La escalada del conflicto en Medio Oriente comenzó a generar repercusiones a nivel internacional y también activó medidas preventivas en Argentina. En ese marco, se dispuso reforzar los controles en zonas consideradas estratégicas, entre ellas la Triple Frontera, donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay.
A nivel nacional, el Gobierno decidió elevar el nivel de alerta y fortalecer los operativos de prevención, con acciones coordinadas entre fuerzas federales y organismos de control fronterizo.
En Puerto Iguazú, fuentes de fuerzas federales indicaron que se recibieron directivas para intensificar los controles en la zona de frontera, en el marco de las medidas dispuestas ante el contexto internacional.
“Tenemos orientaciones para que todas las fuerzas coordinen acciones junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) con el objetivo de profundizar e intensificar los controles”, señalaron fuentes vinculadas al operativo, según publicó La Voz de Cataratas.
Las acciones incluyen mayor presencia de efectivos en los pasos fronterizos, controles vehiculares, verificación de documentación y monitoreo permanente en áreas estratégicas vinculadas al tránsito turístico y comercial.
En paralelo, del lado paraguayo también se adoptaron medidas preventivas. En Ciudad del Este, la Policía Nacional dispuso un refuerzo de seguridad en la Mezquita del Este, ubicada en el barrio E. O’Leary.
El operativo se desarrolla en el marco del contexto internacional marcado por episodios recientes de violencia en Medio Oriente y coincide además con el inicio del mes sagrado del Ramadán.
Según informaron autoridades paraguayas, el dispositivo contempla presencia permanente de efectivos policiales, con apoyo de distintas dependencias y del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que realiza tareas tácticas y de vigilancia en el perímetro del templo durante las 24 horas.
Las medidas adoptadas en ambos lados de la frontera apuntan a reforzar la prevención y el monitoreo en una región de intenso movimiento migratorio, turístico y comercial, considerada estratégica dentro del esquema de seguridad regional.
Un operativo de control poblacional en una feria clandestina de Villa Celina, partido de La Matanza, expuso una combinación de irregularidades migratorias, comercio ilegal y violaciones a la Ley de Marcas. La intervención, coordinada por la Policía Federal a pedido de la Dirección Nacional de Migraciones, dejó 16 extranjeros en situación irregular detectados, cuatro detenidos y el secuestro de mercadería apócrifa y celulares robados, en una acción que marca un giro más activo en la fiscalización migratoria.
El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en la zona oeste del Conurbano bonaerense. En el marco del operativo, los efectivos identificaron a 458 personas, de las cuales 369 eran de nacionalidad extranjera, y constataron que 16 ciudadanos residían en el país de manera irregular. Además, se detuvo a cuatro personas de nacionalidad boliviana, acusadas de administrar comercios que funcionaban dentro de una feria clandestina.
La intervención se realizó a requerimiento de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y estuvo a cargo de la Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA. Según fuentes policiales, el despliegue guarda similitudes operativas con los procedimientos que realiza en Estados Unidos el Immigration and Customs Enforcement (ICE), aunque con diferencias sustantivas en sus consecuencias administrativas.
Control migratorio, tecnología biométrica y regularización
Durante el operativo en Villa Celina, los agentes inspeccionaron galerías comerciales, puestos emplazados sobre la vía pública y locales del paseo de compras. Para la identificación de personas se utilizó el sistema Morpho RAPID ID, un dispositivo biométrico portátil que permite la identificación rápida, junto con consultas cruzadas a las bases de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), de la DNM y del sistema SASI, que integra información biométrica y alfanumérica.
Como resultado de estas verificaciones, se labraron actas de Declaración Migratoria a los 16 ciudadanos extranjeros detectados en situación irregular. Además, se confeccionaron tres actas circunstanciadas contra responsables de locales comerciales que empleaban personas sin residencia regular en el país.
A diferencia de los operativos del ICE estadounidense, desde las fuerzas federales aclararon que “en la Argentina no se habló de expulsarlos como resultado del procedimiento, sino de intimarlos a regularizar su situación”, lo que marca un enfoque administrativo orientado a la normalización documental más que a la deportación inmediata.
Feria clandestina, marcas apócrifas y celulares robados
El operativo migratorio derivó también en la detección de graves infracciones comerciales y penales. Los funcionarios federales identificaron cuatro comercios con diversas anomalías: dos de ellos infringían la Ley de Marcas N° 22.362, mientras que en los otros dos se comprobó la comercialización de teléfonos celulares bloqueados por el ENACOM, al haber sido denunciados como sustraídos.
Como resultado del procedimiento, se secuestraron 70 dispositivos telefónicos, además de 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas apócrifas, evidenciando un circuito de comercialización ilegal que impacta tanto en la recaudación fiscal como en la competencia formal.
La causa quedó en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo del juez Leonardo Cano, quien ordenó la detención de los cuatro implicados —tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad boliviana—. Tanto los detenidos como los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente.
Impacto institucional y señales hacia la economía informal
El operativo en Villa Celina refleja un endurecimiento de los controles sobre la informalidad, donde confluyen migración irregular, trabajo no registrado y comercio ilegal. La articulación entre la DNM y la Policía Federal, sumada al uso de herramientas biométricas y bases de datos integradas, apunta a fortalecer la capacidad del Estado para detectar irregularidades estructurales en ferias y paseos de compras informales del Conurbano.
En términos económicos, el procedimiento pone el foco en sectores que afectan la competencia leal, la recaudación tributaria y la protección de marcas, mientras que, desde el plano institucional, refuerza el mensaje de que los controles migratorios se inscriben dentro de un esquema de regularización administrativa y persecución de delitos conexos, más que en políticas de expulsión masiva.
