El empleo agropecuario en América Latina se mantiene muy informal
Inter Press Service – Más de 80 por ciento del empleo agropecuario en América Latina continúa desarrollándose bajo relaciones laborales sin protección formal, afectando desproporcionadamente a mujeres, jóvenes y personas mayores en zonas rurales, revela un nuevo informe de agencias de las Naciones Unidas.
“La informalidad sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales para la justicia social y el desarrollo sostenible en América Latina”, apuntó Ana Virginia Moreira Gomes, directora regional para América Latina y el Caribe en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La entidad elaboró el informe junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el propósito de “ofrecer una hoja de ruta” para abordar la informalidad agropecuaria “con políticas integradas y con enfoque territorial”, dijo Moreira Gomes.
El nuevo estudio identifica brechas estructurales en productividad, ingresos y acceso a la protección social como factores persistentes que limitan el avance hacia el trabajo decente en el sector.
A pesar de su papel fundamental en la seguridad alimentaria, el empleo agropecuario sigue enfrentando desafíos asociados a menores niveles de formación, condiciones laborales frágiles y una marcada exposición a riesgos ambientales y climáticos.
Falta de formalización
Entre 2019 y 2023, el volumen de empleo agropecuario se mantuvo estable, pero sin avances significativos en formalización, señala el informe.
Residen en áreas rurales 39,2 % de las personas en situación de pobreza en América Latina y el Caribe, y 18,5 % de quienes viven en pobreza extrema.
El sector agropecuario aporta 6,5 % del producto interno bruto (PIB) regional y 12,6 % del empleo total; no obstante, registra la tasa de informalidad más alta entre las ramas de actividad económica, cercana al 80 por ciento de su ocupación.
La informalidad femenina alcanza 86,4 %, frente a 78 % en los hombres. Esa brecha se explica, en parte, porque el trabajo familiar auxiliar, informal por definición, concentra 38,5 por ciento del empleo femenino y solo 7,1 % del masculino.
Una proporción importante de las personas ocupadas trabajan menos de 35 horas semanales, lo que está asociado a mayores probabilidades de informalidad laboral.
Más de 50 % del empleo agropecuario está representado por personas con bajo nivel educativo (hasta seis años de estudio).
La estructura etaria del empleo agropecuario muestra una mayor presencia de jóvenes, y sobre todo de adultos mayores, que en el resto de la economía.
Cerca de 7,3 millones de niñas, niños y adolescentes (de cinco a 17 años) trabajan en la región, y 46 % de ellos lo hace en actividades agrícolas.
La estacionalidad del empleo, la falta de contratos, y las jornadas parciales, agravan aún más las condiciones laborales.
Falta de enfoque de género
El informe también analiza 35 políticas públicas implementadas en la región, concluyendo que, aunque muchas buscan mejorar la productividad rural, pocas integran explícitamente objetivos de formalización del empleo ni contemplan un enfoque de género.
“Asegurar el trabajo decente en el sector agropecuario no es solo mejorar condiciones laborales; es fortalecer la resiliencia de nuestros países, la seguridad alimentaria de millones y la capacidad de la región para enfrentar los desafíos globales”, dijo el representante regional de la FAO, René Orellana.
Orellana hizo un llamado a “fortalecer el diálogo social, la digitalización rural y el financiamiento sostenido”, para avanzar en la formalización y desarrollo del sector.
El informe FAO-OIT contiene 10 recomendaciones de política para potenciar al sector con trabajo decente y seguridad alimentaria, la primera de las cuales es impulsar estrategias y políticas que aceleren la transición a la formalidad.
Se debe “integrar la formalización de la unidad económica y laboral en las estrategias de transición climática justa”, pues “la adaptación y mitigación del cambio climático deben ir de la mano con la creación de empleo formal y trabajo decente”.
Asimismo, consolidar el diálogo social tripartito como herramienta de legitimidad y sostenibilidad, garantizar financiamiento sostenido y diversificado para la transformación rural, e incorporar tecnologías digitales como eje de inclusión productiva y formalización.
Debe también trabajarse en combatir la desinformación y rediseñar los incentivos para formalizarse, vincular la formación técnica y profesional con las demandas del sector, y ampliar la cobertura y calidad de la protección social en las poblaciones rurales, todo lo cual requiere monitoreo y evaluación sistemáticas.
