Crisis en la obra social militar: crecen las deudas y el Gobierno pide ayuda a las provincias para sostener la atención médica
La crisis en la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad volvió a escalar en las últimas semanas. Mientras continúa el proceso de disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), crecen los reclamos de afiliados y prestadores por la caída de prestaciones, deudas millonarias y falta de cobertura en distintas provincias del país. Como respuesta, el Gobierno nacional comenzó a hacer gestiones silenciosas con las provincias para que las obras sociales provinciales o los sistemas de salud pública acepten atender a los uniformados, aunque sin demasiadas precisiones sobre el pago de las prestaciones.
En paralelo, el Gobierno nacional comenzó a pedir colaboración a las provincias para sostener la atención médica de los uniformados en hospitales públicos, ante el deterioro del sistema y la incertidumbre sobre cómo se cancelarán las obligaciones acumuladas con clínicas, sanatorios y profesionales.
IOSFA -la tercera obra social más grande del país, con alrededor de 550 mil afiliados entre militares, fuerzas de seguridad y sus familias- se encuentra en proceso de liquidación, mientras el Ministerio de Defensa avanza con la creación de dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg), destinada a Gendarmería y Prefectura.
Sin embargo, el traspaso institucional ocurre en medio de una profunda crisis financiera. Distintas estimaciones ubican el déficit acumulado de IOSFA entre $200 mil y $300 mil millones, con un rojo mensual cercano a los $15 mil millones, lo que provocó la suspensión de prestaciones, demoras en reintegros y cortes de servicios en varias provincias.
Prestaciones suspendidas y protestas en el interior
La situación ya generó protestas de afiliados en distintas ciudades. En Mar del Plata, por ejemplo, decenas de beneficiarios se manifestaron frente a la sede local de la obra social militar luego de que el último sanatorio privado que atendía a los afiliados suspendiera el servicio por falta de pagos.
En Formosa, la Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (ASUBA) denunció que tratamientos y prestaciones están suspendidos en toda la provincia, con demoras en reintegros y medicamentos de alto costo. En Misiones, desde hace por lo menos seis meses, prefecturianos y gendarmes tienen problemas de atención.
“La disolución de la obra social ha sumergido a los afiliados en un limbo sanitario inaceptable”, advirtió la entidad en un mensaje dirigido al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, y al administrador designado para la etapa de transición, el coronel retirado Ariel Guzmán.
Prestadores endeudados y servicios al límite
La crisis también golpea con fuerza a los prestadores. Clínicas, laboratorios y centros de diagnóstico denuncian atrasos millonarios en los pagos.
La médica Marta Kura, directora de Diagnóstico Científico Integral y referente histórica de la sanidad militar, asegura que la deuda acumulada con su centro supera los $350 millones.
“Sostuvimos las prestaciones durante años. Hoy estamos endeudados. Tuve que pedir un crédito bancario para pagar los sueldos”, explicó.
Testimonios similares se multiplican entre profesionales y afiliados: estudios oncológicos que deben pagarse de forma particular, tratamientos interrumpidos y consultorios que continúan atendiendo solo por compromiso con los pacientes.
Sin fondos del Tesoro y con presión sobre las Fuerzas Armadas
Uno de los principales interrogantes es cómo se cancelará el pasivo acumulado. Desde el Gobierno no se informó un esquema claro para afrontar la deuda.
En ámbitos cercanos al sistema señalan que el Ministerio de Defensa analiza utilizar partidas presupuestarias de las propias Fuerzas Armadas para sostener el funcionamiento de la nueva obra social, ante la negativa del Ministerio de Economía de destinar aportes extraordinarios del Tesoro.
Según fuentes gremiales del sector, el ministro Carlos Presti habría intercedido ante Economía para obtener asistencia financiera, pero sin resultados. Como alternativa, se evalúa redirigir recursos del presupuesto militar para cubrir parte del déficit sanitario.
Mientras tanto, la transición -que oficialmente tendrá un plazo de hasta 365 días– avanza en medio de una creciente incertidumbre entre afiliados, prestadores y autoridades provinciales que ahora reciben pedidos informales para absorber parte de la atención médica en hospitales públicos.
La crisis de IOSFA expone así uno de los desafíos más complejos del sistema de salud estatal: garantizar cobertura a cientos de miles de uniformados y sus familias sin un esquema claro de financiamiento para saldar las deudas acumuladas.