declaración jurada

Adorni bajo la lupa: compró un departamento por USD 230 mil con un crédito del 90% de dos jubiladas

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adquirió en noviembre de 2025 un departamento en el barrio porteño de Caballito por USD 230.000, según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble. La operación, formalizada el 18 de ese mes, quedó asentada en la escritura de compraventa y forma parte de un expediente judicial que busca determinar la evolución patrimonial del funcionario.

La vivienda, de casi 200 metros cuadrados, pertenecía previamente a dos mujeres que la habían comprado meses antes. Las vendedoras, Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo, no solo transfirieron el inmueble sino que además financiaron la mayor parte de la operación: otorgaron un crédito hipotecario por USD 200.000, equivalente a cerca del 90% del valor total.

Según el informe registral, cada una aportó el 50% del préstamo y quedó como acreedora en partes iguales. Este esquema permitió completar la adquisición del inmueble con un financiamiento poco habitual en el mercado inmobiliario, donde los créditos privados de este tipo son excepcionales.

En paralelo, fuentes judiciales confirmaron que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo, apunta a reconstruir la situación patrimonial, financiera y registral de Adorni y su entorno familiar.

Entre las medidas solicitadas se incluyen pedidos de información a registros de la propiedad, organismos de control y entidades financieras, con el objetivo de detectar activos no declarados o inconsistencias en las declaraciones juradas.

La investigación se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un incremento patrimonial del 500% en un período fiscal. Según la presentación, existirían diferencias entre las declaraciones juradas del funcionario, con omisiones de activos financieros, depósitos en el exterior por más de $16 millones y la incorporación de USD 24.500 en efectivo.

Además de la propiedad en Caballito, la Justicia analiza la compra de un inmueble en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. Registros internos del barrio privado indican que las expensas del lote comenzaron a emitirse a nombre de la cónyuge, lo que podría evidenciar una titularidad o posesión no declarada.

En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni informó la titularidad del 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y el 100% de otro en La Plata, pero no incluyó propiedades en countries ni nuevas adquisiciones recientes.

El informe de dominio del departamento de Caballito también detalla que la operación fue posible gracias al crédito otorgado por las propias vendedoras, un mecanismo que ahora es analizado por los investigadores para determinar el origen de los fondos y posibles vínculos entre las partes.

En paralelo, trascendieron cuestionamientos sobre el valor declarado del inmueble, que podría estar por debajo de los precios de mercado para propiedades similares en la zona, lo que abre otra línea de análisis dentro de la causa judicial .

La fiscalía remarcó la necesidad de verificar “toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica” del funcionario y su entorno. Por el momento, no hay resoluciones judiciales, pero se espera que en las próximas semanas se incorporen nuevos elementos que permitan esclarecer la consistencia de su patrimonio.

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ARCA activa el nuevo esquema de control tras la “inocencia fiscal”

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió moverse antes que el calendario y, con tres meses de anticipación, puso en línea los aplicativos para las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales del período fiscal 2025. La decisión, inusual en la lógica operativa del organismo, no es meramente técnica: llega después de la entrada en vigencia de la ley de “inocencia fiscal”, que elevó de forma exponencial las multas por incumplimientos formales. El movimiento abre una pregunta en el frente tributario: ¿se trata de facilitar el cumplimiento o de blindar la capacidad sancionatoria del Estado?

Un cambio operativo que reconfigura el vínculo con el contribuyente

El dato rompe la inercia administrativa. Históricamente, los sistemas se habilitaban cerca de los vencimientos. Esta vez, ARCA adelanta el proceso y habilita una ventana más amplia para que personas físicas y contadores preparen la información.

En lo formal, la medida apunta a ordenar la carga de datos —ingresos, activos, consumos, retenciones y percepciones— y reducir inconsistencias. En lo político-administrativo, implica otra cosa: traslada la presión del último momento hacia una lógica de planificación, donde el margen de error se achica y la responsabilidad del contribuyente se amplifica.

El esquema inicial está dirigido a quienes tributan bajo el Régimen General y funciona de manera íntegramente digital mediante Clave Fiscal. Es decir, consolida el proceso de digitalización plena del vínculo entre el Estado y el contribuyente.

La “inocencia fiscal” como telón de fondo

El cambio operativo no se entiende sin la reforma normativa que lo precede. La ley de Presunción de Inocencia Fiscal (Ley 27.799) modificó de manera drástica el régimen sancionatorio por infracciones formales.

Desde el 2 de enero de 2026, las multas se actualizaron con incrementos promedio del 75.000% y, en algunos casos, superiores al 100.000%. El salto es significativo: la omisión de presentar una declaración jurada pasó de $200 a $220.000 para personas físicas, y de $400 a $440.000 para empresas.

La ecuación es clara. Con sanciones de esa magnitud, el margen de tolerancia del sistema se reduce al mínimo. En ese contexto, la anticipación de los aplicativos funciona como una señal doble: más tiempo para cumplir, pero menos margen para incumplir.

Repercusiones: control más rígido y profesionalización del cumplimiento

El nuevo esquema reconfigura la relación de fuerzas en el sistema tributario. Por un lado, fortalece la capacidad de control del organismo recaudador, que ya no depende de la congestión de última hora para detectar inconsistencias. Por otro, obliga a contribuyentes y asesores a elevar el estándar de cumplimiento.

El impacto es especialmente relevante para el ecosistema profesional. Contadores y estudios impositivos ganan tiempo operativo, pero enfrentan un riesgo mayor ante errores formales. La carga ya no está solo en liquidar correctamente, sino en hacerlo dentro de un esquema donde el costo del incumplimiento es sustancialmente más alto.

Al mismo tiempo, la decisión puede leerse como parte de una estrategia más amplia de ordenamiento fiscal. El organismo busca reducir la litigiosidad y mejorar la calidad de la información declarada, apoyándose en herramientas digitales y en un régimen sancionatorio más severo.

Sin embargo, no todos los instrumentos del nuevo esquema están activos. La Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, vinculada al incentivo para exteriorizar ahorros —el llamado “dólar colchón”—, aún no está disponible. Esa ausencia deja incompleto el tablero operativo del nuevo modelo.

Escenario abierto: entre la eficiencia y la presión fiscal

La anticipación de los aplicativos marca un movimiento táctico que combina modernización y endurecimiento. En el corto plazo, permitirá observar si efectivamente mejora la calidad de las presentaciones o si simplemente redistribuye la carga de trabajo.

En las próximas semanas, el foco estará en la respuesta del sistema: nivel de adhesión, volumen de presentaciones anticipadas y comportamiento de los contribuyentes frente al nuevo esquema de sanciones.

También quedará por ver cómo se integra la declaración simplificada y si logra complementar la estrategia oficial de formalización. Ese componente será clave para medir si el modelo apunta solo al control o también a ampliar la base de cumplimiento.

La política tributaria, una vez más, se juega en el equilibrio entre incentivo y sanción. Y ese equilibrio todavía está en construcción.

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Inocencia Fiscal, suben los montos de evasión y se simplifica Ganancias para grandes patrimonios

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El Senado sancionó este viernes la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que redefine el esquema de control tributario en la Argentina y busca fomentar la formalización de dólares adquiridos en el mercado informal. La norma introduce cambios de fondo en el Régimen Penal Tributario, en los procedimientos fiscales y en el Código Civil y Comercial, además de crear un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias que, según el Gobierno, “blinda para siempre” a los contribuyentes que adhieran.

La ley se inscribe en la estrategia del presidente Javier Milei de reducir la presión fiscal, modificar la lógica de fiscalización del Estado y promover el regreso del ahorro a la economía formal, con impacto directo en la recaudación, el crédito y la relación entre el fisco y los contribuyentes

El nuevo régimen simplificado de Ganancias y el alcance patrimonial

Uno de los ejes centrales de la Ley de Inocencia Fiscal es la creación de un “Régimen simplificado de Ganancias”, destinado a contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones. Quienes adhieran quedarán eximidos de informar variaciones patrimoniales y tampoco estarán sujetos al control de consumos personales.

En la práctica, esto implica que ARCA sólo cobrará el Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos efectivamente facturados, independientemente del crecimiento patrimonial del contribuyente, que no será objeto de fiscalización. Sobre esa base imponible, se deducirán los consumos, en un esquema automatizado que busca simplificar las declaraciones juradas.

El artículo 39 del proyecto establece el denominado “efecto liberatorio del pago”: si el contribuyente acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y realiza el pago en término, quedará liberado de futuras acciones, excepto en los casos en que se hayan omitido ingresos.

Según explicó el ex titular de ARCA, Juan Pazo, el sistema permitirá que “el organismo le presente al ciudadano cuánto debería pagar basándose en facturas y gastos deducibles, y el usuario simplemente revisa y edita”, garantizando además la privacidad de los gastos personales, que pasarán a ser anónimos para quienes adhieran.

Cambios penales, prescripción y sanciones tributarias

La ley introduce modificaciones sustanciales al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769). El monto mínimo para que una conducta sea considerada evasión simple se eleva de $1.500.000 a $100.000.000, mientras que el piso para la evasión agravada pasa a ser de $1.000 millones, frente a los $15 millones vigentes hasta ahora.

En paralelo, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años, acotando el horizonte temporal de fiscalización del fisco. La norma también establece que ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y sus intereses, un beneficio que podrá utilizarse una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia aún no estuviera radicada, la acción penal quedará extinguida siempre que el contribuyente pague las obligaciones adeudadas más un adicional del 50%, dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el espíritu general del proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, la ley endurece el régimen sancionatorio económico al aumentar las multas por la presentación fuera de término de las declaraciones juradas, buscando desalentar incumplimientos formales.

Un cambio de paradigma en el control fiscal

En declaraciones radiales, Juan Pazo calificó al sistema anterior como un “régimen soviético”, en el que “se trataba a todos los ciudadanos como delincuentes”, mientras que la informalidad deliberada y sofisticada no era eficazmente perseguida. Según explicó, la acumulación de información irrelevante —desde consumos mínimos con tarjeta hasta gastos básicos de luz y gas— impedía detectar maniobras complejas.

“El país pasa de un régimen persecutorio, donde todos eran culpables hasta que ARCA demuestre lo contrario, a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes y libres de disponer el fruto de nuestro esfuerzo”, sostuvo el exfuncionario. En ese sentido, remarcó que el nuevo esquema permitirá denunciar ante el Poder Judicial solo cuando existan movimientos financieros sin sostenibilidad.

Pazo vinculó la formalización del ahorro con el acceso al crédito, al señalar que el objetivo es corregir distorsiones estructurales: “No puede ser que en este país te compres un par de zapatillas en 24 cuotas y una casa al contado”. Además, destacó que la actual administración logró reducir la presión tributaria en más de 2,5 puntos del PBI, sentando las bases para futuras bajas de impuestos.

Finalmente, justificó su salida del organismo tras dos años de gestión como un gesto de normalidad republicana, agradeciendo al presidente Milei y al ministro Caputo por la oportunidad, y calificando la Ley de Inocencia Fiscal como un cambio fundacional en la relación entre el Estado y los contribuyentes.

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