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Tensión en Brasil: el juez Moro ordenó la detención del expresidente Lula

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El juez federal Sergio Moro determinó hoy que el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva tiene tiempo hasta mañana a las 17 (hora local) para entregarse a la Policía Federal para iniciar la ejecución de la pena de 12 años y un mes de prisión en el caso del tríplex de Guarujá.

“En relación a Lula, le concedo, en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17 horas del día 6 de abril, cuando deberá cumplirse el mandamiento de prisión”.
El máximo tribunal de Brasil rechazó este jueves por la madrugada dar curso al pedido de habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva para no ingresar a la cárcel mientras apela una sentencia de 12 años por corrupción, un fallo que podría afectar la estabilidad del país antes de las elecciones de octubre. Ahora, el juez Sergio Moro pidió su arresto.  Lula encabeza las encuestas electorales a pesar de su condena. 

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La Corte autorizó la detención del expresidente Lula da Silva

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El máximo tribunal de Brasil rechazó este jueves por la madrugada dar curso al pedido de habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva para no ingresar a la cárcel mientras apela una sentencia de 12 años por corrupción, un fallo que podría afectar la estabilidad del país antes de las elecciones de octubre. Ahora, el juez Sergio Moro podría pedir su arresto y el líder pasar las próximas instancias apelatorias detenido.
Lula encabeza las encuestas electorales a pesar de su condena y de varias acusaciones de corrupción adicionales que esperan juicio. La decisión del Supremo Tribunal Federal de permitir que una corte de menor instancia obligue al exmandatario a comenzar a cumplir su sentencia podría arruinar su candidatura y generar protestas en un momento de tensiones elevadas en el país. 

Diez horas después de iniciada la sesión, cinco jueces habían votado contra Lula y cinco a su favor y el peso del voto definitorio recayó sobre la presidenta de la Corte Carmen Lucia, quien optó por rechazar la presentación del expresidente. 
El juez Gilmar Mendes, quien votó en favor de la petición de Lula de no ingresar a prisión, argumentó que la corte no podía tomar decisiones con base en la opinión pública. 
“Si una corte cede (ante la presión), bien podría no existir”, dijo Mendes. 
El juez Luis Roberto Barros argumentó que la integridad del sistema judicial está en juego. 
“Un sistema penal que no trabaja con una efectividad mínima favorece el desarrollo del instinto de hacerse justicia por propia mano”, afirmó Barros, quien votó contra la petición. 
La jueza Rosa Weber, que según analistas legales podría ser crucial porque hay muchas dudas en torno a su posición frente al asunto, votó contra Lula. 
El general Eduardo Villas Boas publicó dos tuits el martes por la noche que muchos interpretaron como una forma de presionar a los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal y una amenaza velada de intervención. Dichas preocupaciones son tomadas en serio en un país que tuvo una dictadura militar de 1964 a 1985. 
“En la situación actual de Brasil, vale la pena preguntar a nuestras instituciones y a la gente quién está realmente pensando en lo que es mejor para el país y las generaciones futuras, y a quién está preocupado sólo en su interés personal”, escribió en un tuit. 
En el otro, Villas Boas dijo que compartía la ansiedad de la gente y “repudiaba la impunidad”. 
Lula, que gozó de una inmensa popularidad tras dos mandatos como presidente entre 2003 y 2010, se ha convertido en un personaje polémico en medio de un escándalo de corrupción que ha sacudido a Brasil en los últimos años y ha enfurecido al ciudadano promedio contra la clase política. 
El exmandatario fue declarado culpable el año pasado por ayudar a una empresa constructora a lograr contratos a cambio de la promesa de que recibiría un apartamento en la playa. El encargado de dictar la sentencia fue el juez Sergio Moro, responsable de los casos derivados de la Operación Autolavado, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. Muchos consideran a Moro un héroe, mientras que sus detractores lo acusan de ser partidista. 
Lula siempre ha defendido su inocencia, y ha argumentado que este caso, como otros cargos de corrupción pendientes de juicio, son intentos para mantenerlo fuera de la carrera presidencial. 
Sin embargo, Lula sufrió un revés en enero, cuando una corte de apelaciones ratificó la condena relativa al mencionado apartamento. Los tres magistrados que revisaron el caso ampliaron incluso la sentencia a 12 años y un mes. 
Aunque el exmandatario puede interponer más recursos, la ley brasileña podría obligarlo a empezar a cumplir su pena, como han ordenado Moro y los otros magistrados. 
Los abogados de Lula sostienen que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles. Sin embargo, en un caso no relacionado de 2016, el alto tribunal discrepó con ese argumento, y dictaminó que un condenado debería empezar a cumplir su sentencia tras la denegación de la primera apelación. 
Lula no ha dejado de hacer campaña durante toda su batalla legal, criticando a sus detractores y prometiendo no rendirse. La semana pasada, durante una escala en el estado sureño de Paraná, donde Moro lo declaró culpable, dos de los autobuses de su comitiva fueron alcanzados por disparos, que no dejaron heridos.

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Ordenan detener al empresario Cristóbal López

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El juez federal Julián Ercolini procesó y ordenó la prisión preventiva del empresario Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa. Ambos están siendo investigados por la presunta evasión de $ 8.000 del impuesto a los combustibles. Por otra parte, el magistrado también procesó pero sin prisión preventiva al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray. En su fallo, Ercolini les trabó sendos embargos por $ 17.000 millones.

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Boudou pasará el fin de semana en Ezeiza y el martes volvería a declarar

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El ex vicepresidente Amado Boudou fue trasladado a la cárcel de Ezeiza  luego de pedir su inmediata excarcelación y recusar al juez federal Ariel Lijo, quien ordenó su detención en el marco de una causa por supuestos hechos de corrupción. Al ser indagado por el magistrado, Boudou señaló que su detención fue “arbitraria”.

El ex funcionario kirchnerista permaneció durante una hora y media en el Juzgado Federal 4, donde cuestionó al juez que ordenó su detención y exigió su apartamiento de la causa, según informaron fuentes judiciales.

Luego de que leyeran la imputación en su contra, Boudou realizó una breve declaración en la que resaltó que siempre estuvo “a derecho” y que dio todas las explicaciones que le fueron requeridas.

Durante su permanencia en el juzgado de Lijo, el ex vicepresidente y ex ministro de Economía durante el kirchnerismo estuvo acompañado por su abogado Eduardo Durañona, quien debió volver de urgencia de la costa atlántica.

Boudou “no puede entender como después de tantos años de investigación, de tantos años de dar explicaciones y presentar escrito ahora lo detienen de esta forma”, sostuvo su abogado en diálogo con Télam y otros medios acreditados en los tribunales federales de Comodoro Py.

“Me sorprende la detención en una causa de tantos años de proceso. Pidió autorizaciones para salir del país y la Cámara se los concedió porque no había posibilidad de obstaculizar la causa o de profugarse”, sostuvo su abogado.

Según fuentes judiciales, el juez Lijo intentó explicarle a Boudou que, con la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, la Cámara Federal porteña había esgrimido nuevos lineamientos para justificar las detenciones preventivas, pero Boudou le dijo que no hacía falta esa explicación.

En el caso De Vido, la Cámara sostuvo que a la hora de examinar los riesgo procesales “no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal”, sino que hay que evaluar si tuvieron poder o tienen vínculos con personas que pudieran ser de ayuda para eludir un proceso judicial.

En el marco de su indagatoria, Boudou sostuvo que estaba sorprendido por el “cambio intempestivo” en el manejo de la causa y, según pudo reconstruir este medio, se lo atribuyó a las denuncias presentadas esta semana contra el juez Lijo en el Consejo de la Magistratura.

Para el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, Lijo decidió su detención luego de que lo acusaran de cajonear algunos expedientes contra funcionarios y ex funcionarios acusados por delitos de corrupción.

Lijo acusó a Boudou por el supuesto lavado de activos por 4.238.900 pesos y 995.000 dólares, en tres maniobras, una de ellas a través del blanqueo de capitales de la ley 26476 en el 2009 para “disimular la fuente real de los fondos”.

Además, le imputó la compra con fondos sin justificar de un departamento de Agustina Kampfer por 120 mil dólares y 80 mil dólares de su patrimonio cuyo origen tampoco encuentra explicación, según la resolución en la cual ordenó detenerlo.

Por los tres hechos, el fiscal federal Jorge Di Lello firmó el viernes último un requerimiento parcial de justificación de bienes que debía ser el paso previo a una citación a indagatoria.

Pero Lijo ordenó de manera directa las detenciones de Boudou y Núñez Carmona, concretó las citaciones de los restantes imputados, y argumentó riesgo de entorpecimiento de la investigación y de la posibilidad del Estado Nacional de recuperar los bienes que se entiendan se obtuvieron de manera ilegal.

De vido

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue trasladado al penal de Marcos Paz, donde cumplirá con la prisión preventiva dispuesta en el marco de dos causas de corrupción.

La información fue confirmada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a través de un comunicado en el que se informó, además, que ya habían concluido los estudios sobre su estado de salud.

El ex funcionario kirchnerista “no reúne criterio de internación en el Hospital Penitenciario Central”, ubicado en la cárcel de Ezeiza, informaron desde el SPF.

De Vido fue detenido hace diez días tras ser desaforado en el Congreso Nacional y desde entonces permaneció en el hospital penitenciario de la cárcel de Ezeiza, donde se le practican estudios médicos.

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