El Gobierno declaró terrorista a la Fuerza Quds y activó sanciones financieras
El Gobierno nacional declaró oficialmente a la Fuerza Quds y a tres individuos vinculados a ese grupo como organización terrorista y dispuso su inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión, anunciada el 17 de enero de 2026, consolida un giro institucional en la política de seguridad y relaciones exteriores de la Argentina, con impacto directo en los sistemas de sanciones financieras, cooperación internacional y control de flujos económicos asociados al terrorismo.
La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente de la República Argentina y responde a una decisión adoptada por el presidente Javier G. Milei, en coordinación con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. A partir de su entrada en vigencia, la Fuerza Quds queda formalmente alcanzada por mecanismos de sanciones financieras y restricciones operativas, con el objetivo de limitar su capacidad de acción y de financiamiento.
Fundamentos de la decisión y encuadre normativo
Según el comunicado oficial, la Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países. El texto recuerda que la República Argentina fue víctima de sus operaciones, al vincularla con el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y con el ataque a la AMIA en 1994.
Desde ahora, el grupo queda incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que habilita la aplicación de sanciones económicas y financieras, así como medidas destinadas a proteger el sistema financiero argentino de eventuales canales de apoyo o lavado de activos asociados a actividades terroristas.
El comunicado subraya que la decisión se inscribe en un esquema de coordinación interinstitucional y se apoya en instrumentos vigentes de prevención del financiamiento del terrorismo, reforzando la capacidad del Estado para actuar de manera preventiva y reactiva frente a amenazas de alcance transnacional.
Alcance institucional y efectos sobre el sistema financiero
Desde el punto de vista institucional, la inclusión en el RePET implica un endurecimiento de los controles sobre operaciones financieras, movimientos patrimoniales y eventuales vínculos económicos con las personas y entidades alcanzadas por la medida. El objetivo explícito es limitar la capacidad de acción y de financiamiento de la Fuerza Quds y de sus aliados, evitando que puedan utilizar el sistema financiero local para sostener o canalizar recursos.
En términos prácticos, el refuerzo de sanciones se traduce en restricciones operativas, mayor trazabilidad de fondos y coordinación con organismos nacionales e internacionales. Esto impacta directamente sobre entidades financieras, intermediarios y actores del mercado, que deben extremar los mecanismos de compliance y prevención de riesgos, bajo estándares alineados con las exigencias internacionales en materia de lucha contra el terrorismo.
Antecedentes y señal política internacional
El comunicado también hace referencia a uno de los individuos incluidos en el registro, Ahmad Vahidi, quien fue comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998 y se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA, por el cual pesa una alerta roja de INTERPOL. A pesar de ello, señala el texto, el régimen iraní no solo no colaboró con su juzgamiento, sino que lo ascendió, designándolo actualmente como comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
En el plano político, el Presidente reafirmó el “compromiso inequívoco de reconocer a los terroristas como lo que son” y recordó que la Argentina ya adoptó decisiones similares frente a organizaciones como Hamás, el Cártel de los Soles y, más recientemente, los capítulos de Líbano, Egipto y Jordania de la Hermandad Musulmana. El mensaje refuerza una definición estratégica: el alineamiento con la civilización occidental, la defensa de los derechos individuales y de las instituciones democráticas, y la condena explícita a quienes buscan destruirlas mediante la violencia.