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Récord de endeudamiento: la morosidad de las familias argentinas trepó al 11,2%

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 La estabilidad financiera de los hogares argentinos registra su peor escenario en décadas. Según datos estadísticos del sistema financiero, la morosidad de las familias en el cumplimiento de sus préstamos y compromisos crediticios trepó al 11,2% en febrero. El indicador acumuló 16 meses de subas consecutivas y superó los registros de la pandemia, ubicándose en máximos que no se observaban desde 2004.

El fenómeno responde de forma directa a un escenario contractivo generalizado, caracterizado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el retroceso del empleo formal privado y el persistente cierre de pequeñas y medianas empresas. La imposibilidad de afrontar las deudas afectó de manera uniforme a casi la totalidad de las entidades bancarias y plataformas de crédito del país.

En paralelo, el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) reflejó este impacto al encadenar 10 meses consecutivos en aumento. El indicador sectorial arribó a los 5,1 puntos, una cifra que consolida a los hogares dentro del rango técnico catalogado como “Fragilidad Familiar” y que expone el desacople entre las variables macroeconómicas y la economía diaria de la población.

El impacto en la vida cotidiana

La oposición legislativa manifestó su preocupación ante la velocidad y profundidad del proceso de endeudamiento, el cual multiplicó por cuatro sus valores respecto de los niveles mínimos reportados a fines de 2024.

Los analistas sectoriales señalan que las carteras irregulares avanzan principalmente en los segmentos de financiamiento al consumo corriente y de montos menores, lo que evidencia que una porción creciente de la ciudadanía recurre a líneas de crédito complementarias para cubrir necesidades básicas e indispensables de subsistencia.

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Banco Credicoop advierte sobre un deterioro del crédito y cuestiona la recuperación económica: “Deja afuera al 80%”

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En un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo, el Banco Credicoop puso en duda la narrativa oficial sobre una inminente recuperación económica y advirtió sobre un deterioro en la situación financiera de familias y pymes. Desde la filial Posadas, el gerente zonal del NEA, Maximiliano López, y el gerente local, Gustavo Lamy, señalaron que el crecimiento “está concentrado en tres o cuatro sectores” y no alcanza a la mayor parte de la economía.

Según plantearon, los datos de actividad —tomando como referencia indicadores oficiales como el EMAE— muestran un desempeño desigual, con mejoras focalizadas en rubros vinculados al combustible, parte del agro y el sistema financiero, mientras el resto de las actividades presenta resultados negativos en comparación con períodos base.

Actividad económica: crecimiento concentrado y desigual

Desde la entidad sostienen que la actual dinámica económica no es homogénea. López explicó que, al contrastar los indicadores oficiales, se observa que “solo un grupo reducido de actividades muestra resultados positivos”, mientras que el resto de los sectores permanece en retroceso.

La lectura introduce una tensión central: la posibilidad de una recuperación macroeconómica que no se traduzca en mejoras generalizadas. En ese marco, el diagnóstico es que el eventual crecimiento podría beneficiar a segmentos específicos, pero dejaría fuera a la mayor parte del entramado productivo.

Endeudamiento en alza y cambio en la demanda de crédito

Uno de los datos más sensibles surge del comportamiento del crédito. Según Lamy, aumentaron los niveles de endeudamiento de las familias y se modificó el destino de los préstamos.

Mientras en otros períodos las solicitudes estaban orientadas a consumo duradero o inversión —como mejoras en viviendas o compra de vehículos—, hoy predominan pedidos vinculados a cubrir gastos corrientes y afrontar compromisos acumulados.

“El problema es que muchas personas llegan sin margen para asumir nuevas obligaciones”, señalaron, y remarcaron que, en numerosos casos, la única alternativa es la refinanciación o reestructuración de deudas existentes.

Este fenómeno se combina con ingresos que, según describieron, evolucionan por debajo de la inflación y con incrementos en tarifas de servicios, configurando un escenario de presión sobre los hogares.

Menos expansión, más asistencia

En este contexto, la banca —incluida la denominada banca solidaria— ajusta su estrategia. Desde Credicoop indicaron que el foco está puesto en acompañar a clientes con dificultades mediante reprogramación de pasivos, más que en la expansión del crédito.

No obstante, aclararon que el financiamiento no está completamente detenido. Existen solicitudes para capital de trabajo e incluso para inversión, aunque a un ritmo menor que en otros momentos.

La entidad también destacó que opera con tasas por debajo de la banca privada, dentro de las condiciones del mercado, como herramienta para sostener el acceso al crédito en un escenario restrictivo.

Economías regionales: sin política específica

El diagnóstico se profundiza al analizar el impacto territorial. Según López, las economías regionales enfrentan problemáticas similares en todo el país y carecen de una política de desarrollo específica.

En el caso de Misiones, donde la actividad yerbatera tiene un peso central, esa falta de políticas diferenciadas se traduce en dificultades para sostener la actividad y el empleo.

El planteo introduce un punto de tensión estructural: la desconexión entre los sectores productivos regionales y los ámbitos donde se definen las políticas económicas.

Crédito, consumo y gobernabilidad económica

El deterioro del crédito y el aumento del endeudamiento reflejan una variable clave para la estabilidad económica: la capacidad de consumo de los hogares.

En ese esquema, la concentración del crecimiento en pocos sectores y la falta de dinamismo en el resto de la economía plantean interrogantes sobre la sostenibilidad del actual modelo y su impacto en la gobernabilidad económica.

El sistema financiero aparece, en este escenario, más como amortiguador que como motor de expansión.

Ingresos, crédito y actividad

La evolución de los ingresos reales, el comportamiento de la inflación y la capacidad de recuperación del crédito serán variables determinantes en los próximos meses.

Si no se produce una mejora en el poder adquisitivo, el riesgo es que el endeudamiento continúe creciendo y limite aún más la reactivación del consumo y la actividad.

Por el contrario, una recomposición de ingresos podría reactivar la demanda de crédito productivo y modificar el escenario actual. Por ahora, el sistema financiero observa señales mixtas y mantiene una posición de cautela.

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Misiones lanza línea de alivio financiero para estatales y jubilados con alta carga de deuda

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El Gobierno de Misiones, en articulación con el Banco Macro, puso en marcha una nueva operatoria destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, así como a jubilados, pensionados y retirados, que presenten un alto nivel de endeudamiento en relación a sus ingresos.

La medida está dirigida específicamente a aquellos casos en los que las cuotas de créditos vigentes alcanzan hasta el 50% del sueldo neto, un umbral que refleja el creciente peso de las obligaciones financieras sobre la economía familiar en el actual contexto macroeconómico.

“En el actual contexto económico por todos conocido, donde el crédito se ha encarecido y las obligaciones financieras pesan cada vez más en la economía familiar, esta medida busca ofrecer una herramienta concreta para que cada beneficiario pueda, si desea usarla, reorganizar sus compromisos, cancelando saldos de préstamos y tarjetas de crédito mediante una financiación con tasa bonificada y plazos acordes a su situación”, detalló el gobernador Hugo Passalacqua.

“De esta manera, seguimos acompañando a las familias misioneras con herramientas reales, pensadas para cuidar su economía y brindar alivio dentro de las posibilidades de la Provincia”, señaló el gobernador.

Según se informó, la operatoria permitirá a los beneficiarios reorganizar sus compromisos mediante la cancelación de saldos de préstamos personales y tarjetas de crédito, accediendo a una nueva financiación con tasa bonificada y plazos adaptados a su capacidad de pago.

La iniciativa surge en un escenario donde el crédito se ha encarecido de manera significativa, lo que ha derivado en un deterioro de la relación entre ingresos y deuda, especialmente en sectores con ingresos fijos como el empleo público y el sistema previsional.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es ofrecer una herramienta concreta que permita aliviar la carga financiera de los hogares misioneros, brindando previsibilidad y evitando situaciones de sobreendeudamiento más severas.

La operatoria ya se encuentra vigente y estará disponible hasta el 23 de abril de 2026, en lo que se configura como una ventana acotada para acceder a este esquema de refinanciación con condiciones preferenciales.

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Milei retiró al Estado como querellante en la causa del megacrédito al FMI y descomprimió el frente judicial de Mauricio Macri

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Mediante el Decreto 87/2026, publicado en un suplemento vespertino del Boletín Oficial el 5 de febrero, el presidente Javier Milei, junto al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ordenó que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su rol como querellante particular en la causa judicial que investiga el megacrédito otorgado por el FMI durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión implica un cambio institucional relevante en la estrategia del Estado frente a uno de los expedientes más sensibles en materia de endeudamiento externo, con impacto político, jurídico y económico, y se produce en coincidencia con la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional al país.

El decreto y el giro institucional en la causa del FMI

El Decreto 87/2026 deroga el artículo 1° del Decreto 239/2021, que había instruido a la Procuración del Tesoro a constituirse como querellante en la Causa N° 3561/2019, caratulada “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. En consecuencia, se ordena formalmente que el organismo abandone su intervención penal en representación del Estado Nacional.

El texto oficial fundamenta la medida en una resolución judicial dictada el 2 de febrero de 2026, mediante la cual la jueza interviniente archivó la causa, al considerar que no se cometieron los delitos denunciados. Según se detalla en los considerandos, gran parte de los cuestionamientos planteados en el expediente fueron interpretados como discrepancias con decisiones de política económica, adoptadas dentro de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, y por lo tanto no susceptibles de control penal.

En ese marco, el decreto sostiene que los efectos macroeconómicos adversos derivados de dichas decisiones “no permiten reconducir, por sí solos, estas conductas al ámbito del derecho penal”, alineándose con el criterio judicial que descartó la tipificación de delitos como violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.

El megacrédito, las irregularidades denunciadas y el trasfondo económico

El expediente judicial tiene su origen en el acuerdo stand by firmado con el FMI el 12 de junio de 2018, por un monto cercano a US$57.000 millones, el más grande en la historia argentina y el mayor préstamo otorgado por el propio Fondo. La decisión había sido anunciada por Mauricio Macri en cadena nacional el 8 de mayo de 2018, bajo el argumento de “evitar una gran crisis económica” y corregir desequilibrios fiscales.

Sin embargo, distintos informes oficiales posteriores —incluidos los de la Auditoría General de la Nación (AGN)— señalaron graves irregularidades administrativas y normativas. Entre ellas, se destacó que el crédito representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el FMI, incrementando la vulnerabilidad externa en lugar de fortalecer la posición financiera del país. Además, se indicó que el 71% de los fondos se destinó al pago de deuda pública previa, especialmente emisiones realizadas entre 2016 y 2018, y que las comisiones y gastos reconocidos al Fondo equivalieron a más del 50% del presupuesto del CONICET en 2018.

Las denuncias también subrayaron el incumplimiento del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, la falta de dictamen del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos, la ausencia de intervención del Congreso, y la no aplicación de la Resolución 108/09 que exige la aprobación por decreto de préstamos multilaterales. Asimismo, se cuestionó que el entonces ministro de Hacienda no tenía facultades suficientes para autorizar la operación, y que no se realizaron análisis de costos, riesgos ni sostenibilidad de la deuda.

Pese a ese cúmulo de observaciones, el archivo judicial de la causa y el nuevo decreto presidencial desactivan la participación penal directa del Estado, aunque el texto aclara que ello no implica renunciar a eventuales acciones civiles para el recupero de daños y perjuicios, si estos pudieran acreditarse.

Impacto político y posibles repercusiones

La publicación del decreto en un suplemento vespertino del Boletín Oficial, en lugar de esperar la edición habitual, reforzó las lecturas políticas del movimiento. La decisión beneficia directamente a Mauricio Macri, al retirar al Estado como parte activa en una causa emblemática de su gestión, en un contexto donde el expresidente se muestra distanciado políticamente de Javier Milei.

Desde el plano institucional, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de evitar superposiciones de funciones y de priorizar el uso eficiente de los recursos públicos, remarcando que la titularidad de la acción penal corresponde al Ministerio Público Fiscal, conforme a los artículos 120 de la Constitución Nacional y 33 de la Ley 24.946. El decreto enfatiza que la Procuración del Tesoro no cuenta con áreas especializadas en litigación penal compleja, y que su intervención en ese fuero es excepcional.

En términos económicos y de señal política, el giro se produce en paralelo a la auditoría del FMI sobre la economía argentina, lo que abre interrogantes sobre el mensaje que el Gobierno busca enviar al organismo internacional respecto del pasado reciente y del tratamiento institucional del endeudamiento externo.

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Reforma laboral: el Gobierno confirma que no cambiará las cajas sindicales

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El Gobierno confirmó que la reforma laboral no modificará las cajas sindicales y endureció su posición frente a Axel Kicillof

En el segundo aniversario de la gestión, el jefe de Gabinete Manuel Adorni aclaró que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo no incluirá cambios en las cajas sindicales ni en los aportes obligatorios, que “quedarán para una segunda ley”. Además, cerró la posibilidad de una reunión con Axel Kicillof en medio del conflicto por el endeudamiento bonaerense y la exigencia nacional de equilibrio fiscal.

Reforma laboral: sin cambios en aportes sindicales y con un proyecto ya terminado

Durante una conferencia de prensa convocada para repasar los dos años de gestión, Manuel Adorni detalló el alcance del proyecto de reforma laboral y despejó una de las principales preocupaciones de los gremios: no habrá modificaciones inmediatas en las cajas sindicales ni en los aportes obligatorios.

Las modificaciones que haya que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley; por lo tanto, en principio no habría modificaciones”, afirmó. Consultado específicamente por los aportes obligatorios, ratificó que “no, en principio no va a haber modificaciones”.

El funcionario aseguró además que el texto legislativo ya está concluido: “El proyecto de ley está terminado. Por supuesto que va a ir a debate, se aprobará y daremos vuelta la página porque dejaremos atrás el 50% de informalidad que hay en Argentina”.

Respecto de la relación con la Confederación General del Trabajo (CGT), Adorni indicó que la ausencia de dirigentes gremiales en la última sesión del Consejo de Mayo respondió a “cuestiones logísticas”, descartando un quiebre en la interlocución.

En cuanto a los plazos legislativos, admitió que el tratamiento podría extenderse:
Vamos a ver si se puede estirar algunos días o si se retoma la actividad a mediados de enero. No hay una definición sobre eso y tampoco depende de nosotros, sino estrictamente de tiempos de la técnica legislativa”.

Tensión Nación–Provincia de Buenos Aires: sin reunión con Kicillof y un mensaje fiscal contundente

El otro eje central de la conferencia fue la relación con los gobernadores, en especial la Provincia de Buenos Aires. Adorni descartó de manera tajante un encuentro con Axel Kicillof, al considerar que no existe una agenda común:
En el futuro tal vez exista, no lo sé, pero hoy no tiene mucho sentido cuando lo único que le importa es que al Gobierno le vaya mal y que a los bonaerenses les vaya mal también. No hay mucho para dialogar porque no hay muestras de buena voluntad”.

La tensión se profundizó luego del reclamo de Kicillof, quien necesita autorización del Gobierno nacional para tomar nueva deuda y advirtió sobre un eventual default provincial si no obtiene aval. Adorni respondió con un mensaje de disciplina fiscal:
Está claro que sin déficit no hay nueva deuda. La deuda pública consolidada disminuyó 50 mil millones de dólares, lo que convirtió a este Gobierno en el primero en desendeudar al país en décadas. No hay nueva deuda”.

De acuerdo con la posición oficial, Buenos Aires aumentó su gasto corriente 2,1% real en el primer semestre, una señal que contradice los requisitos de la ley de responsabilidad fiscal para habilitar endeudamiento. Desde La Plata, replicaron calificando los argumentos nacionales como “humo para la tribuna”.

Pese al conflicto, Adorni aseguró que la Casa Rosada mantiene reuniones con otros mandatarios provinciales —incluso los vinculados al kirchnerismo—, aunque remarcó que la situación bonaerense es distinta:
Nosotros vemos cuál es la agenda de cada gobernador. Con Kicillof no compartimos agenda. No tiene mucho sentido esa reunión. No está hoy en agenda”.

Perspectivas políticas y económicas: qué se juega el Gobierno con esta estrategia

El mensaje del jefe de Gabinete deja dos líneas de acción claras:

Consolidar la reforma laboral sin confrontar con el sistema sindical

La decisión de postergar cambios en las cajas sindicales evita sumar frentes de conflicto en un momento en que el Gobierno busca asegurar votos para una reforma estructural. También limita la resistencia gremial en un contexto de elevada informalidad y debate sobre el costo laboral.

Mantener la presión fiscal sobre Buenos Aires

Al condicionar el endeudamiento al cumplimiento estricto del equilibrio fiscal, la Casa Rosada refuerza su narrativa de orden y disciplina presupuestaria. La confrontación directa con Kicillof posiciona al Gobierno en un terreno que combina política electoral, administración pública y gobernabilidad.

Reacciones esperadas en el corto plazo

Gremios: alivio parcial al confirmarse que las cajas sindicales no serán modificadas en esta etapa.

Provincias: atención sobre cómo se resolverá el caso bonaerense, que podría marcar precedente en autorizaciones futuras.

Mercado: señales de continuidad en la política de desendeudamiento, con efecto en expectativas y riesgo provincial.

Congreso: se anticipa un debate complejo por plazos, negociaciones y posibles cambios durante el tratamiento.

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