Decretos

Preocupación por el DNU que modifica la Ley de Inteligencia y alerta por un retroceso institucional

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El Llamamiento Argentino Judío expresó una “honda preocupación” por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia, al advertir que la ampliación de facultades de los organismos de inteligencia, la opacidad en su funcionamiento y el debilitamiento de los controles democráticos configuran un grave retroceso institucional. El pronunciamiento, fechado el viernes 2 de enero de 2026, plantea objeciones de fondo sobre el impacto político, constitucional y democrático de la medida, y reclama la intervención de la Justicia y del Congreso Nacional.

Según el documento, la modificación del régimen de inteligencia no responde a una emergencia concreta ni constituye una acción aislada, sino que se inscribe en una modalidad de gobierno que concentra poder en el Poder Ejecutivo y avanza sobre garantías democráticas en un contexto de deterioro social y económico.

Ampliación de facultades y debilitamiento de controles democráticos

En su declaración, la organización advierte que la ampliación de las facultades de los organismos de inteligencia, sumada a la falta de transparencia en sus mecanismos de funcionamiento, “no solo constituyen un retroceso institucional grave, sino que ponen en tensión principios elementales del orden constitucional y del Estado de derecho”.

El Llamamiento Argentino Judío remarca que la experiencia histórica demuestra que, cada vez que los servicios de inteligencia operaron sin límites claros ni control efectivo, fueron utilizados para la persecución política, el espionaje interno y la vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, el comunicado señala que el DNU se vincula con procesos antidemocráticos de la historia moderna y compromete de manera directa la orientación ideológica del actual gobierno.

La entidad subraya que el uso sistemático de decretos para impulsar reformas de alto impacto institucional consolida una dinámica de concentración de poder que debilita los equilibrios propios del sistema democrático.

Reclamo de intervención del Congreso y la Justicia

Frente a este escenario, la organización considera “urgente la intervención de la Justicia y del Congreso Nacional” para frenar lo que define como un “descalabro de la democracia” y resguardar el orden democrático que, a su entender, se encuentra en riesgo.

El documento sostiene que “no hay seguridad posible al margen de la Constitución, ni gobernabilidad legítima sin control, legalidad y respeto por los derechos”, y enfatiza que la defensa de la democracia no puede basarse en la vigilancia de la sociedad ni en la concentración de poder en el Ejecutivo.

En esa línea, el pronunciamiento también interpela a los distintos sectores de la oposición, a los que exhorta a “ocupar el lugar que les corresponde en los momentos álgidos del devenir ciudadano”, reforzando su rol institucional en la defensa de las libertades públicas y la división de poderes.

El planteo

El posicionamiento del Llamamiento Argentino Judío introduce un nuevo foco de tensión en el debate sobre el alcance del DNU que modifica la Ley de Inteligencia, con implicancias directas sobre el funcionamiento del sistema democrático, el control del poder estatal y la vigencia de los derechos fundamentales.

Desde una perspectiva institucional, el planteo anticipa posibles escenarios de judicialización y discusión parlamentaria, al tiempo que pone en agenda el rol de los organismos de inteligencia y los límites de su accionar en un Estado de derecho. El documento reafirma que la democracia se fortalece mediante instituciones sólidas, controles efectivos y respeto por la legalidad, y no a través de mecanismos excepcionales que concentran poder y reducen la transparencia.

El comunicado lleva la firma de Elina Malamud, presidenta, y Marcelo Horestein, secretario, quienes ratifican el compromiso de la organización con la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas.

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El Gobierno reestableció organismos y normas derogadas por decretos de desregulación

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La Casa Rosada debió retroceder en varias reformas administrativas tras el rechazo legislativo. Con los Decretos 627/2025 y 628/2025, el Ejecutivo restituyó estructuras, facultades y organismos públicos que habían sido eliminados o fusionados. El trasfondo refleja la tensión entre la estrategia de ajuste del Gobierno y los límites políticos que impone el Congreso.

El 21 de agosto, el Senado rechazó un paquete de decretos que habían impulsado profundas desregulaciones y modificaciones institucionales en organismos estatales clave. Las medidas formaban parte del programa de racionalización y reducción del gasto público que el presidente Javier Milei intentaba consolidar vía decretos delegados, sin pasar por la sanción de leyes.

Entre las reformas caídas estaban la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de Vialidad Nacional, la eliminación de la ARICCAME (Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal) y la fusión de institutos históricos. También se había avanzado en cambios a las funciones del INTA, al Teatro Nacional Cervantes y a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El rechazo parlamentario obligó al Ejecutivo a publicar en el Boletín Oficial del 2 de septiembre de 2025 los Decretos 627/2025 y 628/2025, mediante los cuales se restituye la vigencia de todas las normas derogadas. En palabras oficiales: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas (…) y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”.

Los organismos restituidos y las medidas alcanzadas

Con la entrada en vigor del Decreto 627/2025, se reactivaron:

  • Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, cuya fusión había sido ordenada por el Decreto 345/25.
  • El Banco Nacional de Datos Genéticos, que había pasado a depender de la Secretaría de Innovación (Decreto 351/25).
  • La Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismos disueltos por el Decreto 461/25.
  • La ARICCAME, eliminada por el Decreto 462/25.

Asimismo, el mismo decreto restituyó las funciones originales de:

  • El Teatro Nacional Cervantes (Decreto 531/25).
  • El INTA en su estructura organizativa previa (Decreto 571/25).
  • La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 583/25).
  • La Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Decreto 584/25).
  • Las atribuciones de la Secretaría de Hacienda (Decreto 585/25).

El Decreto 628/2025, por su parte, revirtió el nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional aprobado por el Decreto 340/25. Con ello, se dejó sin efecto la declaración de la navegación marítima y fluvial como “servicio esencial” y la obligación de garantizar el 75% de los servicios durante conflictos colectivos, además de otras flexibilizaciones laborales.

La decisión representa un golpe político para el Gobierno, que había intentado avanzar en la reducción de estructuras estatales sin necesidad de acuerdos legislativos. El Congreso —con apoyo mayoritario de la oposición— no solo rechazó las medidas, sino que obligó al Ejecutivo a reestablecer íntegramente las normas previas.

Desde el oficialismo, el senador libertario Ezequiel Atauche defendió los decretos al señalar que “la Ley Bases no habla de cierres, sino de reorganizaciones”, y justificó la iniciativa en la necesidad de desplazar “a los militantes que no trabajan”. Sin embargo, la oposición subrayó la falta de justificación técnica y jurídica para eliminar organismos estratégicos, como Vialidad Nacional, cuya disolución había sido cuestionada por el impacto en la obra pública y el control de concesiones.

En lo inmediato, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía deberán cubrir de manera transitoria los servicios administrativos, financieros y jurídicos hasta que los organismos retomen plenamente sus funciones.

El retroceso del Ejecutivo abre un interrogante sobre la viabilidad política de profundizar las reformas del Estado en un año atravesado por la incertidumbre electoral. Con la vista puesta en octubre, la Casa Rosada enfrenta el dilema de negociar en el Congreso o insistir con mecanismos administrativos que pueden volver a naufragar en la arena legislativa.

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