La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reiteró la necesidad de instituir mayores regulaciones a las criptomonedas, y adelantó que el organismo está comprometido a presentar un marco para hacerlo junto con el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) y el Banco de Pagos Internacionales (BPI).
“En ese mundo de emisiones privadas se necesita más regulación”, dijo hoy Georgieva en el marco de la cumbre de ministros de Economía y Finanzas del G20 en la ciudad india de Bangalore.
Georgieva afirmó que el directorio del organismo llegó a estas conclusión, advirtiendo que, si la regulación falla o su implementación es demasiado lenta, no se puede descartar la prohibición de estos activos por los riesgos que le causan a la estabilidad financiera.
Respecto de esta última postura, por ahora el FMI en sus documentos recomienda no considerar a las prohibiciones como primera opción, pero sí aplicar restricciones especificas, dependiendo de los objetivos locales.
Sin embargo, en el Fondo no hay consenso al respecto y, tal como señaló Georgieva, la prohibición también es una opción según afirmaron algunos de sus directores.
“Los criptoactivos son nada y no pueden ser aceptados como monedas de curso legal”, dijo Georgieva.
Precisamente el directorio, entre otros puntos, subrayó la necesidad de una “respuesta comprensiva, consistente y coordinada” respecto de los criptoactivos por su “creciente adopción en algunos países, su naturaleza extraterritorial y sus cada vez mayores conexiones con el sistema financiero”.
Del mismo modo, observaron, según indica un comunicado del Fondo publicado esta semana, “que mientras los supuestos beneficios potenciales todavía no se materializaron; ya emergieron significantes riesgos”, tanto macroeconómicos como en la estabilidad e integridad financiera.
“La amplia adopción de los criptoactivos podría socavar la efectividad de la política monetaria, eludir las medidas de controles de capitales y exacerbar los riesgos fiscales, además de grandes implicaciones para el sistema monetario internacional a largo plazo”, advirtieron los directores del FMI.
También rechazaron otorgarles un estatus de moneda de curso legal para “salvaguardar la soberanía monetaria y la estabilidad”.
Precisamente este es uno de los cuestionamientos del FMI a El Salvador, país que legalizó al Bitcoin en 2021.
En su última revisión prevista por el artículo IV de este mes, el FMI le pidió que corrija los “riesgos a la integridad y estabilidad” que genera la promoción del uso de la criptomoneda en dicho país, y que reconsidere la exposición de las finanzas del Gobierno a la misma –como la emisión de bonos en formato “token”.
El fondo subrayó que los riesgos aún se materializaron completamente debido a que posee estatus legal, el Bitcoin allí aún tiene un uso limitado por los ciudadanos.
En el marco de la cumbre del G20, India –que encabeza la presidencia del bloque este año- afirmó que el diálogo y las discusiones encaradas respecto del tema llevaron a la mesa “diversas cuestiones de políticas que los funcionarios y reguladores necesitarán evaluar detenidamente”:
“Además de evaluar las consecuencias de los criptoactivos en la economía, existe una interrogación sobre si los mismos son verdaderamente la solución más optima para los desafíos existentes en los sistemas financieros globales”, agregó India.
A fines del año pasado, el país subrayó que priorizará un marco especialmente dirigido a los activos cripto que no poseen respaldo, “stablecoins” y a las finanzas descentralizadas en general.
El país asiático tomó una postura relativamente dura con las criptomonedas: este mes anunció un impuesto del 30% en las ganancias generadas a partir de las transferencias de activos virtuales y una deducción de 1% en cada transacción, además de avanzar en los planes en una rupia digital emitida por el banco central.
Justamente, las monedas digitales –conocidas como CBDC- son miradas con mejores ojos por el FMI, al tener las mismas garantías del papel moneda.
“Si las monedas digitales son diseñadas de forma prudente, pueden ofrecer potencialmente una mayor resistencia, seguridad, disponibilidad, y menores costos, a comparación de otras formas privadas de dinero digital”, manifestó el año pasado Georgieva, quién destacó la importancia que pueden tener para la “inclusión financiera”.
