ENACOM

Los kioscos de diarios podrán repartir paquetes, DNI y tarjetas tras la desregulación del sector

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Una reforma que combina desregulación del mercado postal y reconversión de los puntos de venta. El presidente Javier Milei firmó el Decreto 629/2025, publicado este 4 de septiembre en el Boletín Oficial, mediante el cual el Poder Ejecutivo deroga el régimen jurídico vigente desde el año 2000 para la venta y distribución de diarios y revistas en la vía pública y habilita a los puestos tradicionales de canillitas a prestar servicios de correo postal y paquetería.

La medida se inscribe en la política oficial de desregulación económica y simplificación normativa, que busca eliminar trabas al comercio y ampliar la competencia en sectores hasta ahora regulados. Según el decreto, las paradas de diarios podrán registrar su actividad como operadores postales ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o asociarse a un prestador ya autorizado, con lo cual podrán realizar entregas de correspondencia, paquetería, documentos oficiales y productos de e-commerce.

El decreto 1025/2000, modificado en 2009, había establecido un régimen específico para la distribución de diarios y revistas en la vía pública, creando el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas y regulando el derecho de parada y reparto. Este esquema, vigente durante más de dos décadas, quedó ahora derogado y disuelto por considerarse “innecesario, obsoleto y limitante”.

La Casa Rosada fundamentó la decisión en la necesidad de “promover la libre circulación de bienes, servicios y trabajo”, alineada con los principios constitucionales y en línea con la política de eliminar toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado o restrinja la iniciativa privada.

El nuevo esquema se apoya en el Decreto 1005/2024, que había desregulado parcialmente la actividad postal permitiendo envíos de hasta 50 kilos y reduciendo requisitos burocráticos para operadores. Esa reforma abrió la puerta a que los puestos de diarios se reconviertan en nodos de distribución de última milla.

Qué podrán hacer los puestos de diarios

Según el artículo 1 del decreto, los canillitas podrán ofrecer los siguientes servicios:

  • Entrega de correspondencia general.
  • Despacho de papelería, paquetería y servicios de guarda y depósito.
  • Distribución de productos adquiridos a través del comercio electrónico.
  • Entrega de tarjetas de crédito y débito.
  • Entrega de DNI y pasaportes.

La normativa especifica que quienes presten estos servicios deberán registrarse como operadores postales ante ENACOM o firmar convenios con empresas habilitadas, que asumirán la responsabilidad ante los usuarios y la autoridad regulatoria.

Con ello, el Gobierno busca integrar a los tradicionales kioscos de diarios —afectados por la caída sostenida de ventas de papel— a la cadena logística del comercio electrónico, un sector que en Argentina creció más de 120% en facturación en los últimos tres años, según datos de la CACE.

El decreto genera múltiples efectos:

  • Sector de prensa escrita: se disuelve un régimen que había protegido la actividad de los canillitas. Aunque se mantiene la venta de diarios y revistas bajo normas civiles y comerciales generales, el cambio supone el fin del marco regulatorio exclusivo.
  • Mercado postal y logístico: se amplía la red de distribución de última milla, sumando a miles de puestos de diarios en todo el país como potenciales puntos de entrega, lo que podría reducir costos y tiempos de entrega.
  • Impacto laboral: los canillitas ganan una vía de reconversión en un contexto de fuerte retracción de la prensa en papel, pero también enfrentan la competencia abierta de nuevos operadores sin limitaciones de cupos ni zonas.
  • Institucional: el Estado se retira de la gestión de cupos y registros, dejando que las reglas del Código Civil y Comercial y las regulaciones locales definan el funcionamiento de la actividad.

Para el Gobierno, la medida significa un paso más en la agenda de desburocratización, en sintonía con la narrativa de “eliminar privilegios y corporaciones” en sectores de la economía.

La implementación dependerá de la capacidad de ENACOM de registrar y fiscalizar nuevos operadores postales y de la disposición de empresas privadas de firmar convenios con los puestos de diarios. En el corto plazo, se espera que el sector del e-commerce sea el principal beneficiado, con una red logística más capilar y flexible.

Sin embargo, sindicatos de canillitas y asociaciones vinculadas a medios gráficos podrían plantear objeciones por la pérdida de regulación específica y la apertura total de competencia. El debate político podría replicar discusiones similares a las de la desregulación del transporte y los servicios públicos: ¿hasta dónde llega la libertad de mercado y qué rol debe jugar el Estado en la protección de actores tradicionales?

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ENACOM sube 25% la Unidad de Tasación Radioeléctrica

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ENACOM actualiza el valor de la Unidad de Tasación Radioeléctrica a $963,01: impacto en licenciatarios TIC y de telecomunicaciones

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) resolvió actualizar, a partir de este viernes 8 de agosto, el valor de la Unidad de Tasación Radioeléctrica (UTR) a $963,01, lo que implica un incremento del 25% respecto de la última fijación en agosto de 2024. La medida, formalizada en la Resolución 1021/2025 publicada en el Boletín Oficial, tiene un impacto directo sobre los derechos y aranceles que deben abonar los licenciatarios de servicios TIC y de telecomunicaciones por el uso del espectro radioeléctrico en todo el territorio nacional.

La UTR es la unidad de medida que determina el costo que deben pagar las empresas del sector por cada estación, sistema o servicio radioeléctrico en operación. Su valor se actualiza anualmente tomando como referencia la variación del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) fijado por la Secretaría de Trabajo.
Entre agosto de 2024 y julio de 2025, el SMVM registró una suba acumulada del 25%, parámetro que el ENACOM utilizó para recalcular el valor de referencia. Hasta ayer, la UTR se encontraba en $770,40, vigente desde agosto del año pasado.

Contenido técnico de la Resolución 1021/2025

La norma establece:

  • Nuevo valor de la UTR: $963,01.
  • Marco normativo: Ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 267/2015 y Resolución ENACOM 1196/2018, que fija el mecanismo de actualización anual.
  • Entrada en vigencia: desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial.
  • Alcance: aplicable a todos los licenciatarios de servicios TIC y de telecomunicaciones que operen estaciones, sistemas y servicios radioeléctricos.

El cálculo considera la variación del SMVM determinada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El ENACOM, actualmente intervenido y bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, justificó la actualización en la necesidad de mantener el valor real de la UTR y garantizar recursos para la administración, gestión y control del espectro radioeléctrico.
En el proceso participaron la Dirección General de Administración y el Servicio Jurídico Permanente del organismo.

Impacto económico y regulatorio

El incremento de la UTR repercutirá directamente en el costo operativo de empresas prestadoras de servicios móviles, radio, televisión y conectividad inalámbrica. Esto podría traducirse en:

  • Ajustes tarifarios para usuarios finales, especialmente en servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
  • Mayor presión sobre operadores pequeños y cooperativas TIC, que tienen menor capacidad de absorber aumentos de costos regulatorios.
  • Recaudación adicional para el Estado destinada a financiar tareas de control y gestión del espectro.

En un contexto de inflación persistente y búsqueda de equilibrio fiscal, la medida también se enmarca en la estrategia oficial de actualizar valores regulatorios rezagados para recomponer ingresos.

La actualización de la UTR regirá por un año, salvo que nuevas variaciones del SMVM motiven ajustes intermedios. El ENACOM continuará aplicando el esquema de revisión anual establecido en 2018, que indexa el valor a los salarios mínimos, buscando dar previsibilidad al sector.
En el plano político, la medida se suma a otras decisiones recientes del organismo en materia de liberación de bandas y reorganización del espectro, clave para la futura licitación de frecuencias de 5G y nuevos servicios de transmisión.

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Milei redefine la estructura del Ente Nacional de Comunicaciones

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El Poder Ejecutivo aprobó mediante el Decreto 512/2025 una nueva estructura organizativa para el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), con el objetivo de optimizar su funcionamiento y adecuar sus responsabilidades en el marco de la política de transformación del Estado. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, implica la supresión de cargos extraescalafonarios creados en 2016 y la redefinición de áreas estratégicas, pero no incrementa la cantidad de unidades organizativas dentro del organismo.

Un rediseño para fortalecer el rol regulador

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, establece un nuevo organigrama operativo que incluye direcciones generales y nacionales orientadas a reforzar la gestión técnica, jurídica y de control. Entre las áreas destacadas figuran la Dirección Nacional de Control y Fiscalización, la Dirección Nacional de Asuntos Regulatorios, la Dirección Nacional de Sanciones y Atención a Usuarios y Prestadores y la Dirección Nacional de Ingeniería del Espectro Radioeléctrico y Servicios TIC, junto con la Unidad de Auditoría Interna.

Asimismo, se derogan los artículos que habían creado en 2016 los cargos extraescalafonarios de Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y de Asuntos Técnicos y la Decisión Administrativa 682/2016, que aprobaba el organigrama anterior.

Responsabilidades claves y nuevas funciones

El Anexo II del decreto redefine las responsabilidades de cada unidad. Entre las funciones centrales se destacan:

  • Gestión y fiscalización: control del uso del espectro radioeléctrico, supervisión de la calidad de los servicios TIC, audiovisuales y postales, y monitoreo de proyectos financiados con aportes del Fondo del Servicio Universal.
  • Asuntos regulatorios y jurídicos: actualización normativa en materia de telecomunicaciones, servicios audiovisuales y postales; patrocinio legal del ente y representación del Estado en procesos judiciales.
  • Atención a usuarios: creación de mecanismos para la resolución de reclamos y consultas de prestadores y consumidores.
  • Planificación y desarrollo: análisis de mercado, elaboración de indicadores y definición de políticas públicas para promover la competencia y el acceso universal a los servicios de comunicación.

Sin impacto presupuestario adicional

El Ejecutivo aclaró que los cambios no generan nuevos cargos ni mayores costos para el presupuesto nacional, dado que el gasto será absorbido por los créditos ya asignados a la entidad. Además, se faculta al titular del ENACOM a definir niveles organizativos inferiores para completar el rediseño.

Con este rediseño, el Gobierno busca dotar al ente de una estructura más ágil y técnica, capaz de acompañar la transformación del sector de las telecomunicaciones, los medios y los servicios postales en un contexto de apertura de mercados y aceleración tecnológica. La reorganización apunta también a reforzar los mecanismos de control y transparencia, en línea con la estrategia oficial de modernización del Estado.

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El Gobierno prorroga la intervención del ENACOM hasta enero de 2026

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Por decreto, el Poder Ejecutivo Nacional extendió hasta el 4 de enero de 2026 la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), con el objetivo de completar la reorganización normativa, administrativa y funcional del organismo regulador de las comunicaciones en Argentina. El interventor Juan Martín Ozores continuará al frente del proceso, con rango de secretario de Estado.

A través del Decreto 448/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la prórroga de la intervención del ENACOM por otros seis meses, a partir del 8 de julio de 2025, con el objetivo de culminar la auditoría interna, el rediseño institucional y la modernización operativa iniciados en enero de 2024.

La medida responde a la necesidad de completar un proceso integral de revisión normativa, simplificación de trámites, fortalecimiento de la fiscalización del espectro radioeléctrico y redefinición del régimen sancionatorio para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, postales y de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).

Reformas pendientes y desafíos regulatorios

Según detalla el decreto, la intervención permitió diagnosticar deficiencias estructurales y operativas en el organismo, como:

  • Superposición de competencias.
  • Discrecionalidad en el manejo de fondos.
  • Ausencia de objetivos operativos claros.
  • Trámites complejos y desactualización normativa.

Ante este panorama, el Ejecutivo impulsa una transformación institucional con comisiones técnicas y grupos de análisis especializados, para reformar los procesos de adjudicación de licencias, revisar los mecanismos de control de calidad y fortalecer la relación con los usuarios. También se prevé mejorar los procesos para garantizar el cumplimiento del Servicio Universal, tal como establece el artículo 18 de la Ley 27.078.

Uno de los ejes centrales será el reordenamiento del espectro radioeléctrico, clave para el despliegue de nuevas tecnologías de conectividad, y la adopción de criterios más estrictos de eficiencia en el uso del espectro, en línea con los estándares internacionales.

El licenciado Juan Martín Ozores fue ratificado en el cargo de Interventor hasta el fin del plazo prorrogado, con las mismas atribuciones que el Directorio del ENACOM. Durante su gestión se inició el diseño de una nueva estructura orgánico-funcional, la elaboración de manuales de procedimiento interno, y la implementación de sistemas que permitan racionalizar la gestión y dotarla de mayor transparencia y control.

El Gobierno considera que completar la transformación del ENACOM es estratégico para alinear el sistema de comunicaciones del país con los desafíos tecnológicos globales, promover la competencia y garantizar derechos de los usuarios. Además, se apunta a recuperar la confianza en el ente regulador como actor clave para el desarrollo del ecosistema digital, en un contexto donde la inversión en infraestructura TIC resulta determinante para la competitividad nacional.

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El Gobierno elimina trabas para licencias TIC y TV por cable

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El Gobierno simplifica el régimen de licencias TIC y redefine el rol de ENACOM para promover inversiones. Por decreto, se eliminan oposiciones administrativas para la radiodifusión por suscripción y se actualizan artículos clave de las leyes 26.522 y 27.078. El Ejecutivo busca fomentar competencia, atraer nuevos operadores y abaratar servicios en el sector de telecomunicaciones.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 433/2025, que modifica artículos clave de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522) y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ley 27.078). La medida tiene como objetivo agilizar los procesos administrativos para la obtención de licencias, eliminar trabas burocráticas y fomentar la competencia en el ecosistema de telecomunicaciones.

Según se detalla en los considerandos, la decisión responde a los principios establecidos por la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que habilita al Poder Ejecutivo a simplificar procedimientos en sectores estratégicos como las TIC.

Qué cambia: eliminación del trámite de oposición y actualización normativa

Una de las principales modificaciones es la eliminación del procedimiento de oposición contemplado en el artículo 95 de la Ley 27.078, que exigía la publicación de solicitudes en el Boletín Oficial y habilitaba a prestadores ya registrados a presentar objeciones durante 30 días hábiles. Este paso administrativo era replicado también en el artículo 30 de la Ley 26.522.

Desde ahora, no será necesario ese trámite para obtener licencias de radiodifusión por suscripción, salvo en los casos excepcionales previstos para entidades sin fines de lucro y organismos públicos. El Ejecutivo argumenta que el proceso generaba “demoras innecesarias” y que su supresión permitirá acelerar el ingreso de nuevos operadores al mercado.

Separación contable y reglas de competencia para prestadores sin fines de lucro

El nuevo artículo 95 establece que las personas de existencia ideal sin fines de lucro podrán prestar servicios de radiodifusión por suscripción, siempre que cumplan con condiciones específicas:

  • Tener contabilidad separada de otros servicios públicos;
  • Evitar subsidios cruzados y prácticas anticompetitivas;
  • Permitir el acceso a infraestructura propia a terceros competidores;
  • Reservar espacio para contenidos de productores independientes.

El texto enfatiza que estas obligaciones apuntan a garantizar la equidad en el mercado y preservar la competitividad frente a operadores comerciales.

ENACOM: funciones redefinidas y trámites más ágiles

El decreto también delimita el accionar del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que seguirá como autoridad de aplicación pero ya no deberá requerir dictámenes antimonopólicos previos en cada caso de solicitud de registro. De esta manera, se elimina un paso que, según el Gobierno, “entorpecía el desarrollo del sector privado”.

La reforma forma parte de un plan más amplio de transformación institucional y administrativa, que busca posicionar a la Argentina como un entorno más atractivo para inversiones tecnológicas.

La norma destaca que “la prestación de servicios TIC debe regirse por principios de economía, eficacia y sencillez administrativa” y subraya que la eliminación de trabas redundará en más competencia, mayor calidad y menores precios para los usuarios.

En línea con los decretos 267/2015 y 70/2023, que ampliaron el concepto de Servicios TIC al incluir la radiodifusión por vínculo físico, radioeléctrico y satelital, el nuevo marco busca unificar criterios y modernizar el régimen jurídico del sector.

El Decreto 433/2025 representa un nuevo paso en la estrategia de desregulación y liberalización de sectores clave impulsada por el Ejecutivo. En un contexto de crisis fiscal y búsqueda de eficiencia estatal, la medida apunta a facilitar el acceso al mercado, atraer inversiones, y mejorar la infraestructura y conectividad digital en todo el país.

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