Defensor del Pueblo

Durante el 2018 se cometieron 281 femicidios en todo el país, según un relevamiento del Defensor del Pueblo de la Nación

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El Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, en su publicación del informe anual de 2018 durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre, relevó 281 femicidios de los cuales 29 son vinculados y 6 son personas Trans.
El trabajo contiene el total de casos relevados de asesinatos a mujeres (niñas, adolescentes y/o adultas), personas Trans, perpetrados por hombres por razones asociadas con su género, caratuladas como femicidio, muerte dudosa bajo sospecha de femicidio, incluye los casos de femicidios vinculados, todos ellos en un contexto de violencia extrema hacia la mujer.
El 17,4% de las víctimas fueron menores de 18 años; el 28,8% de entre 19 a 30 años, el 31,7% corresponde a víctimas de entre 31 a 50 años y el 21,0% de las víctimas tenía más de 50 años.. Dentro del rango de víctimas menores de 18 años, se destacan 27 casos de niñas menores de 12 años.
En cuanto a las víctimas colaterales, 156 niños quedaron sin sus madres, muchos de ellos fueron testigos del femicidio y, en algunos casos, fueron sus propios padres quienes cometieron los crímenes.
Asimismo, se pudo comprobar que 8 mujeres fueron asesinadas estando embarazadas.
Del total de víctimas, 55 mujeres denunciaron previamente a su atacante una o más veces, en algunos casos existía orden de restricción o prohibición de acercamiento del agresor y en 3 casos se le había otorgado un botón anti pánico a la víctima.
La mayor cantidad de casos (77,8%) fueron cometidos por hombres mayores de edad. Sobre la modalidad del hecho: se puede afirmar que el método más empleado por los femicidas fue el uso de armas de fuego en 78 casos, seguido por el apuñalamiento en 64 casos.
De las 281 víctimas, 15 mujeres también fueron violadas durante el ataque y en particular, 2 mujeres fueron violadas hasta la muerte como única modalidad.
La provincia con mayor prevalencia de femicidios fue Buenos Aires con un total de 105 casos en el año. Le siguen las provincias de Córdoba y Santa Fe con 23 casos cada una; Tucumán con 17 casos confirmados, Mendoza con 16 y Chaco con 15.
Cabe resaltar que, en comparación con el año 2017, la provincia de Salta bajó significativamente el número de femicidios, habiéndose registrado 9 casos durante el 2018 y 24 en el año anterior. No obstante, en el resto de las provincias se verificaron un número significativo de casos.
Asimismo, el informe incluye asesinatos de mujeres en los cuales a las víctimas o a los victimarios se los vincula al narcotráfico, según surge de la información obtenida de diversos artículos periodísticos, teniendo en cuenta el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio), elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres en el año 2014.
La Defensoría del Pueblo de la Nación está analizando realizar las recomendaciones pertinentes entre diversos organismos para que todas las herramientas legales que tiene a su alcance y los compromisos internacionales que ha asumido se puedan cumplir de manera efectiva.

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ENACOM busca que los medios audiovisuales adapten sus mensajes para las personas con discapacidad sensorial

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Se conoció una recomendación al ENACOM para que los Medios de Comunicación Audiovisuales adapten su tecnología para brindar acceso a personas con discapacidades sensoriales
El Defensor del Pueblo de la Nación le recomendó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que formule un plan de acción dirigido a incrementar, de manera progresiva, los medios de comunicación visual adicional -subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción-, para la percepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas con dificultades para acceder a los contenidos.
Los mismos deberán implementarse en las emisiones de televisión abierta, la señal local de producción propia en los sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional.
Asimismo se pidió que se intensifique la fiscalización para que se tengan en miras las obligaciones establecidas por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
Ocurre que la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que los objetivos de los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones, entre ellos, la defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos; la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, que priorice la alfabetización mediática y la eliminación de las brechas en el acceso al conocimiento y las nuevas tecnologías y el derecho de acceso a la información y a los contenidos de las personas con discapacidad.
También dispone el principio de Accesibilidad por el cual “Las emisiones de televisión abierta, la señal local de producción propia en los sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional, deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos”.

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Buscan soluciones para los pequeños productores de té

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Avanzarán en un marco legislativo y un sistema de cámaras, para paliar la situación desesperante de los productores de te
El pasado viernes el Defensor del Pueblo Alberto Penayo convocó al Ministro del Agro y la Produción Sr. José Luis Garay, a la Ministra de Derechos Humanos Sra. Lilia Marchesini, a los Diputados Roxana Argüello, Mario Ruhmling, Cristina Novoa y Carlos Goring, los Defensores del Pueblo de San Vicente, Ceferino Benítez y de Oberá, Patricia Nittmann y miembros del APAM, Carlos Zuberbhuler y Cristian Kligbeil, para dialogar sobre una posible solución a la situación que está afectando a los productores primarios del te.
Este tema viene siendo trabajado por la Institución desde hace un tiempo pero, según palabras del Ministro Garay “es un problema de años”.
“Estamos en una situación desesperante, necesitamos ayuda. Son 4 las empresas productoras y exportadoras de te que monopolizan la actividad, dejando de lado al colono que produce en su propia chacra ” sostuvo Cristian Kligbeil de la APAM. “Aparte que tenemos una realidad: reciben la producción y nos pagan menos si tiene palos más grandes, o cierto tamaño las hojas porque dicen que afecta a la calidad del producto. Pero no es así, las grandes empresas exportan todo, a precios dólares. El te es te; y si no se trabaja sobre estas cuestiones, tendemos a desaparecer” agregó.
Luego de que se presentara el escenario actual y se realizarán aportes de varios de los allí presentes, la reunión se sintetizó en que deberán abordar el tema teniendo en cuenta dos cuestiones: una técnica, que consistirían en elaborar e implementar un sistema de cámaras, que permita un mayor control de este tipo de situaciones; y una legal, avanzando con el marco de normativas que ayude a regular y gestionar la actividad.
“Ponemos a disposición nuestras instalaciones y todo lo que sea necesario para avanzar con este problema. Los tealeros necesitan una solución ya y desde la Defensoría haremos lo que esté a nuestro alcance para concretarlo” concluyó el defensor Alberto Penayo.

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El defensor del pueblo de Misiones podría surgir de las elecciones del año que viene

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El diputado provincial por la Renovación, Roque Gervasoni, autor de uno de los proyectos de creación de la Defensoría de Pueblo de la Provincia presentados en la Legislatura provincial, afirmó que la idea es que se apruebe la mejor propuesta, la más amplia e inclusiva para los misioneros, y si es posible se pueda elegir en las elecciones del año que viene. 

Al dar precisiones sobre su proyecto, el legislador señaló en LT 17 Radio Provincia que “la idea es un poco a partir de lo vivido en el verano en nuestra provincia. Con las demandas que fueron surgiendo, nos fuimos dando cuenta que necesitamos un órgano que tenga representatividad para las demandas colectivas a nivel provincial”. Explicó que “nos pasó en el caso del amparo, donde la ministra de Derechos Humanos no tiene representación del colectivo y sí lo tiene el defensor del pueblo, pero que podía demandar solamente por la ciudad de Posadas, dejando afuera a los 75 municipios restantes”, en las demandas.

“Ante esto surgió el planteo y la necesidad de contar con un Defensor del Pueblo de la provincia”, comentó Gervasoni, pero que a diferencia del proyecto que presentó el diputado Gustavo González, del interbloque Cambiemos, quien sugiere que el defensor debe ser un abogado con diez años en el ejercicio de la actividad y que sea electo en el ámbito de la Legislatura provincial”, este proyecto “sugiere que el defensor debe ser a través de una elección directa por el voto, acompañando a una lista de un partido provincial o nacional, como en la ciudad de Posadas, con un mandato de cuatro años y con autonomía”, explicó.

Además, el diputado dijo que el Defensor del Pueblo de la provincia trabajará las mismas demandas y necesidades que las que atiende la Defensoría de la capital provincial, de Oberá o de San Vicente, “las realidades que hace al vecino, pero en este caso al vecino de la toda la provincia”.  En ese sentido, comentó que “muchas veces la gente cree que solamente deben reclamar cuando adquieren un producto que no esté en condiciones o cuando tenés un problema con un vecino por una medianera, pero no, ésto va mucho más allá”, señaló y resaltó que “la Defensoría del Pueblo estará para los reclamos colectivos, por ejemplo, en un pueblo chico de la provincia hacía 20 años reclamaban agua potable, algo que comenzamos a trabajar en febrero y las obras ya están en un 50 por ciento en una semana y media, o también los reclamos colectivos como el de la chacra 165 de Podadas, donde tenían problemas de inundaciones o también las chacras 239 y 136, buscando siempre soluciones colectivas. La Defensoría del Pueblo está para  atender todo tipo de reclamos”.

Por último, el legislador provincial indicó que “la propuesta está hecha y la idea es que este proyecto esté aprobado para las próximas elecciones si así lo consideran los pares dentro de las comisiones y después en el recinto”, esperando “que sea la mejor propuesta, la más amplia e inclusiva para los misioneros, y si es posible se pueda elegir en las elecciones del año que viene”. 

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Penayo: la readecuación de la tarifa del taxi también debe reflejarse en la calidad del servicio y de las condiciones de los choferes

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El defensor del Pueblo, Alberto Penayo, participó esta mañana de la Audiencia Pública en la que se trató la readecuación de la tarifa de los taxis, que se llevó a cabo en el Concejo Deliberante de Posadas, donde junto a los concejales de la Comisión de Transporte y otros ediles que asistieron, así como funcionarios municipales, siguió con atención los planteos realizados por choferes y empresarios.
Pese a que estaban inscriptos cerca de 20 oradores, sólo seis asistieron e hicieron uso de la palabra, cerrando el defensor Penayo, quien hizo hincapié en la necesidad de comenzar a trabajar sobre “la cuestión conceptual, y es que cada incremento siempre debe responder a lo que dicen nuestras normas y a las exigencias en cuanto a la calidad de prestación que debe reunir un servicio público”.
En ese sentido, indicó que “conocemos la actual coyuntura que vive el país, las decisiones que ha tomado el gobierno nacional respecto a las tarifas y la liberación del precio del combustible, pero también somos conscientes de cuál es el poder adquisitivo del ciudadano posadeño, que cada vez está más deteriorado”.
“La readecuación de la tarifa del taxi también debe verse reflejado en la calidad del servicio y de las condiciones de trabajo de los choferes”, expuso Penayo, en consonancia con lo que varios de los oradores habían manifestado al señalar las condiciones precarias de los choferes, así como también la proliferación de taxis “truchos”.
Finalmente, el ombudsman posadeño puso a disposición la Defensoría para conformar un espacio de diálogo en el que participen todas las partes involucradas (concejales, municipio, taxistas, propietarios de taxis y usuarios), para trabajar sobre las cuestiones de base que hacen a la actividad y que la Audiencia no representa el marco propicio para hacerlo, dado que el único objetivo es debatir sobre la propuesta de readecuación tarifaria.
“La Defensoría es el ámbito natural para que puedan darse este tipo de diálogos constructivos y que tiendan a encontrar soluciones que puedan conformar a todas las partes a partir del trabajo conjunto y siempre entendiendo que el mejor camino es el del consenso”, concluyó Penayo.

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