El presidente del bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, Héctor Bárbaro, presentó un Proyecto de Comunicación -que tomará estado parlamentario este jueves- en el que solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, informe en relación al extenso desmonte que se realiza en una propiedad ubicada sobre la Ruta Provincial 18 lindera al Parque Provincial Urugua-í.
Bárbaro quiere saber si se cumplieron los procedimientos formales ante la Dirección General de Bosques, las Subsecretarías de Ordenamiento Territorial y de Ecología para tramitar los permisos correspondientes; a qué categoría se corresponde la propiedad según lo dispuesto por la Ley XVI-Nº 105; detalles del informe conjunto obligatorio producido entre guardaparques, Subsecretaría de Ecología y agentes forestales de la Dirección de Bosques; si una vez iniciadas las tramitaciones legales se realizó la convocatoria a una audiencia pública, cuándo y quiénes participaron y cuál es la documentación formal que la avala; cuál es la disposición legal que autoriza la realización del desmonte; si se realizaron inspecciones previas a la propiedad por parte de funcionarios de Ecología, competentes en la materia, y con posterioridad una vez iniciado el proceso de desmonte; qué tipo de aprovechamiento se pretende realizar en la propiedad en cuestión, y cuáles son los volúmenes previstos para la extracción.
Avance significativo en materia de política ambiental
Entre los fundamentos, Bárbaro acompañado por el diputado Martín Sereno señala que la situación que ostenta la provincia es de “singular importancia al contar con múltiples normativas ambientales, dado que casi un tercio de su territorio compone el Sistema de Áreas Naturales Protegidas a partir de la integración de Parques Nacionales y Provinciales y reservas privadas y públicas. Como dicha situación constituye un avance significativo en materia de política ambiental, supone también desafíos constantes en materia de gestión de dichas áreas naturales”.
Agrega que cuando se pretende realizar un aprovechamiento forestal por parte de personas físicas o jurídicas, hay una serie de pasos e instancias se deben cumplimentar para iniciar una carpeta, tales como la presentación de un Plan de Manejo que debe incluir un estudio de impacto ambiental, y que debe ser sometido a inspecciones previas y a un estricto análisis por parte de los equipos ministeriales para determinar la viabilidad técnica y ambiental del emprendimiento.
“Respecto a este caso, nos preocupa que la propiedad es lindante al Parque Provincial Urugua-í, que constituye una zona de conservación roja, según la categorización establecida por la Ley XVI- Nº 105 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”.
El desmonte supera las 400 hectáreas
Bárbaro recordó que los pobladores de la zona, así como funcionarios municipales expresaron en los medios de prensa que desconocen si las autoridades de Ecología habrían tomado intervención. El desmonte, iniciado a fines del 2016, y que continúa al presente, ya supera las 400 hectáreas, para ‘limpiar’ una superficie de aproximadamente cuatro mil hectáreas para conformar un establecimiento de producción ganadera en toda esa región”.
A través de este Proyecto, el PAyS pretende conocer qué tramite se iniciaron, si el procedimiento se ajusta o no cabalmente a las normativas vigentes, y mediante qué instrumentos legales emitidos por el Ministerio de Ecología se autorizaron, o no, iniciar los apeos y los trabajos de deforestación en la propiedad referida, como así también si se realizaron las inspecciones previas o se prevén realizarlas conformes a las facultades de control y fiscalización atribuidas a la autoridad de aplicación.
“Si no se cumplieron los procedimientos establecidos en las normativas, claramente las autoridades ambientales de la provincia están incurriendo en graves irregularidades, ya sea por omisión o por una acción deliberada tendiente a favorecer actividades presuntamente ilícitas, ‘liberando’ zonas sobre las que se debería ejercer un estricto control.
Dichas acciones se ponen de manifiesto al no ejercer los controles correspondientes, al comprobarse omisiones o irregularidades administrativas en la tramitación de los expedientes, como así también diversas arbitrariedades a nivel de las prácticas de los funcionarios competentes”, especifica el Proyecto.
