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Premios Impacto: reconocen la innovación en la gestión de capital humano

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La innovación en la gestión de personas dejó de medirse solamente por la incorporación de nuevas herramientas o prácticas. Cada vez más, el desafío para las organizaciones consiste en demostrar que esas transformaciones mejoran la experiencia de los colaboradores y, al mismo tiempo, producen resultados concretos. Sobre esa premisa se lanzó la cuarta edición de los Premios Impacto, una iniciativa de la Asociación de Recursos Humanos Argentina (AdRHA) y BenchClub que busca visibilizar casos de éxito en la gestión del capital humano.

La convocatoria está abierta a cualquier organización que opere en Argentina, independientemente de su naturaleza. Pueden participar empresas privadas, organismos públicos, entidades estatales, ONG e instituciones educativas. La participación es gratuita y las iniciativas pueden inscribirse hasta el 15 de septiembre.

En esta edición, los organizadores pondrán especial atención en proyectos vinculados con el impacto sobre los colaboradores, la diversidad e inclusión y la inteligencia artificial. El requisito central es que se trate de iniciativas implementadas desde 2024 que hayan producido una mejora significativa en la experiencia de los equipos y que, de manera simultánea, hayan generado resultados para la organización.

“Los Premios Impacto buscan poner en valor el trabajo de aquellas organizaciones que se animan a cuestionar lo establecido y a desarrollar nuevas formas de gestionar el talento”, señaló Marisabel Barranco, integrante del Comité Ejecutivo de AdRHA. La dirigente remarcó que la innovación en Recursos Humanos ya no puede evaluarse únicamente por la novedad de una propuesta, sino por su capacidad para combinar una mejor experiencia laboral con resultados concretos.

Ese criterio plantea una discusión relevante para las áreas de capital humano. Durante años, determinadas iniciativas vinculadas al bienestar, la capacitación o la cultura organizacional fueron evaluadas como políticas complementarias a la estrategia de negocios. La lógica de los Premios Impacto apunta en otra dirección: identificar proyectos en los que la gestión de personas forme parte de la generación de valor y pueda demostrarlo mediante indicadores.

La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por Cristian Bernal, Hugo Ojeda, Casandra Giuliano, Cecilia Giordano y Mariano Battistotti. Los casos serán analizados a partir de cuatro dimensiones: el impacto sobre la organización, el impacto sobre las personas, el grado de innovación y la sustentabilidad de la iniciativa.

En la dimensión organizacional se considerarán variables como productividad, ingresos, eficiencia en costos y otros indicadores concretos del negocio. En cuanto a las personas, se observarán aspectos vinculados con bienestar, desarrollo, motivación y calidad de vida. La innovación estará relacionada con la originalidad del enfoque y su diferenciación respecto de las prácticas habituales del sector, mientras que la sustentabilidad buscará determinar si el proyecto puede sostenerse en el largo plazo y si se encuentra alineado con los objetivos estratégicos de la organización.

La combinación de estas dimensiones permite correr el foco de una discusión exclusivamente asociada a Recursos Humanos. Una política puede ser novedosa, pero si no mejora la experiencia de quienes trabajan en la organización ni produce un efecto verificable sobre el desempeño, su impacto resulta limitado. Del mismo modo, una mejora de productividad que no contemple las condiciones de los equipos difícilmente pueda sostenerse en el tiempo.

La inteligencia artificial agrega una nueva capa a esa discusión. Su incorporación a los procesos laborales abre oportunidades para automatizar tareas, mejorar la toma de decisiones y personalizar experiencias, pero también obliga a revisar capacidades, roles y formas de organización del trabajo. En ese contexto, los proyectos que logren combinar tecnología con desarrollo de las personas pueden convertirse en referencias para otras organizaciones.

“Esta alianza entre AdRHA y BenchClub nos permite sumar sinergias para visibilizar a quienes están transformando la gestión del capital humano”, destacó Gabriel Pereyra, director de BenchClub Argentina Recursos Humanos. Según explicó, el reconocimiento también busca generar aprendizaje a partir de los mejores casos de la región y elevar los estándares de la comunidad profesional.

La edición 2025 ya dejó un mapa de experiencias que muestra la diversidad de organizaciones que pueden formar parte de esta agenda. McCain Argentina obtuvo el primer premio, YPF alcanzó el segundo puesto y La Anónima y Loma Negra recibieron el tercer premio. Aeropuertos Argentinos y Mondelez fueron distinguidas con una Mención Impacto Estratégico, mientras que Grupo Corven recibió una Mención a la Práctica Innovadora.

El premio principal de esta nueva edición tendrá además un componente de formación: uno de los integrantes del equipo ganador recibirá una Maestría en Recursos Humanos de la Universidad de San Andrés (UDESA). La propuesta vincula así el reconocimiento de una experiencia concreta con el desarrollo profesional de quienes participan en su implementación.

La ceremonia de entrega se realizará en noviembre en Hit Polo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se conocerán los proyectos ganadores y las iniciativas destacadas.

“Desde AdRHA trabajamos para acompañar a las organizaciones en la construcción de mejores lugares de trabajo, y los Premios Impacto son una manera concreta de traducir esa misión: identificar, visibilizar y potenciar a quienes están innovando en la gestión de personas”, sostuvo Tomás Gómez Alzaga, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina.

La convocatoria propone, en definitiva, transformar experiencias internas en conocimiento compartido. Para las organizaciones, participar implica poner a prueba sus iniciativas frente a criterios de impacto, innovación y sustentabilidad. Para la comunidad profesional, permite identificar qué prácticas están funcionando y bajo qué condiciones pueden replicarse.

Las organizaciones interesadas pueden consultar las bases e inscribirse de manera gratuita hasta el 15 de septiembre en el sitio oficial de Premios Impacto.

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¿Cuánto vale realmente una hora de tu vida profesional?

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Hace unos días tuve que hacer una cuenta que, después de muchos años de vida profesional, nunca había hecho de esa manera. Necesitaba definir cuánto tiempo estaba dispuesta a dedicar a un proyecto antes de sentarme a negociar las condiciones de mi participación. La pregunta parecía económica: ¿cuánto vale una hora de mi trabajo? Sin embargo, mientras intentaba responderla descubrí que dividir mis ingresos por la cantidad de horas trabajadas no resolvía el problema.

Porque esa hora no estaba vacía. Para ocuparla tenía que sacar otra cosa de mi agenda. Podía ser una hora destinada a un cliente, a desarrollar un proyecto propio, a escribir, a pensar una decisión estratégica o, simplemente, una hora de mi vida personal que el trabajo empezaba a absorber. La cuenta, entonces, dejó de ser cuánto podía cobrar por ese tiempo y pasó a ser cuánto me costaba realmente entregarlo.

Esta distinción importa especialmente cuando una carrera profesional empieza a acumular oportunidades. Al comienzo, el desafío suele ser conseguir trabajo, clientes o proyectos. Con los años puede aparecer un problema bastante menos evidente: hay más cosas que podríamos hacer que tiempo disponible para hacerlas. En ese momento, seguir midiendo todas las oportunidades únicamente por el ingreso que generan puede llevarnos a administrar mal nuestro recurso más escaso.

La economía tiene un concepto bastante preciso para esto: costo de oportunidad. Cada vez que elegimos una alternativa, renunciamos al beneficio que podría habernos proporcionado la mejor alternativa descartada. Aplicado a nuestra agenda, significa que el costo de una hora no está compuesto solamente por lo que cobramos o dejamos de cobrar durante esos sesenta minutos. También incluye aquello que desplazamos para poder ocuparlos.

Y ahí las horas empiezan a mostrar diferencias que el reloj no registra. Una hora atendiendo a un cliente puede producir ingresos inmediatamente. Una hora dedicada a tareas administrativas quizá no facture nada y, además, podría ser realizada por otra persona. Una hora utilizada para diseñar un servicio, revisar la rentabilidad de un negocio o preparar una negociación tampoco produce necesariamente dinero ese día, pero puede modificar los resultados de los próximos meses. Hay además horas que desaparecen entre reuniones innecesarias, problemas que podrían haberse evitado y desorganización. Y están, finalmente, aquellas que sacamos de nuestra vida personal para terminar lo que no entró en la jornada laboral.

Todas duran sesenta minutos. Económicamente, no valen lo mismo.

Alguien podría objetar que no todo puede reducirse a una cuenta económica, y tendría razón. Hay proyectos que aceptamos por aprendizaje, compromiso institucional, relaciones, propósito o simplemente porque queremos hacerlos. El problema no está en asignar tiempo a algo que no maximiza nuestros ingresos. El problema aparece cuando no sabemos que estamos tomando esa decisión y tratamos como gratuita una hora que tiene un costo.

Esto también cambia la manera de pensar a los clientes. Durante mucho tiempo asociamos un buen cliente con alguien que necesita nuestro servicio, reconoce su valor y puede pagar nuestros honorarios. Son condiciones importantes, pero no necesariamente suficientes. Un cliente puede pagar el precio acordado y resultar, aun así, demasiado caro para nuestra práctica profesional.

Puede requerir una cantidad desproporcionada de reuniones, mensajes, seguimiento o disponibilidad. Puede ocupar horarios que podrían destinarse a actividades de mayor valor. Puede demandar un nivel de atención que no estaba contemplado al fijar los honorarios. Incluso puede impedirnos aceptar un proyecto más alineado con la dirección en la que queremos crecer.

Por eso, no todos los que pueden pagar son clientes.

No como gesto de exclusividad ni como argumento para cobrar más. Es una cuestión de asignación de recursos. Cuando el tiempo disponible tiene un límite, aceptar una oportunidad significa necesariamente rechazar, postergar o reducir otra.

Esta mirada también obliga a revisar una idea muy instalada: estar con la agenda llena como indicador de éxito. Una agenda completamente ocupada puede mostrar demanda, pero también puede revelar que hemos asignado todo nuestro tiempo a producir el presente y no hemos reservado ninguna capacidad para construir el futuro. Si cada hora disponible está comprometida con la operación, queda muy poco espacio para pensar, diseñar, negociar, desarrollar nuevas oportunidades o simplemente evaluar hacia dónde estamos yendo.

Ahí aparece una hora que solemos subestimar precisamente porque no tiene facturación inmediata: la hora estratégica. Su resultado no siempre puede medirse al terminar el día. Sin embargo, una conversación bien preparada, una revisión seria de los números o una decisión sobre qué dejar de hacer puede producir más valor que varias horas de actividad operativa.

La cuenta que empecé intentando hacer para una negociación terminó llevándome a una conclusión diferente. Ya no necesitaba solamente establecer cuánto deberían pagarme por determinadas horas. Necesitaba decidir cuáles estaba dispuesta a entregar y cuáles no.

Esa diferencia modifica la posición desde la que negociamos. Cuando solamente calculamos nuestro precio, discutimos dinero. Cuando incorporamos el costo de oportunidad, empezamos a discutir algo bastante más importante: qué lugar queremos darle a ese trabajo dentro de nuestra vida profesional.

Durante buena parte de una carrera aprendemos a buscar oportunidades, generar ingresos y ocupar nuestra agenda. Pero llega un momento en que el problema cambia. Ya no es solamente conseguir más, sino elegir mejor. Y elegir mejor supone aceptar que un proyecto puede ser interesante, un cargo puede ser prestigioso y un cliente puede estar dispuesto a pagar nuestros honorarios, sin que eso alcance para justificar el tiempo que demandará.

Por eso, calcular cuánto vale una hora profesional no debería servir únicamente para fijar un precio. Debería ayudarnos a decidir dónde vale la pena ponerla.

Después de todo, el dinero que no ganamos hoy puede recuperarse. Una oportunidad incluso puede volver a presentarse. La hora que entregamos, en cambio, ya fue asignada.

Quizás esa sea la cuenta que conviene hacer antes de decir que sí.

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Los salarios subieron 2,9% en junio y acumularon un alza de 18,5% en el primer semestre

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La evolución salarial constituye uno de los principales indicadores para medir cómo se distribuye el impacto de la dinámica económica sobre los hogares. Un aumento del 18,5% entre enero y junio refleja la magnitud de la recomposición nominal de los ingresos laborales, aunque su efecto real dependerá de la evolución de los precios durante el mismo período y de las diferencias entre sectores, modalidades de empleo y categorías de trabajadores.

El incremento mensual de 2,9% en junio también aporta una señal relevante para las empresas. Los salarios son, al mismo tiempo, ingresos para millones de trabajadores y uno de los principales componentes de costos para numerosas actividades productivas. La capacidad de compatibilizar recomposición salarial, empleo formal y sostenibilidad de las empresas seguirá siendo uno de los desafíos centrales de la economía.

El salario como variable de consumo y actividad

Para los hogares, la discusión trasciende el porcentaje de aumento. La cuestión determinante es qué bienes y servicios pueden adquirirse con ese ingreso y cómo evoluciona la capacidad de cubrir gastos esenciales, desde alimentos y transporte hasta vivienda, educación y servicios.

Para el sector productivo, una mejora sostenida de los ingresos reales puede fortalecer la demanda interna. Comercios, pequeñas y medianas empresas y prestadores de servicios dependen, en buena medida, de la capacidad de consumo de las familias.

Ese vínculo explica por qué la evolución salarial tiene un impacto que excede las paritarias. Una recuperación efectiva del poder de compra puede generar un círculo de mayor demanda y actividad, mientras que una mejora exclusivamente nominal, absorbida por la suba de precios, limita ese efecto sobre la economía cotidiana.

El desafío es reducir la distancia entre salarios y costo de vida

El promedio que refleja el índice salarial tampoco necesariamente describe la situación de todos los trabajadores. La evolución de los ingresos puede ser diferente según se trate de empleo registrado privado, empleo público o trabajo no registrado, además de las diferencias entre sectores y regiones.

Para una mirada orientada a soluciones, el desafío consiste en mejorar los mecanismos que permitan sostener ingresos sin deteriorar la capacidad de contratación, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. La productividad, la formalización laboral y la previsibilidad de costos aparecen como variables tan relevantes como el porcentaje de incremento acordado.

En regiones como el NEA, donde la estructura económica tiene un fuerte peso de las PyMEs, el comercio, los servicios y las economías regionales, la evolución del salario adquiere una dimensión adicional. La capacidad de las empresas para trasladar aumentos de costos es limitada cuando la demanda permanece débil, pero al mismo tiempo la falta de recuperación del ingreso de los hogares restringe el mercado interno.

Lo que habrá que seguir de cerca

El dato de junio deja una referencia concreta: los salarios aumentaron 2,9% en el mes y 18,5% en el primer semestre de 2026. La próxima discusión será determinar cómo se ubica esa trayectoria frente a la evolución de la inflación y si la mejora alcanza de manera relativamente homogénea a los distintos segmentos del mercado laboral.

La recuperación del salario real será una variable decisiva para la segunda mitad del año. No solo definirá el poder adquisitivo de los hogares, sino también el comportamiento del consumo, la actividad comercial y la capacidad de las empresas para sostener empleo. El desafío de política económica será convertir la estabilidad de las variables nominales en una mejora verificable de las condiciones de vida y en una recuperación sostenible de la demanda.

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La CGT y las CTA reclamaron un plan de refinanciación ante el salto del endeudamiento de familias y Pymes

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La CGT, las dos CTA y movimientos sociales llevaron al Ministerio de Economía un reclamo que busca instalar una discusión que excede el nivel de las tasas de interés: cómo evitar que el endeudamiento de los hogares y las pequeñas empresas termine convirtiéndose en un nuevo freno para el consumo, la producción y el empleo. Las organizaciones sindicales exigieron al Gobierno de Javier Milei la puesta en marcha de un “programa de refinanciación de deudas” frente al fuerte aumento de la morosidad.

La movilización llegó hasta el Palacio de Hacienda sin un acto central ni escenario para discursos. Los dirigentes entregaron un documento en el que plantearon que el equilibrio macroeconómico no puede evaluarse únicamente por las variables financieras, sino que debe incorporar una solución al endeudamiento de familias y Pymes y una estrategia para recuperar la actividad de la economía real.

El diagnóstico presentado por las centrales sindicales vincula directamente la pérdida de ingresos y el deterioro del consumo con el aumento del costo financiero. En esa lectura, cuando una familia deja de poder afrontar una tarjeta o un préstamo, reduce inmediatamente su capacidad de consumo; cuando una Pyme no consigue financiar su capital de trabajo, restringe su producción. La consecuencia final de esa cadena es una economía con menos ventas, menos actividad y mayor presión sobre el empleo.

El planteo adquiere mayor dimensión a partir de los datos atribuidos al Banco Central. Según las cifras citadas por las organizaciones sindicales, más de 20 millones de personas mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias en Argentina, mientras que la morosidad de las familias se cuadruplicó desde diciembre de 2023 y alcanzó al 17,5% de los créditos personales.

Para las centrales, el problema no termina en el sistema financiero formal. El deterioro de la capacidad de pago puede expulsar a los hogares del crédito bancario y empujarlos hacia mecanismos informales de financiamiento, incluso para cubrir gastos esenciales. Allí, advierten, el costo del endeudamiento puede adquirir características usurarias y profundizar todavía más la vulnerabilidad económica.

El documento entregado en Economía propone, en ese sentido, una respuesta que combine extensión de plazos y reducción transitoria de la presión de las cuotas. La hipótesis es que una refinanciación con tasas compatibles con la evolución de los ingresos permitiría liberar recursos de los hogares y de las empresas, recuperar capacidad de consumo y sostener el capital de trabajo.

El reclamo también apunta al Banco Central. Las organizaciones pidieron que el organismo ejerza su función regulatoria sobre las tasas aplicadas a préstamos bancarios, aplicaciones financieras, billeteras virtuales y otros mecanismos capaces de generar endeudamiento entre personas físicas. La demanda busca ampliar la discusión sobre el costo del crédito a todo el ecosistema financiero que hoy utilizan los hogares.

En paralelo, reclamaron un diagnóstico específico sobre la situación de las Pymes, especialmente aquellas cuyo endeudamiento compromete el capital de trabajo y pone en riesgo la continuidad de la actividad. El argumento es que una política de alivio financiero para empresas pequeñas no debería ser vista únicamente como una asistencia al sector privado, sino como una herramienta para preservar unidades productivas y puestos de trabajo.

La CGT sostuvo que “el endeudamiento es una política de gobierno” y cuestionó el modelo económico por obligar, según su diagnóstico, a familias a recurrir al crédito para afrontar alimentación, alquiler y servicios básicos. La protesta reunió a los integrantes del triunvirato de la central, Cristina Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de dirigentes como Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez.

Desde la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar advirtió sobre el riesgo de que el endeudamiento termine actuando como un factor de conflictividad social. El secretario general de ATE sostuvo que millones de hogares atraviesan una situación crítica y reclamó que el Gobierno utilice sus herramientas regulatorias para limitar los costos financieros e implementar un programa de desendeudamiento.

Más allá de la disputa política, el eje económico del reclamo abre una discusión relevante sobre la relación entre estabilidad macroeconómica y economía real. Una reducción de la inflación o una mejora de determinadas variables financieras no necesariamente se traduce en una recuperación automática de los ingresos disponibles si una proporción creciente del salario o de la facturación empresarial queda comprometida por cuotas, intereses y refinanciaciones.

Ese es, precisamente, el punto de mayor profundidad del documento sindical: la deuda no aparece como un fenómeno aislado, sino como una consecuencia y, al mismo tiempo, como un mecanismo que puede profundizar la caída de la actividad. Si los hogares destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de obligaciones financieras, consumen menos. Si las empresas enfrentan dificultades para financiar su capital de trabajo, producen menos. Y si ambas variables retroceden simultáneamente, la recuperación del empleo se vuelve más difícil.

Desde esa perspectiva, una política de refinanciación no debería limitarse a postergar vencimientos. El desafío sería diseñar mecanismos que reduzcan efectivamente la carga financiera, extiendan los plazos y vinculen las condiciones de pago con la evolución de los ingresos. En el caso de las Pymes, la clave estaría en preservar capital de trabajo y capacidad productiva, evitando que una crisis de liquidez transitoria termine en cierre definitivo.

La discusión plantea, además, una cuestión central para cualquier estrategia de crecimiento: quién tiene capacidad para sostener el ciclo económico. El consumo de los hogares genera demanda; la demanda sostiene las ventas; las ventas permiten producir; la producción sostiene el empleo. Cuando ese circuito se rompe por una combinación de ingresos insuficientes y alto costo financiero, la deuda deja de ser solamente un problema individual y comienza a adquirir una dimensión macroeconómica.

Por eso, el reclamo de la CGT y las CTA puede leerse como una propuesta para desplazar parte del foco desde las cuentas financieras hacia las cuentas concretas de hogares y empresas. El desafío no consiste solamente en reducir la morosidad, sino en evitar que el endeudamiento se convierta en una barrera estructural para la recuperación del consumo y la inversión.

La salida que proponen las organizaciones sindicales incluye, además, una estrategia más amplia de estímulo a la inversión productiva y diversificación de la matriz económica. En esa concepción, refinanciar deudas sería una herramienta de emergencia dentro de una política mayor orientada a recomponer ingresos, activar la capacidad instalada, ampliar mercados y generar empleo.

El punto de fondo es que la sostenibilidad económica también se mide en la capacidad de las familias para llegar a fin de mes y de las empresas para sostener su actividad. Si la estabilización financiera se construye sobre hogares cada vez más endeudados y Pymes con menor capital de trabajo, la economía puede mostrar equilibrio en algunas variables mientras acumula tensiones en otras.

El reclamo entregado en el Ministerio de Economía pone así sobre la mesa una alternativa concreta frente a la morosidad: refinanciar, bajar la presión de las cuotas, regular el costo del crédito y proteger el capital de trabajo de las empresas. Pero también plantea una condición de fondo para que esa solución sea sostenible: recuperar los ingresos y la actividad productiva para que las familias y las empresas vuelvan a tener capacidad genuina de pago.

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Milei defendió el rumbo económico y aseguró que hay un proceso de “destrucción creativa” de la estructura productiva

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El presidente Javier Milei cerró una nueva edición del Council de las Américas con una defensa enfática de su programa económico y un mensaje dirigido al establishment empresario y financiero: sostuvo que la Argentina ya atravesó un cambio estructural y que su mandato consiste en consolidar dos objetivos centrales: bajar la inflación y hacer crecer la economía. “Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir”, afirmó.

El discurso presidencial llegó después de una jornada en la que buena parte del equipo económico expuso ante empresarios, inversores y dirigentes políticos los argumentos oficiales para sostener el rumbo. El jefe de Gabinete, Diego Santilli; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno ocuparon previamente el escenario. El ministro de Economía, Luis Caputo, no participó por problemas de salud.

Milei eligió comenzar con una crítica frontal a la interpretación de los indicadores económicos y cuestionó a quienes, según su visión, priorizan encuestas de opinión de muestras reducidas por sobre las estadísticas oficiales. Su argumento central fue que el debate económico debe partir de los datos y no de percepciones aisladas. En ese marco, aseguró que la inflación pasó de niveles superiores al 200% anual al asumir a una tasa cercana al 31,5%, lo que presentó como una reducción del 85%.

El Presidente también puso el foco en la inflación mayorista, a la que consideró una señal particularmente relevante para anticipar la dinámica futura de precios. Recordó que al inicio de su gestión había alcanzado niveles extraordinariamente elevados y sostuvo que actualmente se encuentra en registros sustancialmente menores. Incluso volvió a referirse a su promesa de realizar un recital si la inflación comenzaba con cero, una apuesta que convirtió en parte del relato político de su programa de estabilización.

El segundo eje de su exposición fue el crecimiento. Milei sostuvo que la economía argentina ya acumula una expansión significativa durante su gestión y que, si se elimina el efecto de arrastre heredado de la administración anterior, el crecimiento de los primeros dos años supera los diez puntos porcentuales. La comparación con los períodos anteriores buscó reforzar una de las principales tesis del Gobierno: que la recuperación no responde solamente a un rebote estadístico, sino a un cambio en las condiciones estructurales de la economía.

En esa línea, el Presidente rechazó la idea de un crecimiento “a dos velocidades” y calificó ese concepto como una interpretación insuficiente de los procesos de transformación económica. Su argumento fue que una economía que cambia no puede expandirse de manera homogénea: mientras algunas empresas y actividades pierden participación o desaparecen, otras surgen, crecen y absorben recursos. Esa reasignación, sostuvo, constituye parte del proceso de crecimiento y no necesariamente una señal de deterioro.

La explicación conecta con uno de los conceptos centrales de su discurso: la “destrucción creativa”. Para Milei, el progreso tecnológico y la competencia obligan a modificar permanentemente la estructura productiva. Una empresa que ofrece un producto mejor o más barato puede desplazar a otra, pero los recursos liberados no necesariamente desaparecen: migran hacia nuevas actividades. El desafío, desde esta perspectiva, consiste en contar con mercados suficientemente flexibles para que trabajadores, capital e inversiones puedan desplazarse hacia los sectores con mayor productividad.

Ese planteo fue utilizado también para defender la apertura comercial y la desregulación. Milei sostuvo que la Argentina continúa siendo una economía excesivamente cerrada y comparó esa situación con una “cárcel”. La apertura, argumentó, permitiría ampliar el tamaño del mercado, generar economías de escala y abaratar bienes, mientras que los recursos que hoy se destinan a productos más caros podrían canalizarse hacia otras actividades.

El Presidente puso como ejemplo los neumáticos para ilustrar su argumento. Según su razonamiento, si un producto puede conseguirse en el mercado internacional a un precio significativamente inferior al doméstico, la apertura genera un ahorro para los consumidores que luego puede transformarse en demanda para otros sectores. El costo de sostener estructuras productivas ineficientes, en cambio, recaería sobre el conjunto de los consumidores mediante precios más elevados.

La misma lógica aplicó a la política de desregulación impulsada por Federico Sturzenegger. Milei sostuvo que la eliminación de normas y restricciones permite liberar recursos y mejorar la competitividad, aunque reconoció implícitamente que el proceso genera resistencia de sectores cuyos negocios dependían de determinadas regulaciones. En su interpretación, buena parte de la disputa política alrededor de las reformas responde precisamente a esa redistribución de beneficios y costos.

El equilibrio fiscal ocupó otro lugar central. Milei reivindicó el ajuste implementado desde el comienzo de su gestión y aseguró que permitió corregir un desequilibrio consolidado equivalente a unos quince puntos del PBI entre Tesoro y Banco Central. También destacó la reducción de impuestos y vinculó la mejora fiscal con una caída significativa de la relación deuda-producto y del riesgo país.

Para el Presidente, la estabilización constituye la condición necesaria para que aparezca una nueva etapa de inversión. En este punto coincidió con el mensaje previo del viceministro José Luis Daza, quien había afirmado que la Argentina dejó atrás la dependencia de los flujos de deuda de corto plazo y comenzó a atraer inversión directa. La apuesta oficial es que la estabilidad fiscal y monetaria, junto con reglas más previsibles, permita una acumulación de capital capaz de sostener un ciclo prolongado de expansión.

Milei también incorporó al diagnóstico el capital humano y el mercado laboral. Rechazó la idea de que el progreso tecnológico implique necesariamente una destrucción neta del empleo y recurrió a la experiencia histórica de la Revolución Industrial para sostener que los incrementos de productividad pueden ampliar la capacidad productiva y, simultáneamente, generar nuevas actividades.

El argumento adquiere especial relevancia frente a la transformación productiva que el Gobierno proyecta para los próximos años. Energía, minería, agroindustria, infraestructura y servicios asociados aparecen como sectores capaces de ampliar las exportaciones y generar una demanda creciente de trabajadores calificados. Daza había anticipado horas antes que la Argentina podría necesitar unos 18.000 ingenieros por año, además de soldadores, electricistas, mecánicos y otros perfiles técnicos.

La cuestión social apareció, aunque de manera secundaria, dentro de la exposición presidencial. Milei aseguró que durante su administración millones de personas dejaron de estar bajo la línea de pobreza y destacó especialmente la reducción de la indigencia. Sin embargo, reconoció que la situación social continúa siendo difícil. “La foto sigue siendo horrible”, admitió, aunque inmediatamente contrapuso esa imagen con lo que definió como “la mejor película de la historia argentina”.

Ese contraste sintetiza buena parte de la estrategia discursiva oficial: reconocer los costos inmediatos de la transformación, pero pedir que sean evaluados dentro de una perspectiva de largo plazo. El Gobierno sostiene que la caída de la inflación, la recuperación de la inversión y el aumento de la productividad deberían traducirse progresivamente en mejores salarios, mayor empleo privado y una ampliación de las oportunidades.

La apuesta más ambiciosa del discurso estuvo, precisamente, en el horizonte temporal. Milei planteó que la Argentina podría convertirse en una economía desarrollada en las próximas décadas si mantiene el proceso de reformas, incorpora tecnología y aprovecha sus recursos naturales y humanos. La inteligencia artificial aparece en esa proyección como un factor potencial de aceleración de la productividad, siempre que el marco regulatorio no termine funcionando como una barrera para la innovación.

El cierre del discurso trasladó la discusión económica hacia un terreno político y cultural. Para Milei, la transformación no depende solamente de medidas fiscales, monetarias o regulatorias, sino de un cambio en las reglas de funcionamiento de la sociedad. Libertad, propiedad privada, cumplimiento de los contratos, apertura y respeto por las instituciones constituyen, según su visión, las condiciones necesarias para construir un proceso de crecimiento sostenible.

Así, el mensaje ante el Consejo de las Américas fue más que una defensa coyuntural de los indicadores económicos. Milei buscó presentar la estabilización como la primera etapa de una transformación mucho más profunda, cuyo resultado debería medirse no solamente por la inflación o el déficit, sino por la capacidad de la Argentina para atraer capital, multiplicar productividad, generar empleos de mayor calidad y convertir sus ventajas en energía, minería, agroindustria y capital humano en un nuevo ciclo de desarrollo.

La principal incógnita ya no es solamente si el Gobierno puede sostener la estabilización. El desafío que emerge de su propio discurso es más exigente: lograr que la reasignación de recursos que reivindica como inevitable se traduzca en oportunidades concretas para trabajadores y empresas, que la inversión se convierta en empleo y que la apertura y la productividad lleguen finalmente a la economía cotidiana. Allí estará la verdadera prueba de la “película” que el Presidente asegura estar construyendo.

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