Nación transfiere a provincias la responsabilidad sobre personas en situación de calle y acceso a vivienda
El Gobierno redefine su rol ante la crisis habitacional: las provincias asumirán la ejecución de políticas para personas en situación de calle
Cambio de paradigma en la política social federal. Con el Decreto 373/2025, el Gobierno nacional modificó de manera sustancial la Ley N° 27.654, que regula los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo. La nueva normativa consolida un enfoque federal en la atención de esta problemática, transfiriendo a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la responsabilidad inmediata en la formulación y ejecución de políticas públicas, mientras que el Estado Nacional asumirá un rol subsidiario y rector.
El nuevo marco legal: rectoría nacional, acción local
El artículo 3° de la Ley N° 27.654 fue reformulado para precisar que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano será la Autoridad de Aplicación, con funciones limitadas a establecer lineamientos generales y brindar asistencia a las jurisdicciones cuando estas carezcan de recursos técnicos o financieros suficientes.
Esta modificación apunta a evitar la superposición de políticas entre niveles de gobierno y a mejorar la eficacia de la asistencia, reconociendo que los gobiernos locales tienen mayor cercanía y capacidad operativa para abordar la situación de calle en sus territorios.
La vivienda digna como responsabilidad descentralizada
El artículo 10 de la ley también fue sustituido, dejando explícito que serán las jurisdicciones locales —en coordinación con la autoridad nacional— las encargadas de implementar políticas públicas para garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna. Se habilita a cada provincia a diseñar soluciones flexibles, como subsidios, centros de inclusión social o asesoramiento legal, adaptadas a su realidad presupuestaria y territorial.
A su vez, se eliminó el inciso a) del artículo 12, que impedía revisar o reemplazar programas sociales preexistentes. Según el Gobierno, esta cláusula obstaculizaba la implementación de políticas eficaces al impedir la reformulación de esquemas ineficientes o redundantes.
Diagnóstico territorial y fundamentos del decreto
El Ejecutivo argumenta que la aplicación uniforme de una política nacional en materia de situación de calle resultó ineficaz debido a la heterogeneidad social, geográfica y demográfica del país. En el documento se citan ejemplos de programas locales exitosos, como la Unidad de Atención Primaria de Salud Itinerante (UAPSI) en Mendoza, el “Operativo en Red” de Misiones, y los marcos legales ya vigentes en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
Desde esta perspectiva, se busca evitar la “burocratización ineficiente” y mejorar el impacto real de las políticas públicas. El decreto destaca que, a través de la coordinación nacional y la ejecución local, se podrá brindar una respuesta más precisa y ajustada a las necesidades de cada población.
El nuevo esquema será informado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, como lo establece la Ley N° 26.122 para los decretos delegados. A partir de ahora, se abre un proceso de adecuación normativa y operativa que requerirá de la articulación entre Nación, provincias y municipios.
Con esta redefinición, el Gobierno de Javier Milei avanza en su propuesta de reorganización administrativa del Estado, en línea con los ejes de la Ley Bases y el DNU 70/2023, y apunta a una mayor eficiencia del gasto público, bajo criterios de descentralización, responsabilidad fiscal y resultados concretos.