Presupuesto 2025: el Gobierno recorta en Cultura y Comunicación y refuerza Justicia y transferencias a provincias
En medio de las tensiones fiscales y el objetivo de alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron la Decisión Administrativa 23/2025, publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida introduce modificaciones significativas al Presupuesto General de la Administración Nacional, con impacto directo sobre salarios estatales, programas sociales, organismos descentralizados y empresas públicas.
La normativa se dicta en el marco de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada para 2025 conforme al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera 24.156. Según los considerandos, la adecuación busca “afrontar gastos impostergables para el normal funcionamiento de las jurisdicciones”, priorizando salarios, transferencias y servicios básicos, mientras se compensan reducciones en gastos de capital.
Entre las justificaciones, se destaca la necesidad de:
- Atender refuerzos en créditos de personal y gastos de funcionamiento.
- Cumplir con transferencias específicas establecidas por decretos previos, como el Decreto 377/2025, que derivó fondos de la Secretaría General de Presidencia al Ministerio de Defensa.
- Incorporar recursos provenientes de la aplicación del Decreto 575/2025, que regula la administración de bienes recuperados de actividades ilícitas.
Ajustes presupuestarios: quién gana y quién pierde
Las planillas anexas muestran con precisión el destino de los cambios:
- Recortes en Presidencia y Cultura: La Secretaría General de la Presidencia reduce $7.138 millones en gastos corrientes, principalmente en consumo, viáticos y servicios de comunicación institucional. La Secretaría de Cultura también ajusta $3.602 millones, con impacto en museos, organismos estables y transferencias al Instituto Nacional del Teatro.
- Refuerzos en el Ministerio Público y la Justicia: se destinan más de $13.179 millones al Ministerio Público para obras de infraestructura (nuevas sedes en Tucumán, Bahía Blanca, La Pampa, Esquel y Formosa). La Corte Suprema recibe $2.000 millones para equipamiento.
- Jefatura de Gabinete: la Vicejefatura Ejecutiva incorpora $5.237 millones, en su mayoría para salarios, contratación de personal y servicios de limpieza. En contraste, programas de federalización científica y turismo registran ajustes negativos por más de $3.800 millones.
- Transferencias a provincias y municipios: destacan $8.800 millones destinados a administraciones provinciales para obras de capital, bajo el paraguas de la Vicejefatura del Interior. Al mismo tiempo, se reducen transferencias a fondos fiduciarios como el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (–$12.848 millones).
- Políticas ambientales: se readecúa el Programa de Control Ambiental con un esquema mixto de incrementos y bajas, incluyendo proyectos financiados por el BID para construcción de centros ambientales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Formosa y Córdoba.
Reorganización de cargos y reasignaciones institucionales
El Artículo 2° de la Decisión redistribuye cargos entre ministerios y organismos descentralizados:
- +17 cargos para la Secretaría de Justicia.
- –16 cargos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Capital Humano).
- Transferencias puntuales: un cargo del Ministerio de Seguridad Nacional al Ministerio de Justicia, y uno del Instituto Nacional del Teatro al Tribunal Fiscal de la Nación.
Estas modificaciones responden a decretos anteriores que ordenaron la reestructuración ministerial, como el Decreto 151/2025 sobre el Instituto Emilia y Manuel Patiño y la Decisión Administrativa 6/2025.
La adecuación revela la prioridad del Ejecutivo por sostener la caja corriente —salarios, transferencias y gastos sociales— en detrimento de los gastos de capital, lo que podría afectar la inversión en infraestructura.
En el plano político, el ajuste sobre Cultura, Comunicación y Presidencia será leído como una señal de austeridad en áreas de alta visibilidad pública, mientras que el fortalecimiento del Ministerio Público y la Justicia refuerza la capacidad institucional en medio de la agenda de reformas judiciales.
Las provincias aparecen como receptoras netas de recursos, aunque con un esquema selectivo que puede tensar la relación con gobernadores por el manejo discrecional de transferencias.
Próximos pasos
La Decisión Administrativa 23/2025 marca un cambio de prioridades en la ejecución presupuestaria. De cara a los próximos meses, los analistas anticipan:
- Mayor presión para nuevas adecuaciones si la inflación erosiona la capacidad real de las partidas.
- Discusiones políticas sobre el sesgo del ajuste hacia recortes en cultura, comunicación y programas sociales.
- Un seguimiento atento del cumplimiento de los compromisos de deuda pública, ya que la Jurisdicción 90 –Servicio de la Deuda– también fue ajustada para garantizar pagos.
El documento subraya que la medida se dicta en el marco del artículo 37 de la Ley 24.156, lo que otorga al Jefe de Gabinete amplias facultades para reestructurar el presupuesto sin pasar por el Congreso.