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Milei profundiza el ajuste: el empleo público cayó 7% interanual y refuerza el recorte del Estado

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El Gobierno nacional consolidó uno de los ejes centrales de su programa: la reducción del tamaño del Estado. Según los últimos datos difundidos por el INDEC, la dotación de empleados públicos cayó 7% interanual en febrero, con un total de 276.952 trabajadores. El recorte no solo marca una tendencia, sino que se convierte en un dato político clave en medio del proceso de ajuste impulsado por la administración. La incógnita es si esta poda administrativa fortalece la estrategia oficial o abre nuevos focos de tensión en la estructura estatal.

Un ajuste sostenido en la estructura del Estado

El informe muestra que la reducción no es puntual. En la administración pública, la dotación alcanzó los 188.242 empleados, lo que implica una caída del 7,1% respecto al mismo período del año anterior.

El retroceso también se observa en la dinámica mensual. En comparación con enero, la dotación total descendió 0,6%, mientras que en la administración pública el ajuste fue del 0,8%.

En el universo de empresas y sociedades del Estado, la reducción llegó al 6,7%, lo que evidencia que el recorte se extiende más allá de la estructura administrativa central.

El dato no es menor: el ajuste del empleo público se consolida como una política activa, con impacto directo en la configuración del aparato estatal.

Datos incompletos y lectura en construcción

El propio informe introduce un elemento de cautela. De las 123 entidades, empresas y sociedades relevadas, 14 no informaron su dotación, lo que representa 14.082 personas, es decir, el 5,1% del total.

Este punto deja abierta la lectura final de la magnitud del recorte. A medida que esas unidades reporten sus datos, la serie será actualizada, lo que podría modificar parcialmente el alcance de la reducción.

Aun así, la tendencia general es clara: el empleo público muestra una contracción sostenida.

Entre la consistencia del ajuste y el costo institucional

La caída en la dotación estatal refuerza el discurso del Gobierno en torno a la eficiencia y el achicamiento del Estado. En términos políticos, el dato funciona como validación de una promesa de campaña: reducir el gasto público a través de la poda de estructuras.

Sin embargo, el impacto no se agota en lo fiscal. La reducción de personal implica reconfigurar capacidades operativas dentro del Estado, lo que puede afectar el funcionamiento de áreas clave.

En la correlación de fuerzas, el oficialismo gana coherencia con su programa, pero al mismo tiempo tensiona con sectores que dependen de la estructura estatal. El ajuste en el empleo no es neutro: redefine roles, funciones y márgenes de acción dentro de la administración.

Profundidad del recorte y efectos en la gestión

El foco ahora se desplaza a la profundidad y sostenibilidad del proceso. La continuidad de la baja en la dotación dependerá de decisiones políticas y de la capacidad del Gobierno para sostener el esquema sin afectar la operatividad del Estado.

También será relevante observar cómo impacta este ajuste en el mediano plazo: si se traduce en mayor eficiencia o si genera cuellos de botella en áreas sensibles.

Por ahora, el dato confirma una dirección. Pero el equilibrio entre reducción y funcionamiento sigue siendo una variable en desarrollo.

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INDEC: el empleo en la administración pública nacional bajó 7,8% interanual en noviembre

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La dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo a 281.785 personas en noviembre de 2025, según datos oficiales del INDEC, y acumuló una pérdida de 59.688 empleos desde diciembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei. La cifra consolida el ajuste sobre el sector público como uno de los ejes centrales de la política económica y administrativa del Gobierno nacional, con impacto directo en el funcionamiento del Estado, el mercado laboral y la estructura institucional.

En el último mes relevado, noviembre de 2025, el empleo público cayó 0,3% respecto de octubre (785 puestos menos) y 7,8% en la comparación interanual, lo que equivale a 22.322 trabajadores menos frente a noviembre de 2024. Los datos surgen del informe técnico “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades”, publicado el 30 de diciembre de 2025 por el INDEC.

Un ajuste sostenido en la administración pública nacional

El recorte se verifica en casi todos los segmentos del Estado nacional. La Administración Pública Nacional (APN) cerró noviembre con 192.219 empleados, una baja mensual de 0,2% y una caída interanual del 7,1%. Dentro de ese universo, la administración centralizada pasó de 39.272 a 39.011 trabajadores, lo que implicó una reducción mensual del 0,7% y una caída interanual del 10,7%.

La administración descentralizada, que concentra el mayor volumen de personal, también mostró una contracción: bajó 0,3% mensual, de 116.960 a 116.571 empleados, mientras que la administración desconcentrada fue el único segmento que registró una suba en noviembre, con 22.534 trabajadores, un incremento del 1,3% mensual (284 puestos más). En tanto, los otros entes redujeron su dotación 0,3%, al pasar de 14.148 a 14.103 empleados.

Si se toma el acumulado de enero a noviembre de 2025, la APN perdió 18.178 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 6,06% en lo que va del año. El contraste es más marcado al comparar con el inicio de la actual gestión: en enero de 2024, la administración pública nacional contabilizaba 333.784 puestos, por lo que el retroceso acumulado alcanza el 15,57%.

Empresas y sociedades del Estado: menos personal y menor estructura

El ajuste también se extendió a las empresas y sociedades del Estado, que en noviembre registraron 89.566 empleados, con una caída mensual de 374 puestos (-0,4%) y una reducción interanual del 7,8%. Este segmento explica una parte relevante del recorte total, en un contexto de revisión del rol del Estado empresario y de los costos operativos de las compañías con participación estatal.

En conjunto, la dotación total del sector público nacional —administración central, organismos descentralizados, entes y empresas— pasó de casi 300 mil trabajadores a comienzos de 2025 a los 281.785 actuales, consolidando una tendencia de reducción sostenida mes a mes. El informe oficial detalla que la medición incluye a 125 entidades, aunque en noviembre 10 empresas y sociedades no informaron su dotación, por lo que 5.194 personas (1,8% del total) fueron imputadas estadísticamente.

Impacto económico e institucional del recorte

La caída de casi 60 mil empleos públicos en dos años refleja el alcance del proceso de reorganización y reducción del Estado impulsado por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023. En términos económicos, el ajuste contribuye a la reducción del gasto corriente, especialmente en salarios, uno de los componentes más relevantes del presupuesto nacional. En el plano institucional, sin embargo, plantea interrogantes sobre la capacidad operativa de áreas clave del Estado, en particular en organismos con funciones regulatorias, técnicas o de prestación de servicios.

La evolución del empleo público se convirtió así en un indicador central para seguir la estrategia de desregulación y transformación del Estado, en un contexto de fuerte debate político sobre el tamaño del sector público, la eficiencia administrativa y el impacto social del ajuste. Con los datos de noviembre, el INDEC confirma que la tendencia descendente se mantiene y que el redimensionamiento del Estado sigue siendo uno de los pilares de la política económica vigente.

Dotacion Personal Publico Argentina by CristianMilciades

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Privatización de AySA: disponen que un banco público tase las acciones para concretar la venta en 8 meses

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El Gobierno da un paso más en la privatización de la empresa estatal de agua potable y saneamiento.

El Gobierno dio un paso más en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) al disponer contratar un banco público para tasar las acciones estatales y fijar un plazo de ocho meses para concretar la venta, mediante la Resolución 1198/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial.

Tras la autorización gubernamental de avanzar con una privatización total de la compañía, el Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional, cuyo porcentaje asciende al 90% del capital social.

La normativa firmada por el titular de la cartera económica, Luis Caputo, instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a “llevar a cabo la contratación de una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional para la tasación del paquete accionario de AySA”.

Esta directiva se da a partir de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación, manifestó que “se encuentra imposibilitado actualmente de realizar la valuación del total de la empresa solicitada por AySA en un plazo razonable”.

Además, se encomendó a la mencionada agencia a concretar la venta de al menos el 51% del total del paquete accionario de AySA a un operador estratégico mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional, “dentro del plazo de ocho meses contados desde la entrada en vigencia de la presente medida”.

Del mismo modo, se le encargó “realizar las medidas y acciones necesarias para la venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de propiedad del Estado Nacional en AySA” que no sean vendidas en la licitación.

Asimismo, Economía instruyó a la Secretaría de Obras Públicas a elaborar la documentación licitatoria, técnica y contractual, del proceso de privatización de AySA, la cual incluirá el contrato de concesión correspondiente, debiendo contar con la intervención previa de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

En este aspecto, aclaró que la citada área “podrá solicitar la colaboración técnica y operativa de la sociedad” y determinó que también deberá “articular las acciones necesarias” para garantizar que el proceso privatizador no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales.

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