que la inflación fue de 270 por ciento desde que asumió Milei.
La discusión continuará en el directorio del INYM la semana próxima, donde se buscará avanzar -o no- en un consenso que permita implementar algún tipo de referencia que ordene el mercado sin generar nuevas distorsiones.