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Sudamérica: una región plantadora de árboles, pero solo de dos especies

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Escribe Matias Avramow en Dialogo Chino – Los cultivos de pino y eucalipto proliferan en Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, lo que ha llevado a los expertos a pedir cambios para reducir las amenazas a la biodiversidad, los suelos y el agua.

En el mundo es cada vez más frecuente escuchar un principio simple para actuar contra la crisis climática: plantar árboles. Los bosques son los mayores sumideros de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero que principalmente impulsa el calentamiento global. En 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas afirmó que una forestación significativa puede contribuir a los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5C. Para ello se necesitarían cientos de millones de hectáreas de nuevos árboles.

Sudamérica es una de las principales regiones de plantación de árboles a nivel global, con la segunda mayor superficie del mundo después de Asia concentrada en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Sin embargo, aunque el 15% de los aproximadamente 131 millones de hectáreas de plantaciones de árboles del mundo se encuentran en Sudamérica, no han ayudado a resolver los problemas de deforestación de la región ni han demostrado ser muy eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esto se da porque la mayoría de las plantaciones en Sudamérica son exclusivamente productivas y, en la mayoría de los casos, monocultivos industriales de pinos y eucaliptos. En otras palabras, se produce una única especie en áreas gigantes, con técnicas que aceleran el crecimiento como el uso de fertilizantes y pesticidas. Estas prácticas favorecen la degradación del suelo y la destrucción de la vegetación autóctona natural.

“Estos monocultivos no recuperan el carbono de la misma manera que los bosques naturales secundarios. Se puede eliminar un poco [de carbono], pero no fomentan la biodiversidad porque son especies exóticas”, explica a Diálogo Chino Carlos Nobre, científico del sistema terrestre en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo y destacado investigador en temas forestales en Brasil.

Millones de hectáreas de especies exóticas

En América del Sur, el 97% de las plantaciones son de especies exóticas, principalmente pino y eucalipto, que se utilizan sobre todo para obtener madera y pasta de papel, respectivamente. Brasil, Argentina, Uruguay y Chile albergan algunas de las mayores superficies plantadas de la región: durante el siglo pasado los cuatro países introdujeron estas especies para desarrollar sus industrias papelera y maderera, con la ayuda de subvenciones e iniciativas gubernamentales para promover su uso.

Mauricio Aguilera, ingeniero forestal de Chile, señala que las plantaciones en su país surgieron para combatir la erosión causada por la agricultura y quema de vegetación nativa antes de 1950. Después de este proceso se comenzó a plantar especialmente pino y eucalipto y se industrializó su producción. Esto ocurrió también en otros países, donde se plantaron árboles en tierras degradadas, dando lugar a un rápido crecimiento de los campos forestales.

Hoy en día, entre los cuatro países suman alrededor de 16,8 millones de hectáreas de plantaciones forestales totales. La mayoría se concentra en Brasil (67%), luego en Chile (19%), Argentina (7,1%) y Uruguay (7,1%). El Eucalyptus globulus, de rápido crecimiento, ha proliferado en la región y en sus sectores forestales: las plantaciones de eucalipto para la producción de pasta de papel predominan en todos estos países excepto en Chile, donde predomina el pino.

Según Hivy Ortiz, que desarrolla iniciativas regionales de agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el panorama de la industria forestal de la región ha cambiado a lo largo de los años. “Los programas de plantaciones originalmente estaban asociados a incentivos forestales. Ahora son, en su mayoría, inversiones privadas”, explica a Diálogo Chino.

Según un reporte del Banco Mundial, en 2021 la mitad de las exportaciones forestales se enviaron a Estados Unidos (28.6%) y China (23.2%). La otra mitad se distribuyó entre 204 países. La mayor parte de esta industria forestal se compone de una combinación de capitales nacionales e internacionales.

“El pino y el eucalipto, en sus lugares de origen, pueden tardar en crecer hasta 28 años porque son sitios más áridos o de latitudes más cercanas a los polos, pero en la mayor parte de Sudamérica se demora cuatro veces menos y por eso también plantar aquí se vuelve tan atractivo”, asegura Mónica Bedoya, administradora ambiental en la Universidad de Tecnológica de Pereira, en Colombia.

¿Qué impactos generan las plantaciones?

En la última década, científicos y organizaciones han advertido sobre los problemas relacionados con las plantaciones de pinos y eucaliptos que desplazan a los bosques nativos. Las consecuencias incluyen la facilitación de la propagación de enfermedades e incendios, al mismo tiempo que consumen grandes cantidades de agua y perjudican los niveles de biodiversidad. “En estos terrenos solo crece eso. Tú estás debajo y no crece nada más”, asegura Bedoya.

Cuatro personas de pie en una plantación de pinos verdes pequeños

Personas trabajando en un vivero de pinos en Los Ángeles, en el centro-sur de la región chilena del Biobío. El pino es la especie más plantada en el país (Imagen: Jean-Pierre Degas / Alamy)

La Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador informa que la invasión de plantaciones de pinos y eucaliptos puede poner en peligro zonas de gran biodiversidad. Esto se debe a que aceleran el estrés hídrico local y modifican los suelos mediante, por ejemplo, la salinización y la acidificación.

En Brasil, las plantaciones de eucalipto están muy asociadas a la degradación del suelo en los bosques de la zona de la Mata Atlántica. Paulo Amaral, ingeniero forestal de Imazon, asegura que en esa región queda alrededor de un 6% de bosque nativo.

Según Aguilera, la industria se centra en la eficiencia: reforestar la misma tierra, plantando más árboles, a un ritmo más rápido y en espacios más reducidos.

Aguilera explica que esta eficiencia ha permitido reducir ciertos impactos, pero en el agua y en el suelo confiesa que aún persisten daños. “Efectivamente puede que hayan secado quebradas y aguas de consumo humano de algunas personas que viven en el campo. Posiblemente, porque se plantaron a una densidad muy alta, porque se ubican cerca de las fuentes de agua”, reconoce.

La alta densidad de plantaciones, añade Aguilera, también puede promover incendios forestales, que en el caso de los pinos es un proceso natural, pero que al haber tantos árboles juntos, puede generar estragos como los incendios de 2017 y 2023 en Chile.

¿Pueden existir beneficios ambientales?

En Chile, algunos expertos forestales destacan como un gran beneficio la capacidad de reducir la presión de deforestación al bosque nativo. “Si no fuera por estas plantaciones con especies exóticas, nosotros tendríamos muchos menos bosques originales”, asegura el ingeniero forestal chileno Edison Garcia Rivas.

Chile, a diferencia de Brasil, tiene un territorio más limitado. Por ello, las plantaciones se sitúan entre cordilleras, constituyendo una quinta parte de la cubierta forestal chilena. Desde que se eliminaron los subsidios a la industria en 2012, la expansión de las plantaciones en los bosques nativos ha disminuido sustancialmente.

Esto mismo sucede en el caso de Uruguay. Según asegura a Diálogo Chino el director nacional forestal de Uruguay, Carlos Faroppa, “desde hace años, nuestro país tiene deforestación cero”. Esto, explica, se debe a que la vegetación original del país nunca tuvo mucha cobertura boscosa, predominando varios tipos de pastizales, y también a “la serie de regulaciones que el gobierno viene implementando desde hace años”. Faroppa se refiere a las medidas y certificaciones de exportación que apoyan la gestión sostenible de la producción.

En el caso de Brasil y Argentina, las plantaciones aún no juegan un rol benéfico para la protección de los bosques, aunque no se descarta la posibilidad. Amaral asegura que las plantaciones en la Amazonía pueden “ser una forma de proteger los suelos en etapas iniciales, aunque nunca a largo plazo”.

Ana Di Pangracio, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en Argentina, considera que las actividades forestales deben estar mejor reguladas y se debe incentivar la siembra de árboles nativos. “En Argentina, y estoy segura que en el resto de la región, algo que se debe a nivel de gestión es el ordenamiento del territorio”, añade.

Ortiz no ve a las plantaciones forestales como una actividad altamente degradante, pero advierte: “tienen la función principal de reducir la amenaza al bosque nativo, siempre que se produzca de forma controlada y manejada, sin talar bosque nativo para poner plantaciones”, explica.

Planes de restauración

Existen proyectos incipientes destinados a la restauración de los bosques nativos en Sudamérica desde hace más de una década. La mayoría consisten en remover los incentivos a industrias como la forestal y plantear nuevos marcos normativos que busquen la restauración a través de prácticas productivas mixtas, protección de zonas específicas de bosques y, en casos de zonas muy perturbadas, la plantación de bosques nativos.

Brasil, Chile y Uruguay ya no subsidian la industria forestal y algunos, como Chile, apuntan hacia una producción mixta tanto agropecuaria como silvícola. Daniela Manuschevic, jefa de la división de especies y biodiversidad del Ministerio de Ambiente de Chile, explica: “Las plantaciones multifuncionales buscan conservar y producir tanto productos forestales no madereros como hongos y berries”. Esta sustitución de los monocultivos ayuda a la restauración del suelo, lo que aumenta las tasas naturales de captura de carbono.

En cuanto a las iniciativas de reforestación, uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Re.green, en Brasil, que busca plantar un millón de hectáreas en la Amazonía y los bosques del Atlántico. Según Rodrigo Rodrigues, investigador de la Universidad de Sao Paulo, este es uno de los más grandes proyectos y va en consonancia con los objetivos de deforestación cero en Brasil.

Algunos de los esfuerzos de reforestación de América Latina son grandes iniciativas estatales, financiadas por el Estado o por fondos medioambientales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima. En Brasil, Chile, Uruguay y Argentina existen proyectos más pequeños y principalmente financiados por empresas privadas. Carlos Nobre destaca el caso de Vale, una empresa minera de hierro que se comprometió a plantar 500.000 hectáreas de bosques nativos.

Cuando la deforestación continúa y los suelos degradados se vuelven cada vez más impermeables, Manuschevich afirma que las consecuencias para las ciudades o pueblos pueden ser “catastróficas”. Y concluye con una sencilla declaración de intenciones: “En el contexto del cambio climático, ya sean precipitaciones o sequías extremas, los bosques multifuncionales y diversos nos proveen un seguro, una posibilidad de que los impactos no sean tan severos”.

Matias Avramow periodista ambiental mexicano.

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Chile quiere ser un Estado “ecológico” con su nueva Constitución

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Escribe Francisco Parra Galaz de Dialogo Chino – La crisis climática y ecológica, el buen vivir y los derechos de la naturaleza son algunos de los conceptos introducidos en el nuevo texto constitucional chileno, que será sometido a un plebiscito a comienzos de septiembre

“Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.

Así comienza el primer artículo de la propuesta de nueva Constitución chilena. De entrada, el texto entrega pistas del cambio que puede tomar el país a partir del 4 de septiembre de este año, si el borrador es aprobado en un plebiscito nacional. 

Tras casi un año de trabajo arduo, un total de 155 personas electas (de forma paritaria entre hombres y mujeres) elaboró una propuesta de nueva Constitución para que reemplace la antigua, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, en una inédita solución política e institucional al estallido social de 2019.

La protección al medio ambiente es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene el nuevo texto constitucional. El Observatorio Constitucional Ambiental de la Universidad de Chile identificó 50 normas ambientales aparecen en el borrador. Varias están en el capítulo “Medio Ambiente y Naturaleza”, pero otras tantas repartidas a lo largo del texto, desde los derechos fundamentales hasta las normas transitorias.

“La nueva Constitución se hace cargo de la crisis climática y ecológica de una forma que ninguna otra constitución en el mundo hasta ahora lo ha hecho. Su aprobación convertiría a Chile en un país que estaría a la vanguardia, en términos legislativos al menos, de la lucha contra la crisis global. En ese sentido es un avance muy significativo”, afirma el abogado Ezio Costa, director de la ONG Fima.

La Convención Constitucional ya aprobó el contenido de las normas permanentes y de las transitorias. Esta semana le entregó el texto final al presidente Gabriel Boric. Así comenzó formalmente los dos meses de campaña electoral, en la que la opción de “Apruebo” parte en desventaja, ya que hoy las encuestas le dan una amplia ventaja al “Rechazo”. 

Los pilares ecológicos de la nueva Constitución

La Constitución de 1980, en plena dictadura de Augusto Pinochet, sí tuvo una “innovación” ambiental para la época: En su artículo 19 garantiza “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. 

La Constitución del 2022 va más allá: Prácticamente la totalidad de las demandas del mundo ambientalista ante la Constituyente terminaron reflejadas en el texto: derecho humano al agua, justicia intergeneracional, buen vivir, derechos de la naturaleza, acción climática justa.

“Hemos determinado que la Naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad,” afirma la constituyente Gloria Alvarado. “Esta no sólo es una Constitución ecológica, es socioecológica, pues somos parte de la naturaleza y desde esa mirada hemos propuesto y aprobado estas normas”. 

La palabra “ecológico” aparece 17 veces en el texto: Desde el “derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, la obligación del Estado de “adoptar una administración ecológicamente responsable”, la protección de la “función ecológica de la tierra”, hasta la necesidad de determinar la “función social y ecológica” de la propiedad.

Para Ezio Costa, la Constitución establece una serie de normas que permiten de categorizarla de ecológica: El reconocimiento a la crisis climática y ecológica, el valor inherente de la naturaleza (expresada en los derechos de la naturaleza y los bienes comunes naturales), los derechos humanos ambientales (al agua, al ambiente sano y a la participación y acceso a justicia); y en la distribución del poder en la toma de decisiones ambientales.

La nueva Constitución establece una idea de justicia ambiental que debería llevar a que no se reproduzcan las zonas de sacrificio

“Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad”, dice otro artículo, que de aprobarse el orden propuesto, sería el octavo artículo. 

Con esto, se apunta a que toda la organización del Estado y la sociedad se ajusten a los ciclos naturales. 

Se reconocen también los Bienes Comunes Naturales como elementos de la naturaleza frente a los que el Estado “tiene un deber especial de custodia, con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras”. Se reconocen dentro de esa categoría el mar, playas, glaciares, humedales, campos geotérmicos, el aire, la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas, bosques nativos y subsuelos, entre otros.

Sobre los bienes comunes, se permiten “autorizaciones de uso” que no constituyen “derechos de propiedad”.

En términos organizativos, la Constitución establece que Chile es un Estado “regional”, organizado en entidades territoriales autónomas: comunas, regiones y autonomías territoriales indígenas. Todas dotadas de funciones especiales de protección al medio ambiente, como la planificación, ordenamiento territorial y manejo integrado de cuencas.

El tránsito a un nuevo modelo

A mediados de junio, las localidades de Quintero y Puchuncaví sufrieron, una vez más, episodios de intoxicación que derivaron en cientos de personas con síntomas de vómitos, mareos y dolores de cabeza. La bahía es, como se le conoce en Chile, una “zona de sacrificio”, donde la población convive hace medio siglo con un parque industrial repleto de termoeléctricas a carbón, a gas, refinería de petróleo, una fundición de cobre, entre otras.

Ya en 2019, la Corte Suprema había determinado la grave vulneración al “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” que reconoce la Constitución del 80, culpando a las empresas y al Estado por otra intoxicación masiva. Tres años después, el guion parece repetido, sin saber hasta el momento quiénes son los responsables del daño ambiental.

Para Ezio Costa, “la nueva Constitución establece una idea de justicia ambiental que debería llevar a que no se reproduzcan las zonas de sacrificio. También establece un principio de acción climática justa que debería llevar a que el proceso de descarbonización y el proceso de transición energética favorezca a lugares que hoy en día son zonas de sacrificio como Quintero”.

El nuevo texto además crea la figura de la Defensoría de la Naturaleza, que deberá fiscalizar al Estado y privados en el cumplimiento de las obligaciones que determina la Constitución. 

Así, la diferencia radicaría en que este órgano autónomo podría actuar en casos como el de las zonas de sacrificio, además de entregarle una mayor amplitud de herramientas a la justicia para fallar, al reconocer los principios ambientales de progresividad, precautorio, preventivo, de justicia ambiental, de solidaridad intergeneracional, de responsabilidad y de acción climática justa.

El agua en la nueva Constitución de Chile

“Es el fin de la propiedad sobre las aguas (…) se terminarán las desigualdades de poder en la gestión de las aguas, nunca más personas tomando agua de camiones aljibes mientras otros riegan sus fundos. Recuperar las aguas para la vida y las personas”, aifrma la constituyente Carolina Vilches.

El agua fue uno de los temas más debatidos en el proceso constituyente. Chile vive desde hace más de una década una mega sequía, que hoy tiene a la capital, Santiago, preparando escenarios de racionamiento. Sobre el agua también pesa la herencia de la dictadura: la constitución del 80 la establece como un bien privado, lo que generó un mercado de especulación en torno a ella, con cuencas con más derechos de agua que agua disponible.

La nueva Constitución se hace cargo de la crisis climática y ecológica de una forma que ninguna otra constitución en el mundo hasta ahora lo ha hecho

El nuevo texto establece que el Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases, siempre prevaleciendo el derecho humano al agua y al saneamiento. Se crea una Agencia Nacional de Aguas para este fin y los Concejos de Cuenca, responsables de la administración en base a una gestión integrada. 

“Esto nos va a permitir abordar la sequía desde una perspectiva socioecológica, integral y de cuencas, como nunca antes había ocurrido en Chile, donde se lleva años y décadas enfrentándola a punta de decretos de escasez hídrica, otorgando millonarios fondos de emergencia para camiones aljibe”, dice Gloria Alvarado.

La Convención definió una serie de normas “transitorias”, donde las de agua fueron parte central de la discusión. Entre ellas, destaca un plazo de 6 meses para que se inicie un diagnóstico y evaluación de las cuencas en el país, especialmente aquellas en crisis hídrica y con sobreotorgamiento de derechos; y otro de 12 meses al gobierno para que envíe al Congreso un proyecto para crear la Agencia Nacional de Aguas, la que podrá realizar procesos de redistribución de caudales con el fin de garantizar los usos prioritarios.

También quedó establecido un plazo de un año desde la puesta en vigencia para que el presidente convoque a una “comisión de transición ecológica”, encargada de diseñar leyes, decretos y políticas públicas que permitan implementar las normas ambientales.

De aprobarse el texto constitucional el próximo 4 de septiembre el presidente Boric estampará su firma y comenzará a regir de inmediato.

Sin embargo, la implementación de la nueva Constitución correrá por dos vías paralelas: la adaptación de la institucionalidad vigente al texto y los cambios legales necesarios para implementarla en su totalidad, los que tomarán varios años más. 

Campaña del Apruebo vs Rechazo

Los últimos sondeos de opinión pública le han dado a la opción “Rechazo” una clara ventaja. Las cifras del “no” a la Constituyente parecen ir de la mano de la aprobación del gobierno de Gabriel Boric, el joven mandatario de 36 años que asumió recién en marzo pasado y se comprometió a un gobierno ecológico.

Para la socióloga Pamela Poo, la creciente conciencia ambiental en la población jugará un rol importante en la campaña, sobre todo en los más jóvenes. “Lo mismo con el agua, a la gente le importa y es consciente de la falta de agua, de la sequía y los efectos del cambios climáticos, por ahí también hay un ensanchamiento de un voto ambiental”, asegura.

La campaña ha estado marcada por la desinformación en torno a los alcances que tendrá la nueva Constitución. Hace unos días, un conocido académico difundió la falsa idea de que, por culpa de la propuesta Constituyente, la empresa británica BP habría rechazado un proyecto de hidrógeno de verde de 60 mil millones de dólares, sin ninguna fuente verificable.

Esta y otras situaciones llevaron al propio presidente Boric, en el momento en que recibió el texto el 4 de julio, a llamar a la ciudadanía a “debatir intensamente sobre los alcances del texto, no sobre falsedades o interpretaciones catastrofistas ajenas a la realidad”.

 

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¿América Latina está liderando una “revolución silenciosa” en los litigios climáticos?

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Por Isabella Kaminski, Diálogo Chino. En 2019, un grupo de niños llevó al gobierno peruano a los tribunales, buscando que desarrolle un plan nacional para frenar la deforestación.

Los niños y niñas, todos ellos menores de ocho años y representados por sus padres, argumentaron que el hecho de que el Estado no lo hiciera violaba su derecho a disfrutar de un medioambiente sano, así como sus derechos fundamentales a la vida, el agua y la salud. Dijeron que la deforestación en la Amazonía peruana genera una pérdida de servicios ecosistémicos y contribuye a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.

Su caso aún está pendiente, pero llega en medio de una oleada de litigios sobre el clima en todo el mundo, con casos que promueven la acción climática que ganan cada vez más. Y aunque la mayoría suceden en Estados Unidos, Australia y Europa, también hay un movimiento en constante crecimiento en América Latina, que tiene sus propias características.

La Plataforma de Litigio Climático de América Latina y el Caribe fue lanzada en febrero por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) junto con organizaciones y abogados que están detrás de algunos casos en la región. En ella se muestra que hasta ahora se han iniciado unos 49 casos legales, la mayoría en los últimos cinco años. Algunos de ellos tienen que ver con el cambio climático, mientras que otros se refieren a cuestiones ambientales asociadas, como la minería, el fracking y la contaminación, entre otros.

La base de datos se mantiene en asociación con el Centro Sabin para la Ley del Cambio Climático en la facultad de derecho de Columbia. La becaria de litigio climático global de la facultad, María Antonia Tigre, también directora para América Latina de la Red Global para el Estudio de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (GNHRE), dice que los litigios sobre el clima en general han surgido de la frustración por la falta de ambición mostrada por los responsables políticos internacionales y nacionales. 

Tigre señala que, mientras que los juicios climáticos en el Norte Global han tendido a centrarse en la extracción y combustión de combustibles fósiles, muchos casos latinoamericanos se centran en la eliminación de los sumideros de carbono de los bosques de la región. El caso de Perú es un ejemplo pertinente.

Y, a diferencia de sus homólogos occidentales, suelen enmarcar el cambio climático como una violación de los derechos fundamentales. El gobierno de Guyana ha sido llevado a los tribunales por dos ciudadanos que afirman que la aprobación de licencias de exploración petrolera en alta mar viola su derecho y el de las generaciones futuras a un medioambiente sano.

Los litigios despegan en América Latina

Tigre también es la autora principal de un artículo que se publicará próximamente en el Journal of Human Rights and the Environment, en el que se analiza si la región está “liderando silenciosamente” una revolución en los litigios sobre el clima. 

Su análisis muestra el papel crucial del “constitucionalismo ambiental” -la invocación del derecho constitucional para proteger el medioambiente- en América Latina. Se dice que los casos recientes y emergentes “a menudo se basan en el derecho a un medioambiente sano como base jurídica principal” para cuestionar la falta de políticas climáticas. Otros casos reconocen que los acuerdos internacionales son vinculantes desde el punto de vista jurídico.

“Los litigios sobre el clima [en América Latina] están todavía en una fase inicial, y los casos tardan mucho en llegar a un punto de decisión, pero algunas de las teorías legales que se están presentando son realmente innovadoras”, dice Tigre a Diálogo Chino.

Se espera que una de las próximas decisiones legales importantes en la región se produzca en Brasil, donde el Tribunal Supremo Federal está considerando dos demandas climáticas que cuestionan las políticas de deforestación del país.

No está claro el camino que tomará la Corte, pero la ministra Cármen Lúcia, ponente del caso, citó una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce el derecho a un medioambiente sano y la decisión del mismo tribunal en el caso Lhaka Honhat, que condenó a Argentina por violar los derechos de los pueblos indígenas.

Tigre confía en que el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el año pasado, contribuya también a apoyar los litigios sobre el clima aumentando el acceso a la justicia, brindando oportunidades de acceso a la información y mejorando la participación pública en la toma de decisiones.

Señala que Escazú ha sido mencionado en las audiencias del Tribunal Supremo de Brasil, aunque este país aún no ha ratificado el acuerdo. “Estas cosas llevan un poco de tiempo, pero creo que marcarán la diferencia”.

Siguen existiendo obstáculos

A pesar de los constantes avances recientes, los expertos subrayan que litigar en América Latina tiene sus propios retos particulares.

En un reciente artículo del que es coautora, Tigre afirma que la corrupción sigue siendo “generalizada y profundamente arraigada”, especialmente en industrias multimillonarias como la de los combustibles fósiles y las extractivas, con el riesgo de que los académicos sean cooptados por las empresas o los gobiernos. Probar y combatir este problema es “extremadamente difícil y peligroso”, escriben.

También existen importantes riesgos personales a la hora de litigar en América Latina, una región que según Global Witness es la más peligrosa para los defensores del medioambiente y de los derechos humanos. Tigre añade que la falta de recursos también puede dejar a los demandantes desprotegidos, no sólo de la violencia, sino del estrés emocional o del estigma social. 

Aunque la mayoría de los juicios concluidos han apoyado la acción climática, algunos casos fracasan. En Ecuador, un grupo de indígenas amazónicos perdió su litigio contra una rama local de una de las mayores empresas petroleras de China. 

E incluso si se gana un juicio, no hay garantía de que se aplique. 

Este es el caso de uno de los éxitos más notables en materia de litigios regionales: una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2018 que establece que el gobierno colombiano debe proteger su parte de la Amazonia de la deforestación. Según la organización sin ánimo de lucro Dejusticia, con sede en Bogotá, la sentencia no se ha aplicado adecuadamente, y la deforestación continúa a buen ritmomientras que en los lugares donde se está abordando, el gobierno la utiliza como excusa para expulsar violentamente a los campesinos y, por tanto, para cometer abusos contra los derechos humanos.

Juan Auz es investigador en derechos humanos y derecho del cambio climático en América Latina en la Escuela Hertie, una institución de investigación en Berlín. En el acto de presentación de la Plataforma de litigio climático, el investigador advirtió que no se debe tener “fe ciega” en los litigios para resolver todos los problemas climáticos.

“No es una fórmula mágica en la que en un día o una semana se tenga un resultado. Puede llevar años. Y muchas veces te quedas sin recursos. Tenemos que ser abiertos con las comunidades con las que litigamos sobre este tipo de asuntos.”

James McKeigue, redactor de LatAm Investor, afirma que hacer frente a las demandas climáticas no parece ser una de las prioridades de las empresas extractivas de la región, que están más preocupadas por las protestas locales contra el medioambiente y las comunidades. Sin embargo, señala que América Latina “va a llevarse la peor parte de los daños medioambientales locales causados por la transición energética”, ya que es la fuente de muchas materias primas esenciales, como el litio para las baterías.

No obstante, los expertos esperan que los litigios sobre el clima se amplíen considerablemente en América Latina en los próximos años. En un reciente artículo publicado en el Journal of Human Rights and the EnvironmentAuz concluye que, “dada la enorme importancia de los ecosistemas latinoamericanos para la protección de los derechos de miles de comunidades, es probable que las demandas sigan enmarcando el cambio climático como uno de los muchos argumentos de derechos humanos. “

En el acto de presentación de la Plataforma, Gladys Martínez, directora ejecutiva de AIDA, dijo que espera que la plataforma regional sirva de inspiración para nuevos casos y ayude a conseguir resultados que impulsen la acción climática. “Tener una plataforma en español en la que se puedan consultar los principales casos activos de la región es una oportunidad única y una forma de aunar esfuerzos”.

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