Misiones prohíbe la compra de vehículos oficiales hasta fin de 2026
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dispuso la prohibición de adquirir vehículos destinados a uso oficial en toda la Administración Pública provincial hasta el 31 de diciembre de 2026, en el marco de una política de austeridad y optimización del gasto público.
La medida quedó establecida mediante un decreto firmado en Posadas el 12 de marzo de 2026, que alcanza a la administración centralizada, entes autárquicos, organismos descentralizados y sociedades del Estado.
Según los fundamentos del instrumento legal, la decisión responde a la necesidad de fortalecer el principio de economía en la gestión pública, promoviendo el uso racional de los recursos disponibles y orientando el gasto estatal hacia los objetivos prioritarios del funcionamiento del Estado.
“El funcionamiento de la Administración Pública debe propender a la utilización racional de los recursos para brindar respuestas eficientes”, señala el texto oficial, al tiempo que subraya que la asignación presupuestaria debe ajustarse estrictamente a los requerimientos operativos de cada organismo.
La restricción alcanza a todos los organismos del Estado provincial, aunque contempla excepciones para áreas consideradas estratégicas. En ese sentido, podrán adquirir vehículos las áreas vinculadas a la seguridad y la salud pública, siempre que cuenten con la autorización expresa del gobernador.
El decreto también habilita otras excepciones específicas que puedan ser autorizadas por el Poder Ejecutivo, en el marco de la normativa vigente que regula la adquisición de bienes por parte del Estado provincial.
La iniciativa se inscribe dentro de una estrategia de reducción de costos y administración eficiente del gasto público, en un contexto nacional marcado por fuertes restricciones fiscales y la necesidad de priorizar recursos en áreas críticas del Estado.
El decreto fue refrendado por el ministro de Coordinación General de Gabinete, Héctor Llera, y por el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán.
La norma ya fue comunicada a todos los ministerios, secretarías de Estado, organismos de la Constitución, entes descentralizados y sociedades del Estado para su cumplimiento inmediato.