El empleo solo crece en ciudades vinculadas al agro

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La caída del desempleo reportada en el 4° trimestre del 2016 responde a una contracción de la gente que participa del mercado laboral. Esto está asociado al desaliento que generan condiciones adversas en el mercado de trabajo.

Sin embargo, hay excepciones. En las ciudades de la pampa húmeda ligadas al campo crecieron el empleo y la participación laboral. Para replicar el fenómeno en el resto del país se necesitan acuerdos políticos amplios para mejorar la gestión del Estado.
Los indicadores del mercado laboral señalan que la tasa de desempleo bajó desde el 8,5% en el 3° trimestre al 7,6% de la población activa en el 4° trimestre del 2016.

En cantidad de personas, es una reducción de 133 mil desocupados. En paralelo, se observa que unas 150 mil personas dejaron de participar del mercado laboral o sea que dejaron de trabajar o buscar activamente un trabajo. Es claro que sin esa masiva fuga a la inactividad laboral el desempleo habría aumentado.
Las personas deciden retirarse del mercado de trabajo por diversos motivos. A veces son decisiones voluntarias para dedicarse a tareas del hogar, a sólo estudiar o a no hacer nada. Pero frecuentemente se trata del efecto desaliento que genera la falta de puestos de trabajo.

Muchas personas dejan de buscar porque perciben que no van a encontrar trabajo sea por escasez general de empleos o porque consideran que no tienen las calificaciones que en el mercado laboral se demandan.
El efecto desaliento debido a la débil generación de empleos es lo que viene prevaleciendo en los últimos años.

Sin embargo, el proceso no es homogéneo en todo el mercado de trabajo. Comparando la información publicada por el INDEC para el 3° y el 4° trimestre del año 2016 aparecen los siguientes comportamientos:
Para el total del país hubo una disminución del empleo del -0,1%.
Para la provincia de Santa Fe y el interior de las provincias de Córdoba y Buenos Aires hubo un incremento del 4,8%.
Para el resto del país la caída fue del -0,8%.

Estos datos muestran que el empleo, en promedio, está estancado y eso seguramente es el principal factor que genera el desaliento. Pero en las ciudades ligadas más directamente a la producción agropecuaria de la pampa húmeda el empleo aumentó (Rosario, Ciudad de Santa Fe, Villa Constitución/San Nicolás, Rio Cuarto, Mar del Plata y Bahía Blanca). Esto, sin embargo, no fue suficiente para compensar la sensible caída de la ocupación en el resto del país.

Otro dato que confirma esta tendencia es la evolución de la tasa de actividad laboral. Mientras que en el resto del país la cantidad de personas que participan del mercado laboral cayó en un -1,9%, en las ciudades ligadas al campo de la pampa húmeda la gente que salió a trabajar o buscar trabajo se incrementó en un 4,7%.

Es decir, mientras que en el resto del país la falta de crecimiento del empleo se traduce en caída de la participación laboral, en la zona pampeana crece tanto el empleo como la gente que entra al mercado de trabajo.
La dinámica laboral positiva que se observa en la pampa húmeda está ligada fundamentalmente a políticas internas. Es decir, no se trata de una bonanza por mejores precios internacionales. Se eliminaron las prohibiciones a exportar e importar, se normalizó el mercado cambiario y se redujo la presión impositiva (retención a las exportaciones). Bajo estas condiciones el sector agropecuario pampeano reaccionó rápidamente y comenzó a dar resultados sociales positivos. Juega a favor la muy alta productividad del sector y procesos productivos relativamente simples.

Pero para replicar este proceso en las zonas urbanas del resto del país se necesitan políticas públicas más profundas y sofisticadas. Entre las fundamentales aparecen reducir el gasto público improductivo, modernizar el sistema tributario, aumentar la inversión en infraestructura, reducir los costos laborales no salariales, desburocratizar la legislación laboral y simplificar los trámites del Estado.
Un programa de reformas estructurales de esta envergadura demanda esfuerzos en alcanzar acuerdos políticos amplios que sean la base para mejorar la organización del Estado. En este aspecto cabe alertar que hasta ahora se observa mucha mas eficacia en tomar deuda en moneda extranjera que en avanzar en la mejora de la administración tributaria y en la modernización de la gestión del sector público.

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En Misiones van a incorporar al Seguro de Capacitación y Empleo a las mujeres víctimas de violencia

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A partir de un convenio firmado entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Trabajo se buscará incorporar al Seguro de Capacitación y Empleo a las víctimas de violencia. Se busca brindar asistencia integral a las mujeres que han sido víctimas de delitos contra la integridad sexual.

Se trata de un convenio de asistencia recíproca orientado a desarrollar acciones conjuntas entre los ministerios de Gobierno y de Trabajo y Empleo, con el compromiso de brindar información y asesoramiento para llevar adelante políticas públicas en materia de formación profesional a aquellas mujeres que hayan sido víctimas de violencia familiar y de género.

La firma del documento se realizó hoy miércoles entre el ministro de Gobierno, Marcelo Gabriel Pérez; la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y titular de la Línea 137, Rossana Franco; y el gerente de Empleo y Capacitación Laboral de Misiones, Angelo Flematti.

El objetivo del mismo es incorporar al Seguro de Capacitación y Empleo a las mujeres víctimas de violencia, como así a aquellas que hayan sido beneficiarias de la “Pensión graciable de asistencia a menores víctimas de delitos contra la integridad sexual” y que hayan cumplido la mayoría de edad.

Además, desde la Línea 137 y a través del Programa Las Víctimas contra Las Violencias, se elaborarán los informes necesarios y requeridos por el Ministerio de Trabajo. De la misma manera, se llevarán a cabo talleres de formación al personal que se desempeña en las agencias de empleo de toda la provincia para llevar adelante esta tarea.

Tras la presente rubrica los organismos dictarán talleres y charlas informativas a las mujeres que se hallen en situación de vulnerabilidad y que estén en condiciones de iniciar un emprendimiento.

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El largo y el corto plazo

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Gabriela Michetti dijo que “no se puede aumentar más a los maestros porque el país estaba fundido”.
Y más allá de las jurisdicciones presupuestarias, en términos de conjunto, y para tener una referencia cabe destacar que la quita de retenciones implica $75.000 millones menos por año para el Estado. Subirle 25% a maestros de PBA $18.000M más al año. Mirá vos. Lo fundió el cambio.

Es muy curioso, el gobierno juega con el discurso de “las medidas de largo” para justificar la falta de resultados economicos y sociales inmediatos de sus medidas. Y dice que estábamos mal por las medidas de corto plazo anteriores. Una cosa sin ningún sentido. O sea, ¿estábamos mal porque el Estado subsidiaba tarifas regulando al sector energético de hecho de este modo? ¿Estábamos mal porque se regulaba el sector financiero, se controlaba el lavado, se presionaba a los bancos para que den créditos productivos? ¿Estábamos mal porque había una obsesión por cuidar el empleo? ¿Estábamos mal por cuidar importaciones de sectores que generaban empleo? ¿Estábamos mal por el Procrear, la AUH, la cobertura jubilatoria al 97%, la Carta Orgánica del BCRA, YPF estatizada? ¿Estábamos mal con un desempleo realmente bajo? ¿Estábamos mal mientras había eslabonamientos productivos crecientes con mayor participación nacional en la industria y la actividad? ¿Estábamos mal después de haber desendeudado el país en dólares llegando a una relación entre deuda externa pública y PBI más favorable a la que había en promedio de los 90s?

Sin embargo, esas mismas medidas que antes estabilizaban el sistema social y económico, ahora al cambiarse son pro-probreza: quita de retenciones (suben los precios, baja el financiamiento publico, perjudica la balanza de pagos), aumento de plazos para liquidar divisas del agro (10 años), desregulacion financiera, quita de encajes anuales de 30% para el ingreso de capitales, desregulación contra lavado UIF, endeudamiento tóxico feroz (15% de PBI en 14 meses) que viabiliza la fuga sin ninguna regulacion de reinversiones de utilidades, apreciación del peso con apertura de importaciones, tarifazo desmedido sólo para garantizar renta empresaria, descontrol de precios, tasas altas para contener la inflación que ellos mismos crean, falta de coordinación para evitar despidos en el sector privado, caída de la inversión pública.

Todo esto podía no hacerse, no hay ninguna herencia estructural que obligara a hacerlo, y todo esto afecta precios, ingresos, derrame productivo y por tanto aumenta la pobreza.


Este gobierno crea pobreza. Y no le importa, esconde detrás de un manto mediático su verdadera intención: extranjerizante, de apoyo a sectores transnacionalizados y capitalismo de amigos. 


Por si fuera poco, al enterarse del dato de 32,9% de personas pobres, que difundió la UCA, se reglamentó la ley de emergencia social, que da plata a sectores vulnerables. Sin dudas es una medida que sirve, distribuye el ingeso y cabe defender. Pero no es de largo. Es de corto. De largo es todo lo anterior que tocó y no está dispuesto a revisar.

Por todo esto, cabe hacer hincapié en la importancia del movimiento obrero para poner límites a Cambiemos. La misma CGT movilizó a su gente a la que se sumaron un montón de personas que no contribuyen a estos sindicatos, es tiempo que la CGT se reencuentre con la historia, y esté a la altura de lo que ella misma generó. Porque la estrategia de negociación es aceptable, como siempre se dijo en este blog, pero movilizar a la gente y no estar a la altura de lo que eso genera, ya no es tan aceptable. La gente está pidiendo que haya medidas de política económica que la favorezca, y esto tiene relación con medidas que frenen la voracidad capitalista de los sectores favorecidos.

Es el peor inicio de gobierno en perjuicio social desde 1983. Por contraste con el momento anterior por búsqueda rentas extraordinaria de espaldas al pueblo. Eso debe moderarse.

El gobierno miente. Y crea pobres.

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Misiones, entre las que menos fondos recibe per capita para obras públicas

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En 2017, la economía crecerá entre un 2,5 y un 3,5% y el sector de la construcción será uno de los que aportará a la recuperación, traccionado por la inversión estatal. En enero, las obras viales crecieron un 74% respecto de igual mes de 2016, con incrementos en las transferencias a provincias. Se reactivaron obras paralizadas, a tono con el clima electoral.

 

Tanto los ministros Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio como el propio presidente Mauricio Macri vienen repitiendo que este año priorizarán el gasto en obra pública como dinamizador de la economía. No es casual que suceda en un año electoral, cuando un empujón de demanda viene bien para mejorar la situación económica de la ciudadanía e incidir en la decisión de votantes aún golpeados por la fuerte caída del poder adquisitivo del salario en 2016. Luego de haber representado sólo 2,4% del PBI en 2016, la inversión real directa del sector público consolidado, es decir, la obra pública, se ubicaría en 3,4% del PBI en 2017, un registro semejante al de 2009 y superior a los valores del período 2010-2015.

La economía crecerá este año entre 2,5% y 3,5%, según estimaciones privadas. La obra pública adicional que se realizará este año, en comparación con el año previo, teniendo en cuenta los tres niveles de gobierno, representa un punto porcentual del PBI, según estimaciones del Ieral. En enero, último mes del que hay datos de la ejecución presupuestaria, la inversión real directa -denominación técnica de la obra pública- aumentó 108% y las transferencias de capital hacia las provincias crecieron 123%, lo que da cuenta de un reimpulso de estas actividades estatales en comparación con 2016.

“Normalmente resulta mayor la obra pública en años electorales”, sostiene el economista Marcelo Capello, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea. Sin embargo, estos desembolsos no necesariamente se traducirán en más votos para Cambiemos. El gasto “es capitalizado por el nivel de gobierno que es visualizado por la población como el ejecutor de la obra; no necesariamente por quien la financia”, explica Capello, quien junto con Marcos Cohen Arazi elaboró un informe que analiza la evolución reciente de la obra pública.

“En 2017 el crecimiento del PBI será de 3,5% y el sector de la construcción será uno de los que aportará a la recuperación, traccionado fundamentalmente por la inversión pública”, anticipa el economista Pablo Lara, director de la consultora Estrateco. En este escenario, la inversión en construcción (pública y privada) llegaría a crecer 9% con respecto a 2016. “Hay que tener en cuenta que en 2016 la inversión pública se paralizó, lo que establece una baja base de comparación, y que en 2017 nuevamente el calendario electoral favorecerá la puesta en marcha de obras paralizadas, así como también el lanzamiento de nuevas obras públicas”, destaca Lara.

Tipo de obras

En el presupuesto nacional 2017, las partidas presupuestarias destinadas a inversiones en obras de infraestructura eléctrica y viales alcanzan los $ 24,7 mil millones y $ 16,1 mil millones, respectivamente; la inversión en vivienda social y el mejoramiento de las condiciones habitacionales y barriales, alrededor de $ 30 mil millones; y otras obras (civiles, túneles, agua y puertos, entre otras), un total de $ 8 mil millones.

En el primer mes de 2017 (último dato disponible), las obras públicas viales crecieron un 74% respecto de enero de 2016, con fuertes incrementos en las transferencias a provincias. Lo mismo sucedió con las obras relacionadas con la vivienda, en donde las transferencias para que las provincias construyan con fondos nacionales fueron un 191% más altas que las de enero de 2016, y aunque la Nación gastó de manera directa un 19% menos que hace un año, el gasto de capital en este rubro terminó creciendo un 190% interanual.

El gasto en saneamiento (agua potable y alcantarillado) también arrancó el año acelerado, con un gasto directo de la Nación un 37% mayor al de enero de 2016 y con envíos a provincias para que realicen obras con este destino por un valor equivalente a casi nueve veces lo que se les envió en el arranque de 2016.

En cambio, la obra pública relacionada con energía mostró una caída interanual de 79%, que arrastró a todo el gasto de capital (sobre todo por una caída en la obra directa nacional, muy alta a principios de 2016).

Brotes verdes en las rutas

“Esperamos construir 2.800 kilómetros de autopistas. Los mismos que existían cuando llegamos. Ya hay 1.100 kilómetros en construcción”, dijo Macri durante el discurso de apertura de sesiones legislativas, y además anticipó que habrá 25 mil kilómetros de rutas en obra.

La recuperación de las obras públicas, sobre todo de las viales, se observa ya desde los últimos meses de 2016, a través de tres indicadores sectoriales, según el director de Estrateco. En primer lugar, los despachos de asfalto comenzaron a crecer en noviembre de 2016 y en enero de 2017 volvieron a llamar la atención de los analistas del sector, ya que más que se duplicaron con relación a los de enero de 2016 (se expandieron 118,2% anual). “Se combinaron una bajísima base de comparación con un período de puesta en marcha de obras viales antes paralizadas y también de nuevas obras públicas”, explica Lara.

En segundo lugar, los despachos de cemento Portland acumularon un avance de 0,2% en el primer bimestre del año. Cuando se desagregan las entregas de cemento en bolsa y la de granel, surge claramente que estas últimas comenzaron a crecer a un ritmo de más de 6% anual ya en enero, envase que está muy vinculado con las obras nuevas.

En tercer lugar, y más allá del respiro que se tomó sobre el cierre de 2016, la cantidad de puestos de trabajo formales ocupados por el sector de la construcción totalizó 373.794. Esto implica que el nivel de ocupación formal de diciembre se mantuvo 2,4% por encima del piso alcanzado en julio del año pasado. En términos absolutos, en la segunda parte de 2016 (diciembre vs. julio), se recuperaron 8.718 puestos de trabajo. Así la contracción acumulada desde el último pico que alcanzó la serie en septiembre de 2015 quedó en 54.289 puestos de trabajo. La desagregación por provincias mostró que, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, el nivel de ocupación formal sectorial mejoró en seis jurisdicciones: La Pampa (9,9%; 16,5% entre el promedio de 2015 y de 2016), Santa Fe (5,7%), la Ciudad de Buenos Aires (3,8%), San Juan (1,9%), Córdoba (1,4%) y Entre Ríos (1,2%).

Expectativas por nuevas obras

Para el período febrero-abril, el 57% de las empresas que realizan obras públicas espera que la actividad mejore, según el Informe de la Construcción que elabora la consultora Economía & Regiones. En contraste, el 55% de las empresas que realizan obras privadas prevé que la actividad se mantenga. En 2016 cayó el consumo de todos los insumos de la construcción.

Consultadas respecto de cuáles piensan que son los principales factores que estimularán el crecimiento del sector de la construcción entre febrero y abril, 40% de las empresas que realizan principalmente obras públicas mencionó los nuevos planes estatales y 27% el reinicio de proyectos en curso. En contraste, solo 12% consideró que el crecimiento de la actividad económica per se será uno de los factores de la expansión del sector.

El documento de E&R también recalca que, si bien el consumo total (por obras públicas y privadas) de cemento disminuyó 10,7% en diciembre respecto de igual mes de 2015, con las mayores caídas en las provincias de San Luis, Santa Cruz, La Rioja y Entre Ríos, en enero presentó un aumento interanual del 1,8%.

Disparidad

Una novedad, en términos de obra pública respecto de otros años electorales es que ahora las provincias reciben mayores fondos y tienen un mayor peso político. “Serán más activas en la realización de obras públicas y aportarán una inversión real directa -nombre técnico de la obra pública- en torno a 1,8% del PBI, gracias a los fondos transferidos desde la Nación y la emisión de nuevas deudas”, describe el documento del Ieral. Pero hay una gran disparidad en la distribución de la inversión real directa nacional -la obra pública financiada por el gobierno nacional- en las jurisdicciones subnacionales. Según datos del presupuesto consolidado del sector público nacional, este año se ejecutaría una inversión real directa equivalente a unos $130 mil millones. Solo para $53,5 mil millones de ese monto, se dispone de información de ubicación geográfica de las inversiones (el resto se presenta como “no clasificados”). En términos de estos 53,5 mil millones de obra pública financiada por el gobierno nacional, el ránking de las provincias es encabezado por Tucumán, con $ 5553 por habitante en todo 2017. Le siguen: Río Negro, con $ 4821; la Ciudad de Buenos Aires, con $ 3677; Chubut, con $3102, y Jujuy, con $ 2582. La provincia de Buenos Aires se ubica en el puesto 15, con $ 984 por habitante. En el otro extremo, las provincias que recibirán menos desembolsos para obra pública por habitante son: Santiago del Estero ($ 265); Tierra del Fuego ($ 329); Misiones ($ 458); Santa Fe ($ 502) y Salta ($ 549).

Pero este cálculo se queda corto porque en los $ 130 mil millones mencionados no están contempladas la inversión real directa provincial ni las transferencias de capital que la Nación hace a las provincias para obras. “El gobierno nacional está incrementando las transferencias de capital a provincias muy por encima de lo que está incrementando la inversión real directa que realiza”, enfatiza Cohen Arazi.

 

 

La obra pública busca encontrar su ritmo durante este año. El quiebre de los llamados a licitación y las readecuaciones de precios hicieron que en 2016 el sector mostrara poco entusiasmo. Pero el año electoral y la necesidad de la administración de Cambiemos de empezar a mostrar rápidamente números positivos está acelerando las licitaciones.

Esto queda demostrado en los llamados a licitación que se registraron en los tres estadíos de la administración pública –municipal, provincial y Nación– en donde 519 convocatorias para licitaciones, un promedio de 29 por día hábil, por un total de 13.191 millones de pesos.

Así se desprende del trabajo realizado por Construar que releva los tres distritos y en donde también se señala una caída en los montos respecto de enero ($ 16.819 millones)
Sin embargo, medido en montos el acumulado de los dos primeros meses de 2017 –$ 30.010 millones– implica un aumento de 242% respecto a igual bimestre del año pasado cuando los llamados sumaban apenas 8768 millones de pesos.

Además, el dato es alentador si se tiene en cuenta que durante el primer semestre del año pasado se realizaron licitaciones de obras públicas por un monto de $ 48.662 millones, un promedio de $ 8110 millones por mes.

El trabajo realizado por Construar señala que en el primer bimestre del año la provincia de Buenos Aires licitó obras por $ 7648 millones, seguido por Córdoba con $ 5469 millones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con $ 3608 millones.

El único de los 25 distritos del país que no realizó ningún llamado durante los dos primeros meses fue la provincia de Misiones.

Pero mientras las licitaciones se van acumulando mes a mes en el sector privado de las grandes constructoras siguen esperando. “No podemos vivir de rutas” afirmó un ejecutivo de una de las grandes empresa constructora del país.

 

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Empleo femenino en la clase media duplica al de indigentes

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La difusión de estadísticas señalando que un tercio de la población está en la pobreza generó encendidas discusiones sobre el gasto asistencial y la insuficiente creación de empleos. Sin embargo, los planes asistenciales tienen escaso impacto en la reducción de la pobreza y el crecimiento del empleo, aunque muy necesario, no es suficiente. Para reducir la pobreza es esencial incorporar al mercado laboral a las mujeres de los hogares pobres. Para ello, se necesitan mejores instituciones laborales, educación de calidad y prácticas sexuales y reproductivas saludables. 
Mediciones privadas señalan que a setiembre del 2016 aproximadamente un tercio de la población vive en la pobreza. Estas mismas fuentes ya advertían en abril del 2016 que la incidencia de la pobreza sería de este orden. El dato es consistente con lo que el mismo INDEC normalizado señala para el 2° trimestre del 2016 que ubica la pobreza en 32%. En suma, la pobreza aumentó a comienzos del año pasado y se mantuvo durante el 2016.
Ante este escenario, muchos reclaman expandir los programas asistenciales. Este tipo de gasto aumentó durante el 2016 a un ritmo similar a la inflación lo que sugiere que no es la falta de planes sociales lo que mantiene la pobreza alta. Otros ponen énfasis en aumentar la inversión y la producción para crear más empleos de calidad. ¿Pero alcanza con el crecimiento del empleo para terminar con la pobreza?
Información para responder a este interrogante proviene de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondiente al 3° trimestre del 2016. Esta fuente señala que entre las mujeres jefas de hogar o cónyuges la situación es la siguiente:
  • En los hogares de clase media el 72% trabaja.
  • En los hogares pobres no indigentes el 41% trabaja.
  • En los hogares indigentes sólo el 35% trabaja.
Estos datos muestran que la inserción laboral de las mujeres adultas con responsabilidades familiares (jefa de hogar o cónyuge) es muy diferente según estrato socioeconómico. Resulta muy contundente que el empleo de las mujeres adultas entre los hogares de clase media duplica al observado entre las familias indigentes. Dicho de otra manera, mientras que en los hogares de clase media la mayoría de las mujeres con responsabilidades familiares trabaja, en los hogares pobres sólo la minoría lo hace.
Adicionalmente, según el INDEC, así como sólo un tercio de las mujeres de hogares indigentes trabaja, la mitad cumple el rol de jefe de hogar en la familia y hay 3 niños a cargo por familia. Muy diferente es la situación entre los hogares de clase media, donde además de que la mayoria de las mujeres trabaja, sólo un tercio cumplen el rol de jefes del hogar y hay un niño cada 3 hogares (es decir, en promedio, cada 3 hogares, en dos no hay menores y en el restante hay un solo niño). Estos datos sobran para afimar que fenómenos muy asociados a la indigencia son el abandono económico del hogar por parte del adulto varón, menor tasa de empleo de las mujeres y una mayor cantidad de niños.
Frente a este contexto destinar más recursos a programas asistenciales, como proponen las organizaciones sociales, sólo sirve para potenciar el derroche de recursos públicos. Tampoco hay que poner mucha confianza en la generación de empleos de calidad ya que, aun cuando se produzca, dificilmente alcance para incorporar automáticamente a las mujeres pobres al mercado laboral. Por eso, junto con buenas politicas económicas y laborales, es central asumir como objetivo que las mujeres pobres tengan la oportunidad de ser artífices de su propio progreso. Para ello, se requiere, además de un entorno general de expansión en la producción y el empleo, acciones especificas sobre este segmento de educación, de promoción de prácticas sexuales y reproductivas más saludables y responsables y centros de cuidado de la primaria infancia de alta calidad.
Para abordar el desafío hay que buscar instancias superadoras a la superposición de roles entre la Nación, las provincias y los municipios que impera en la actualidad. La Nación debería dejar de ejecutar programas sociales y concentrarse en acelerar la generación de empleos en base a la estabilidad, incentivos a la inversión, eliminar las cargas sociales a trabajadores de bajos salarios y desburocratizar la legislación laboral. La salud, la educación y los programas asistenciales deben ser gestionados por quienes son sus responsables: las provincias y los municipios.  
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