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Yacyretá: ocho consorcios presentaron ofertas para la obra civil del brazo Aña Cuá

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El director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Martín Goerling, encabezó la apertura de las ofertas de preselección de los ocho consorcios interesados en llevar adelante la obra civil del brazo Aña Cuá, que contempla la instalación de tres turbinas en la Central Hidroeléctrica, y cuya puesta en marcha permitirá un aumento de la potencia de la generación medial anual del 9 por ciento.
“Este emprendimiento es fundamental para la Argentina. Con esta obra lograremos impulsar un aumento de la generación de energía para acompañar y a la vez estimular el crecimiento económico. Crearemos más de 3000 puestos de trabajo”, afirmó Goerling.
Los consorcios que presentaron una oferta económica, financiera, técnica y jurídica para participar en la construcción de la obra civil de Aña Cuá son ocho. A saber:
1. China International Water & Electric Corp y otros
2. Salini Impregilo
3. Supercemento
4. Techint y otros
5. José Cartellone Construcciones Civiles
6. SACDE y otros
7. Astaldi
8. China Gezhouba Group

Con este proyecto Yacyretá concretará la ampliación de la potencia energética en el brazo Aña Cuá, mediante la incorporación de 3 turbinas tipo Kaplan. A partir de hoy se analizarán las propuestas y, en el caso de resultar calificadas, se abrirá el segundo sobre con la oferta económica en un plazo no mayor a 180 días.
El Complejo Hidroeléctrico Yacyretá se desarrolla en el límite de Argentina y Paraguay. La Central Hidroeléctrica, así como el vertedero principal y la esclusa de navegación, se emplazan en el brazo principal del río Paraná, mientras que en el brazo Aña Cuá se ubica el vertedero Aña Cuá.
En el año 1999 fueron realizados los estudios de un proyecto para utilizar el caudal del brazo Aña Cuá de entre 1.000 y 1.500 m3/s, con un salto hidráulico de 20 metros en la generación de energía adicional a la de la central principal. La potencia instalada de la nueva central será de 276 MW.
Las obras a ejecutar contemplarán importantes cuidados medioambientales: se generará un 9% más de potencia sin necesidad de incrementar la superficie del embalse ni ejecutar nuevas presas, esclusas, vertederos ni relocalizaciones. Además, tendrán beneficios ecológicos significativos ya que se incorporarán instalaciones para la transferencia de peces al embalse, inexistentes en el vertedero actualmente en operación.
La casa de máquinas será del tipo convencional, construida totalmente en hormigón armado, de aproximadamente 130 m. de ancho. La cota de fundación menor será de aproximadamente 29,00 msnm. La estructura alojará 3 turbinas del tipo Kaplan. La potencia instalada de cada una de ellas será de 92MW, y permitirán operar con un caudal mínimo de 500 m3/s.
La Central se construirá en seco, ya que utilizará la Presa Isla Yacyretá como ataguía de aguas arriba y requerirá una ataguía de baja altura de materiales sueltos para proteger el recinto de los niveles de restitución del vertedero Aña Cuá, en el caso de crecidas extraordinarias.
La toma y la cámara espiral serán integradas, construidas en hormigón armado y formarán parte integral de la estructura de la central. El tubo de aspiración será del tipo acodado y su dimensionamiento responderá a una velocidad máxima de salida de 2,50 m/s.
Los generadores serán del tipo sincrónicos trifásicos, accionados por las turbinas hidráulicas, con eje vertical, totalmente cerrados y refrigerados, con intercambiadores de calor aire/agua alrededor del estator, tendrán una capacidad de 100 MVA.
El sistema de transferencia de peces proyectado es del tipo ascensor con un sistema de corrientes de atracción generadas por gravedad, equipado con válvulas disipadoras de energía de cono y canalizadas a través de cámaras difusoras y rejas.
Otros Aspectos
La documentación licitatoria se encuentra finalizada, previéndose hacer dos llamados uno para las obras civiles y otro para el equipamiento electromecánico. El costo del proyecto es de aproximadamente US$ 600 millones. El plazo de obra es de 46 meses.
La tasa interna de retorno del capital invertido sobre 20 años es del 14,71% y se estima que las obras generarán 3000 nuevos empleos.

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Aumentará 35 por ciento la tarifa de taxis en Posadas

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La comisión de Transporte del Concejo Deliberante aprobó un aumento del 35 por ciento en dos tramos para la tarifa de taxis. Desde mayo la bajada de bandera pasará de 20 pesos a 24 pesos, mientras que el segundo aumento que llevará la bajada de bandera a 27 pesos será desde octubre. El jueves se aprueba en el recinto.
La comisión de Transporte del Concejo Deliberante de Posadas aprobó un aumento del 35 por ciento para la tarifa de taxis.
Tal como lo había solicitado un sector del gremio en la audiencia pública celebrada la semana pasada, el incremento se otorgó en dos tramos. En mayo pasará de 20 pesos la bajada de bandera a 24 pesos. La ficha costará 2,40 pesos.
Desde octubre en tanto la bajada de bandera costará 27 pesos y la ficha 2,70.
La readecuación de tarifas será aprobada el jueves en el reciento del cuerpo, y entrará en vigencia una vez promulgada en el Boletín Oficial.  

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Insalubridad: mientras en Misiones Cambiemos quiere quitarle el mote a las pasteras, un diputado suyo quiere que la venta de nafta lo sea

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En medio del fuerte respaldo del Gobierno nacional a la industria forestal, el propio presidente Mauricio Macri insistió en que se derogue la ley de insalubridad que alcanza a la industria celulósica. El Presidente hizo suyo el argumento de los empresarios: “No se puede atraer inversiones a una industria insalubre”.
Sin embargo, un diputado de Cambiemos, en Entre Ríos, presentó un proyecto de ley idéntico, pero para el expendio de combustibles.
Un proyecto de Ley presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos pide al Poder Ejecutivo que declare insalubre “el trabajo que realizan los expendedores de combustibles líquidos (nafta, gasoil, kerosene, lubricantes y/o sucedáneos) que realizan ventas al público en las estaciones de servicio”.
La iniciativa, que consta de un sólo artículo en el que se pide la declaración de insalubridad, apunta “al bienestar de los trabajadores de bocas de expendio de combustibles líquidos” que, señalan, “ha sido puesto en dudas más de una vez en el país”.
En la fundamentación del proyecto sostienen que “las personas que trabajan en Estaciones de Servicios están en permanente exposición a los combustibles, inhalan sus gases y el contacto en forma permanente y prolongada trae aparejadas consecuencias para la salud”.
“No en vano las aseguradoras de riesgos del trabajo exigen exámenes periódicos al personal de estos establecimientos”, agrega el legislador.
El texto impulsado por el radical –y médico crujano-  Alberto Rotman deja en claro que el conflicto por el resguardo de la salud de los trabajadores de las Estaciones de Servicio no es una problemática local. “Mundialmente se viene sosteniendo que estas tareas traen aparejados problemas generales como estrés, violencia por robos o asaltos, turnos rotativos, peligro por incendios o explosiones, atropellos o golpes por los vehículos de los clientes, exposición a temperaturas y condiciones ambientales cambiantes y, principalmente, la exposición a inhalaciones de gases de la combustión como monóxido de carbono, óxidos de azufre y otros componentes de los hidrocarburos como el benceno, que es cancerígeno”, advierte.
A esas afecciones se suman casos de dermatitis por contacto con los combustibles y lubricantes.
Asimismo, señala que, como no existen insalubridades genéricas por actividad, sino lugares o condiciones de trabajo insalubres así declarados por la autoridad competente, “es importante requerir a la secretaría de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos que determine si las tareas descritas son insalubres”.
En efecto, la calificación genérica de una actividad como insalubre debe ir acompañada de una verificación y declaración concreta de la autoridad administrativa acerca de la no salubridad de los lugares o condiciones en las cuales esa actividad se lleva a cabo, dado que así lo exige el artículo 200 de la Ley Contrato de Trabajo, y esta determinación es competencia exclusiva de la administración laboral provincial; en este caso, la secretaría de Trabajo de Entre Ríos.
Rotman finalmente destacó: “si el Ministerio de Medio Ambiente ha entendido que el suelo es afectado por los gases y líquidos que genera la venta de combustibles, no quedan dudas que existen consecuencias sobre el personal que esta diariamente frente al surtidor”.
 

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La reforma tributaria beneficia más a Ciudad de Buenos Aires que al interior

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La reforma fiscal aprobada en diciembre del 2017 introdujo importantes cambios en las cargas sociales. La orientación general fue disminuir las altas contribuciones patronales con mayor intensidad en los salarios más bajos. Así, se incorporó un mínimo no imponible a las cargas sociales para darles progresividad alivianando su impacto en los salarios más bajos y moderar el costo fiscal. La conveniencia de este esquema fue resaltada en varios informes de IDESA desde el año 2005 (ver www.idesa.org).
Junto con este cambio se estableció la unificación de la alícuota de las contribuciones patronales en el 19,5%, aumentando la presión sobre las PYME, el agro y las industrias que tenían un alícuota reducida del 17% y reduciendo la de los servicios de mayor facturación que pagaban el 21% de los salarios. El otro cambio importante es que se elimina el mecanismo por el cual se podían tomar como pago a cuenta de IVA porcentajes crecientes de las contribuciones patronales en función de la distancia a la Capital.
¿Cuál es el impacto final de todos estos cambios sobre las PYME, el agro y las industrias según región geográfica? Tomando como referencia una remuneración promedio de trabajador registrado, que está en alrededor de $25 mil mensuales, se observa que:

  • En las provincias del norte implicará una reducción de costo laboral del orden del 24%.
  • En las provincias de la región centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) la reducción será de 30%.
  • En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la reducción será de 33%.

Estos datos muestran que hay una reducción de cargas sociales proporcionalmente mayor en la Ciudad de Buenos Aires que en el interior. La brecha es creciente en función de la distancia a la Capital. El fenómeno se produce porque se eliminan los porcentajes de contribuciones patronales que podían tomarse como pago a cuenta de IVA, los cuales eran crecientes a mayor distancia de la Capital. A modo de ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires no tenía créditos de IVA por contribuciones patronales mientras que Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones podían tomar hasta 10 puntos porcentuales de contribuciones patronales como crédito de IVA. En el caso de empresas con remuneraciones altas (es decir, donde el mínimo no imponible tiene menor impacto) dejar de poder utilizar parte de las cargas sociales como pago a cuenta de IVA inducirá la destrucción de empleos.
La unificación tributaria por región geográfica constituye una grosera discriminación contra el interior. Se pasa por alto la enorme concentración de recursos, niveles de desarrollo y competitividad en el área metropolitana. Es fácil demostrar que exportar desde una provincia del norte argentino es mucho más difícil que hacerlo desde una región más cercana a Rosario o la Ciudad de Buenos Aires. 
La actual coyuntura está siendo muy traumática para la producción del interior. La perseverancia de la alta inflación y su corolario de altos costos del financiamiento, la resistencia de muchas provincias a reducir el Impuesto a los Ingresos Brutos, los altos costos del transporte debido a distorsiones regulatorias y a la falta de infraestructura, la centralización de la negociación colectiva según criterios prevalecientes en CABA, más factores climáticos en algunas regiones, imponen un severo estrés económico sobre los sectores productivos del interior. En este contexto, la reforma fiscal termina potenciando los problemas al unificar las cargas sociales con CABA. Bajo estas condiciones no debería extrañar que las exportaciones crecieran solo un 18% desde el 2015, el año más deprimido de la década, mientras que en el mismo período las importaciones lo hayan hecho al 30% llegando a colocarse entre los máximos niveles de la década. 
Establecer un mínimo no imponible a las cargas sociales es uno de los puntos más positivos de la reforma fiscal. Sin embargo, su impacto se desdibuja al eliminar la posibilidad de que las contribuciones patronales puedan considerarse pago a cuenta de IVA con porcentajes mayores en las zonas productivas más postergadas. Por eso, es altamente recomendable restablecer este mecanismo. De no enmendar el error se degrada al mero voluntarismo, o peor aún al oportunismo, buenas iniciativas que buscan reducir las brechas regionales de desarrollo, como es el caso del Plan Belgrano.  

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En marzo una familia tipo de Misiones necesitó 7,444.95 pesos para cubrir la canasta básica

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En marzo, la suba de precios fue del 2,3 por ciento, desmoronando las metas del 15 por ciento anuales fijadas por el equipo económico del Gobierno nacional. Cómo frenar los aumentos sigue siendo un problema que está lejos de solucionarse. Pero ¿es igual la inflación en Buenos Aires que en Misiones? La respuesta es no. En realidad, los costos son diferentes de acuerdo a cada región del país y por eso, las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos marcan un parámetro que no necesariamente se ajusta a Misiones. En la provincia, una familia tipo -pareja y dos hijos pequeños- necesitó La 7,444.95 pesos para cubrir la canasta básica y 19,089.62 para cubrir la canasta básica total. 
¿Cómo calcular tu propia canasta con precios locales y adecuada a la composición familiar? El Instituto Provincial de Estadística y Censos resolvió el dilema: creó una página web -y pronto presentará una aplicación para celulares- mediante la cual se puede evaluar cuánto cuesta la canasta básica alimentaria y la canasta básica total de acuerdo a la composición familiar y con precios en Posadas, que se actualizarán mes a mes. De este modo, se puede calcular el gasto necesario para la alimentación o, el agregado de educación, salud, vestimenta, actividades culturales y de ocio, que forman la canasta total.
La canasta básica alimentaria incluye alimentos y bebidas necesarios para cubrir las calorías de un hombre adulto. Después se realiza una ecuación para el mismo cálculo en una mujer –se suma un costo distinto si está embarazada- e hijos, de acuerdo a la edad. Se toma un promedio de precios del mismo producto en siete comercios posadeños distintos para establecer el dato local, mucho más preciso que los datos nacionales. La canasta básica total es la suma de los alimentos, más lo necesario para gastos de educación, salud, ocio, ropa, calzado, combustible, pasajes, etc.
“Queríamos darle una herramienta más precisa al misionero para que pueda calcular el costo de vida de acuerdo a los valores locales. La inflación es un problema y de este modo se puede medir con mucho más certeza cuánto se necesita para cubrir los gastos de la familia”, explicó Silvana Labat, la directora del IPEC.
Precisar cuántos recursos se deben destinar a la alimentación es clave para determinar el patrón de gastos de una familia. Se sabe que el grupo de menores recursos destina un 39 por ciento de sus recursos a la alimentación. Pero a diferencia del Indec, el sistema desarrollado por el Ipec permite un cálculo personalizado.
También se puede hacer un seguimiento del aumento del costo de vida, ya que los datos están disponibles desde 2016 hasta febrero de este año.
Además del seguimiento individual, esta nueva herramienta es vital para poder determinar niveles de pobreza e indigencia. Si los niveles de ingreso no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria, se está en la indigencia. Si no alcanzan para la total, se está en la pobreza.
(Al final de la página se puede realizar el cálculo)

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